El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley general de migración y extranjería, para homologar requisitos de permanencia mínima a las personas extranjeras con residencia temporal, facilitar la nacionalización de hijos de extranjeros naturalizados y definir la pérdida definitiva de la nacionalización por condenas de delitos dolosos.
Actualmente, la ley de migración establece que un extranjero perderá la residencia temporal si se ausenta más de seis meses consecutivos o acumulados y que se cancelará la autorización cuando se ausente por más de tres meses consecutivos o cuatro meses acumulados en un mismo año, salvo por salud, causales familiares o excepciones de otro orden.
La propuesta de reforma exige que permanezcan en territorio nacional por un mínimo de 90 días dentro de cada año, ya sea consecutivos o acumulados.
La modificación facilitaría la nacionalización salvadoreña de los hijos de las personas extranjeras que hayan sido nacionalizadas salvadoreñas.
Extranjeros con delitos dolosos
Un tercer cambio planteado en el proyecto establece que quienes pierdan la nacionalidad salvadoreña no podrán recuperarla si han sido condenados por delitos «dolosos».
La Constitución de la República establece en el artículo 94 que la calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por «sentencia ejecutoriada en los casos que determine la ley» –no especifica cuáles delitos– y que «quien pierda así la nacionalidad no podrá recuperarla».
La propuesta de reforma agrega que los extranjeros perderán la nacionalidad salvadoreña por naturalización «por sentencia ejecutoriada en aquellos casos que se obtenga una condena por la comisión de delitos dolosos» y que en esos casos «no podrá recuperarla».
La reforma replica la otra causal constitucional de pérdida de nacionalidad salvadoreña para los extranjeros naturalizados, que es residir más de dos años consecutivos en el país de origen o por ausencia del territorio de la República por más de cinco años consecutivos.
En el proyecto, el Gobierno argumenta que la reforma busca «dotar de seguridad jurídica» los procesos migratorios y «salvaguardar el orden constitucional y la seguridad del Estado», así como dar «certeza jurídica» sobre las causas de la pérdida de la calidad de salvadoreño por naturalización.
La propuesta ingresó este miércoles al pleno legislativo y será recibida el lunes por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.
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