Etiqueta: Asamblea Legislativa

  • Costa Rica vota entre continuidad de Chaves y temor al autoritarismo

    Costa Rica vota entre continuidad de Chaves y temor al autoritarismo

    Costa Rica celebrará este domingo elecciones presidenciales y legislativas, en un ambiente polarizado entre quienes respaldan la continuidad del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves y quienes alertan sobre los riesgos de autoritarismo si se consolida su heredera, la oficialista Laura Fernández.

    La candidata del Partido Pueblo Soberano, politóloga de 39 años y exministra de la Presidencia y Planificación, lidera las encuestas previas con más del 40 % de intención de voto, suficiente para ganar en primera vuelta. Su discurso ha sido claro: promete “mano dura contra la delincuencia” y pide mayoría legislativa para reformar el Estado y el Poder Judicial.

    Fernández se presenta como sucesora directa de Chaves, un presidente popular pero polémico, cuyas constantes fricciones con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los medios críticos han generado inquietud en sectores democráticos. La oposición advierte que una victoria oficialista podría abrir paso a una “deriva autoritaria”.

    Los principales aspirantes opositores, como Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (centroizquierda), y Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), cerraron la campaña este sábado con actos privados y reuniones con observadores internacionales.

    Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) garantizó la transparencia del proceso.

    “El primer llamado es a acudir a las urnas. A honrar a nuestros antepasados… que lucharon para construir el proceso democrático costarricense”, expresó la magistrada presidenta Eugenia Zamora en su última conferencia antes de la votación.

    Un total de 3.7 millones de costarricenses están habilitados para votar, y más de 90,000 personas participarán como fiscales, integrantes de juntas receptoras, agentes electorales u observadores. El proceso iniciará a las 6:00 a.m. y finalizará a las 6:00 p.m. Los resultados preliminares serán divulgados desde las 8:45 p.m.

    En estos comicios participan 20 candidatos presidenciales, de los cuales el 75 % son hombres y 25 % mujeres. Para la Asamblea Legislativa, se inscribieron 1,207 aspirantes a 57 escaños, con una distribución de género casi equitativa: 49.1 % mujeres y 50.9 % hombres.

     

  • Diputados de Nuevas Ideas se reúnen con Cámara de Comercio de Salvadoreños en Australia

    Diputados de Nuevas Ideas se reúnen con Cámara de Comercio de Salvadoreños en Australia

    Miembros de la Cámara de Comercio de Salvadoreños en Australia visitaron El Salvador y se reunieron con diputados de Nuevas Ideas con la visión de explorar oportunidades de inversión en El Salvador. En las imágenes se muestran a representantes de la Cámara en conversación con las diputadas Suecy Callejas y Alexia Rivas, y el diputado Edgardo Mulato.

    La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador de Australia reafirmó «su confianza» en el país «como plataforma estratégica hacia la región Asia-Pacífico» y destacó «la estabilidad y visión de futuro» actuales.

    «Desde la Asamblea Legislativa, agradecemos su visita que fortalece los lazos de cooperación y abre nuevas oportunidades de inversión para el desarrollo de nuestra gente», publicó la diputada Callejas, vicepresidente de la Asamblea Legislativa.

    La diputada Rivas aseguró que la visita está «orientada a invertir en nuestro país como plataforma para la expansión hacia la región Asia-Pacífico». «Nos llena de profunda satisfacción, pues, apostar por proyectos que promuevan el desarrollo y generen bienestar para nuestra gente es nuestra prioridad», expresó Rivas.
    Según el diputado Edgardo Mulato, esta es la tercera visita de la Cámara, que está «compuesta por diáspora salvadoreña y en su mayoría extranjeros de la región Asia Pacífico».
    Mulato agregó que en 2023 Bukele les envió el mensaje de que, aunque estén geográficamente lejanos «ninguna distancia física logrará cortar esta unión» y que tienen la misión misión «de hacer grande al país más pequeño del continente americano».
    «Estamos logrando lo que nunca pensamos que lograríamos y llegando a los corazones de propios y extraños. El Salvador está viviendo un momento único, pidámosle a Dios que nos permita aún llegar más lejos”, dijo el legislador cian, quien no ha dicho si buscará la reelección en 2027. Aseguró que este año 2026, «habiendo trabajado estos años en la misión, ahora regresan a nuestro país en búsqueda de invertir».
  • Gana se unirá con Alianza Ciudadana para presentar candidatos en elecciones 2027

    Gana se unirá con Alianza Ciudadana para presentar candidatos en elecciones 2027

    El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) ha decidido unirse con el movimiento Alianza Ciudadana para presentar candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y a concejos municipales hacia las elecciones de 2027.

    El vicepresidente de Gana, Guillermo Gallegos, dijo a Diario El Mundo que han «encontrado puntos en común con Alianza Ciudadana» y que les han abierto las puertas en el instituto político porque lo han considerado «la mejor opción para participar». Gallegos detalló que permitirán que Alianza Ciudadana proponga candidatos para diputados, alcaldes y concejales de los municipios.

    Alianza Ciudadana anunció el inicio de su proceso de inscripción como partido político en abril de 2025 y que apoyarían al gobierno del presidente Nayib Bukele para la «gobernabilidad, recursos económicos y la más importante, la sostenibilidad».

    «Hemos encontrado puntos en común con Alianza Ciudadana, es una asociación que está interesada en participar activamente en política y han pensado ellos que la mejor opción para participar es nuestro partido Gana, así que les hemos abierto las puertas». Guillermo Gallegos, vicepresidente de Gana.

    El coordinador nacional de Alianza Ciudadana, René Landaverde, confirmó a El Mundo la alianza, que será oficializada con la firma de un acuerdo que, dijo, anunciarán en conferencia de prensa. Dijo que el objetivo de aliarse con Gana es que están «interesados en presentar» candidatos legislativos y municipales. Han programado reunirse con las autoridades partidarias de Gana el miércoles 4 de febrero.

    Aunque Alianza Ciudadana inició el proceso de inscripción para acreditarse como partido y preveía recolectar 100,000 firmas de respaldantes, el trámite no continuó porque «no logró completar» las 50,000 firmas que requería para su inscripción según dijo a Diario El Mundo una fuente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    Los partidos legalmente inscritos en el TSE tienen hasta el 7 de abril para convocar a sus afiliados a elecciones internas de los candidatos que participarán en los comicios 2027 y tendrán hasta el 29 de julio para realizar las internas y elegirlos.

  • CDHES lamenta que Asamblea haya «ignorado» anteproyecto de ley para reparación de víctimas en el conflicto armado

    CDHES lamenta que Asamblea haya «ignorado» anteproyecto de ley para reparación de víctimas en el conflicto armado

    La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) expresó su preocupación por la falta de avances en el anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado y que esta haya sido «ignorado» por los legisladores.

    El presidente de la CDHES, Miguel Montenegro aseguró que la falta de trámite por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa corresponde a un desinterés por parte del Órgano Legislativo en respuesta hacia las víctimas del conflicto armado que sufrió El Salvador de 1980 – 1992.

    «Eso lo que nos hace ver es que no hay interés para las víctimas, no hay interés, archivaron uno y luego no ha habido ninguna respuesta en lo absoluto a esa petición que la ha hecho víctimas y organizaciones de derechos humanos. La víctimas y organizaciones de derechos humanos lo presentamos y ellos han ignorado esa petición», expresó Montenegro en una conferencia de prensa conmemorativa a los 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz.

    Montenegro enfatizó que la propuesta de ley, presentada por familiares de víctimas de la guerra y organizaciones de derechos humanos, busca dar respuesta una deuda histórica del Estado, al garantizar justicia, reparación y el sometimiento de los responsables de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Sin embargo, aseveró que hasta la fecha, la Asamblea no ha dado trámite formal a la propuesta de ley.

    «Es ignorar una necesidad que requiere la víctima y la organización de derechos humanos para beneficiar pues a la víctima y someter a los victimarios que cometieron esos graves crímenes durante el conflicto armado y eso es lo que nosotros vemos», dijo Montenegro.

    El presidente de la CDHES recordó que muchas víctimas y familiares han fallecido sin obtener verdad ni reparación. «Familiares, madres, padres ya fallecidos y otros están en estado muy grave en la actualidad y se están yendo sin encontrar una respuesta por parte de los gobiernos anteriores ni este Gobierno. Entonces, ahí vemos para nosotros es muy lamentable y muy triste esa realidad».

    Asimismo, denunció que desde la presentación del anteproyecto de ley, la Comisión de Derechos Humanos solicitó una audiencia ante la Asamblea Legislativa pero hasta la fecha no han sido atendidas. Ante ello, afirmó que pese a la falta de respuesta del Órgano Legislativo, continuarán insistiendo en la aprobación de una ley que garantice los derechos de las víctimas.

    «Nosotros vamos a insistir y vamos a seguir insistiendo, precisamente ahora estamos diciendo, le hacemos ese llamado a la Asamblea Legislativa. Sabemos que estos señores de la Asamblea Legislativa no van a ser permanentes en este puesto, sabemos que un día va a haber un cambio que realmente va esperamos que se escuchen a la familia a los familiares de las víctimas y haya una respuesta concreta a esa petición que hemos hecho porque a nosotros se nos ignora», expresó Montenegro.

    En 2021, el partido Vamos, presentó la propuesta de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armando en El Salvador, la cual buscaba la reparación de las víctimas del conflicto armado. No obstante, en 2024 la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa archivó la propuesta.

    Críticas a la PDDH

    Montenegro también cuestionó el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a quien calificó su trabajo como «empobrecido», en la protección de los derechos humanos de la población salvador.

    Ante ello, la CDHES hizo un llamado presidente de la República Nayib Bukele y ministros de las carteras de Estado a «reflexionar lo que verdaderamente qué es la democracia y qué son los derechos humanos y los beneficios de los derechos humanos de los seres humanos que el Estado salvadoreño».

    La firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992 puso fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, organizaciones de derechos humanos reportaron más de 80,000 personas asesinadas, más de 7,000 personas desaparecidas, miles de personas capturadas y torturadas durante el conflicto armado.

  • El presupuesto 2025 creció $1,533.7 millones en 11 meses, un 53 % se destinó a obligaciones generales

    El presupuesto 2025 creció $1,533.7 millones en 11 meses, un 53 % se destinó a obligaciones generales

    El presupuesto general del Estado votado de 2025 aumentó en $1,533.7 en los primeros 11 meses del año hasta un total de $11,196.7 millones, de acuerdo al informe publicado el 7 de enero, con datos de enero a noviembre de 2025.

    Según el informe de Hacienda, su presupuesto aumentó $817.2 millones en 11 meses, de los cuales $816.6 millones fueron destinados a obligaciones generales del Estado, una unidad del Ministerio de Hacienda desde donde se realizan las devoluciones de IVA o de Impuesto sobre la Renta o se pagan seguros de vida de empleados, pensiones de militares (Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada) o clases pasivas.

    De los $1,533,721,203 que aumentó el presupuesto 2025 –de enero al 11 de diciembre– un 53.2 % fueron fondos de deuda –préstamos o títulos– para la partida de «Obligaciones generales del Estado».

    La otra mitad de las modificaciones fueron destinadas a proyectos de inversión financiados con préstamos o a financiamiento del Estado con excedentes de impuestos y títulos valores.

    El el informe, cuando Hacienda explica el financiamiento de los recursos, incluye los títulos valores emitidos dentro de lo que llama «Fondo General», separando este de «préstamos externos» y de «donaciones».

    Obligaciones generales creció $816.6 millones

    El presupuesto de Hacienda fue reformado seis veces durante ese periodo: al inicio del año –marzo y abril– se incorporaron $603,944 de dos préstamos millonarios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primero para aduanas y el segundo para emergencias por desastres.

    Las cuatro modificaciones restantes aumentaron en $816,625,000 los fondos en las «Obligaciones generales del Estado», una unidad que inició con $112,733,259 programados según el Portal de Transparencia Fiscal.

    En septiembre, se incorporaron $250 millones de un préstamo del Banco Mundial a «obligaciones generales del Estado».

    En octubre, la unidad de «Obligaciones generales del Estado» también recibió $149,625,000 de títulos valores.

    En noviembre, ingresaron los $150 millones provenientes de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se nombraron como programas sectoriales de apoyo al fortalecimiento integral de la educación y para una salud de calidad, pero que, revela Hacienda, «fueron orientados a las obligaciones generales del Estado».

    El 2 de diciembre, consigna el informe, ingresaron al presupuesto $267 millones de títulos valores, también a obligaciones generales.

    Funcionamiento y proyectos de inversión

    En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) se inyectaron $281.6 millones adicionales, $157.7 millones de un préstamo para el desarrollo del sector aeronáutico, el programa «El Salvador vuela»; $57.5 millones de títulos y excedentes para gastos de funcionamiento; y $22.7 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del intercambiador en el Corredor Pacífico.

    Después, el Ministerio de Educación aumentó $123 millones, de los cuales $116 millones de títulos y excedentes se destinaron a «gastos de funcionamiento para cumplir con sus objetivos»; y se agregaron $7 millones de un préstamo de la CAF para modernización del sistema educativo.

    Le sigue el Ministerio de Economía, que tuvo un aumento de $86 millones, $84.6 millones provenientes de un préstamo del CAF para el cable submarino y $1.4 millones para el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera.

    El Ministerio de Salud recibió un refuerzo de $63.8 millones, la mayor parte, $38.7 millones, de títulos y excedentes para funcionamiento; y $25 millones de tres préstamos para salud inteligente, mejora de atención en salud y para el sistema de Telemedicina.

    En los cambios también se aumentaron $20.7 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de los cuales $20 millones se destinan a «funcionamiento» y el resto para productos agropecuarios.

  • José Andrés Hernández se postularía para alcaldía de San Salvador Centro si forma coalición para 2027

    José Andrés Hernández se postularía para alcaldía de San Salvador Centro si forma coalición para 2027

    El actual concejal de San Salvador Centro, José Andrés Hernández, dijo este viernes que podría buscar competir nuevamente por gobernar la principal comuna salvadoreña en una posible coalición entre varios institutos políticos que estarían buscando aliarse con el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

    Hernández aseguró que al partido ha llegado la propuesta de tres institutos para respaldar una candidatura suya en los próximos comicios del 28 de febrero de 2027. Esta posibilidad ya estaría siendo evaluada por el secretario general del PDC, Reinaldo Carballo.

    De llegarse a concretar la coalición, Hernández dijo que estaría interesado en competir por la silla edilicia de San Salvador Centro, que comprende los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque.

    «Yo ya tengo 11 años en política, creo que hay que darle espacio a nuevas generaciones que vienen saliendo, pero hay algo interesante que está pasando. Hay un acercamiento de tres partidos, probablemente cuatro que se están poniendo de acuerdo con el secretario general para probablemente apoyar e impulsar que este servidor siga participando». José Andrés Hernández, concejal del PDC en San Salvador Centro.

    El político y empresario de «La Única» mencionó que decidiría participar si se logra la coalición porque en las elecciones de 2024 «la campaña fue muy cansada» y requiere de muchas personas para la defensa del voto, a quienes les deben dar alimentación. Mientras, aseveró que siempre se ha financiado su campaña. «No me miro haciéndolo nuevamente», afirmó.

    «Pero, si se llegan a poner de acuerdo y hay consenso en lo que probablemente sería una coalición, un bloque de varios partidos, estaría interesado probablemente en continuar», sostuvo el político que también fue en el pasado militante del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

    Hernández dijo que, si bien tiene experiencia como diputado de la Asamblea Legislativa, ha estado considerando que «es una gran cantidad de votos» la que se requiere para conseguir una curul, especialmente porque, con la reducción de diputados y la asignación directa de los votos por internet de salvadoreños en el extranjero a la circunscripción de San Salvador, se eleva el caudal de votos para lograr una diputación.

    El PDC logró entrar al concejo de San Salvador Centro con Hernández, quien es parte del concejo que también es conformado por regidores de Nuevas Ideas, Arena y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). De acuerdo al calendario electoral, los partidos tienen hasta julio para elegir a sus candidatos en elecciones internas y hasta el 31 de agosto de 2026 para solicitar la inscripción de pactos de coalición.

  • 29 organizaciones han solicitado registrarse como agentes extranjeros en El Salvador, 38 pidieron ser excluidas

    29 organizaciones han solicitado registrarse como agentes extranjeros en El Salvador, 38 pidieron ser excluidas

    Al menos 29 organizaciones pidieron inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) durante el último trimestre de 2025 según consta en el informe de servicios ofrecidos por la Dirección General del Registro de Agentes Extranjeros.

    El informe indica que durante octubre de 2025 recibieron 21 solicitudes de inscripción de personas jurídicas, pero la cifra cayó un 76.1 % en relación a las únicas cinco inscripciones solicitadas en noviembre. Para diciembre, solo se recibieron tres, sumando 29.

    La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada en mayo por dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa. La normativa asignó un plazo de 90 días para que las organizaciones y personas naturales que reciben fondos desde el extranjero se inscribieran en el RAEX, dependencia del Ministerio de Gobernación.

    El registro de datos indica que también se recibieron dos solicitudes de inscripción de personas naturales al Registro y solo una de mandantes extranjeros. Además, se reportaron nueve solicitudes de constancias y certificaciones desde octubre hasta diciembre del año pasado.

    La ley establece que las organizaciones inscritas deberán pagar un impuesto del 30 % por el financiamiento que reciben del exterior, aunque se permiten exoneraciones según la naturaleza del proyecto.

    El informe destaca que, en los últimos tres meses de 2025, recibieron 38 solicitudes de organizaciones que pidieron ser exoneradas del pago del impuesto del 30 %. El reporte no detalla la cantidad de solicitudes que fueron aprobadas.

    Solicitudes que pidieron inscripción y exoneración

    Organizaciones Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (Fusate) y Casa Morada de la Mujer (Cemujer) fueron inscritas y exoneradas del pago de impuesto del 30 % a los fondos recibidos desde el extranjero para actividades, informaron voceras a Diario El Mundo y por redes sociales respectivamente.

    Hasta septiembre de 2025, la organización «Colectiva Feminista» había recibido una exclusión temporal de 20 días; la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) y la organización Transparencia, Contraloría y datos Abiertos (Tracoda) también habían solicitado su inscripción y correspondiente exclusión del pago de impuesto del 30 %. Hasta esa fecha, también, la Fundación Comunicándonos había solicitado su inscripción y exoneración,  al igual que la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Mientras que otras entidades como la Fundación para el Desarrollo Nacional (Funde) y Cristosal solicitaron su inscripción, pero no la exención.

    La organización Acción Ciudadana fue inscrita en el Registro de Agentes Extranjeros pero no fue clasificada como «sujeto excluido» del pago de impuestos, aunque lo solicitaron en su proceso.

  • Gobierno pide ratificar préstamo del BID por $195 millones para Aeropuerto de El Salvador: ¿qué construcciones incluye?

    Gobierno pide ratificar préstamo del BID por $195 millones para Aeropuerto de El Salvador: ¿qué construcciones incluye?

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá una solicitud de ratificación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $195 millones para ampliar el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero.

    Este aeropuerto atiende el 99.8 % de las operaciones y vuelos internacionales en El Salvador, según el BID.

    El crédito se deberá pagar en 23 años, incluye un periodo de gracia de siete años y se pagará una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario. Por el préstamo se pagará una comisión que no exceda del 0.75 % por año, que se comenzará a devengar a los 60 días de la fecha de suscripción del contrato.

    El contrato de préstamo se suscribió el 13 de enero de 2026 por el ministro de Hacienda, luego de que la Asamblea Legislativa autorizara su negociación el mismo día, bajo el nombre de «Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES)».

    Los fondos se destinarán a la ampliación de la terminal de pasajeros, la ampliación de la plataforma de aeronaves del Aeropuerto, la construcción de una calle de rodaje Foxtrot, un edificio de estacionamiento vehicular y y un edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), espacios para restaurantes y una sala VIP.

    ¿Qué construcciones incluye el préstamo del BID para el Aeropuerto según CEPA?

    1. Seis nuevas salas de espera con áreas de doble altura, amplios pasillos, iluminación natural y mayor absorción acústica.
    2. Nuevos espacios para comercio, restaurantes, servicios y una sala VIP de 890 metros cuadrados.
    3. Nuevo pasillo de circulación en tercer nivel para separar a os pasajeros que llegan de los que salen, agilizando el tránsito interno y reduciendo la congestión.
    4. Seis nuevos puentes de abordaje, sumando un total de 25.
    5. Ampliación de la plataforma para el estacionamiento de tres aeronaves adicionales, incluso aviones de cabina ancha.
    6. Construcción de nueva calle de rodaje Foxtrot para agilizar el movimeinto de aeronaves.
    7. Un edificio de estacionamiento vehicular.
    8. Una estación de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

    Según el BID, el programa beneficiará a 7.7 millones de pasajeros anuales hacia el año 2030 y a 518,000 personas vinculadas al turismo.

    Durante el año 2025, por la Asamblea Legislativa pasó un total de $2,506 millones en 18 préstamos y títulos valores avalados o ratificados; además de $2,061.1 millones en garantías soberanas autorizadas para respaldar créditos de instituciones autónomas, de los cuales $1,480 millones corresponden a nueva deuda.

  • Presupuesto de la Fiscalía disminuyó 38 % en 2025 por baja en infraestructura, centro de intervención y dirección de intereses del Estado

    Presupuesto de la Fiscalía disminuyó 38 % en 2025 por baja en infraestructura, centro de intervención y dirección de intereses del Estado

    El presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) para el ejercicio fiscal 2025 bajó un 38 % en comparación con el 2024, debido a la disminución de fondos asignados para infraestructura física por la construcción del nuevo edificio ubicado en Santa Elena,

    El informe «Operatividad y eficacia de la FGR 2025» presentado por Acción Ciudadana indica que el presupuesto institucional pasó de $142,315,472 para el año 2024 a $88,568,541 disponibles para el año pasado. La baja de $53.7 millones la atribuye a la disminución en el área de infraestructura por la finalización en la construcción del nuevo edificio fiscal.

    Diario El Mundo verificó los montos presupuestarios de la Fiscalía en 2024 y 2025 en las Leyes de presupuesto respectivos y comprobó que los seis rubros detallados presentaron disminuciones. El más alto en infraestructura con una baja del 85 %.

    Los fondos disponibles para el Centro de intervención de las telecomunicaciones también experimentó una baja del 51 % en los fondos para 2025 y el rubro de «defensa de los intereses del Estado» disminuyó también un 20 %.

     

    El Centro de intervención de las telecomunicaciones experimentó una baja en los fondos destinados a remuneraciones, que en 2024 tenía $3,831,940 pero para 2026 disminuyó a $2,919,305.00. Asimismo, en el área de gastos financieros la disponibilidad presupuestaria bajó de $309,450.00 a solo $119,555.00.

    Por su parte, en la «defensa de los intereses del Estado» se tuvo hace dos años una asignación de $5,390,210 para remuneraciones, pero para el año pasado disminuyó a $4,306,630. También bajaron los fondos para bienes y servicios de $1,527,745.00 a $1,442,290. Mientras que los fondos para gastos financieros fue de $423,845 en 2024 y bajó a $136,640 en el año pasado.

    A pesar de los fondos aprobados por la Asamblea Legislativa para la FGR como presupuesto, Acción Ciudadana señala que «la necesidad real determinada por la FGR no ha sido satisfecha» desde 2021 porque los recursos aprobados son menores a los solicitados por la institución.

    Ejemplo de ello es que en 2021 la Fiscalía solicitó $150,050,833 para su funcionamiento, pero la Asamblea solo aprobó $110,939,749. Lo mismo ocurrió en 2025, cuando la Fiscalía requería $153,283,365 pero el Primer órgano de Estado solo aprobó $88,568,541.

    La AC también analizó la cantidad de casos que en promedio atiende un fiscal. En el período 2024-2025 se iniciaron 92,159 casos; cada fiscal tiene un promedio de 108 casos, por lo que la organización estima que la FGR habría contado con 853 fiscales auxiliares.

    Lo que podría representar un aumento de 62 fiscales respecto al período anterior en el que se calcula que hubo 791 fiscales. Además, las memorias de labores indicarían que en el último año hubo 1,465 empleados jurídicos.

    El informe contabiliza 440,706 casos iniciados desde 2021 hasta 2025, de los que 136,901 fueron judicializados. Además, señala que hay una «impunidad directa» del 89.34 % en casos iniciados, pero no terminados en condenas en el mismo período.

  • Despedidos del Hospital Rosales exigen su indemnización frente a la Asamblea Legislativa

    Despedidos del Hospital Rosales exigen su indemnización frente a la Asamblea Legislativa

    Un grupo de más de 1,800 trabajadores despedidos del Hospital Nacional Rosales llegaron este 21 de enero a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para exigir sus indemnizaciones que por ley les corresponden.

    «Queremos indemnización justa», «pedimos respeto a los trabajadores de la salud», «nosotros luchamos para que no sigan los atropellos», «arriba  el personal de salud», «qué viva el Hospital Rosales», «queremos un debido proceso y que nos den nuestra indemnización», fueron algunas de las consignas que los trabajadores despedidos gritaban frente a la Asamblea Legislativa.

    Una delegación fue recibida por la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, a quien buscaron para que ella los respalde en sus demandas.

    «Este día, como exempleados del Hospital Rosales, hemos buscado a la diputada Claudia Ortiz para que nos dé acompañamiento para que nos puedan indemnizar. Hemos buscado a todas las instancias necesarias pero, en vista que no encontramos respuesta, este día hemos hecho la petición formal a la diputada para que nos pueda acompañar. Somos alrededor de 1,800 empleados que fuimos suprimidos que exigimos la indemnización», dijo Antonio Ortiz, uno de los afectados.

    Otra de las afectadas, Madaí Santos, pidió al presidente de la República, Nayib Bukele, y a los ministros de Salud y Trabajo, Francisco Alabi y Rolando Castro, que les paguen la indemnización que por ley les corresponde; ella cree que hay liquidez para hacerlo.

    «Dinero tienen, muestra de ello es la Quincena 25, que es algo que no estaba presupuestado; sin embargo, se lo han sacado, no sabemos ni de dónde, dinero sí hay. Entonces le exigimos al señor ministro de Trabajo, al ministro de Salud, al señor presidente que nos haga el pago de nuestra indemnización. No estamos pidiendo nada más que lo que nos corresponde», exigió Santos, quien tenía 19 años de trabajar en al Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Rosales.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, consideró que hay graves violaciones a los derechos laborales por la masiva supresión de plazas y la negativa de indemnización.

    «La forma con la que se hizo la supresión de estas plazas no ha respetado los debidos procesos, por tanto, agradezco la valentía de todos los que están presentes. Hay personas que han trabajado de 10, 20, 30 o más años entregando su vida y simplemente les han dado un cartoncito informal donde dice cuánto le corresponde de indemnización, pero sin decirle a qué instancia se le puede reclamar y todo eso violenta derechos fundamentales. Y es un llamado a las diferentes instancias del Estado salvadoreño. Estas más de 1,800 personas no pueden quedar en el aire», dijo Ortiz.

    El 23 de diciembre, cientos de empleados del Hospital Rosales, entre ellos médicos, enfermeras, administrativos y otros fueron despedidos, sin justificación. Ellos exigen ser indemnizados.