Un total de $2,506 millones en contratos de préstamos y títulos valores, sumados a $1,480 millones en garantías de créditos de varias instituciones de nuevas deudas pasaron por la Asamblea Legislativa durante el año 2025.
La Asamblea Legislativa autorizó la firma de 18 contratos de préstamos que suman $2,162 millones para diferentes proyectos, que sumada a la autorización de emisión de títulos valores por $344 millones, resulta una deuda aprobada por $2,506 millones.
A ello se suman 12 garantías crediticias soberanas a diferentes instituciones autónomas por $2,061 millones. Sin embargo, de estas garantías cuatro corresponden a contratos de deudas firmados entre 2008 y 2025; y ocho corresponden a deudas nuevas por $1,480.1 millones. De igual forma, todas estas garantías fueron autorizadas y ratificadas por la Asamblea durante este año.
Préstamos ratificados
Los 18 préstamos fueron autorizados y 16 ratificados. A los diputados les faltó ratificar los destinados a los mercados de Santa Tecla y La Libertad por $170 millones y el de movilidad urbana del área metropolitana de San Salvador por $60 millones, ambos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un total de 13 préstamos por $1,162 millones estaban destinados a proyectos concretos según los decretos aprobados: $60 millones para infraestructura de datos, $113.9 millones para Surf City fase I, $120 millones para mejora de la atención de salud, $100 millones para modernización del sistema educativo, $71.8 millones para tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en La Libertad, $120 millones para transporte e infraestructura resiliente, $150 millones para trayectorias educativas completas y resiliencia al cambio climático, $60 millones para movilidad urbana en el área metropolitana de San Salvador, $30 y $31.3 millones para desarrollo económico sostenible y nutricional de las zonas rurales, $70 y $65 millones para Surf City fase II, y $170 millones para los mercados de Santa Tecla y La Libertad.
El resto, según sus decretos, eran préstamos de refuerzo presupuestario, ya que buscaban la sostenibilidad fiscal o dejaban a decisión del Gobierno optar su destino entre sus prioridades o sus obligaciones. Estos sumaron $1,000 millones, así:
El primero, de $500 millones para sostenibilidad macroeconómica y fiscal, financiado por el Banco Mundial, fue autorizado el 25 de marzo y ratificado el 1 de abril de 2025.
Un segundo préstamo de sostenibilidad fiscal por $250 millones; y un tercero que se activaría en catástrofes, por $100 millones, fueron autorizados el 13 de agosto y aprobados el 3 de septiembre de 2025.
Los dos contratos de préstamos restantes correspondían a proyectos de fortalecimiento integral de la educación y salud de calidad, cada uno por $75 millones, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), pero pueden ser utilizados para obligaciones generales del Estado, transferencias varias o prioridades del gobierno.