Etiqueta: Claudia Ortiz

  • Arena y Vamos critican a la PDDH por informe de observación electoral entregado 20 meses después

    Arena y Vamos critican a la PDDH por informe de observación electoral entregado 20 meses después

    Las diputadas de los partidos de oposición, Vamos y Arena, criticaron a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) luego de que esta entregara un informe sobre las “fallas” en las elecciones 2024 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 20 meses después de los comicios.

    Las legisladores consideran que el informe fue tardío pero que además debería ser público.

    Dentro de los hallazgos, que se han conocido de forma limitada, se mencionan fallas en el sistema de transmisión para procesar las actas electorales, inicio tardío de la jornada por las Juntas Receptoras de Votos (JRV), cambios de criterios «de último momento» en el TSE que habrían dado lugar a «denuncias de desequilibrio en al fiscalización».

    Además, se mencionan problemas logísticos en el escrutinio final e «injerencia y presión indebida sobre miembros de los organismos temporales».

    Ante esto la diputada Ortiz dijo expresó que sería importante conocer si habrá un pronunciamiento público de la PDDH.

    «Se ha conocido la existencia de este informe y algunas de sus conclusiones y sería importante conocer, si aparte de este informe, habrá algún tipo de pronunciamiento fuerte de la PDDH, porque todas estás situaciones que están en el informe, informe que debería ser público, para que lo desmenucemos, contrastemos, conozcamos», señaló Ortiz.

    La legisladora de Vamos agregó que, más que esas fallas, se vivieron violaciones a los derechos de los partidos políticos.

    «Lo vivimos como partido, en las elecciones, violaciones a los derechos humanos, violaciones a los partidos políticos y de la población que fue a votar. Así que lo que esperamos es que haya un pronunciamiento contra las instituciones que no garantizaron comicios en condiciones libres, transparentes y competitivas», reclamó.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, criticó a la PDDH por no hacer público el informe, según la legisladora la Procuraduría debió haber realizado una rueda de prensa para informar sobre los hallazgos del proceso electoral, como lo hacen organismos internacionales.

    «Para que quede sentado qué pasó en las elecciones, aunque no hay necesidad que la Procuraduría nos diga las falencias en las elecciones del 2024, porque todos los pudimos presenciar al mismo tiempo, sin embargo, por ser la institución que vela por los derechos de los salvadoreños debió ser la primera en presentar este informe», expuso.

    La legisladora espera que en los próximos días «al menos» el Tribunal Supremo Electoral pueda explicar a los salvadoreños qué dice el informe de la PDDH. «Pero lo que vemos es sobre el actuar de la procuradora que realmente actúa en medio del silencio», dijo la diputada Villatoro. Ambos partidos rechazaron la reelección de Raquel Caballero de Guevara el pasado 15 de octubre.

  • Oposición cuestiona falta de claridad en reforma de ANDRES para fijar precios por productos y servicios

    Oposición cuestiona falta de claridad en reforma de ANDRES para fijar precios por productos y servicios

    Las diputadas de Arena y Vamos cuestionaron falta de claridad en las reformas a la «Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos» aprobadas en la plenaria de este 29 de octubre para dar facultades a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) de establecer precios por sus productos y servicios.

    «La ley habla de dos temas que son los desechos tóxicos y los desechos que la gente tira como llantas, colchones, entre otros, hay varias dudas que no fueron explicadas dentro de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial o esclarecidas, como, por ejemplo, cuando dicen que van a establecer un precio por estos productos llamados chatarra, que no los recogen los camiones de la basura, pero no establece a quiénes se le van a vender, medio se dijo que irían a los fondos de la misma institución, pero no queda claro, dentro de la ley», cuestionó la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

    Agregó que este es el resultado de tener «una ley hecha a medias, unas reformas a medias, a la carrera, sin claridad si realmente será beneficioso para la gente».

    Según el director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, con esa nueva facultad crearán un pliego tarifario de comercialización o de servicios para los residuos voluminosos como electrodomésticos y colchones que, aseguró, están recolectando.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cree que era necesario haber tenido «una discusión más seria» sobre la reforma, ya que son «temas que tienen que ver un rasgo medioambiental importante» en donde «no debe ocultarse información».

    «Estas reformas dejan la inquietud, la duda si se van a manejar las cosas de manera responsable», indicó.

    Dentro de las reformas aprobadas, se establece que la ANDRES podrá «aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca a través de un acuerdo institucional previa autorización del Ministerio de Hacienda». Además, agregan un literal «j», en el artículo 39, que dice que el patrimonio de la Autoridad estará conformado por «los recursos provenientes del pago de la prestación de sus servicios y productos».

    Para Ortiz, la problemática viene desde que se le quitó autonomía a las alcaldías, ya que, si bien muchos alcaldes no han hecho bien su trabajo en la recolección de desechos, la solución no era la creación de ANDRES, ni tampoco entregarle a esta autoridad la facultad de imponer tasas por sus servicios como lo están facultando con las reformas. El Código Municipal faculta a las municipalidades a aprobar las tasas municipales.

    Según la diputada, quien exigió transparencia, se está buscando beneficiar «a un grupo de proveedores».

    «Como hemos visto desde la creación de la DOM, se le ha quitado poder al Ejecutivo y esta es la ruta equivocada para el desarrollo y la gente lo está viviendo en sus comunidades, calles malas, recolección de basura deficiente, las obras municipales no llegan, este gobierno lo que ha hecho, con las fallas que han tenido las alcaldías, han quitado autonomía a las alcaldías y ahora están beneficiando a un grupo de proveedores, debe haber transparencia, gobiernos abiertos a nivel municipal y las obras se decidan con la gente», indicó Ortiz.

    Arena no votó y Vamos votó en contra de estas reformas.

     

  • Claudia Ortiz propone subsidio de $81.76 para personas cuidadoras, Nuevas Ideas no apoyó

    Claudia Ortiz propone subsidio de $81.76 para personas cuidadoras, Nuevas Ideas no apoyó

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, propuso por segunda vez, este miércoles, un proyecto de «Ley de Beneficio Económico por el Trabajo de Cuidados» para que el gobierno entregue un subsidio del 20 % del salario mínimo vigente del sector comercio y servicios a personas cuidadoras de padres, hijos, cónyuges que no perciben ingresos.

    «Es una iniciativa que cuando la he compartido con diferentes sectores, especialmente con mujeres, en diferentes comunidades nos han dicho que nos parece muy importante… Solicito que pase a comisión para que sea discutida, que se cree un subsidio focalizado para aquellas personas que nunca han tenido acceso al Seguro Social , que nunca han gozado de una pensión, que están en los municipios más pobres del país, que cuidan a personas en fase terminal, que reciben subsidio al gas y que se pueda darles un apoyo económico», explicó la diputada ante el pleno legislativo.

    El apoyo sería del 20% de salario mínimo de comercio y servicios vigente que equivalen a $81.76 y que serían un subsidio mensual a personas que también «se dediquen 24 horas a cuidar a una persona totalmente dependiente» y que no pueden trabajar y dedicarse a una actividad productiva porque se dedican a ser cuidadoras.

    Dijo que hay personas que deben cuidar todos los días a sus madres ancianas o padres ancianos enfermos, niños muy pequeños o con discapacidad.

    «Yo los quiero invitar, colegas diputados, a que demos un primer paso y que creemos un Sistema Nacional de Cuidados y que introduzcamos esta visión en las políticas públicas. Solicito, colegas, que tomen en consideración esto para que pueda pasar a la comisión y hagamos el análisis de esta propuesta de ley que mucha gente considera muy importante», explicó la diputada de Vamos.

    La propuesta faculta al Ministerio de Desarrollo Local como la entidad encargada para el otorgamiento del beneficio.

    Cada año, dicho ministerio deberá determinar la cantidad de beneficiarios para el siguiente ejercicio fiscal tomando en cuenta los niveles de pobreza existentes; también deberá emitir y aprobar el reglamento correspondiente con el proceso para la verificación y otorgamiento del beneficio, el cual tendrá que ser presentado 60 días después que esta ley fuera publicada en el Diario Oficial. No detalló fuente de financiamiento.

    El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, recibió la iniciativa de ley y sometió a votación la modificación de agenda que pidió Ortiz para que le iniciativa fuera conocida y pasara a comisión. Sin embargo, Nuevas Ideas, PCN y PDC negaron sus votos para conocer la iniciativa y enviarla a estudio a comisión. La iniciativa solo contó con el voto de Vamos y uno de Arena. «Con dos votos a favor no hay resolución», dijo Castro.

    La diputada Ortiz pidió dejar constancia de que la cámara del Canal Legislativo no la enfocó cuando hizo la propuesta.

  • Asamblea adelanta al 20 de octubre el plazo para empezar a pagar el aguinaldo en lo público y privado

    Asamblea adelanta al 20 de octubre el plazo para empezar a pagar el aguinaldo en lo público y privado

    La Asamblea Legislativa reformó el miércoles el Código de Trabajo y la «Ley sobre la compensación adicional en efectivo» para adelantar de diciembre a octubre la fecha inicial en la cual empresas privadas o instituciones públicas en El Salvador pueden entregar el aguinaldo.

    La reforma permite que los patronos realicen el pago de aguinaldos desde el 20 de octubre y mantiene como fecha límite el 20 de diciembre de cada año.

    En el Código de Trabajo, el lapso actual para pagar aguinaldos es del 12 al 20 de diciembre de cada año. En la Ley de compensación adicional en efectivo, que regula el pago de estas compensaciones de diciembre para personal militar y civil de la administración pública, establece como último día el 23 de diciembre.

    La decisión de adelantar el pago a octubre será optativa para las empresas privadas o instituciones públicas respectivas.

    En los considerandos de la reforma al Código de Trabajo, el gobierno argumentó que busca «dar la posibilidad que el pago del aguinaldo a los trabajadores pueda realizarse en fechas distintas en atención a la disponibilidad de recursos con que cuenta cada patrono»; y en la propuesta de reforma a la Ley de compensación, que busca «generar condiciones económicas a favor de todos los servidores del sector público».

    «Será una decisión de los patronos», enfatizó el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas. «Lo más seguro es que van a pagar hasta diciembre», calculó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, refiriéndose a los pagos de aguinaldos en el sector privado.

    Los cambios

    Uno de los cambios se hizo el artículo 200 del Código de Trabajo, así: «La prima que en concepto de aguinaldo debe entregarse a los trabajadores que tienen derecho a ella, deberá pagarse en el lapso comprendido entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año. Será decisión de cada patrono fijar una fecha para el pago de esa prima dentro del periodo dispuesto en el inciso precedente. La definición de la fecha en la que se deberá pagar esta prima en ningún caso podrá exceder el 20 de diciembre de cada año».

    La reforma a dicha ley laboral fue aprobada con 58 votos de los diputados presentes, incluidos los tres diputados de oposición, de Vamos y Arena.

    Otra modificación al Código de Trabajo es que, si se declara «por terminado» un contrato de trabajo o el trabajador es despedido sin causa legal antes del 20 de octubre, deberá recibir el aguinaldo «de manera proporcional al tiempo trabajado»; disposición que ya existe pero que considera la terminación del contrato «antes del 20 de diciembre».

    La reforma a la Ley sobre la compensación adicional en efectivo, la normativa que regula estos pagos que recibe en diciembre el personal de la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad pública, bomberos y personal civil y militar al servicio de la administración pública, también cambia el lapso para pagar estas compensaciones: la fecha inicial se adelanta al 20 de octubre y la fecha final se adelanta al 20 de diciembre, y ya no el 23 de diciembre, como establece la normativa actual.

    Ambos decretos fueron aprobados con dispensa de trámites, luego de que fueran solicitados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

    El adelanto del lapso del pago de aguinaldos fue acompañada de la tradicional reforma legislativa de todos los años que exoneran los aguinaldos de hasta $1,500, exención que también aplica a las compensaciones que reciben empleados públicos según la Ley sobre la compensación adicional en efectivo. La exención iniciará su vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, mientras la ampliación del plazo, ocho días después de la publicación.

    La Asamblea aprobó un transitorio de exoneración del Impuesto sobre la Renta a los aguinaldos.

  • Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de "cómplice"

    Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de «cómplice»

    La Asamblea Legislativa reeligió, en medio de una polémica, a la actual procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, para que siga en el cargo por tres años más.

    Caballero fue propuesta por Nuevas Ideas y sus aliados, PCN y PDC, coincidieron en la propuesta.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el proceso de elección diciendo que respetaron los parámetros que exige la Constitución.

    «Los parámetros que exige la Constitución, para las preguntas en estas entrevistas, son principios son democracia, pluralismo, participación, publicidad y transparencia, estos son los principios que deben de regir los procesos de elección de segundo grado», dijo.

    Según la diputada, la Comisión Política «hace un trabajo previo» de entrevistas, verificar datos de los candidatos, pero «quienes tienen la potestad de decir sobre los candidatos de segundo grado somos el pleno legislativo, conformado por todos los diputados electos, tomar la decisión de quién será el nuevo procurador de derechos humanos», detalló la diputada.

    No explicó cómo tomaron la decisión de optar por Raquel Caballero de Guevara y descartar a los otros cuatro candidatos.

    Luego, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también «en la sintonía de la diputada Callejas» para defender la transparencia del proceso de elección que se siguió para elegir titular de la PDDH.

    «Es un proceso transparente y ha sido responsable, y en nombre de la Comisión Política quiero proponer a la doctora Raquel Caballero de Guevara para que siga al frente de la institución», dijo Guevara.

    El diputado Serafín Orantes, del PCN, pidió la palabra.

    Anunció que respaldan «la propuesta del diputado Guevara y su total apoyo a la doctora Raquel Caballero de Guevara como procuradora para los próximos tres años».

    También coincidió el diputado Reinaldo Carballo, del PDC.

    «Como diputado del partido de la nueva Democracia Cristiana, hemos analizado y revisado el perfil de la doctora Raquel Caballero de Guevara y estamos de acuerdo que sea ella quien ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», dijo.

    Tampoco explicó cómo llegaron a la decisión de optar por la candidata. «En uso de las facultades que me confiere la Constitución y el Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, deseo manifestar que también proponemos a la doctora Raquel Caballero de Guevara, para que ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», manifestó Carballo.

    Oposición señalan a PDDH: «encubrimiento», «complicidad» y «útil al régimen»

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, en uso de la palabra, y como parte de la Comisión Política, dijo que si bien es cierto se entrevistó a los candidatos y se conocieron los perfiles es necesario que los salvadoreños sepan sobre la elección, por la funcionaria debe velar por los derechos humanos de los salvadoreños.

    «Dijo varias respuestas que nosotros consideramos que no cumplen lo necesario, porque fueron respuestas de una persona que encubría, que se volvía cómplice y que silenciaba la realidad de los derechos humanos en el país. Por ejemplo, yo le pregunté si había casos de personas sufriendo tortura y ella me decía que no; entre otras cosas, nosotros pudimos comprobar que sí habían casos de tortura en nuestro país, que incluso la CIDH y otras instituciones han podido corroborar y es por eso que nosotros como grupo parlamentario no acompañaremos a la procuradora actual en su reelección», aseveró la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, expresó que este día «es muy triste para  la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país», cuestionando la falta de idoneidad de la procuradora para seguir en el cargo.

    «Estamos hablando que en este momento es el Estado salvadoreño y que ha sido señalado a nivel internacional en repetidas ocasiones es el que ha sido señalado como mayor violador de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador», señaló Ortiz.

    La diputada de Vamos mencionó que hay más de 400 muertes documentadas bajo custodia del Estado en un contexto de «masivas detenciones arbitrarias» de personas sin vínculos con el crimen organizado ni con las pandillas y una  suspensión de las garantías constitucionales que vive El Salvador por más de tres años.

    «La institución que fue creada desde Los Acuerdos de Paz, para que vigilara y acompañara a los ciudadanos salvadoreños para defenderse del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido una institución ausente y cómplice», aseveró Ortiz.

    La diputada de Vamos aseguró que la procuradora Raquel de Guevara «deja en evidencia que ha sido útil» al régimen.

    «Lo último que ha hecho esta titular es estar del lado de las víctimas, ha estado del lado del perpetrador y ha sido útil a este régimen, porque ha intentado tapar esas violaciones, pero no se puede tapar el sol con un dedo y El Salvador está siendo reconocido como un país violador de derechos humanos», aseveró.

    Nuevas Ideas habla sobre «derechos de la gente honrada»

    Sin referirse a Raquel de Guevara, la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, pidió la palabra para defender el proceso de entrevistas de los candidatos y los derechos «de la gente honrada».

    «Aquí es importante decir que si se contestaron las preguntas o se contestaron de la forma que a mí me hubiera gustado, los salvadoreños pueden escuchar las entrevistas», dijo.

    También se refirió a la actividad de los pandilleros en el país antes del régimen de excepción.

    «Durante 30 años, pasamos siendo acribillados, violados, renteados, amenazados, viviendo en la zozobra y de pronto agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, eso dijo el presidente Nayib Bukele hace algún tiempo y coincido en que El Salvador vive una nueva realidad, donde se respetan los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora. El verdadero Estado violador fue el que abandonó a su gente y permitió que las pandillas controlaran su territorio «, respondió Rivas.

    También, agregó que «algunas personas» «solo dicen no» y no proponen.

    Villatoro señala a Caballero de «genuflexa»

    La diputada Villatoro pidió nuevamente la palabra, para reiterar que la reelección de la procuradora no es la correcta por «los informes de torturas y de violaciones de derechos humanos» que existen en El Salvador y que «están documentados».

    Villatoro recalcó que «nadie está justificando lo que han hecho mareros, todos queremos que sigan presos, estamos velando por las personas que no han cometido delito, que tienen carta de liberación y no han sido liberadas por este sistema. Dejen de manipular a la gente… Y dejen de justificar la elección de una persona que no ha hecho nada y necesitan a alguien que  no haya hecho nada, y necesitan que sea cómplice, que guarde silencio, una persona genuflexa, que solo diga que sí, porque un verdadero procurador de derechos humanos no le importa quién esté en el poder, va a velar por la gente, le guste o no le guste al gobierno, aquí nadie está defendiendo mareros, estamos hablando por el salvadoreño de bien».

    Luego, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, dijo que «la mayoría manda» y que le dan cumplimiento de lo que «la ley dice», y que si «algunos les gusta y a otros no, pero se respetan los pensamientos, que no se comparten es otra cosa», defendió.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó el uso de la palabra para recalcar que no se conocieron los expedientes completos de los candidatos sino solo un resumen.

    Ortiz pregunta por qué es la idónea

    La representante de Vamos dijo pidió a Nuevas Ideas explicar «las razones por qué la candidata reelecta es la más idónea. ¿Por qué esa persona ha hecho un gran trabajo según ustedes?».

    Rivas intervino y con celular en mano aseguró que hay un video en «donde están los expedientes de los candidatos», «hasta la foto», dijo. La diputada Ortiz no le respondió.

    Finalmente, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la reelección de la procuradora, quien fue reelecta en el cargo con 57 votos a favor y tres en contra. La funcionaria fue juramentada por el diputado Castro.

  • Diputada Ortiz critica falta de debate en aprobación de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos

    Diputada Ortiz critica falta de debate en aprobación de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos

    La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, cuestionó este martes a sus colegas de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, tras la aprobación del dictamen favorable del proyecto de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), sin que —según denunció— se realizara una discusión técnica y detallada de sus 64 artículos.

    Durante la sesión de la comisión, la diputada expuso su inconformidad luego de que la comisión recibiera a representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Centro Nacional de Registros (CNR), quienes brindaron una breve exposición del proyecto, orientado a atraer a inversionistas con capitales mayores a $250,000.

    “Se acaba de leer un dictamen, pero no se han discutido los artículos de la ley. Esta es una mala práctica que se ha vuelto común en esta Comisión: aprobar dictámenes sin un debate real ni técnico”, expresó Ortiz.

    La legisladora insistió en que el papel de los diputados debe ir más allá de “leer leyes y aprobarlas sin analizarlas”, y acusó a la mayoría oficialista de bloquear deliberadamente los espacios de discusión necesarios para comprender el alcance y los impactos de la legislación.

    “Esto no es representar al pueblo. Es ocultar información al debate público y tomar decisiones bajo un velo que excluye a la ciudadanía”, añadió.

    Ortiz también invocó los artículos 41 y 42 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que obligan a garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios y asegurar procesos legislativos transparentes y ordenados.

    La respuesta de la diputada Dania González, presidenta de la Comisión, fue escueta. Agradeció los comentarios de Ortiz y dijo que “se toma nota”, antes de proceder a someter el dictamen a votación.

    Con mayoría de votos del bloque oficialista, el dictamen favorable fue aprobado y será conocido por el pleno legislativo este miércoles 15 de octubre.

    ¿Qué es la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF)?

    La iniciativa busca atraer inversionistas sofisticados que puedan asumir proyectos de riesgo en sectores como energía, tecnología y bienes raíces.

    Establece requisitos mínimos de inversión de $250,000 y una supervisión indirecta por parte del Banco Central de Reserva (BCR) y la SSF, aunque no incluye estos fondos dentro del sistema financiero formal.

  • Inyectan $250 millones del Banco Mundial al presupuesto 2025; Vamos cuestiona opacidad y Nuevas Ideas defiende estrategia fiscal

    Inyectan $250 millones del Banco Mundial al presupuesto 2025; Vamos cuestiona opacidad y Nuevas Ideas defiende estrategia fiscal

    Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto estatal del año 2025 para inyectarle $250 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Hacienda, concretamente a la unidad presupuestaria de «obligaciones generales del Estado».

    El préstamo tiene como fin mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Un total de 56 diputados votaron a favor de omitir la lectura del decreto, Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra.

    La diputada reclamó que en el decreto no se especifica en qué se utilizará el dinero, ya que la partida de «obligaciones generales del Estado» tiene 12 subpartidas «muy diversas» incluidas algunas destinadas a devoluciones del Impuesto sobre la Renta y pago de seguros para los empleados públicos.

    La legisladora calificó de «preocupante» la posibilidad de que los $1,400 millones que serán financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal, puedan irse incorporando en el presupuesto «de esta manera».

    «Los salvadoreños merecen saber, los salvadoreños quieren saber en qué se va a asignar esta deuda que el país está incurriendo, esta manera de incorporar los fondos al presupuesto no reúne los criterios de transparencia y efectiva rendición de cuentas por parte del Estado». Claudia Ortiz (Vamos).

    El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, leyó el nombre del contrato de crédito: “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador». Zaldaña aseveró que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó este crédito al gobierno de El Salvador «en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando» para «mantener las políticas fiscales» y que tenga fondos ante una emergencia, que ejemplificó podrían ser provocadas por las lluvias.

    «Este préstamo ha sido otorgado por el BIRF en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando el gobierno central en cuanto a poder mantener las políticas fiscales con esa finalidad más sana y un buen manejo y un buen equilibro. Geovanni Zaldaña (Nuevas Ideas).

    Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, se omitió la lectura del decreto de préstamo. / Asamblea.

    El crédito por $250 millones que se inyecta con esta votación al presupuesto de El Salvador de 2025 es parte de un programa de $350 millones del Banco Mundial para que el país fortalezca su gestión financiera, racionalice la masa salarial pública, modernice la regulación del servicio civil, aumente la eficiencia de la inversión pública y atraiga fondos privados con reformas a leyes sobre asociaciones público-privadas y de empresas de economía mixta, además de que tenga más herramientas para gestionar riesgos y emergencias.

    Este financiamiento es parte de una política para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

     

  • Claudia Ortiz cree que exigencias de la Dirección de Mercados "expulsará" a vendedores a "mayor informalidad"

    Claudia Ortiz cree que exigencias de la Dirección de Mercados «expulsará» a vendedores a «mayor informalidad»

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cree que las exigencias de la nueva Dirección de Mercados Nacionales a los vendedores de los mercados, como el San Miguelito, empujará más a los comerciantes hacia la informalidad.

    “(Las exigencias a los vendedores del mercado San Miguelito) va a expulsar a una mayor informalidad a gente que ya estaba con un puesto”. Claudia Ortiz (Vamos). 

    La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señala que muchos comerciantes no podrán cumplir con esos requisitos que ahora les están exigiendo con la Dirección de Mercados y advierte que eso aumentará la informalidad.

    «Al exigirles contabilidad formal, al exigirles que se inscriban para declarar IVA, al exigirles que tengan un contador y la gente no va a tener para pagar un contador, no comprendemos eso; y son esas barreras que la gente tiene por décadas para poder transitar a la formalidad», dijo la diputada.

    La legisladora señaló que el gobierno ya tuvo que haber asesorado a los comerciantes informales de los mercados para que puedan dar el paso a la formalidad de una forma sencilla y no al contrario.

    «Tuvieron que haber creado un espacio para facilitar que la gente pase a la formalidad, no al contrario, habrá mucha gente que no va a poder acceder a esas condiciones, no van a poder cumplir esos requisitos porque tampoco se han planteado un acompañamiento», cuestionó la diputada de Vamos.

    La legisladora cree que el costo no solo será para los comerciantes, sino para la gente que prefería ir a comprar a un mercado que a un supermercado para obtener productos a menor precio.

    «Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de ir a un mercado o a un supermercado con los costos que va a tener esto?, ¿y cuál será la diferencia para la gente que compraba en un mercado y no en un supermercado?», preguntó.

    La Dirección de Mercados inició reuniones con los comerciantes del mercado San Miguelito que se quemó para asignación de puestos en el nuevo el pasado 29 de agosto.

    Comerciantes del Mercado San Miguelito aseguraron a radio YSUCA que les ha informado que «para poder tener un puesto dentro del remodelado mercado deben declarar IVA», pero la Dirección de Mercados Nacionales no ha confirmado ni descartado tal aseveración.

    También, algunas personas han publicado en redes sociales que los comerciantes pagaban $9 y ahora les tocará pagar $90, y que les exigen llevar una contabilidad formal.

  • Oposición exhorta al gobierno a diseñar un "presupuesto real" para 2026 que priorice en "educación y salud"

    Oposición exhorta al gobierno a diseñar un «presupuesto real» para 2026 que priorice en «educación y salud»

    Las diputadas Marcela Villatoro y Claudia Ortiz, de los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos, respectivamente, reiteraron que el presupuesto estatal para el año 2026 deben dar prioridad a los ramos de Salud y Educación, y rechazaron que estos presupuestos hayan reducido respecto al 2024.

    El Ministerio de Hacienda tiene hasta el 30 de septiembre para presentar ante la Asamblea Legislativa su proyecto de presupuesto general del Estado para el año fiscal 2026.

    «Lo que esperamos es que se le invierta mucho más a Educación y a Salud, que son primordiales para la vida de los salvadoreños», expresó la diputada tricolor.

    Villatoro insistió en que debe ser un «presupuesto financiado» «con todos los programas» y criticó que el presupuesto de 2025 «iba a venir sin gasto corriente» pero que al final si han incluido deuda para gasto corriente. «Entonces, esperamos que sea un presupuesto real y no un presupuesto mentiroso», señaló.

    En la misma sintonía opinó la diputada de Vamos, Claudia Ortiz.

    «Tiene que haber una apuesta decidida por el rubro de Educación y de Salud Pública; es importante también que no nos sigan mintiendo con el presupuesto, el año pasado se dijo que el de 2025 no iba a traer deuda y lo han venido cambiando y están incorporando deuda y cambian presupuestos de un rubro a otro», cuestionó.

    Agregó que debe haber una planificación centrada en prioridades. «El presupuesto debe ser una herramienta de lo que se va a hacer, de lo que se va a gastar y no una promesa que se va a romper a la primera de cambio cuando la Asamblea tenga que reformar ese presupuesto porque las cosas han cambiado, no poco, sino radicalmente, en su ejecución», concluyó la diputada Ortiz.

    El presupuesto aprobado para el año fiscal 2025 ascendió a $9,663 millones, $594.3 millones más respecto al de 2024, que se aprobó por $9,068.7 millones.

    Sin embargo, aunque el presupuesto general aumentó para este año, tanto la cartera de Salud como de Educación sufrieron reducciones respecto al 2024.

    Hacienda destinó para 2025 a Educación  $1,535.8 millones, una reducción de $31.1 millones respecto a 2024; y para Salud, $1,170.1 millones, una reducción de $91.1 millones, respecto a 2024.

    Desde enero a julio de este año, el presupuesto aprobado ha sufrido un incremento de $317 millones, según el Portal de Transparencia Fiscal.

     

  • Claudia Ortiz y el presidente de CEL discuten sobre si hay existencia de petróleo en el país

    Claudia Ortiz y el presidente de CEL discuten sobre si hay existencia de petróleo en el país

    El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director de Hodrocarburos y Minas llegó a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión para explicar la iniciativa del gobierno que pide a la Asamblea aprobar beneficios fiscales a los contratos de inversión bajo la modalidad multicliente y licencias de datos geocientíficos, para la exploración de petróleo y gas natural en el país.

    De los diputados de la Comisión, fue la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, la única que intervino sobre este proyecto para hacer algunas consultas. Así fue la discusión:

    «¿Existen ya reportes técnicos o estudios técnicos, geológicos, científicos que determinen cuál es el potencial de la producción o de la explotación de hidrocarburos en El Salvador? ¿Ya existen estudios sobre esto que nos arrojen alguna información? ¿Cuáles son estos estudios, qué dicen y qué hallazgos han arrojado?» «Somos un país con potencial de explotación de hidrocarburos?, preguntó Ortiz

    A lo que Álvarez respondió «Si hay indicios, si se han investigado indicios, si hay ciertos estudios que nos dicen que hay este recurso en El Salvador, pero no tenemos la certeza, de hecho, por eso nace la iniciativa de modificar la Ley de hidrocarburos, para la exploración y la explotación ahí es donde se viene y se dice que queremos aperturarnos a los contratos multiclientes. Ahora ya viene la fase 2, si no hubiera interés, si no hubiera empresas que se dedican a la explotación de hidrocarburos, no fuera necesario esto, pero sí los tenemos y donde ya están participando y están interesados en levantar la información que usted está diciendo, para eso son los contratos multiclientes»

    Continuó y le dijo:»Nosotros les damos los cuadrantes en dónde pudiera haber indicios geológicos de existencia de petróleo o de gas natural en donde se va a ver las cantidades y si son razonables, para la explotación. Lo que van a hacer los contratos multiclientes es precisamente venir a investigar eso, tenemos indicios, pero no la certeza».

    «Por eso vienen las empresas interesadas si ven que hay un indicio, para investigar si hay o no ese recurso. Por eso lo dice muy claro, esto es a riesgo del inversionista. El inversionista, a su riesgo, va a ir a ver si hay la cantidad de recurso suficiente como para que se pueda explotar», recalcó Alvarez.

    El presidente de la CEL agregó que a partir de ahí, el inversionista que hace los estudios recobrará su inversión vendiendo esos datos al que desee venir a explotar esos recursos. «entonces ahí vamos a tener la respuesta de la pregunta que usted está haciendo», le dijo Álvarez a la diputada de Vamos.

    La diputada Ortiz siguió con las consultas y le dijo al funcionario que hay varios estudios «desde mitad del siglo pasado que han tratado de determinar el potencial de producción y explotación de hidrocarburos en El Salvador, especialmente de petróleo y gas natural».

    Y a modo de brindarles información a «mis colegas diputados» Ortiz les comentó que hay un «reporte desclasificado de la CIA de octubre de 1985» de evaluación de potencial de hidrocarburos en el país «y daba cuenta que el potencial realmente era muy limitado, mínimo, y no era rentable para una explotación a nivel comercial.»

    La diputada también mencionó como dato que la Ley de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos data de 1981 «y en varios momentos de nuestra historia ha habido esfuerzos por tratar de determinar esta información y se ha llegado a la misma conclusión: El Salvador tiene un potencial limitado que no es rentable a nivel comercial».

    Ortiz, tomando ese dato, hizo otra pregunta al presidente de la CEL ¿Cómo se justifica que como Asamblea Legislativa aprobemos exenciones fiscales a estas actividades comerciales de exploración, cuando ya se conoce que el potencial que tiene el país es bastante limitado?

    A lo que Álvarez contestó: «Sencillo, el Estado no va a poner un centavo, nosotros no vamos a erogar ni un solo centavo en fondos a los inversionistas en exploración, de hecho por eso existen los contratos multiclientes. Si, los indicios que decimos, los últimos de los que usted habla fueron hace 40 años, la tecnología ha cambiado. Ahora, si una empresa está interesada, en donde no vamos a poner un solo centavo, en donde ellos van a hacer la exploración completa bajo su riesgo, en donde el Estado no va a erogar un solo dólar, pues creo que vale la pena explorarlo y que nos digan ellos si hay o no hay recursos y validar la información que existe de hace más de 40 años que la habían hecho terceros y nunca apareció información oficial. Ahora sí vamos a tener información oficial bajo esta ley para la exploración de hidrocarburos en El Salvador».

    La legisladora retomó lo dicho por el funcionario y le preguntó ¿Quiere decir que no existe actualmente información oficial? Y la segunda pregunta ¿Quiere decir que esta ley, más que beneficiar al Estado, beneficia a estas empresas que tienen interés de hacer su actividad comercial en El Salvador, pero sin pagar impuestos?»

    «No, eso lo dice usted», respondió Álvarez «lo que estoy diciendo es que esta empresa va a venir a explorar y la información que esta empresa va a dar va a ser del Estado y lo que estoy diciendo que tenemos lo geólogos, pero no los recursos que tienen estas empresas para poder hacer la exploración».

    La diputada Ortiz lanzó la última pregunta «¿Ya que usted dice que hay empresas con interés, cuáles son estas empresas?»

    «Bueno sí, hay una que se anunció hace poco, de hecho que eso es su trabajo, ex GeoX, ellos trabajan con todas las petroleras grandes del mundo, hay muy pocas, en el mundo no hay más de seis que sean confiables. Es GeoX, y quienes son sus clientes Exxon, Shell, Total, todas las empresas petroleras que se dedican a eso, con una especialidad específica», concluyó el funcionario.

    Al final, la diputada Dania González, presidente de la Comisión agradeció a Ortiz y a Alvarez » sin duda se abona muchísimo a la discusión para que podamos tomar una decisión en el proceso de formación de ley».

    Al final, el dictamen favorable fue aprobado sin el voto de la diputada de Vamos.