La prórroga para validar las placas de los vehículos de los salvadoreños obedece a evitar el costo en los bolsillos de los salvadoreños, señaló este miércoles el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, luego que esta semana la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa mantuviera la validez hasta agosto del próximo año.
El ministro señaló que actualmente la renovación de las placas no lo ven necesario e incluso, indicó que las actuales son leídas por las cámaras de videovigilancia.
Rodríguez comparó que existen países donde las placas llevan insertas códigos QR o chips que ayudan a identificar las infracciones o si el vehículo tiene reporte de robo, sin embargo, reiteró que actualmente no ven necesario agregar un costo adicional a la economía de los salvadoreños, ya que se trata de una cifra arriba de dos millones de vehículos.
El pasado lunes, la mencionada Comisión de la Asamblea Legislativa dictaminó una prórroga a la validez de las placas de los vehículos automotores con formato del año 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.
En esa sesión, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que hay una planificación para lograr una renovación con suficientes elementos de seguridad y tecnológicos de los cuales en 2011 aún no existían o disponían. Expuso que la prórroga otorga un tiempo prudencial para desarrollar esa implementación.
Argumentó también la pretensión de eliminarle el gasto adicional a los salvadoreños. “Nos regimos por el principio de hacer que las acciones sean menos gravosas para la sociedad; una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños”, dijo.
El dictamen de la comisión será aprobado este miércoles en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa.
La vigencia del lote de placas de formato 2011, que vencía en 2017, fue prolongada hasta diciembre de 2021 pero fue extendida nuevamente hasta abril de 2024 debido a la crisis económica provocada por la pandemia covid-19.
Sin embargo, el periodo de vigencia de las placas se extendió nuevamente hasta agosto de 2025 para coadyuvar a la economía de los salvadoreños y posteriormente hasta el 31 de agosto de 2026, mediante un decreto legislativo del 19 de agosto de 2025.
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