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  • Claudia Ortiz presenta demanda contra reforma constitucional de reelección presidencial indefinida

    Claudia Ortiz presenta demanda contra reforma constitucional de reelección presidencial indefinida

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, presentó este viernes una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que pide declare inconstitucional la reforma a la Constitución aprobada el 31 de julio que habilitó la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    «Este día hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional, justamente, las reformas que se hicieron a la Constitución de la República para autorizar la reelección presidencial indefinida. Quiero decirles a todos que, mientras hay pueblo, hay esperanza y este día hemos venido a presentar algo que es un derecho, pero también es un deber», expuso Ortiz luego de presentar la demanda en la ventanilla de la Corte.

    La diputada llamó a la población a hacer uso de sus derechos y señaló que uno es la «insurrección» cuando se rompe el orden constitucional.

    «Nuestra Constitución manda que, cuando el orden constitucional se rompe, el pueblo puede hacer uso de sus derechos, uno de ellos es la insurrección y una forma de insurrección es así: contestar con los recursos legales necesarios como este para que se restablezca el orden constitucional. Este no es un momento de pesimismo, no es momento de tirar la toalla, es momento de que los ciudadanos podamos hacer las cosas que nos corresponde como derecho y como deber», exhortó la legisladora de oposición.

    Ortiz exhortó a la población a no escuchar voces fatalistas «que muchas veces vienen de quienes nos tienen en esta situación, vienen de voces que ya estuvieron usando el poder, ejerciendo el poder». Dijo que el «oficialismo abandona al pueblo mientras ellos gozan de privilegios» e invitó a la gente que vea otras opciones para elecciones libres y justas y «se restablezca el orden constitucional».

    En la sesión plenaria del 31 de julio, la diputada Marcela Villatoro recriminó de voz y con cartel en mano a la bancada de Nuevas Ideas: «Este día murió la democracia».

    Estas son las reformas a la Constitución que decidió Nuevas Ideas:

    Artículo 75 de la Constitución

    Elimina la pérdida de derechos del ciudadano para quienes “suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección” presidencial.

    Artículo 80 de la Constitución Se agrega que “se considerarán electos como presidente y vicepresidente” los “candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos en el correspondiente proceso electoral”, eliminando la disposición que ordenaba una segunda elección cuando “ningún partido político o coalición haya obtenido mayoría absoluta”.

    Artículo 152 de la Constitución Se elimina la disposición que prohibía las candidaturas presidenciales a quienes hubieran fungido en el anterior periodo como presidente.

    Artículo 154 de la Constitución Se establece que el periodo presidencial será de seis años y se agrega que “en el caso de una reelección el primer día de nuevo mandato” no se considerará “un día más”, ya que este artículo prohíbe quedarse “un día más”.

  • Asamblea aprueba paquete de leyes que busca atraer inversiones a El Salvador y promover empleos para retornados

    Asamblea aprueba paquete de leyes que busca atraer inversiones a El Salvador y promover empleos para retornados

    La Asamblea Legislativa aprobó el jueves un paquete de leyes que busca atraer la inversión en El Salvador, incluso dando paso a la creación de bancos que también podrán ser proveedores de bitcoin y criptomonedas estables.

    Las nuevas leyes, que promueven incentivos fiscales para grandes inversiones o capitales que se ubiquen en El Salvador y exoneraría del impuesto de renta los salarios superiores a $100,000 mensuales de grandes ejecutivos de nuevas inversiones, fueron criticadas por la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien pidió la exoneración de impuestos para los alimentos y los medicamentos que consumen los salvadoreños.

    Mientras, los diputados de Nuevas Ideas, esperan que estas normativas atraigan grandes inversiones a El Salvador y puedan generar empleo, así como provocar una especie de «derramamiento económico a todo nivel» en palabras del diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.

    Las leyes aprobadas fueron:

    1. Una ley de bancos de inversión.

    Los bancos de inversión podrán realizar operaciones en bitcoin o otros activos de fácil liquidación, así como en dólares u otras monedas, únicamente con personas con al menos $250,000 de libre disponibilidad (en dólares u otros como bitcoin, monedas estables, bonos u oro incluso tokenizados). La ley se denomina Ley de bancos de inversión.

    2. Incentivo fiscal para nuevas inversiones

    [Decreto: Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador]

    Una ley para exonerar de todo tipo de impuestos a las nuevas inversiones o patrimonios de $2,000 millones o más que se trasladen a El Salvador, ya sea de extranjeros o de salvadoreños que residan en el exterior desde hace un año.

    3. Incentivo fiscal a salarios de técnicos de nuevas inversiones

    [Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador]

    Una ley para exonerar el Impuesto sobre la Renta los salarios de técnicos contratados por las nuevas inversiones que ganen más de $100,000 mensuales, y cobrar únicamente el 10 % de Impuesto sobre la Renta a los salarios de hasta $100,000 de los técnicos contratados por estas nuevas inversiones. Actualmente, en El Salvador, la retención del Impuesto sobre la Renta sobre salarios superiores de $2,038.11 mensuales es el 30 % sobre el exceso de $2,038.10 más una cuota fija de $288.57.

    4. Incentivos para contratación de salvadoreños retornados

    [Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana]

    Una normativa para incentivar la contratación de personas “retornadas” a El Salvador. Las empresas que contraten personas «retornadas» –o deportados– de Estados Unidos u otros países «deducir» (restar) de su «renta imponible» (la renta o ingreso a la cual se aplica el impuesto) cantidades anuales desde $1,226.7 hasta $2,044.5 dependiendo de cuántos salvadoreños retornados contraten, así:
    -Deducción de tres salarios mínimos ($1,226.40): si han contratado de 2 a 6 retornados.
    -Deducción de cuatro salarios mínimos ($1,635.20): si han contratado de 7 a 12 retornados.
    -Deducción de cinco salarios mínimos ($2,044.00): si han contratado al menos 13 retornados.

     

  • Asamblea aprueba ley de beneficios para la diáspora y de empleos para salvadoreños retornados

    Asamblea aprueba ley de beneficios para la diáspora y de empleos para salvadoreños retornados

    Con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana», para que los salvadoreños que deseen retornar a El Salvador reciban una exención de impuestos para los bienes de casa que estén valorados por una suma de hasta $100,000; adicionalmente, la exención aplicará a la importación de hasta dos vehículos livianos y herramientas de trabajo por hasta $100,000.

    Los vehículos no deben tener más de ocho años de fabricación.

    Esta ley, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, obliga a que el Ministerio de Trabajo cree el registro denominado «Empleos para Salvadoreños Retornados».

    El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, garantizará una campaña continua de información para la prevención de fraudes y estafas a emprendedores y empresarios de la diáspora.

    «Esta ley aborda de manera integral el proceso de la movilidad humana. Movilidad humana significa algo más grande que solo la migración, con esta ley estamos garantizando los derechos de nuestros migrantes en todas las etapas del proceso migratorio, es decir desde el desplazamiento interno, a partir de que la persona sale de su país, en el tránsito hasta el país que pretende llegar y sobre todo el retorno, para quienes por A o B motivo van a regresar a nuestro país», aseguró la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas.

    Figueroa dijo que «cerca de 2,000 familias se han beneficiado y han introducido bienes por un valor estimado en $44 millones que han sido exonerados de los impuestos» con la Ley de Menaje de Casa aprobada en 2023 que eximía los impuestos sobre muebles del hogar valorados por una suma de hasta $70,000.

    «Recuerden que estas personas (retornados de Estados Unidos o el extranjero) vienen siendo especialistas en muchas cosas que necesitamos en el país  y para esas empresas que quieran colaborar con nuestra diáspora, podrán hacerlo y esto significará exención de impuestos para ustedes, dependiendo de hasta cuántos contraten». Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.

    «Hablar de salvadoreños en el exterior no es solo hablar de números por la incidencia económica, sino de conexiones sociales, culturales y familiares… Esto es para ordenar que ustedes puedan regresar a nuestro país, si es que así lo desean». Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas.

    El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró que esta ley surge por el concepto de «migración inversa» y por las «condiciones de seguridad que hoy tenemos en El Salvador y que permite que los salvadoreños que fueron expulsados en el pasado por gobernantes ineptos, ahora regresen a su país de manera segura y tranquila».

    El voto de Claudia Ortiz

    La diputada del partido opositor Vamos, Claudia Ortiz, votó a favor de la ley y aseguró que siempre que una iniciativa sea para proteger a los salvadoreños contará con su aval.

    «Es mentira lo que dicen algunos colegas que a todo voto en contra, no es cierto. Voy a votar a favor de esta ley, porque como representante de los salvadoreños, cada voto de su servidora es analizado y nuestra gestión siempre ha buscado el bien mayor para ellos», indicó.

    «Espero que esta ley cuente con una implementación efectiva y en función del bienestar y los derechos de los salvadoreños que están en el exterior, en especial de aquellos que sufren de mayor vulnerabilidad». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    También, invitó a sus colegas a analizar cada voto y a vigilar la ejecución de esta ley y exhortó a la Cancillería a hacer las gestiones diplomáticas necesarias para abogar por el programa de Estatus Temporal (TPS) que vence en el 2026.

    Finalmente dijo que esta ley debería complementarse con servicios básicos de calidad, ya que, si la diáspora tiene servicios básicos de calidad donde reside en el extranjero, «para que El Salvador pueda ser un destino para retornar y vivir plenamente es fundamental que leyes como esta se complementen con una mejora completa, real», expresó.

    «s fundamental que haya educación pública de calidad, sistema de salud pública también de calidad, porque muchos salvadoreños que viven en el exterior y que están considerando regresar acá por voluntad propia, se van a enfrentar acá a un sistema que no es funcional», advirtió la diputada.

  • Aprueban régimen de exención fiscal a inversiones trasladadas a El Salvador de al menos $2,000 millones, NI dice generará empleo

    Aprueban régimen de exención fiscal a inversiones trasladadas a El Salvador de al menos $2,000 millones, NI dice generará empleo

    La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el “Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador” a personas o empresas que trasladen su dinero o activos a El Salvador por al menos $2,000 millones.

    A estos les exonerarán los impuestos sobre la renta, impuestos a transferencia de inmuebles, impuestos municipales y aranceles por las importaciones relacionadas a las actividades de inversión.

    Los beneficiados podrán ser extranjeros o salvadoreños radicados en el exterior desde al menos un año.

    Las inversiones podrán ser: aportes a capital a constitución de sociedades mercantiles o suscripción de acciones, aportes para compras de bienes inmuebles situados en El Salvador, otorgamiento de préstamos para nuevas inversiones a personas o empresas domiciliadas en el país, aportes a capital para compra de plantas industriales, maquinaria, repuestos, materias primas, productos terminados o intermedios, bienes intangibles, propiedades intelectuales sobre distintivos comerciales y patentes sobre servicios técnicos o desarrollo de nuevas tecnologías o aporte de conocimientos administrativos.

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que “estos capitales y estas inversiones que van a llegar al país generarán empleos de altísimo nivel, de muy buena calidad, que al final se van a traducir en buenos salarios”. «Es un encadenamiento que estamos creando que no se ha visto en la historia del país», prometió.

    «Si queremos transformar el PIB del país, debemos apuntar a ser sede de inversiones de alto impacto, inversiones que nos permitan transformar realmente la economía de El Salvador y multiplicarla en los próximos años… Capitales que van a generar no solo un gran impacto en la economía sino un derramamiento económico a todo nivel». William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.

    Según el diputado Mauricio Ortiz, del mismo partido, estas nuevas inversiones beneficiará a El Salvador con: “empleo masivo y recaudación por salarios”, pago de cotizaciones al Seguro Social y a las AFP, contratación de proveedores que generarán riquezas en sus patrimonios, activación de sectores como construcción, transporte y logística, aumento de consumo y mayor recaudación de impuestos por consumo, e inversión estatal en infraestructura por el aumento de la recaudación.

    La ley establece las sanciones relacionadas a la obligación de inscribirse según los artículos 235 y 237 del Código Tributario; y relacionadas a no informar sobre el registro de inversiones o del patrimonio, el artículo 241 del mismo Código.

    El decreto fue aprobado con 56 votos de Nuevas Ideas. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

  • Obligarán a nuevos bancos de inversión a cumplir con algunas disposiciones de Ley de Bancos

    Obligarán a nuevos bancos de inversión a cumplir con algunas disposiciones de Ley de Bancos

    Los nuevos bancos de inversión que en El Salvador podrán realizar operaciones exclusivamente con “inversionistas sofisticados”, incluso en bitcoin o monedas estables, deberán cumplir con al menos 19 artículos de la Ley de Bancos aprobada en 1999.

    La nueva Ley de Bancos de Inversión, cuyo proyecto podría ser aprobado por la Asamblea Legislativa en su sesión plenaria de este jueves 7 de agosto, les exigirá cumplir con exigencias como reservas de capital o reserva legal de por lo menos 25 % de su capital pagado (39), no compartir con sociedades del ámbito previsional (131) y establecer el secreto bancario (232).

    Los bancos de inversión, también, podrán realizar en otros países operaciones financieras a través de entidades bancarias subsidiarias reguladas y supervisadas según los usos internacionales (23) e invertir en acciones de sociedades salvadoreñas incluso subsidiarias o filiales bajo vigilancia de la Superintendencia del Sistema Financiero (24).

    Otros artículos de la Ley de Bancos que se aplicarán a los bancos de inversión tienen que ver con la obligación de la Superintendencia de tener un servicio de información crediticia de los usuarios para la evaluación de riesgos (61), una presunción de fraude si el banco reconoció deudas inexistentes (212) y la obligatoria divulgación sobre el fondo patrimonial y sus activos (234).

    La asesora del Ministerio de Economía leyó, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, la nueva propuesta de artículo 71 de la Ley de bancos de inversión, así:

    “A los bancos de inversión, además de lo dispuesto en la presente ley, les serán aplicables los artículos 23, 24, 35, 39, 55, 56, 61, 62, 71, 72, 130, 133, 200, 212, 231, 232, 233, 234 y 238 de la Ley de Bancos en lo que no contravengan a esta ley ni la naturaleza o la finalidad de los bancos de inversión”. Artículo 71 con modificaciones.

     

    ¿Qué artículos de la Ley de Bancos fueron suprimidos de propuesta original?

    Respecto al proyecto original, enviado por el Ministerio de Economía, se quitarían los artículos 7, 40, 59, 70, 73, 167, 169, 173, 195, 197, 198, 199, 209 de la Ley de Bancos, entre los que estarán obligados a cumplir los llamados bancos de inversión.

    La propuesta original establecía que estaría obligado a cumplir el artículo 59 de la Ley de Bancos, que obliga a los bancos a sustentar la concesión de los financiamiento en un análisis de las solicitudes con el riesgo de recuperación de los fondos, considerando capacidad de pago y empresarial de los solicitantes, sus estados financieros auditados, garantías, declaración de impuesto sobre la renta, entre otros.

    También, se excluyó de la propuesta la obligación de cumplir el artículo 197, que establece que los bancos no podrán conceder créditos ni asumir riesgos por más del 25 % de su fondo patrimonial con relación a una misma persona natural o jurídica excepto que se trate del Banco Central de Reserva o Instituto de Garantía de Depósitos.

    La petición de modificación del Ministerio de Economía también excluyó otros artículos relacionados a la retención de un monto de productos pendientes de cobro de reservas de saneamiento, al Instituto de Garantía de Depósitos como garante de depósitos hasta por $6,700 y prohibiciones para los bancos como dar préstamos para que una persona suscriba acciones de su propio capital, dar en garantía bienes de su activo fijo, realizar inversiones en entidades financieras en países donde no exista regulación prudencial y supervisión según los usos internacionales sobre esa materia, o conceder financiamientos con bancos o institucionales financieras cuya propiedad esté vinculada a accionistas pertenecientes al grupo empresarial al que pertenece el banco, entre otros.

  • EE.UU. respalda reforma que permite reelección indefinida en El Salvador

    EE.UU. respalda reforma que permite reelección indefinida en El Salvador

    El Gobierno de Estados Unidos expresó este martes su respaldo a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que autoriza la reelección presidencial indefinida y allana el camino para que el presidente Nayib Bukele pueda optar a un tercer mandato consecutivo.

    “La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la agencia EFE.

    Además, Washington rechazó los señalamientos que equiparan el proceso salvadoreño con dictaduras en América Latina.

    “Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”, puntualizó el vocero.

    La reforma constitucional, ratificada el pasado viernes, extiende el periodo presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral y habilita la reelección sin límites. Aunque Bukele aún no ha oficializado su candidatura, la nueva legislación abre la puerta a su permanencia en el poder más allá de 2029.

    Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han criticado la reforma por considerarla un retroceso democrático que busca perpetuar a Bukele en el poder. La oposición salvadoreña también ha cuestionado duramente la medida, señalando similitudes con los casos de Nicaragua y Venezuela.

    Bukele respondió el domingo a estas críticas asegurando que “la mayoría de países desarrollados permiten la reelección indefinida”, citando ejemplos como Reino Unido, España y Dinamarca para defender la legalidad y legitimidad de la reforma.

    El mandatario salvadoreño mantiene una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha coordinado acciones migratorias, incluyendo el envío de migrantes irregulares a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, la cual ha sido objeto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

     

  • La Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) podría resolver cambios de uso de suelo en proyectos de construcción: proyecto de reforma

    La Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) podría resolver cambios de uso de suelo en proyectos de construcción: proyecto de reforma

    La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) podría resolver cambios de uso de suelo y permisos de tala de árboles en proyectos de construcción y lotificaciones nuevas, según un proyecto de reforma recibido por la Asamblea Legislativa del Ministerio de Gobernación.

    Según el nuevo artículo 38-A que propone Gobernación en el proyecto de reforma a la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial, la DOT podrá resolver conforme a criterios técnicos y leyes aplicables el cambio de uso de suelo para proyectos de construcción o lotificaciones nuevas cuya calificación de lugar ha sido denegada, a solicitud del interesado.

    Si la DOT resuelve que el cambio de uso de suelo es «procedente», el solicitante deberá pagar una compensación en efectivo correspondiente al 20 % del valor comercial de la propiedad, que será determinado por un perito de la Superintendencia del Sistema Financiero.

    Por solicitud de cambio de uso de suelo para construcción en altura, se define una tarifa de $0.35 por metro cuadrado por área de piso. La tarifa será la misma para proyectos horizontales, parcelaciones o urbanizaciones.

    La propuesta agrega la nueva facultad de la DOT para otorgar permisos para tala de árboles y permisos de terracería, en área urbana o rural, y establece tarifas por cada permiso:

    Permiso por tala de arbustos leñosos: $50 por arbusto.
    Permiso de tala de árboles de madera blanda: $60 por árbol.
    Permiso de tala de árboles jóvenes de madera dura: $70 por árbol.
    Permiso de tala de árboles de madera dura: $80 por árbol.
    Permiso de terracería para preparar los terrenos para proyectos de construcción: $0.50 por metro cúbico.

    El proyecto de reforma a la Ley de la DOT fue enviado por el Ministerio de Gobernación, a cargo de la ministra de Turismo, Morena Valdez, y pasó a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea.

    La solicitud de aprobación fue recibida en la primera de las dos sesiones plenarias celebradas el 31 de julio, para realizar dos reformas constitucionales –reelección y Parlacen.

    El borrador de las reformas también propone –en el artículo 3– ceder a las municipalidades, asociaciones municipales u oficinas de planificación y gestión territorial la autorización de los permisos de construcción para proyectos menores a 250 metros cuadrados, dejando a la DOT «los demás trámites individuales». Sin embargo, el mismo proyecto de reforma, en el artículo 4, establece como una de las atribuciones de la DOT «autorizar lotificaciones nuevas y los permisos de construcción conforme lo establecido en esta ley y demás legislación aplicable».

  • Reformas constitucionales sobre reelección y Parlacen fueron ratificadas horas después de acordadas

    Reformas constitucionales sobre reelección y Parlacen fueron ratificadas horas después de acordadas

    La reforma para suprimir al Parlamento Centroamericano (Parlacen) de la Constitución de El Salvador fue ratificada por la Asamblea Legislativa el mismo día en que aprobó su acuerdo de reforma, poco después de la solicitud del diputado Geovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas.

    Fue el mismo proceso para aprobar la reforma constitucional que, según Nuevas Ideas, permitirá la reelección presidencial indefinida.

    El acuerdo de reforma constitucional para suprimir el Parlacen de la Constitución fue votado a las 2:35 p.m. y se trató de un acuerdo de los diputados para reformar los artículos 80 y 133 de la Constitución en donde se mencionaba al Parlacen, al referirse a la integración centroamericana y a la facultad de iniciativa legislativa que poseen los diputados de este organismo regional.

    La ratificación del acuerdo constitucional sobre el Parlacen fue realizada a las 9:44 p.m., siete horas y nueve minutos después de la primera votación, en una segunda sesión plenaria celebrada el mismo día.

    De manera similar, la ratificación de la reforma constitucional de la reelección presidencial indefinida se dio casi dos horas después de la votación del acuerdo de reforma.

    El acuerdo de reforma para la reelección presidencial indefinida fue votado a las 8:08 p.m. y su ratificación se dio a las 9:57 p.m., una hora y 48 minutos después. Las votaciones tuvieron 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados PCN y PDC.

    Las iniciativas de acuerdo de reforma constitucional fueron anunciadas por los diputados Geovanny Zaldaña y Ana Figueroa, ambos de Nuevas Ideas, en la primera sesión plenaria. La Gerencia de Operaciones Legislativa, sección de correspondencia oficial, recibió la solicitud sobre el Parlacen a la 1:15 p.m. y la que trata sobre la reelección presidencial, a las 4:51 p.m., del 31 de julio.

    Ambos decretos de reforma constitucional iniciarán su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y su acuerdo, según un diputado de Nuevas Ideas, fue publicado en el Diario Oficial, aunque aún no aparece en el sitio imprenta.gob.sv.

    Los diputados de Nuevas Ideas argumentaron que las reformas responden a las demandas de los ciudadanos, mientras la oposición, organizaciones nacionales e internacionales la calificaron de una estrategia del Presidente para perpetuarse en el poder.

    Línea del tiempo de las dos reformas constitucionales aprobadas el 31 de julio de 2025:

    -11:58 a.m.: Se aprueba la agenda de la sesión plenaria número 66 sin propuestas de reforma constitucional.
    -12:42 p.m.: Diputado Geovanny Zaldaña propone acuerdo de reforma constitucional para suprimir al Parlacen de la Constitución. Dan sus firmas los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
    -1:15 p.m. La Gerencia recibe la propuesta de acuerdo de reforma constitucional sobre el Parlacen como pieza 1-A.
    -1:28 p.m. La Asamblea vota la dispensa de trámites.
    -1:34 p.m. La Asamblea vota el fondo de lo solicitado y decreta receso hasta las 3:30 p.m.
    -4:00 p.m. Se reanuda la sesión plenaria. La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, pide un segundo acuerdo de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida. Sus colegas firman.
    -4:58 p.m. Se aprueba modificar la agenda.
    -5:26 p.m. Se vota la dispensa de trámites del acuerdo de reforma para la reelección.
    -8:08 p.m. Se aprueba el acuerdo de reforma para la reelección.
    -8:13 p.m. El presidente de la Asamblea convoca a una plenaria el mismo día a las 8:45 p.m.
    -9:25 p.m. Se abre la nueva sesión y Nuevas Ideas pide incorporar dos pieza para ratificar ambos acuerdos de reforma constitucional.
    -9:30 La Gerencia recibe la propuesta para ratificar el acuerdo sobre el Parlacen.
    -9:31 La Gerencia recibe la propuesta para ratificar el acuerdo sobre la reelección.
    -9:33 p.m. Se modifica la agenda.
    -9:43 p.m. Se aprueba la dispensa de trámites de la pieza 1-A (Parlacen).
    -9:44 p.m. Se ratifica el acuerdo de reforma constitucional sobre el Parlacen.
    -9:55 p.m. Se aprueba la dispensa de trámites de la pieza 2-A (reeleccióin).
    -9:56 p.m. Se ratifica el acuerdo de reforma constitucional sobre la reelección presidencial.

  • TSE cumple un año sin actualizar registros de viajes internacionales por misiones oficiales

    TSE cumple un año sin actualizar registros de viajes internacionales por misiones oficiales

    Al final julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió un año de reportar los viajes internacionales por misiones oficiales realizadas por los magistrados que integran el organismo colegiado ni por los demás empleados técnicos ni administrativos.

    En el portal de transparencia de la institución consta que el último documento de viajes internacionales del Tribunal corresponde al período de julio a septiembre de 2024, cuando solo se realizaron tres viajes.

    Los nuevos magistrados asumieron funciones en septiembre de 2024, cuando fueron juramentados en los cargos por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no han reportado sus viajes desde entonces.

    Fuentes internas de la institución revelaron en su momento a Diario El Mundo que los magistrados asistieron a observar las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 y tiempo después viajaron también a Ecuador para observar los comicios.

    Los documentos de viajes detallan el nombre del funcionario o empleado, las fechas en que viajó, el objetivo del viaje y los gastos detallados de: pasaje, viáticos, de viaje y de terminal. Por lo que, sin los informes, se desconoce cuánto en viáticos han recibido los nuevos magistrados desde que asumieron sus funciones.

    El último informe detalla tres viajes en julio por los exmagistrados Guillermo Wellman, Rubén Meléndez y Noel Orellana, quienes viajaron desde el 26 hasta el 29 de julio de 2024 a Honduras para participar en el Showroom de servicios de El Salvador.

    Captura de pantalla del último informe de viajes del Tribunal Supremo Electoral.

    En cada funcionario, el TSE gastó $840 en viáticos, $315 en viaje y $45 de terminal. El gasto de cada exjuez electoral fue $1,200 y el gasto total de esos tres viajes fue $3,600. El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública indica que las instituciones públicas deben divulgar los listados de viajes financiados con fondos públicos, incluyendo el nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos y cualquier otro gasto.

    Gracias a los informes de viajes, Diario El Mundo documentó que los magistrados y empleados del Tribunal en el período 2019-2024 realizaron 247 viajes internacionales con misión oficial por un valor de casi un millón de dólares.

    De esos viajes, al menos 71 viajes se realizaron para capacitaciones de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos en el Exterior (JRVEX) en países como Estados Unidos, Suecia, Nicaragua, Perú, México, Bélgica, España, Alemania, Costa Rica, Honduras, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay.

  • Levantamiento del fuero presidencial, el inédito proceso que avanza en Costa Rica

    Levantamiento del fuero presidencial, el inédito proceso que avanza en Costa Rica

    Costa Rica, un país reconocido a nivel internacional por su estabilidad democrática y política, se encamina a una decisión inédita: levantar o no el fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, para que enfrente un proceso penal por un caso de supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

    La Asamblea Legislativa conformó el pasado miércoles una comisión integrada por tres diputados, la cual deberá analizar la acusación contra el mandatario remitida este mes por la Corte Suprema de Justicia y rendir un informe en un plazo de 20 días prorrogable por otros 20, para que el Plenario vote si levanta el fuero o no.

    Para que el fuero sea levantado se necesitan 38 votos, es decir, dos terceras partes del Legislativo, que mayoritariamente está integrado por partidos de oposición.

    Si el fuero es levantado, la Fiscalía podrá seguir investigando y eventualmente indagar al presidente. Si la votación no prospera, el caso retornará al Poder Judicial a la espera de que el mandatario termine su período en mayo de 2026.

    Desde la última guerra civil de este país ocurrida en 1948 y la abolición del ejército a finales de ese año, Costa Rica ha celebrado procesos electorales ininterrumpidos, todos los presidentes han terminado sus periodos sin mayor inconveniente y a ninguno se le ha levantado el fuero, aunque varios sí han estado envueltos en procesos judiciales.

    El caso BCIE

    La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405.000 dólares donados por el BCIE.

    La acusación de la Fiscalía también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del mandatario.

    Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación, luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial.

    Además del caso relacionado con los fondos del BCIE, el presidente Chaves enfrenta otra acusación de la Fiscalía General por la aparente utilización de dos estructuras paralelas de financiación en la campaña electoral.

    Esta acusación se encuentra desde junio pasado en estudio por la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si la traslada al Congreso para que se inicie el proceso de levantamiento del fuero.

    Acusaciones «absurdas» y los roces con el fiscal

    En reiteradas ocasiones Chaves, quien goza de una popularidad superior al 50 % según las encuestas, ha tildado de «absurdas», «ridículas» y «politiqueras» las acusaciones en su contra, en el marco de un tensa relación con el fiscal general, Carlo Díaz.

    «Era cuestión de tiempo para que la Corte Plena, vestida con la toga de la institucionalidad, hiciera política de la más barata enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó (el fiscal general) Carlo Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero», declaró Chaves el pasado 1 de julio tras conocer que la Corte Suprema de Justicia trasladó la acusación al Congreso.

    Los roces del presidente con el fiscal general han sido constantes. Incluso en marzo pasado Chaves participó en una marcha junto a cientos de sus seguidores para pedir la renuncia de Díaz.

    Entonces, el fiscal calificó la marcha como «una señal más del debilitamiento que él pretende de la división de poderes y de la institucionalidad», y aseguró que las investigaciones que lleva adelante fueron el motivo de la manifestación.

    Además de los procesos judiciales, Chaves también enfrenta varias denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por beligerancia política, y ya ha sido advertido de que no debe referirse a temas electorales en momentos en que se acerca el inicio oficial de la campaña rumbo a los comicios de febrero de 2026.

    En Costa Rica no está permitida la reelección consecutiva, pero el mandatario y su círculo cercano han insistido durante actos públicos en que el próximo Gobierno necesita una mayoría calificada de diputados para hacer reformas profundas.

    Durante los últimos meses circuló el rumor de que Chaves podría renunciar para competir en las elecciones de 2026 por un puesto como diputado, pero el mandatario finalmente lo descartó el pasado miércoles, al filo de que venciera el plazo de ley para que los funcionarios de los supremos poderes con aspiraciones electorales dejaran sus cargos.