Al explicar cómo nació el proyecto de Ley para el fomento de la expansión de inversiones, Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), aseguró que El Salvador no solo goza de seguridad física sino política.
“Escuchábamos mucho de que hay incentivos para diferentes industrias, para diferentes sectores, pero no había un incentivo como tal, tanto internacionales como nacionales como empresas domésticas también, es decir internacionales que llevan años de estar domiciliadas en el país, para expandirse”, explicó Ayala.
El funcionario aseguró que “al escuchar este clamor” de los empresarios, empezaron a trabajar un proyecto “de la mano con estos sectores”.
“Si yo soy la persona o la ventana a la cual miran los inversionistas a la hora de venir al país o plantearse la idea de venir al país, una de las cosas que más mencionan es la seguridad que se siente y que se tiene en El Salvador y no solo hablo de seguridad física, de la integridad física de una persona, sino también de la seguridad y estabilidad política que se tiene porque, pese a los diferentes conflictos que puedan existir entre diferentes bandos, entre diferentes partidos, la persona que está pensando en negocios, no está pensando en eso”, fueron las palabras del presidente del Invest, ayer, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.
La Asamblea Legislativa recibirá en el pleno dos dictámenes favorables que podrían ser aprobados en la sesión de este miércoles.
Uno para aprobar la Ley para el fomento de la expansión de inversiones, que otorga incentivos del 10 al 30 % de las inversiones extra que hagan las empresas como créditos tributarios de Impuesto sobre la Renta. Según Ayala, son 144 “están decididas ya a expandir” en El Salvador y están “en cola” para aplicar a la normativa.
Ayala dijo que a veces hay que “trabajar un poquito más” para que las empresas decidan expandirse en El Salvador. Aseguró que son más de 3,000 que se podrán beneficiar de los incentivos fiscales.
Un segundo proyecto es una reforma a la Ley de Servicios Internacionales para que el monto mínimo exigible de las inversiones de servicios internacionales se aplique desde los primeros seis meses de operación de las empresas y no «en el primer año» o «en los primeros seis meses».