El 16 de enero de 1992, marcó el cierre formal de uno de los capítulos más sangrientos de la historia reciente de El Salvador, cuando el Gobierno y la entonces guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra civil y abrieron un proceso de reformas políticas, institucionales y constitucionales en el país.
Este 16 de enero se cumplen 34 años de aquel hecho histórico que puso fin al conflicto armado entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad del Estado, mediante una reforma política pactada que permitió el cese inmediato de las hostilidades.
En representación del Gobierno de El Salvador firmaron Óscar Santamaría, Juan Martínez Varela, Mauricio Vargas, David Escobar Galindo, Abelardo Torres y Rafael Hernán Contreras. Por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) suscribieron los comandantes Schafik Hándal, Francisco Jovel, Salvador Sánchez Cerén, Eduardo Sancho y Joaquín Villalobos; así como Salvador Samayoa, Ana Guadalupe Martínez, María Marta Valladares (Nidia Díaz), Roberto Cañas y Dagoberto Gutiérrez. Por las Naciones Unidas firmó el entonces secretario general, Boutros Boutros-Ghali.
El proceso de negociación fue precedido por acuerdos parciales que sentaron las bases del entendimiento entre las partes. El 4 de abril de 1990 se alcanzó el compromiso de “terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña”.
Posteriormente, se firmaron los Acuerdos de San José, el 26 de julio de 1990; los de México, el 27 de abril de 1991; y los de Nueva York, el 25 de septiembre de 1991.
Los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron, además del fin de los combates armados y la desarticulación de los grupos armados y cuerpos de seguridad, una serie de transformaciones institucionales, reformas constitucionales y la creación de nuevas entidades del Estado.
Uno de los ejes centrales fue la transformación de la Fuerza Armada, con cambios doctrinales, depuración y reducción de su estructura, definiéndola como una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Se acordó la supresión de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, la proscripción de los grupos paramilitares y la suspensión del reclutamiento forzoso.
Otro componente fundamental del Acuerdo de Paz de 1992 fue la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, así como la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad. Los acuerdos establecieron que la PNC solo podría hacer uso de la fuerza cuando fuera estrictamente necesario y prohibieron de manera expresa la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En materia judicial, los Acuerdos de Paz plantearon la necesidad de garantizar la independencia del sistema de justicia y dieron paso a la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional de la Judicatura. También se acordaron reformas al sistema electoral, incluida la creación del Tribunal Supremo Electoral, así como compromisos en los ámbitos económico y social, con énfasis en el acceso a tierras, créditos al sector agropecuario y apoyo a la micro y pequeña empresa.
Asimismo, se establecieron medidas para garantizar la participación política del FMLN, la incorporación de sus excombatientes a la vida civil y política, la liberación de detenidos por motivos políticos, garantías para exiliados y lisiados, y su legalización como partido político con plena libertad de proselitismo.
El cese del enfrentamiento armado inició el 1 de febrero de 1992 y el proceso concluyó el 31 de octubre de ese mismo año.
En septiembre de 2023, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Nayib Bukele calificó como “falsos” los Acuerdos de Paz que, según afirmó, fueron firmados bajo la influencia de “poderes extranjeros”. La tesis de Bukele es que en los 30 años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, bajo gobiernos de izquierda y derecha, se registraron más muertes que durante la guerra civil, con la anuencia de sectores que se autodefinieron como defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática.