La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, cuestionó este martes a sus colegas de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, tras la aprobación del dictamen favorable del proyecto de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), sin que —según denunció— se realizara una discusión técnica y detallada de sus 64 artículos.
Durante la sesión de la comisión, la diputada expuso su inconformidad luego de que la comisión recibiera a representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Centro Nacional de Registros (CNR), quienes brindaron una breve exposición del proyecto, orientado a atraer a inversionistas con capitales mayores a $250,000.
“Se acaba de leer un dictamen, pero no se han discutido los artículos de la ley. Esta es una mala práctica que se ha vuelto común en esta Comisión: aprobar dictámenes sin un debate real ni técnico”, expresó Ortiz.
La legisladora insistió en que el papel de los diputados debe ir más allá de “leer leyes y aprobarlas sin analizarlas”, y acusó a la mayoría oficialista de bloquear deliberadamente los espacios de discusión necesarios para comprender el alcance y los impactos de la legislación.
“Esto no es representar al pueblo. Es ocultar información al debate público y tomar decisiones bajo un velo que excluye a la ciudadanía”, añadió.
Ortiz también invocó los artículos 41 y 42 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que obligan a garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios y asegurar procesos legislativos transparentes y ordenados.
La respuesta de la diputada Dania González, presidenta de la Comisión, fue escueta. Agradeció los comentarios de Ortiz y dijo que “se toma nota”, antes de proceder a someter el dictamen a votación.
Con mayoría de votos del bloque oficialista, el dictamen favorable fue aprobado y será conocido por el pleno legislativo este miércoles 15 de octubre.
¿Qué es la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF)?
La iniciativa busca atraer inversionistas sofisticados que puedan asumir proyectos de riesgo en sectores como energía, tecnología y bienes raíces.
Establece requisitos mínimos de inversión de $250,000 y una supervisión indirecta por parte del Banco Central de Reserva (BCR) y la SSF, aunque no incluye estos fondos dentro del sistema financiero formal.
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable para la nueva Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), una propuesta que busca atraer capitales sofisticados al país con inversiones no menores de $250,000, en proyectos de riesgo como activos digitales, energía e infraestructura inmobiliaria.
Durante la sesión, Marta Solís, representante del Ministerio de Economía, explicó que los PAIF estarán dirigidos a inversionistas con experiencia financiera acreditada y capacidad de asumir riesgos. Las sociedades administradoras deberán estar constituidas con un capital mínimo de $10 millones y contar con autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
«En palabras sencillas el inversionista sofisticado debe tener conocimiento y experiencia acreditable sobre inversiones y operaciones financieras, tener la capacidad financiera de asumir los riesgos de sus operaciones, ser capaz de valorar los riesgos de su inversión y principalmente debe de contar con la disposición, eso quiere decir que debe estar libre de la cantidad de igual o superior a $250,000», explicó Solís.
Uno de los principales incentivos es la exención del Impuesto sobre la Renta para las utilidades, dividendos o ganancias generadas por los PAIF, incluyendo beneficios entre fondos. Estas figuras estarán fuera del Sistema Financiero, pero sujetas a supervisión por parte de la SSF y del Banco Central de Reserva (BCR).
Agregó en su explicación que las sociedades administradoras de los PAIF deben estar constituidas con un capital mínimo de $10 millones y su constitución y funcionamiento debe ser autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y estará limitada a un capital fijo domiciliado en El Salvador «cuyo propósito es administrar los PAIF».
Los PAIF estarán exentos del Impuesto sobre la Renta respecto de las utilidades, dividendos, regalías, rentas, ingresos, ganancias de capital o todo tipo de beneficios económicos que obtengan en el ejercicio de sus operaciones. En el caso de que estos sean inversionistas de otros PAIF, los montos que perciban en concepto de utilidades por parte de estos también estarán exentos.
En la Comisión también estuvo presente la superintendente del Sistema Financiero, Évelyn Gracias, quien sus propuestas para modificar tres artículos y eliminar uno.
La superintendente Gracias propuso modificaciones a los artículos 27, 28, 29 y 45, y solicitó eliminar completamente el artículo 28 por considerarlo innecesario en el contexto operativo de estos fondos, ya que se manejarán fuera de bolsa.
Además pidió modificar los artículos 29 y 45 para “dar facultada a la SSF de autorizar o no el funcionamiento de un PAIF subordinado y adicionando criterios macroprudenciales”.
El director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Jorge Camilo Trigueros solicitó ajustes técnicos en los artículos 2 y 20, especialmente en materia de fusiones, para garantizar que estas operaciones tengan un marco registral eficiente.
También propuso modificar el artículo 20, en cuanto al tema de fusión, de la siguiente manera “el acuerdo de fusión deberá publicarse por una sola vez en un diario de circulación nacional. Una vez transcurridos treinta días de la publicación antes mencionada, la fusión se ejecutará, siempre que no haya oposición”.
La diputada Dania González consultó a la superintendente sobre el artículo 45, cuáles son los criterios a considerar para la autorización que otorgue la SSF “¿cuáles son las bases que evaluarán para emitir la autorización?”
“En materia macro prudencial esperamos que al incorporar esa disposición en ley, a través de la normativa técnica que el banco central va a dictar, podamos incorporar metodologías concretas que nos van a permitir hacer un análisis coyuntural, en el momento que recibamos la solicitud, para hacer la revisión de los requisitos ya establecidos con el contexto macroeconómico del país en ese momento”, respondió la superintendente.
Debate por la supervisión y prevención de lavado de dinero
La diputada Claudia Ortiz (Vamos) cuestionó el mecanismo de vigilancia de estos fondos, al no formar parte del sistema financiero formal. Solís respondió que estarán sujetos a las normativas de prevención del lavado de dinero y supervisados tanto por la SSF como por el BCR. “El hecho de no integrar el sistema financiero no los exime de cumplir con el marco legal”, añadió la superintendente.
Ortiz propuso un cambio en el artículo 14, sustituyendo el verbo “podrá” por “deberá” en relación con la función de la SSF para reforzar la obligación de fiscalización en materia de riesgo y lavado de activos, conforme a recomendaciones de GAFILAT. La moción no obtuvo respaldo de los diputados oficialistas.
“Los Fondos de Inversión Privados Alternativos no serán considerados dentro del Sistema Financiero… cuál será el mecanismo por el cual se hará esta vigilancia y que recién se aprobó una ley, entonces cómo se ha pensado esta vigilancia de cara a los Fondos de Inversión Privados Alternativos?”, consultó Ortiz.
La funcionaria del Ministerio de Economía le respondió que “aclarando, si bien es cierto, no van a ser parte del Sistema Financiero, van a estar supervisados y controlados por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero y el BCR y es más el Banco Central va a emitir las normas y el hecho de identificar la materia de lavado de dinero en la ley es para reafirmar el compromiso de El Salvador, respecto a evitar el lavado de dinero y activos”
Agregó que el punto de regulación dependerá del negocio en el que esté enfocada la constitución del fondo, porque no solo va a estar la obligación de respetar las leyes de lavado de dinero por parte de los PAIF, sino también para las sociedades administradoras, aseguró Solís.
La superintendente tomó la palabra para “complementar la respuesta” y explicó a Ortiz que “el hecho que no aparezca categorizado como integrante del Sistema Financiero no lo exime de cumplir con la prevención contra el lavado de dinero y dado que la ley lo estaría obligando a cumplir con todo lo que tenga que ver con ese marco legal le va a aplicar la Ley contra el lavado, todo lo que dicte la Fiscalía y la normativa técnica, entonces ese sería el marco que estaría vigilando que cumple”.
¿Beneficios de la ley?
El diputado Edgardo Mulato pidió a los funcionarios explicaran los beneficios que obtiene El Salvador con la creación de esta ley.
Solís tomó la palabra y aseguró que la figura de inversionistas sofisticados ayuda a El Salvador a atraer a inversionistas “esos inversionistas que no van a traer $100,000, que estamos buscando los mecanismos legales que nos permitan hacerle ojitos para que estos inversionistas sofisticados puedan instalarse en El Salvador, porque recordemos que tienen que estar domiciliados en El Salvador, para que se puedan constituir”.
Según explicó la funcionaria de Economía, la nueva ley daría certeza jurídica a los inversionistas sofisticados, para fondos enfocados a activos digitales, o proyectos de energía o proyectos inmobiliarios “para invertir en proyectos que puedan parecer riesgosos respecto al retorno de la inversión o que pueda demorar mucho tiempo”.
Las Sociedades Administradoras estarán obligadas a contar con el personal, equipo, plataforma tecnológica, procedimientos, políticas, controles internos, y manuales que garanticen el adecuado funcionamiento en la administración de los PAIF, todo de conformidad con lo establecido en esta ley y a las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los recursos para los escalafones de los empleados de Salud y de Educación para el año de 2026 están contemplados en el proyecto del Presupuesto General del Estado, aseguró el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
El funcionario se refirió primero al ramo de Salud y reiteró que el escalafón se aplica a todos los salarios iguales o menos a $1,500.
“En el tema de los escalafones, se mantiene en el ramo de Salud, para todos aquellos salarios mensuales que sean menores o iguales a los $1,500 y que su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder el techo máximo. Estamos manteniendo el escalafón conforme se aprobó para el año 2025 y que al aplicarlo al sueldo no exceda el monto”, señaló Posada.
El artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto indica que el “Escalafón Salarial correspondiente al Ramo de Salud se otorgará únicamente a funcionarios y empleados públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500” y que “su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo”.
El techo máximo del escalafón salarial en Salud es $3,000 según la reforma a la Ley de creación de escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aprobada el 29 de agosto de 2023.
Para aprobar esa reforma, los diputados argumentaron que el sistema de incentivo salarial tenía “un efecto regresivo”, ya que “beneficia a los funcionarios y empleados que tienen salarios más altos sobre aquellos que tienen salarios bajos”, lo cual contravenía “las reglas de disciplina fiscal”.
Sin embargo, para 2026, se prevén salarios de hasta $8,500.99 en la Red Nacional de Hospitales pero según el proyecto de ley de salarios esas plazas serían bajo contrato, no por Ley de Salarios.
En la nueva Red de Hospitales habría al menos 240 empleados con salarios superiores a $3,500 según el proyecto.
Así, habría 15 plazas con salarios entre $8,001 y $8,500.99, 36 plazas de empleados con salarios entre $6,001 y $8,000.99, 54 plazas con salarios entre $5,001 y $6,000.99, 135 plazas con salarios entre $3,501 y $5,000.99.
¿Y en Educación?
Respecto a Educación, Ciencia y Tecnología prometió que “la aplicación del escalafón continuará efectuándose conforme a los establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.
El ministro de Hacienda aseguró que los empleados de ambos ramos no deben preocuparse, ya que el dinero está incluido en el presupuesto.
“Todos los empleados de Educación y de Salud tienen estar tranquilos que se están incluyendo los recursos para dar cobertura a los escalafones”, prometió.
Al revisar los presupuestos de ambos ramos, no hay detalle del monto para cubrir el escalafón.
En el presupuesto para 2025, sí se estableció que para Salud se habían destinado $8 millones y, para Educación, $2 millones.
En la explicación que dio el ministro ante los diputados de la Comisión de Hacienda, no mencionó el detalle de los montos que se destinan para los escalafones 2026 ni si en el futuro se buscaría que estos escalafones apliquen también al personal de la Red Nacional de Hospitales.
El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aprovechó la visita del ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien llegó a la Comisión de Hacienda a explicar el proyecto del presupuesto del Estado 2026, para defender el trabajo del Órgano Legislativo y la apertura que tienen, según el legislador, para que la población conozca la información.
El diputado dijo que los actuales legisladores no gozan de los beneficios que anteriormente tenían legislaturas pasadas.
«Los 60 diputados no tienen ahora seguro médico, tenemos Seguro Social como todos los salvadoreños, antes se tenía, también, seguro dental, tampoco se posee en la Asamblea Legislativa. Los presidentes de comisiones, diputados de algunos partidos, se asignaban celulares de última gama, ahora los diputados no poseen líneas pagadas por el pueblo salvadoreño… Puede que el seguro médico es necesario, pero la población salvadoreña va al Seguro Social, bueno, yo también he utilizado el seguro social», declaró Navarro.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa programó un total de $1,095,000 asignados a «seguros, comisiones y gastos bancarios» para el año 2025, de los cuales se han devengado ya $863,269.54 hasta junio de 2025, según la ejecución presupuestaria publicada por el Legislativo.
Navarró recordó también los bonos que otorgaron Asambleas dirigidas por diputados de FMLN y de Arena, estos bonos eran otorgados dos veces al año y por montos muy elevados, dijo.
«Cuando venimos había un bono que se daban en el mes de junio, en el mes de diciembre, bono que en su mayoría lo aprobaba Arena y el FMLN, hay que decirlo con nombre y apellido, es más, esos bonos, en diciembre, salía en los medios de comunicación que llegaban hasta los $20,000; aclarar a la población, por la desinformación por redes sociales y por la oposición, que tampoco los diputados poseen bonos, ni en junio, ni en diciembre», recalcó.
Destacó que los diputados actuales no han gozado de incrementos salariales y que han bajado su presupuesto de $58 millones a $47 millones.
Finalmente habló de la transparencia con que manejan la información pública.
«Son dos cosas, el engaño que se quiere hacer ver de los financiamientos a proyectos y dicen ‘no, es que van para Capres los préstamos, es que no sé qué, a saber en qué se lo gastan y, aquí, en todas las sesiones se explica, vienen personeros de Hacienda a explicar el proyecto, viene el titular que lo va a ejecutar, etcétera, etcétera, y aquí hay toda la información abierta al público y se publica en los portales de la Asamblea Legislativa, por tema de transparencia, aquí no se oculta nada, aquí no estamos metiendo debajo de la mesa… Aquí no venimos a perder el tiempo, o estar haciendo burlas o memes o burlándose de la gente, aquí no venimos a eso, aquí venimos a hablar de trabajo», aseguró Navarro.
Sin embargo, en 2021, la Asamblea Legislativa dominada ya por Nuevas Ideas, clasificó, en agosto de 2021, «reserva total» para información relacionada con los viajes hasta por siete años. La información reservada en ese entonces eran los itinerarios de vuelos de Misiones Oficiales designadas por Acuerdo de Junta Directiva, Asistencias de viajes (Seguro de viajes), a señores Diputados/as y empleados/as de esta institución, que realicen Misiones Oficiales a países en donde este requerido para su ingreso; así mismo las Carpetas Técnicas para la realización de Misiones Oficiales.
El gobierno, por medio del ministro de Hacienda, Jerson Posada, pidió a la Asamblea Legislativa le apruebe un decreto de «Disposiciones especiales y transitorias que otorgan facilidades migratorias y beneficios fiscales para la realización del evento GET Forum 2025».
Exonerarían todo pago de servicios, derechos migratorios y consulares, cualquier tasa o precio que se exija por el ingreso y salida al país para todos los miembros de las delegaciones que participarán en el «Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y el Caribe», denominado para este año: GET Forum 2025″, así como al personal técnico acreditado para asistir.
Eximirán de impuestos, aranceles y todo gravamen las adquisiciones, compras, contrataciones, donaciones, importaciones e internaciones, que incluya a contratistas, por cualquier concepto, y a las personas que participarán en las misiones.
El foro se desarrollará del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2025 como «una plataforma de innovación» para el impacto del Grupo BID, como «una plataforma orientada a los negocios, centrada en la innovación empresarial y la tecnología para el desarrollo».
Según la iniciativa, la plataforma de GET Forum «opera bajo un modelo público-privado, reuniendo a actores regionales y globales de ambos sectores para compartir ideas, mejores prácticas tecnologías de vanguardia que promueven oportunidades económicas, inversiones políticas públicas que impulsen la innovación y, en última instancia, mejorar la vida en América Latina y el Caribe».
Los efectos del decreto caducarían el 6 de diciembre de 2025. La iniciativa será discutida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que está convocada para el viernes.
Un conductor de una rastra identificado como José Daniel Morán Marroquín fue arrestado durante la madrugada de este miércoles por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) debido a que conducía con 29 grados de alcohol en aire aspirado y fue señalado de provocar la muerte de un joven de 16 años.
El menor se transportaba en la parte de la rastra, sin embargo, se cayó del vehículo y murió al instante, detalló la PNC en una publicación realizada de su cuenta de la red social X.
Este accidente ocurrió en el caserío El Cambio, cantón Chanmico, en San Juan Opico, en el municipio de La Libertad Centro. Tras el hecho, Morán Marroquín fue arrestado por los elementos policiales. Las autoridades también detallaron que el sujeto será acusado de los delitos de conducción peligrosa y homicidio culposo.
José Daniel Morán Marroquín manejaba una rastra en la que llevaba a un menor de 16 años de edad en la parte de atrás.
El joven se cayó y falleció al instante.
El hecho se registró en el caserío El Cambio, cantón Chanmico, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Este sujeto no fue el único arrestado por el delito de conducción peligrosa en las últimas horas y en el mismo distrito, ya que un motociclista identificado como José Franklin Munguía Nolasco fue arrestado durante la madrugada del miércoles con 249 grados de alcohol aspirado, reportó la PNC.
De acuerdo a la corporación, el sujeto se conducía en 3a calle poniente y 4a avenida Norte del barrio La Cruz, en San Juan Opico, cuando chocó contra otro vehículo.
Este sujeto será remitido ante las respectivas autoridades bajo la acusación del delito de conducción peligrosa, informó la PNC.
José Franklin Munguía Nolasco manejaba su motocicleta con 249° de alcohol, según el alcotest, cuando colisionó con un vehículo.
Transitaba sobre la 3ª calle poniente y 4ª Avenida Norte del barrio La Cruz, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó un incremento en las penas de prisión por conducción peligrosa, delito que se configura sin importar la cantidad de alcohol consumida por el conductor. Asimismo, elevó las multas por dicha infracción a $150 en el reglamento de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió $12,397,722 al Ministerio de Hacienda como presupuesto ordinario para el año fiscal 2026, es decir, $4 millones más que lo aprobado para 2025. El presupuesto tendría 89 plazas más por contrato.
El proyecto de presupuesto 2026 del Tribunal detalla que la institución destinaría $10,227,332 al área de dirección y administración institucional y $2,170,390 para organización, actualización y capacitación electoral.
La entidad electoral reduciría el monto para organización, actualización y capacitación electoral porque en 2025 tenía asignado $2,173,610 y, el próximo año, tendría $3,220 menos en su asignación.
El ramo que presenta más asignación de fondos es «bienes y servicios» que para 2026 tendría $2,968,107 y para este año fiscal tenía $1,757,035. Mientras que, en «Impuestos, tasas y derechos» tenía asignado $5,000 y para el otro año se ha pedido $22,000.
La asignación de fondos prevista para 2026:
Dirección superior: $809,690.
Dirección, asesoría y administración general: $9,417,642.
Organización, registro y capacitación electoral: $1,355,670.
Fiscalización electoral: $814,670.
El 72 % de los fondos serían destinados para «dirección, asesoría y administración general», que según el proyecto de presupuesto se encarga de llevar los acuerdos de los magistrados a las unidades correspondientes «velando por el cumplimiento en tiempo y forma de los mismos» para contribuir «al cumplimiento de las metas y objetivos» del TSE.
Aumentan 89 plazas por contratos
En cuanto a las plazas, el Tribunal prevé abrir 89 nuevas plazas bajo la modalidad de contratos que significaría $1,343,440 en pago de salarios.
En 2025 se destinaron $5,205,070 en salarios, monto que subiría en 2026 a $6,548,510.
La cantidad de plazas por ley de salarios se mantendrían en 35 y las plazas por contratos aumentarían a 413 según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Para el pago de salarios de los 10 magistrados, ha presupuestado $363,070 para el próximo año.
Para 18 empleados ejecutivos ha pedido $688,095 para salarios; $1,854,155 para 125 empleados técnicos; otros $3,410,405 para 234 empleados administrativos y $232,785 para trabajadores de servicio.
En total, la entidad busca destinar $6,548,510 en el pago de salarios de «personal por actividad a tiempo completo» según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
En la discusión de la «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, señaló que «no puede ser» que en la misma ley se le prohíba a la banca excluir de productos o servicios financieros a quienes tengan antecedentes de lavado de activos.
La diputada Rivas, durante la aprobación de la normativa, criticó que el inciso final del artículo 10 prohíba que los bancos excluyan de productos financieros a personas «con antecedentes».
«Dice: o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos generadores. Antecedentes, ¿es en serio? Esta ley, que busca evitar, le está diciendo a los sujetos obligados en materia financiera que no deben excluir a quienes tengan antecedentes», criticó.
Inciso último del artículo 10 de la nueva Ley contra el lavado de activos.
Rivas calificó la nueva ley de «ambigua» y «discrecional», y prevé posibles «arbitrariedades». «Aquí no han puesto si hubiera sido condenado, entonces, van a obligar a un banco a que le dé un préstamo, que le dé una tarjeta de crédito a alguien que tenga antecedentes de lavado de dinero. ¿Es en serio? Porque aquí dice, o antecedentes relacionados, esta ley no puede quedar así. ¿Ya leyeron eso? Esto es grave, esto debe volver a la Comisión», insistió.
La diputada de Vamos criticó que, dentro de los sujetos obligados, excluyen a hoteleras, empresas constructoras. «Y acaso se nos ha olvidado casos recientes de un personaje como José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, hoteles, ¿verdad?, y por lavado de dinero», cuestionó.
Según una publicación de El Faro, del 7 de abril de 2017, Salazar fue excluido de la lista de capos internacionales “relevantes” para Estados Unidos, luego de haber sido considerado como tal.
«Es el que es criminal ve cómo hacerla para hacer sus delitos pero es obligación de nosotros como diputados hacer leyes que funcionen, que sean efectivas y no permitan arbitrariedades. Una vez más les pregunto: ¿estamos haciendo una ley para prevenir, detectar, vigilar y sancionar el lavado de dinero o es una ley para beneficiar a alguien? Lo digo porque lean esos artículos. ¿Para quién se está haciendo esta ley?», les dijo, en el pleno.
«No tergiversemos el artículo»
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, solicitó la palabra y respondió a modo de aclaración que lo que dice el artículo 10 se refiere a noticias, no a antecedentes penales.
«No constituirá causal de exclusión para el acceso a productos o servicios financieros a una personas natural o jurídica, por el hecho que mediante la aplicación de medidas de debida diligencia se identifiquen noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice ‘o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a armas de destrucción masiva o sus generadores’, cuando habla de antecedentes, es que haya sido mencionado, ahí está, en alguna nota periodística, no que haya sido vencido en juicio, ni condenado», expresó.
El diputado de Nuevas Ideas aseguró que el artículo 10 «está claro».
«Aquí en El Salvador, todos sabemos, que antes los medios de comunicación les pagaban y les decían ‘mirá, tirame una noticia que diga que este lava dinero’ y por esa información periodística y tendenciosa los bancos y las instituciones les negaban créditos a los salvadoreños, tarjetas de crédito, etcétera», señaló.
«Entonces, el artículo está diciendo que, si a usted un periódico (dice) que usted es lavador de dinero, usted tiene que ser vencido en juicio para que sea incluido. Es que el inciso último viene hablando de las notas periodísticas, no viene hablando que haya sido condenado por lavado de dinero», reiteró Navarro, quien señaló que buscan que los bancos no se basen en la «rumorología» «o por dolo a un salvadoreño porque salió en una nota periodística».
Luego, el diputado de Nuevas Ideas citó el artículo 12 de la Constitución de la República que dice: «Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa».
No tergiversemos el artículo. El artículo 10 no está hablando que queden excluidos los que hayan sido condenados formalmente. El artículo 10 está hablando sobre la inclusión de salvadoreños o empresas que queda terminantemente prohibido que sea excluidos del sistema financiero en base a un rumorología, una nota periodística o alguna nota de algún medio de comunicación».
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.
La diputada Rivas pidió nuevamente la palabra y sugirió lectura comprensiva del artículo 10. Reiteró que todos saben qué significa «antecedentes» y les pidió a sus colegas ser «responsables en las leyes que se aprueban».
«Lectura comprensiva. Nos dice el Código Civil que la ley es la que manda, prohíbe o permite. La ley debe ser clara, tengamos respeto por nuestra ciudadanía, porque bien entiende lo que es un antecedente y el artículo ya lo leyó él dos veces, lo leí yo, y hasta las comas: noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice o antecedentes relacionados con lavado de activos». Cesia Rivas, diputada de Vamos.
Rivas indicó que le llama la atención que Nuevas Ideas hable «de la presunción de inocencia» y dijo que la bancada oficial únicamente «puyan el botón».
«Si cuando conviene sacamos la Constitución, pero han creado un artículo 14, que pareciera que cambiamos la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Colegas diputados seamos responsables de las leyes que aquí se aprueban… No es solo puyar el botón», indicó.
Marcela Villatoro prevé arbitrariedad y habla de «magos»
Temprano, en horas de la mañana, la diputada Marcela Villatoro en declaraciones a la prensa consideró que la ley es un «retroceso» y que aplicará a conveniencia.
«Lastimosamente esta ley se la van a aplicar a quienes a ellos les conviene y no a la propia gente de ellos y es que nos hemos dado cuenta todos de la gran cantidad de magos que han resultado en los últimos tiempos de este gobierno, personas que vivían en San Martín y hoy resulta que tienen hasta seis propiedades, o personas que vivían fuera de San Salvador y hoy tienen propiedades de más de $500,000, entre otras cosas; y esta es la forma que querer encubrir a sus familiares, porque esa es la forma que este tipo de mafias lavan el dinero, así que esto es un retroceso, en lugar que permitir que la ley tenga un gran alcance», señaló Villatoro.
La nueva ley excluye a familiares de personas políticamente expuestas, a las hoteleras, a inversionistas extranjeros, farmacéuticas, a exportadores e importadores de armas de fuego, lo que la diputada de Arena dijo que en lugar de reducir a los sujetos obligados, debió ampliarse.
«En el tema de las constructoras, antes formaban parte de los sujetos obligados de la ley y ahora han sido excluidas, ¿por qué?, a veces el lavado de dinero es parte de estos casos, entonces, considero que el excluirlas no es una forma muy transparente en el proceder de esta ley. Creo que, en lugar de restringirla, debió únicamente ampliarse más sujetos y someter a revisión cada dos años para ver si es necesario incluir más sujetos», dijo.
Vamos señala «presunción de culpabilidad»
Antes de la plenaria, la diputada Rivas señaló discrecionalidad y ambigüedad en la ley y advirtió que era necesario que la ley regresara a estudio a la Comisión y no fuera aprobada.
«La discrecionalidad con la que se está actuando, en el articulo 14 hablan de una presunción de culpabilidad, es decir que toda persona que presuntamente del ente supervisor crea que hay un delito, van a comenzar con la tercera gravedad, que es las medidas cautelares, que van a congelar los fondos de la persona, es una ley ambigua, con vacíos», expuso.
Rivas cuestionó que en las reformas excluyen a sujetos obligados que debieron haberse dejado los sujetos obligados suprimidos para evitar vacíos.
«Por un lado están incluyendo contadores, abogados y por otro excluyen a inversionistas extranjeros, ¿qué se busca?, ¿perseguir el delito o beneficiar a alguien? También excluyeron a los importadores y exportadores de armas de fuego, lo cual es muy grave, porque alguien va a poder invertir en esa área, ¿con qué dinero?», señaló.
La reforma fue aprobada en el pleno con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC, Vamos y Arena no votaron.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial de Rodrigo Chaves, tras acumular 15 denuncias por beligerancia política en su contra.
En un comunicado oficial, el tribunal explicó que la decisión fue tomada por su Sección Especializada, tras analizar múltiples denuncias presentadas en distintas fechas, algunas por líderes de partidos de oposición. Estas acusan al mandatario de referirse a temas electorales y atacar a otros partidos durante actos oficiales y conferencias de prensa.
El TSE subrayó que, por tratarse de un presidente en funciones, el proceso no puede avanzar sin la aprobación del Congreso, que necesita al menos 38 votos de los 57 diputados para levantar la inmunidad.
Chaves ya superó en septiembre pasado un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General en un caso de presunto manejo irregular de fondos. En aquella ocasión, 34 legisladores votaron a favor y 21 en contra, sin alcanzar la mayoría calificada requerida.
Este nuevo expediente, sin embargo, pone nuevamente en tensión la relación entre el Ejecutivo y las instituciones. Las denuncias apuntan a violaciones del principio constitucional de imparcialidad, vigente para todos los funcionarios en el marco de un proceso electoral.
En abril, el TSE amonestó al presidente y le impuso medidas cautelares, entre ellas, abstenerse de realizar declaraciones que afecten la equidad del proceso electoral o utilizar recursos públicos para favorecer a candidatos o partidos.
Oficialismo acusa intento de “golpe institucional”
La diputada oficialista y jefa de fracción, Pilar Cisneros, reaccionó con dureza a la solicitud del TSE. En un vídeo publicado en redes sociales, calificó la medida como un posible “intento de golpe de Estado institucional”.
“¿Estaremos ante un intento de inhabilitar al presidente más popular de la historia de Costa Rica?”, cuestionó. Cisneros pidió a los diputados “proteger la democracia” rechazando el levantamiento del fuero.
La ley electoral costarricense prohíbe expresamente que el presidente y otros altos funcionarios participen o influyan en campañas, así como que utilicen su cargo para beneficiar o perjudicar a partidos.
Desde el 2 de octubre, el Gobierno está impedido de difundir propaganda sobre su gestión a través de medios oficiales o redes sociales. Pese a ello, el presidente Chaves ha continuado realizando inauguraciones y conferencias, aunque sin divulgarlas por canales gubernamentales.
El mandatario acusó la semana pasada al TSE de “amordazarlo” y afirmó que el tribunal ya no es una “institución inmaculada”.
Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 elecciones presidenciales y legislativas para el periodo 2026-2030. Hasta ahora, 20 candidatos presidenciales se han inscrito, entre ellos Laura Fernández, exministra de Planificación de Chaves, quien se presenta como la opción de “continuidad” y ha acompañado al Gobierno en actos públicos como “ciudadana”.
El gobierno salvadoreño prevé transferir, durante el año 2026, un total de $90,003,9559 hacia el presupuesto extraordinario de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027.
La institución electoral ya pidió más de $130 millones solo para las elecciones municipales y legislativas.
Según el proyecto de Ley de presupuesto 2026, el gobierno ha considerado dos transferencias para el presupuesto de elecciones. Ambas están previstas en el ramo de Hacienda, en el apartado de «obligaciones generales del Estado».
El primer monto presupuestado por Hacienda asciende a $85,399,905 y el segundo a $4,604,050, clasificados como «provisión para transferir recursos al presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2027».
Hace unos meses, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envío al Ministerio de Hacienda el presupuesto especial extraordinario por más de $130 millones. Fuentes internas de la institución aseguraron que más de $100 millones fueron solicitados para el voto nacional y cerca de $40 millones para el voto en el extranjero.
Sin embargo, en ese momento se planificó solo para las elecciones legislativas y municipales, ahora la entidad electoral se encuentra diseñando un presupuesto extra para la elección de presidente y vicepresidente.
Esta medida fue acordada por el organismo colegiado, luego que la Asamblea Legislativa acortara el actual periodo presidencial e hiciera que la próxima elección presidencial coincidiera con la legislativa y municipal de 2027.
Fuentes internas han dicho a El Mundo que el organismo también decidió dejar la planificación inicial del Plan General de Elecciones (Plagel) y el calendario electoral y solo agregar los plazos y actividades correspondientes a la elección presidencial.
El monto final del presupuesto debe ser presentado al Ministerio de Hacienda para que esté sea estudiado por la Asamblea Legislativa y será el Primer Órgano del Estado el que determine la cifra final que otorgará al Tribunal para los comicios de 2027.
Con el presupuesto, el TSE deberá contratar empresas para impresiones de papeletas, las desarrolladoras y auditoras del voto electrónico para el exterior, alquiler de locales, pago de empleados temporal y demás obligaciones.
