Los abogados Ruth Eleonora López y Salvador Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno detenidos en 2025, no tienen comunicación ni con sus familiares ni con sus propios abogados defensores, según fuentes allegadas a cada uno.
La organización Cristosal informó el jueves pasado que «Ruth continúa en situación de incomunicación», ante la pregunta si ha tenido visitas de su abogado o de algún familiar.
López fue detenida el 18 de mayo de 2025 acusada inicialmente del delito de peculado y formalmente por enriquecimiento ilícito. Tras su detención, un juzgado dictó detención provisional por seis meses y más tarde se amplió el plazo de instrucción en su contra.
Fue declarada por Amnistía Internacional como persona prisionera de conciencia, argumentando que su detención se basó en la expresión pacífica de sus ideas y en su labor de derechos humanos, sin indicios de violencia.
Mientras, una fuente allegada al abogado Enrique Anaya también aseveró que el jurista no ha tenido comunicación con su abogado o con su familia. «Totalmente incomunicado, el gobierno no cumple las medidas de la CIDH», dijo un allegado.
En septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos abogados. Determinó que López pasó de ser «objeto de seguimiento y vigilancia de agentes estatales, a ser detenida y posteriormente trasladada al Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco». La organización internacional hizo «un llamado urgente» al Estado salvadoreño para “el cese inmediato de la situación de incomunicación prolongada” y subrayó que no existen elementos que justifiquen esta medida.
Anaya fue capturado el 7 de junio de 2025 acusado de lavado de dinero, inicialmente estuvo en las bartolinas de la División de Tránsito de San Salvador y en julio habría sido trasladado a Penitenciaría La Occidental en Santa Ana, donde se mantiene en prisión provisional.
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