Etiqueta: Claudia Ortiz

  • Claudia Ortiz: «Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum»

    Claudia Ortiz: «Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum»

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos dice, que, aunque aún no se conocen los parámetros que el gobierno está tomando en cuenta para la propuesta de reforma de pensiones que deberá publicar en febrero, el proyecto debe ser discutido en la Asamblea Legislativa, consultado con la ciudadanía e incluso habla de un referéndum.

    “Va a ser hasta que tengamos el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones que podamos saber cuáles van a ser los parámetros que se van a tocar… Cada uno de los impactos que toque, cada variable, tiene que discutirse, aquí, en la Asamblea Legislativa, y tiene que haber una discusión con la población. Una reforma de pensiones es un tema que da para hacer un referéndum, para que se le pregunte a la gente qué opina y que se le dé la información de qué pasa si se hace esta reforma”, asevera la diputada.

    Ortiz habló de los parámetros “más importantes” como la edad de jubilación ya que, si se sube, se cotiza más tiempo y entra más dinero al sistema; también, como la tasa de cotización, que, si se sube, también entra más dinero al sistema. Pero siempre hay consecuencias, consideró.

    “Podría haber un tipo de distorsión del mercado laboral, la gente joven va a tener, quizá, menos oportunidades de acceder a empleos o el costo de la vida; o más bien, el ingreso de la gente se vería afectado si tiene que cotizar más de lo que está cotizando actualmente, si las empresas también tienen que dar un aporte mayor”, son los temas que deben estudiarse, dijo.

    Pero la diputada de oposición tiene varias interrogantes, que considera el Estado debería responder:

    “La gran pregunta es qué va a hacer el Estado. ¿Va a dejar de tomar prestado el dinero de las pensiones? ¿Va a hacer público cuál es la situación de endeudamiento con pensiones que ha tomado el Estado? O vamos a seguir igual: todo el mundo pagando los costos, apretándose el cincho y tragándose la medicina amarga, mientras los que tienen el poder siguen sirviéndose con cuchara grande de los fondos de las pensiones”. Claudia Ortiz (Vamos).

    Para Ortiz, el estudio de la reforma de pensiones debe ser «a conciencia», ya que puede llegar a constituirse la llamada “medicina amarga” aunque, opina, se hubiese podido anticipar cuando se comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Acuerdo Ampliado del Fondo.

    “Es como la medicina amarga que nos anunciaron pero, si el Estado hubiese sido más responsable en las finanzas públicas, en 2021, cuando comenzaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional, quizá si hubiese cedido en derogar la Ley Bitcoin, quizá las condiciones que el FMI ha puesto hubiesen sido menos duras”, señala.

    En julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el Estado de El Salvador debe reducir su «dependencia de los fondos de pensiones» como parte del acuerdo de $1,400 millones en busca de la estabilidad financiera del país cuando la deuda estatal de pensiones alcanzó los $10,789.19 millones.

    A finales de septiembre, la deuda total del Estado con el Fondo de Pensiones alcanzó los $11,070.62 millones según el Banco Central de Reserva (BCR) que cita cifras preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026. El estudio actuarial, que debió haberse publicado a finales de septiembre según el acuerdo con el FMI, no se ha publicado.

  • Cámara legislativa no enfoca a Claudia Ortiz por segunda vez; ella señala «discriminación» y Castro la ignora

    Cámara legislativa no enfoca a Claudia Ortiz por segunda vez; ella señala «discriminación» y Castro la ignora

    La cámara de la Asamblea Legislativa no enfocó a la diputada de oposición, Claudia Ortiz, en su intervención en la plenaria de este miércoles 5 de noviembre. Esta es la vez que sucede este hecho, ya que la primera vez fue en la plenaria 81, del pasado 29 de octubre.

    “Diputado presidente, quiero consultarle cuál es la razón, mientras estaba haciendo la propuesta, la cámara en ningún momento enfocó el curul de esta servidora. Quiero preguntarle a usted, como presidente de esta Asamblea Legislativa y también como autoridad garante de los derechos de cada uno de los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, ¿cuál es la razón”, preguntó la diputada Ortiz.

    Castro ignoró la pregunta de la legisladora y siguió con el desarrollo de los puntos en la agenda de la plenaria.

    “Continuando con el desarrollo de la plenaria: romano IX, convocatorias…”, siguió el presidente del Legislativo.

    Diputada Claudia Ortiz, de Vamos. / Jessica Guzmán.

    En la plenaria del 29 de octubre pasado, la diputada Ortiz reclamó sobre el hecho y pidió quedara registrado en acta que la cámara no la enfocó, esa vez Castro sí respondió:

    Claudia Ortiz: “Quiero que quede en acta y me llama la atención que en ningún momento la cámara ha enfocado a esta servidora, para que la imagen de esta diputada pueda verse en la televisión legislativa. Quiero que quede en acta ese hecho que me parece una especie de discriminación, porque a todos los demás colegas diputados, la cámara siempre los enfoca”.

    Ernesto Castro: «¿Está solicitando que quede en acta o está solicitando que la cámara siempre la enfoque para su imagen?»

    Claudia Ortiz: «Le estoy solicitando que quede en acta y le estoy solicitando que no se cometa este tipo de discriminación, señor presidente».

    Ernesto Castro: «¿La discriminación es, solo para dejarlo claro, que la cámara no la enfocó, para su imagen?»

    Claudia Ortiz: «Diputado presidente, la cámara lo enfoca a usted, ¿cuál es el problema también en eso?»

    Ernesto Castro: «No, no hay ningún problema, solo estamos hablando sobre su solicitud. ¿Usted solicita que la cámara la enfoque, para su imagen?»

    Claudia Ortiz: «Lo que estoy solicitando es que la cámara me enfoque, así como enfoca a cualquier otro diputado del oficialismo. No es un tema de la imagen de alguien, es un tema de representación política que implica ese hecho y es, además, que los medios públicos, como el Canal Legislativo, porque es un canal público, que está financiado con los impuestos de todos los salvadoreños, estén en esta Asamblea Legislativa a la disposición de todos los grupos parlamentarios que existen en esa Asamblea Legislativa y no en función de un partido político».

    Ernesto Castro: «Ah, de acuerdo diputada, es que yo mencioné lo de la imagen, porque fue lo que usted dijo. Pero, bueno, se toma nota”.

    Así concluyó la discusión ese día.

    Ante esto, la secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas, expresó desde su cuenta de X que este es un acto “de violencia política e institucional hacia una diputada electa que ejerce representatividad al igual que el resto”.

    “Me pregunto si el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, habla de estas prácticas en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. La Ley Especial Integral para las mujeres (LEIV) es clara, pero qué esperar de los que no cumplen ni la Constitución», expuso Rivas.

    La diputada de oposición pidió a ONU Mujeres y a la Unión Europea en El Salvador que “tome nota” y calificó la acción de “abusiva”.

  • Diputado de Nuevas Ideas dice deuda es para inversión, oposición le responde: “Es mentira”

    Diputado de Nuevas Ideas dice deuda es para inversión, oposición le responde: “Es mentira”

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, defiende los préstamos que se han aprobado este año, asegurando que todos se destinarán a proyectos de inversión y ninguno para gasto corriente, tal como prometió el ministro de Hacienda, Jerson Posada que se haría.

    «Se dijo que no iba a ser deuda para gasto corriente y lo hemos mantenido, no hay deuda para gasto corriente, lo que sí hay es inversión, para infraestructura pública en Salud y, de eso sí, el gobierno ha solicitado financiamiento a multilaterales para invertir, no para gasto corriente», aseguró Soriano.

    Hemos logrado estabilizar el gasto corriente del Estado, reduciendo muchas de las áreas, lo vamos a seguir haciendo, porque parte de las recomendaciones que hemos venido trabajando con diferentes multilaterales». William Soriano, de Nuevas Ideas.

     

     

    Ver esta publicación en Instagram

     

    Una publicación compartida de Diario El Mundo (@elmundosv)


    Soriano señaló que, aunque en el decreto del préstamo diga que es para “cubrir obligaciones generales del Estado, eso es “inversión” y prometió que se mantendrán en lo que dijeron. «No vamos a seguir emitiendo deuda, para gasto corriente, y eso lo hemos demostrado”, reiteró.

    Al consultarle a los diputados de oposición sobre la postura de Soriano, tanto Arena como Vamos le pidieron al diputado de Nuevas Ideas que no mienta.

    “Ellos pueden decir misa, pero la realidad es otra, ustedes lo pueden ver, cuando se aprueban esos decretos, lo pueden ver en el momento del desembolso de los mismos, que no es cierto, así, pues, que digan lo que quieran, la realidad es otra y la gente está viendo esa realidad. Si ellos quieren seguir engañando a la gente, pues, que sigan con su retórica”. Marcela Villatoro, de Arena.

    La diputada de Arena agregó que la población es consciente de lo que sucede en la Asamblea, aunque el oficialismo les mienta, dice.

    “La población ya se dio cuenta que le están mintiendo y que en esta Asamblea se están aprobando préstamos para gasto corriente, disfrazados de un montón de cosas. Entonces, es problema de él que siga mintiendo y que siga dañando a la gente”, dijo Villatoro respecto a Soriano.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz le pidió a la ciudadanía que no se deje engañar, ya que todas las semanas se aprueban préstamos y que, si bien unos son para inversión, de muchos no se sabe para qué son.

    “En primer lugar, quiero pedirle a la ciudadanía que no se deje engañar por diputados representantes del gobierno, que les quieren hacer cree que ya no se están endeudando», sostuvo.

    «Todas las semanas en la Asamblea Legislativa se aprueban préstamos, en primera o segunda vuelta. Claro, algunos de estos préstamos van para proyectos de inversión, pero estamos viendo en un Estado donde no hay transparencia, todo bajo reserva, entonces, ¿cómo se va a usar ese dinero en esos proyectos”. Claudia Ortiz, de Vamos.

    También, le dijo al diputado Soriano que incluso el préstamo de los $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional es para gasto corriente y lo que él sostiene de cero deuda es “absolutamente mentira”.

    «Pero también ha habido préstamos para gasto corriente, o sea, para el funcionamiento normal del Estado. El primero es el del Fondo Monetario Internacional que va acompañado de dos o tres préstamos que son para gasto corriente, para gasto ordinario y otros préstamos. ¿Y cómo los vamos a identificar? Porque dice que son para obligaciones generales del Estado, porque dice que son para manejo de pasivos, entonces, es absolutamente mentira, porque la Asamblea Legislativa ha aprobado préstamos para gasto corriente, cuando hace un año el ministro de Hacienda dijo que no se iba a endeudar el país, para gasto corriente”, insistió la diputada Ortiz.

    El Ministerio de Hacienda no ha explicado cómo está integrando y distribuyendo los préstamos de refuerzo presupuestario durante 2025.

  • Claudia Ortiz pide disminuir máximo de reserva a la información pública y alega irregularidades en compras en pandemia

    Claudia Ortiz pide disminuir máximo de reserva a la información pública y alega irregularidades en compras en pandemia

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, pidió este miércoles disminuir el plazo máximo de reserva que puede tener la información pública según ley alegando que ocurrieron irregularidades en las compras durante la pandemia por covid-19 y la reserva de información sobre los agromercados por siete años.

    “Esta semana se han conocido dos noticias muy preocupantes: una es que una persona vinculada al hijo de la comisionada presidencial (Carolina Recinos) fue contratista durante la pandemia en esquemas de contratación muy cuestionables. Todos sabemos que durante la pandemia hubo abusos en el tema de compras públicas y que poco a poco va saliendo a la luz; y, la segunda noticia, es que esta semana se supo que toda la información relacionada con los agromercados está en reserva”, expresó Ortiz en su intervención.

    Después de sus argumentos, solicitó se modificara la agenda para introducir una pieza de correspondencia que proponía reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para que el plazo máximo de reserva a una información público sea tres y no siete años.

    “Queremos solicitar que se incorpore esta pieza de correspondencia y se conozca en comisión, para hacer reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Este es un tema estructural del país. Este gobierno tiene ya demasiadas cosas bajo reserva. La propuesta que hacemos, entre otras cosas, es que la reserva de información sea nada más de tres años y que tenga que estar rigurosamente documentada y justificada”, explicó Ortiz.

    La propuesta también plantea que, un año antes del término de la gestión de un gobierno, este ponga toda la información del mismo a disposición de la población.

    “Ya no más reserva de información que oculta cómo se está ocupando el dinero de la gente, en temas tan importantes y tan sensibles como la alimentación, como la educación, como la salud, como la agricultura, como el medio ambiente. Ya no más reserva de información en las compras públicas, en la construcción de obras, de mercados. Entonces, colegas diputados y diputadas, lo dejo a disposición y que esta pieza se incorpore a la sesión plenaria y pase a la comisión respectiva”, expuso.

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la solicitud de Ortiz y, sin sorpresa, solo obtuvo tres votos a favor y uno en contra de un diputado de Nuevas Ideas. Los otros 56 diputados no votaron. “Con tres votos a favor, no hay resolución”, dijo Castro.

    Votación por agendar una solicitud de reforma a la LAIP en la sesión plenaria de este miércoles, con el fin de que pasara a estudio de comisión. / Jessica Guzmán.

    Momentos antes de su petición, la diputada de oposición también cuestionó que “no hay transparencia ni cuido adecuado en los recursos públicos».

    «Acto 3, la Asamblea Legislativa refuerza el programa de agromercados, llegando este a tener $114 millones… Acto 4, el Ministerio de Hacienda pone en reserva toda la información del programa de los agromercados durante siete años, es decir que hay $114 millones que están en reserva y que la población no va a saber qué se hace con estos recursos, a quién se le compra, quién se beneficia con estos contratos, hasta el año 2032”, criticó la diputada de Vamos.

    La propuesta incluiría una reforma al artículo 4 para agregar el literal «i» para que no revertir el carácter público de alguna información. “No debe restringirse, detener o interrumpirse la divulgación de un determinado dato o información pública que ya haya sido divulgada”.

    También, pidió que se declare “información de interés nacional toda la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad, relativa al derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente y demás derechos fundamentales y que, de conformidad con el principio de máxima publicada, será información oficiosa los planes, procesos, proyectos, propuestas, informes, permisos, compras, protocolos, políticas públicas, leyes, reglamentos”.

  • Arena y Vamos critican a la PDDH por informe de observación electoral entregado 20 meses después

    Arena y Vamos critican a la PDDH por informe de observación electoral entregado 20 meses después

    Las diputadas de los partidos de oposición, Vamos y Arena, criticaron a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) luego de que esta entregara un informe sobre las “fallas” en las elecciones 2024 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 20 meses después de los comicios.

    Las legisladores consideran que el informe fue tardío pero que además debería ser público.

    Dentro de los hallazgos, que se han conocido de forma limitada, se mencionan fallas en el sistema de transmisión para procesar las actas electorales, inicio tardío de la jornada por las Juntas Receptoras de Votos (JRV), cambios de criterios «de último momento» en el TSE que habrían dado lugar a «denuncias de desequilibrio en al fiscalización».

    Además, se mencionan problemas logísticos en el escrutinio final e «injerencia y presión indebida sobre miembros de los organismos temporales».

    Ante esto la diputada Ortiz dijo expresó que sería importante conocer si habrá un pronunciamiento público de la PDDH.

    «Se ha conocido la existencia de este informe y algunas de sus conclusiones y sería importante conocer, si aparte de este informe, habrá algún tipo de pronunciamiento fuerte de la PDDH, porque todas estás situaciones que están en el informe, informe que debería ser público, para que lo desmenucemos, contrastemos, conozcamos», señaló Ortiz.

    La legisladora de Vamos agregó que, más que esas fallas, se vivieron violaciones a los derechos de los partidos políticos.

    «Lo vivimos como partido, en las elecciones, violaciones a los derechos humanos, violaciones a los partidos políticos y de la población que fue a votar. Así que lo que esperamos es que haya un pronunciamiento contra las instituciones que no garantizaron comicios en condiciones libres, transparentes y competitivas», reclamó.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, criticó a la PDDH por no hacer público el informe, según la legisladora la Procuraduría debió haber realizado una rueda de prensa para informar sobre los hallazgos del proceso electoral, como lo hacen organismos internacionales.

    «Para que quede sentado qué pasó en las elecciones, aunque no hay necesidad que la Procuraduría nos diga las falencias en las elecciones del 2024, porque todos los pudimos presenciar al mismo tiempo, sin embargo, por ser la institución que vela por los derechos de los salvadoreños debió ser la primera en presentar este informe», expuso.

    La legisladora espera que en los próximos días «al menos» el Tribunal Supremo Electoral pueda explicar a los salvadoreños qué dice el informe de la PDDH. «Pero lo que vemos es sobre el actuar de la procuradora que realmente actúa en medio del silencio», dijo la diputada Villatoro. Ambos partidos rechazaron la reelección de Raquel Caballero de Guevara el pasado 15 de octubre.

  • Oposición cuestiona falta de claridad en reforma de ANDRES para fijar precios por productos y servicios

    Oposición cuestiona falta de claridad en reforma de ANDRES para fijar precios por productos y servicios

    Las diputadas de Arena y Vamos cuestionaron falta de claridad en las reformas a la «Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos» aprobadas en la plenaria de este 29 de octubre para dar facultades a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) de establecer precios por sus productos y servicios.

    «La ley habla de dos temas que son los desechos tóxicos y los desechos que la gente tira como llantas, colchones, entre otros, hay varias dudas que no fueron explicadas dentro de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial o esclarecidas, como, por ejemplo, cuando dicen que van a establecer un precio por estos productos llamados chatarra, que no los recogen los camiones de la basura, pero no establece a quiénes se le van a vender, medio se dijo que irían a los fondos de la misma institución, pero no queda claro, dentro de la ley», cuestionó la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

    Agregó que este es el resultado de tener «una ley hecha a medias, unas reformas a medias, a la carrera, sin claridad si realmente será beneficioso para la gente».

    Según el director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, con esa nueva facultad crearán un pliego tarifario de comercialización o de servicios para los residuos voluminosos como electrodomésticos y colchones que, aseguró, están recolectando.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cree que era necesario haber tenido «una discusión más seria» sobre la reforma, ya que son «temas que tienen que ver un rasgo medioambiental importante» en donde «no debe ocultarse información».

    «Estas reformas dejan la inquietud, la duda si se van a manejar las cosas de manera responsable», indicó.

    Dentro de las reformas aprobadas, se establece que la ANDRES podrá «aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca a través de un acuerdo institucional previa autorización del Ministerio de Hacienda». Además, agregan un literal «j», en el artículo 39, que dice que el patrimonio de la Autoridad estará conformado por «los recursos provenientes del pago de la prestación de sus servicios y productos».

    Para Ortiz, la problemática viene desde que se le quitó autonomía a las alcaldías, ya que, si bien muchos alcaldes no han hecho bien su trabajo en la recolección de desechos, la solución no era la creación de ANDRES, ni tampoco entregarle a esta autoridad la facultad de imponer tasas por sus servicios como lo están facultando con las reformas. El Código Municipal faculta a las municipalidades a aprobar las tasas municipales.

    Según la diputada, quien exigió transparencia, se está buscando beneficiar «a un grupo de proveedores».

    «Como hemos visto desde la creación de la DOM, se le ha quitado poder al Ejecutivo y esta es la ruta equivocada para el desarrollo y la gente lo está viviendo en sus comunidades, calles malas, recolección de basura deficiente, las obras municipales no llegan, este gobierno lo que ha hecho, con las fallas que han tenido las alcaldías, han quitado autonomía a las alcaldías y ahora están beneficiando a un grupo de proveedores, debe haber transparencia, gobiernos abiertos a nivel municipal y las obras se decidan con la gente», indicó Ortiz.

    Arena no votó y Vamos votó en contra de estas reformas.

     

  • Claudia Ortiz propone subsidio de $81.76 para personas cuidadoras, Nuevas Ideas no apoyó

    Claudia Ortiz propone subsidio de $81.76 para personas cuidadoras, Nuevas Ideas no apoyó

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, propuso por segunda vez, este miércoles, un proyecto de «Ley de Beneficio Económico por el Trabajo de Cuidados» para que el gobierno entregue un subsidio del 20 % del salario mínimo vigente del sector comercio y servicios a personas cuidadoras de padres, hijos, cónyuges que no perciben ingresos.

    «Es una iniciativa que cuando la he compartido con diferentes sectores, especialmente con mujeres, en diferentes comunidades nos han dicho que nos parece muy importante… Solicito que pase a comisión para que sea discutida, que se cree un subsidio focalizado para aquellas personas que nunca han tenido acceso al Seguro Social , que nunca han gozado de una pensión, que están en los municipios más pobres del país, que cuidan a personas en fase terminal, que reciben subsidio al gas y que se pueda darles un apoyo económico», explicó la diputada ante el pleno legislativo.

    El apoyo sería del 20% de salario mínimo de comercio y servicios vigente que equivalen a $81.76 y que serían un subsidio mensual a personas que también «se dediquen 24 horas a cuidar a una persona totalmente dependiente» y que no pueden trabajar y dedicarse a una actividad productiva porque se dedican a ser cuidadoras.

    Dijo que hay personas que deben cuidar todos los días a sus madres ancianas o padres ancianos enfermos, niños muy pequeños o con discapacidad.

    «Yo los quiero invitar, colegas diputados, a que demos un primer paso y que creemos un Sistema Nacional de Cuidados y que introduzcamos esta visión en las políticas públicas. Solicito, colegas, que tomen en consideración esto para que pueda pasar a la comisión y hagamos el análisis de esta propuesta de ley que mucha gente considera muy importante», explicó la diputada de Vamos.

    La propuesta faculta al Ministerio de Desarrollo Local como la entidad encargada para el otorgamiento del beneficio.

    Cada año, dicho ministerio deberá determinar la cantidad de beneficiarios para el siguiente ejercicio fiscal tomando en cuenta los niveles de pobreza existentes; también deberá emitir y aprobar el reglamento correspondiente con el proceso para la verificación y otorgamiento del beneficio, el cual tendrá que ser presentado 60 días después que esta ley fuera publicada en el Diario Oficial. No detalló fuente de financiamiento.

    El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, recibió la iniciativa de ley y sometió a votación la modificación de agenda que pidió Ortiz para que le iniciativa fuera conocida y pasara a comisión. Sin embargo, Nuevas Ideas, PCN y PDC negaron sus votos para conocer la iniciativa y enviarla a estudio a comisión. La iniciativa solo contó con el voto de Vamos y uno de Arena. «Con dos votos a favor no hay resolución», dijo Castro.

    La diputada Ortiz pidió dejar constancia de que la cámara del Canal Legislativo no la enfocó cuando hizo la propuesta.

  • Asamblea adelanta al 20 de octubre el plazo para empezar a pagar el aguinaldo en lo público y privado

    Asamblea adelanta al 20 de octubre el plazo para empezar a pagar el aguinaldo en lo público y privado

    La Asamblea Legislativa reformó el miércoles el Código de Trabajo y la «Ley sobre la compensación adicional en efectivo» para adelantar de diciembre a octubre la fecha inicial en la cual empresas privadas o instituciones públicas en El Salvador pueden entregar el aguinaldo.

    La reforma permite que los patronos realicen el pago de aguinaldos desde el 20 de octubre y mantiene como fecha límite el 20 de diciembre de cada año.

    En el Código de Trabajo, el lapso actual para pagar aguinaldos es del 12 al 20 de diciembre de cada año. En la Ley de compensación adicional en efectivo, que regula el pago de estas compensaciones de diciembre para personal militar y civil de la administración pública, establece como último día el 23 de diciembre.

    La decisión de adelantar el pago a octubre será optativa para las empresas privadas o instituciones públicas respectivas.

    En los considerandos de la reforma al Código de Trabajo, el gobierno argumentó que busca «dar la posibilidad que el pago del aguinaldo a los trabajadores pueda realizarse en fechas distintas en atención a la disponibilidad de recursos con que cuenta cada patrono»; y en la propuesta de reforma a la Ley de compensación, que busca «generar condiciones económicas a favor de todos los servidores del sector público».

    «Será una decisión de los patronos», enfatizó el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas. «Lo más seguro es que van a pagar hasta diciembre», calculó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, refiriéndose a los pagos de aguinaldos en el sector privado.

    Los cambios

    Uno de los cambios se hizo el artículo 200 del Código de Trabajo, así: «La prima que en concepto de aguinaldo debe entregarse a los trabajadores que tienen derecho a ella, deberá pagarse en el lapso comprendido entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año. Será decisión de cada patrono fijar una fecha para el pago de esa prima dentro del periodo dispuesto en el inciso precedente. La definición de la fecha en la que se deberá pagar esta prima en ningún caso podrá exceder el 20 de diciembre de cada año».

    La reforma a dicha ley laboral fue aprobada con 58 votos de los diputados presentes, incluidos los tres diputados de oposición, de Vamos y Arena.

    Otra modificación al Código de Trabajo es que, si se declara «por terminado» un contrato de trabajo o el trabajador es despedido sin causa legal antes del 20 de octubre, deberá recibir el aguinaldo «de manera proporcional al tiempo trabajado»; disposición que ya existe pero que considera la terminación del contrato «antes del 20 de diciembre».

    La reforma a la Ley sobre la compensación adicional en efectivo, la normativa que regula estos pagos que recibe en diciembre el personal de la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad pública, bomberos y personal civil y militar al servicio de la administración pública, también cambia el lapso para pagar estas compensaciones: la fecha inicial se adelanta al 20 de octubre y la fecha final se adelanta al 20 de diciembre, y ya no el 23 de diciembre, como establece la normativa actual.

    Ambos decretos fueron aprobados con dispensa de trámites, luego de que fueran solicitados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

    El adelanto del lapso del pago de aguinaldos fue acompañada de la tradicional reforma legislativa de todos los años que exoneran los aguinaldos de hasta $1,500, exención que también aplica a las compensaciones que reciben empleados públicos según la Ley sobre la compensación adicional en efectivo. La exención iniciará su vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, mientras la ampliación del plazo, ocho días después de la publicación.

    La Asamblea aprobó un transitorio de exoneración del Impuesto sobre la Renta a los aguinaldos.

  • Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de «cómplice»

    Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de «cómplice»

    La Asamblea Legislativa reeligió, en medio de una polémica, a la actual procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, para que siga en el cargo por tres años más.

    Caballero fue propuesta por Nuevas Ideas y sus aliados, PCN y PDC, coincidieron en la propuesta.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el proceso de elección diciendo que respetaron los parámetros que exige la Constitución.

    «Los parámetros que exige la Constitución, para las preguntas en estas entrevistas, son principios son democracia, pluralismo, participación, publicidad y transparencia, estos son los principios que deben de regir los procesos de elección de segundo grado», dijo.

    Según la diputada, la Comisión Política «hace un trabajo previo» de entrevistas, verificar datos de los candidatos, pero «quienes tienen la potestad de decir sobre los candidatos de segundo grado somos el pleno legislativo, conformado por todos los diputados electos, tomar la decisión de quién será el nuevo procurador de derechos humanos», detalló la diputada.

    No explicó cómo tomaron la decisión de optar por Raquel Caballero de Guevara y descartar a los otros cuatro candidatos.

    Luego, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también «en la sintonía de la diputada Callejas» para defender la transparencia del proceso de elección que se siguió para elegir titular de la PDDH.

    «Es un proceso transparente y ha sido responsable, y en nombre de la Comisión Política quiero proponer a la doctora Raquel Caballero de Guevara para que siga al frente de la institución», dijo Guevara.

    El diputado Serafín Orantes, del PCN, pidió la palabra.

    Anunció que respaldan «la propuesta del diputado Guevara y su total apoyo a la doctora Raquel Caballero de Guevara como procuradora para los próximos tres años».

    También coincidió el diputado Reinaldo Carballo, del PDC.

    «Como diputado del partido de la nueva Democracia Cristiana, hemos analizado y revisado el perfil de la doctora Raquel Caballero de Guevara y estamos de acuerdo que sea ella quien ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», dijo.

    Tampoco explicó cómo llegaron a la decisión de optar por la candidata. «En uso de las facultades que me confiere la Constitución y el Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, deseo manifestar que también proponemos a la doctora Raquel Caballero de Guevara, para que ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», manifestó Carballo.

    Oposición señalan a PDDH: «encubrimiento», «complicidad» y «útil al régimen»

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, en uso de la palabra, y como parte de la Comisión Política, dijo que si bien es cierto se entrevistó a los candidatos y se conocieron los perfiles es necesario que los salvadoreños sepan sobre la elección, por la funcionaria debe velar por los derechos humanos de los salvadoreños.

    «Dijo varias respuestas que nosotros consideramos que no cumplen lo necesario, porque fueron respuestas de una persona que encubría, que se volvía cómplice y que silenciaba la realidad de los derechos humanos en el país. Por ejemplo, yo le pregunté si había casos de personas sufriendo tortura y ella me decía que no; entre otras cosas, nosotros pudimos comprobar que sí habían casos de tortura en nuestro país, que incluso la CIDH y otras instituciones han podido corroborar y es por eso que nosotros como grupo parlamentario no acompañaremos a la procuradora actual en su reelección», aseveró la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, expresó que este día «es muy triste para  la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país», cuestionando la falta de idoneidad de la procuradora para seguir en el cargo.

    «Estamos hablando que en este momento es el Estado salvadoreño y que ha sido señalado a nivel internacional en repetidas ocasiones es el que ha sido señalado como mayor violador de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador», señaló Ortiz.

    La diputada de Vamos mencionó que hay más de 400 muertes documentadas bajo custodia del Estado en un contexto de «masivas detenciones arbitrarias» de personas sin vínculos con el crimen organizado ni con las pandillas y una  suspensión de las garantías constitucionales que vive El Salvador por más de tres años.

    «La institución que fue creada desde Los Acuerdos de Paz, para que vigilara y acompañara a los ciudadanos salvadoreños para defenderse del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido una institución ausente y cómplice», aseveró Ortiz.

    La diputada de Vamos aseguró que la procuradora Raquel de Guevara «deja en evidencia que ha sido útil» al régimen.

    «Lo último que ha hecho esta titular es estar del lado de las víctimas, ha estado del lado del perpetrador y ha sido útil a este régimen, porque ha intentado tapar esas violaciones, pero no se puede tapar el sol con un dedo y El Salvador está siendo reconocido como un país violador de derechos humanos», aseveró.

    Nuevas Ideas habla sobre «derechos de la gente honrada»

    Sin referirse a Raquel de Guevara, la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, pidió la palabra para defender el proceso de entrevistas de los candidatos y los derechos «de la gente honrada».

    «Aquí es importante decir que si se contestaron las preguntas o se contestaron de la forma que a mí me hubiera gustado, los salvadoreños pueden escuchar las entrevistas», dijo.

    También se refirió a la actividad de los pandilleros en el país antes del régimen de excepción.

    «Durante 30 años, pasamos siendo acribillados, violados, renteados, amenazados, viviendo en la zozobra y de pronto agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, eso dijo el presidente Nayib Bukele hace algún tiempo y coincido en que El Salvador vive una nueva realidad, donde se respetan los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora. El verdadero Estado violador fue el que abandonó a su gente y permitió que las pandillas controlaran su territorio «, respondió Rivas.

    También, agregó que «algunas personas» «solo dicen no» y no proponen.

    Villatoro señala a Caballero de «genuflexa»

    La diputada Villatoro pidió nuevamente la palabra, para reiterar que la reelección de la procuradora no es la correcta por «los informes de torturas y de violaciones de derechos humanos» que existen en El Salvador y que «están documentados».

    Villatoro recalcó que «nadie está justificando lo que han hecho mareros, todos queremos que sigan presos, estamos velando por las personas que no han cometido delito, que tienen carta de liberación y no han sido liberadas por este sistema. Dejen de manipular a la gente… Y dejen de justificar la elección de una persona que no ha hecho nada y necesitan a alguien que  no haya hecho nada, y necesitan que sea cómplice, que guarde silencio, una persona genuflexa, que solo diga que sí, porque un verdadero procurador de derechos humanos no le importa quién esté en el poder, va a velar por la gente, le guste o no le guste al gobierno, aquí nadie está defendiendo mareros, estamos hablando por el salvadoreño de bien».

    Luego, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, dijo que «la mayoría manda» y que le dan cumplimiento de lo que «la ley dice», y que si «algunos les gusta y a otros no, pero se respetan los pensamientos, que no se comparten es otra cosa», defendió.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó el uso de la palabra para recalcar que no se conocieron los expedientes completos de los candidatos sino solo un resumen.

    Ortiz pregunta por qué es la idónea

    La representante de Vamos dijo pidió a Nuevas Ideas explicar «las razones por qué la candidata reelecta es la más idónea. ¿Por qué esa persona ha hecho un gran trabajo según ustedes?».

    Rivas intervino y con celular en mano aseguró que hay un video en «donde están los expedientes de los candidatos», «hasta la foto», dijo. La diputada Ortiz no le respondió.

    Finalmente, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la reelección de la procuradora, quien fue reelecta en el cargo con 57 votos a favor y tres en contra. La funcionaria fue juramentada por el diputado Castro.

  • Diputada Ortiz critica falta de debate en aprobación de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos

    Diputada Ortiz critica falta de debate en aprobación de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos

    La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, cuestionó este martes a sus colegas de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, tras la aprobación del dictamen favorable del proyecto de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), sin que —según denunció— se realizara una discusión técnica y detallada de sus 64 artículos.

    Durante la sesión de la comisión, la diputada expuso su inconformidad luego de que la comisión recibiera a representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Centro Nacional de Registros (CNR), quienes brindaron una breve exposición del proyecto, orientado a atraer a inversionistas con capitales mayores a $250,000.

    “Se acaba de leer un dictamen, pero no se han discutido los artículos de la ley. Esta es una mala práctica que se ha vuelto común en esta Comisión: aprobar dictámenes sin un debate real ni técnico”, expresó Ortiz.

    La legisladora insistió en que el papel de los diputados debe ir más allá de “leer leyes y aprobarlas sin analizarlas”, y acusó a la mayoría oficialista de bloquear deliberadamente los espacios de discusión necesarios para comprender el alcance y los impactos de la legislación.

    “Esto no es representar al pueblo. Es ocultar información al debate público y tomar decisiones bajo un velo que excluye a la ciudadanía”, añadió.

    Ortiz también invocó los artículos 41 y 42 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que obligan a garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios y asegurar procesos legislativos transparentes y ordenados.

    La respuesta de la diputada Dania González, presidenta de la Comisión, fue escueta. Agradeció los comentarios de Ortiz y dijo que “se toma nota”, antes de proceder a someter el dictamen a votación.

    Con mayoría de votos del bloque oficialista, el dictamen favorable fue aprobado y será conocido por el pleno legislativo este miércoles 15 de octubre.

    ¿Qué es la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF)?

    La iniciativa busca atraer inversionistas sofisticados que puedan asumir proyectos de riesgo en sectores como energía, tecnología y bienes raíces.

    Establece requisitos mínimos de inversión de $250,000 y una supervisión indirecta por parte del Banco Central de Reserva (BCR) y la SSF, aunque no incluye estos fondos dentro del sistema financiero formal.