UES dice en El Salvador hay «deterioro progresivo de derechos humanos» y pide respetarlos

La Asamblea General Universitaria (AGU) de la estatal Universidad de El Salvador (UES) exhortó la noche del jueves al gobierno salvadoreños a respetar los derechos constitucionales y el debido proceso, la libertad de expresión y derogar la Ley de Agentes Extranjeros.

En el comunicado, la institución estatal de educación superior aseguró que en El Salvador «hay un deterioro progresivo de los derechos humanos».

Señaló que hay concentración de poder, falta de independencia de las instituciones estatales, quebrantamiento del Estado de Derecho, detenciones arbitrarias de defensores humanos y de la tierra, violación al debido proceso, irrespeto a las garantías constitucionales, irrespeto a la libertad de expresión.

La UES reiteró su rechazo a la Ley de Agentes Extranjeros, esta vez advirtiendo que «restringirá la labor de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y de cualquier actor que reciba financiamiento del exterior» y que «se convertirá en una herramienta de control».

La Ley de Agentes Extranjeros inició su vigencia el 7 de junio y, además de imponer un impuesto del 30 % a donaciones o financiamientos no sociales del extranjero, exige que todos los considerados «agentes extranjeros» sean incluidos en un Registro que será fiscalizado por el Ministerio de Gobernación.

El 26 de mayo pasado, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UES emitió un comunicado de rechazo a la Ley de Agentes Extranjeros titulado «Ante el incremento de acciones punitivas por parte del Gobierno», en el cual manifestaba que había acontecimientos que «pueden afectar el Estado de Derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales y mencionaba detenciones de «empresarios», en referencia a los transportistas capturados previamente, de quienes falleció uno en bartolinas. El 22 de mayo, la UES también condenó en un comunicado las detenciones de Ruth López, el domingo 18 de mayo, y de los miembros de la cooperativa El Bosque, para quienes exigieron un «debido proceso» y «condiciones justas de acceso a una legítima defensa, congruente con el Estado de Derecho».

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