Las relatoras especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de asociación y sobre los defensores de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación sobre la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, que incluiría un nuevo impuesto a las organizaciones no gubernamentales u oenegés (ONG).
“El Estado debe respetar y garantizar el derecho a la libertad de asociación. La estigmatización de la sociedad civil no es compatible con una sociedad democrática”, indicó la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, retomando la opinión de Gina Romero, relatora especial de la ONU de la Libertad de Asociación y Asamblea. “Comparto la preocupación de mi colega”, indicó.
Según la relatora de libertad y asociación de la ONU, Gina Romero, la nueva ley etiquetaría como “agentes extranjeros” a organizaciones y personas que “reciban fondos internacionales”, y permitiría sanciones “desproporcionadas” y “amplia discrecionalidad” en la calificación de “agente extranjero”.
“Impondría registros obligatorios, restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, incluyendo multas, cárcel y cierre. El proyecto establece definiciones vagas y da al gobierno amplia discrecionalidad para decidir quién se considera ‘agente extranjero”, resumió, sobre la versión del proyecto de ley que fue aprobado en 2021 como dictamen favorable.
Romero aseguró que el nuevo impuesto del 30 % sobre fondos internacionales “pone en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que promueven derechos humanos, justicia, salud o cultura”.
La relatora también opinó que esta ley “no es compatible con una sociedad democrática”, ya que “estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico del país”.
“Exhorto a la Asamblea Legislativa a abrir un debate público plural y transparente, e incorporar los principios internacionales de derechos humanos antes de avanzar. Estoy a disposición a acompañar técnicamente cualquier proceso que garantice un marco normativo que respete las libertades fundamentales en El Salvador”, manifestó Romero, retomando una carta enviada al gobierno salvadoreño en noviembre de 2021.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció una nueva Ley de Agentes Extranjeros que incluya un impuesto del 30 % a las ONG para resolver con esos fondos la situación de la comunidad de la cooperativa El Bosque, Santa Tecla, luego de una protesta cerca de residencial Los Sueños en la cual fueron capturados, la noche del lunes 12 de mayo, el presidente de la cooperativa, el pastor José Ángel Pérez, y el abogado Alejandro Henríquez.
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