Legisladores y comentaristas en los medios de comunicación incrementan la presión sobre la Administración de Donald Trump para que haga público el video del segundo ataque que acabó con la vida de los supervivientes de un bombardeo momentos antes contra una lancha que supuestamente transportaba drogas en el mar Caribe, el pasado 2 de septiembre.
Trump, quien aseguró la semana pasada que el Pentágono publicaría las imágenes del segundo bombardeo, negó este lunes haber hecho tal afirmación y dejó la decisión en manos del secretario de Guerra de su Gobierno, Pete Hegseth.
«Yo no dije eso, son noticias falsas de la cadena ABC», afirmó tras ser cuestionado por la divulgación del vídeo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. «Lo que quiera hacer Hegseth me parecerá bien», añadió.
Trump insistió en que con cada embarcación que las Fuerzas Armadas derriban «se salvan 25.000 vidas de ciudadanos estadounidenses».
La Administración Trump difundió en su momento las imágenes del primer ataque contra la embarcación, pero no las del segundo ataque contra los supervivientes.
Congresistas demócratas anunciaron este lunes estar trabajando en una legislación que obligaría al jefe del Pentágono a compartir dichas imágenes.
Se espera que la Cámara de Representantes, con una ajustada mayoría republicana, vote el proyecto de ley esta semana.
Tras la visualización de las imágenes a puerta cerrada, varios legisladores describieron los acontecimientos como «profundamente inquietantes».
Este sábado, Hegseth, quien sostiene que no supervisó esa operación sino el almirante Frank Bradley, expresó su preocupación por la posibilidad de que la publicación del video exponga fuentes y métodos vinculados a una operación en curso.
Este ataque ha puesto en tela de juicio la campaña militar ordenada por Trump en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Desde que el Comando Sur de Estados Unidos inició el operativo ‘Lanza del Sur’ han hundido más de 22 lanchas adjudicadas a organizaciones criminales sin presentar pruebas y acabado con la vida de 80 tripulantes.
Miles de venezolanos se han visto obligados a modificar sus planes de viaje debido a la suspensión de vuelos internacionales hacia y desde Venezuela. Esta situación ha generado un aumento de desplazamientos por tierra hacia la frontera con Colombia, donde los viajeros buscan alternativas para continuar sus trayectos hacia otros destinos, especialmente en Europa y Suramérica.
En el estado Táchira, fronterizo con Colombia, los aeropuertos General Cipriano Castro, en San Antonio del Táchira, y Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, en Santo Domingo, se han convertido en puntos clave para quienes intentan llegar a Cúcuta y desde ahí volar a otras ciudades. Estos cambios se deben a la cancelación de itinerarios por parte de al menos 12 aerolíneas, luego de que Estados Unidos advirtiera del riesgo de sobrevolar Venezuela y el Caribe, debido a su despliegue militar en la región.
Uno de los afectados fue José Castro, quien viajó desde el estado Nueva Esparta a Caracas, de allí a San Antonio del Táchira y luego por tierra hacia Cúcuta. Desde esa ciudad colombiana, tenía previsto abordar un vuelo con escala en Bogotá y destino final en Madrid. Pagó $972 por su pasaje, como muchos otros que optaron por salir del país a través de Colombia tras quedar varados por la suspensión aérea.
Durante su travesía, Castro enfrentó el cierre del Puente Internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo, bloqueado por una protesta de familiares de colombianos detenidos en Venezuela. Debido a esto, tuvo que trasladarse en taxi al puente ‘Tienditas’, ubicado a unos 10 kilómetros, para continuar su ruta hacia suelo colombiano.
En ese mismo punto estaban José y Paola, una pareja venezolana proveniente del estado Miranda. Ambos se dirigían a Medellín y pagaron aproximadamente $540 para llegar a su destino. “Intenté buscar vuelos directos desde Caracas hasta Medellín y no conseguí. Me tuve que venir a la frontera. Es más tiempo y uno se desgasta más”, comentó José.
El incremento del tránsito aéreo interno también ha beneficiado a los transportistas. Orlando Méndez, taxista del aeropuerto de San Antonio, confirmó que los traslados aumentaron considerablemente. Indicó que cobra $20 por transportar a los viajeros desde el aeropuerto venezolano hasta el de Cúcuta, en coordinación con conductores colombianos para facilitar el cruce fronterizo.
Ante la creciente demanda, aerolíneas nacionales como Estelar anunciaron la apertura de nuevas rutas. A partir del 8 de diciembre, habilitarán cuatro vuelos semanales entre San Antonio y Caracas, con itinerarios los lunes, miércoles, viernes y domingos, según lo informó Yionnel Contreras, presidente de la Cámara de Comercio de Táchira.
William Gómez, experto en temas fronterizos, señaló que los 26 vuelos programados esta semana en el Aeropuerto Cipriano Castro ya están vendidos en su totalidad, movilizando a unos 6,000 pasajeros. Además, proyectó que el flujo de viajeros podría alcanzar entre 12,000 y 14,000 personas en los próximos días, debido a la proximidad con el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, a solo 15 minutos por carretera.
El abogado colombiano Abelardo de la Espriella oficializó su aspiración a la Presidencia en 2026, respaldado por el movimiento Defensores de la Patria y con el apoyo del partido Movimiento de Salvación Nacional.
Con 47 años y sin trayectoria política, De la Espriella entregó esta semana 4.7 millones de firmas ante la Registraduría Nacional de Colombia para validar su candidatura. El penalista, conocido como “El Tigre” por sus seguidores, encabeza las preferencias dentro de la derecha colombiana según una encuesta reciente, donde alcanzó un 18.2 % de intención de voto, solo superado por el izquierdista Iván Cepeda con 31.9 %.
“Tengo perfectamente claro que tengo el fervor del pueblo colombiano que me impulsa a seguir adelante para hacer lo que corresponde y direccionar el destino de esta patria que se merece estar en un sitial de grandeza”, manifestó el candidato.
De la Espriella plantea su campaña como una cruzada contra el proyecto de izquierda del presidente Gustavo Petro y de su posible sucesor, Iván Cepeda. Asegura que dejará su vida empresarial “idílica” para “construir una Colombia libre de tiranos, de odios, de divisiones y de esas fantasías ideológicas que tanto dolor causan”.
Inspirado en el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien comparte similitudes ideológicas y de imagen, promete aplicar “mano de hierro” contra el crimen, la corrupción y la impunidad, al tiempo que promete proteger a los “colombianos buenos y trabajadores”.
Abelardo de la Espriella ha construido una imagen pública poderosa como abogado mediático. Defendió a personajes como Álex Saab y David Murcia Guzmán, pero también llevó casos de alto impacto social, como el de Rosa Elvira Cely y Natalia Ponce de León, por los cuales logró condenas ejemplares y la creación de nuevas leyes.
Fuera de los tribunales, ha capitalizado su fama con una marca personal que incluye una línea de ropa, vinos, ron y sombreros, todos bajo su sello “De la Espriella Style”. Además, ha grabado dos discos como tenor, con clásicos italianos y canciones internacionales, reafirmando su pasión por Italia, país del que también es ciudadano junto a Estados Unidos.
Casado y padre de cuatro hijos, reparte su vida entre Florencia y Miami, mientras se prepara para una campaña electoral que podría convertirlo en el nuevo rostro de la derecha radical colombiana.
Una treintena de países registran este sábado manifestaciones en favor de la libertad en Venezuela, con un reclamo que quiere transformar el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora María Corina Machado en un «megáfono global» que dé voz a la lucha de los venezolanos por la democracia.
Las distintas protestas tendrán lugar cuatro días antes de la ceremonia de entrega de estos galardones, que en el caso de la activista venezolana reconoció su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su combate en favor de una transición justa.
La web elnobelesnuestro.com, que canaliza las marchas convocadas para este sábado, precisa que habrá manifestaciones en España, Francia, Italia, el Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil, Argentina, Perú o Colombia, entre otras naciones. En Venezuela no hay prevista ninguna.
Solo en España están previstas concentraciones en 24 ciudades, incluidas Madrid y Barcelona.
«Mientras el régimen intenta silenciar el logro dentro del territorio, la diáspora venezolana será el motor para amplificar el mensaje en el mundo: Venezuela sigue viva, organizada y decidida», dicen los organizadores en un comunicado.
El Nobel de la Paz, según destacan, «no es solo un reconocimiento para María Corina Machado; es un homenaje al pueblo venezolano que ha resistido con valentía y esperanza», y demuestra que la libertad en Venezuela «es una causa universal».
Este jueves, Machado invitó a sus connacionales a sumarse a esas protestas, subrayando que cada antorcha, cada vela y cada luz que se encienda en las mismas «va a ser un grito por la paz y por la libertad en Venezuela».
Desde ‘El Nobel es nuestro’ se reivindica que su movimiento nació como símbolo de que el reconomiento a la exdiputada por parte del Comité Noruego «no pertenece a una persona, sino a un país entero que lucha por su libertad».
En concreto, la campaña de las movilizaciones previstas este sábado incide en que el Nobel de la Paz es también de los centenares de «presos políticos» que hay en Venezuela.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por legalidad de estas operaciones militares de la Administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.
El ataque, que habría sucedido hoy mismo, fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva ‘Lanza del Sur’ y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como «narcoterroristas» por el Ejército.
La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo.
Las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote en esta ocasión.
Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.
Trump aseguró esta semana que se preparan para iniciar operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico.
La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 80 muertos y levantado acciones legales por posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses.
El operativo de las autoridades salvadoreñas contra una red de falsificación de visas de trabajo hacia Estados Unidos que dejó seis capturados en el país, formó parte de operativos simultáneos en El Salvador, Colombia, Ecuador y distintas ciudades estadounidenses, dejando un saldo de 19 personas arrestadas, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La red engañó a miles de personas de Centro y Sudamérica que buscaban emigrar legalmente, defraudándolas con más de $2.5 millones.
Las autoridades estadounidenses detallaron que cinco de los capturados enfrentan cargos federales en Florida por participar en una operación criminal de cuatro años basada en fraude migratorio, lavado de dinero y usurpación de funciones públicas.
Los acusados enfrentan cargos por conspiración para delinquir, lavado de dinero y falsificación de sellos e insignias oficiales. Dos fueron arrestados en territorio estadounidense —uno en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas, Texas—, mientras que otros tres fueron capturados en Medellín, Colombia. Uno de los implicados continúa prófugo.
El fraude consistía en convencer a las víctimas, mediante sitios web y páginas falsas en redes sociales, de que estaban tramitando visas legales para trabajar en Estados Unidos. Como parte del engaño, consultores o “asesores” llamaban desde call centers clandestinos ubicados en Medellín para simular un proceso legítimo. Incluso, hacían videollamadas haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses.
Durante estas interacciones, mostraban documentos falsificados como supuestas aprobaciones de visas y permisos laborales con sellos clonados de agencias oficiales. A las víctimas se les exigía transferencias internacionales para cubrir “gastos consulares”, que iban desde $50 hasta $90,000, según la investigación.
El Departamento de Estado estima que la red afectó a más de 7,000 personas en al menos 15 países. Cerca de 700 víctimas ya han sido entrevistadas por agentes estadounidenses.
Los operativos en El Salvador ocurrieron en los departamentos de San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán, indicó la FGR. Foto FGR.
Las capturas en El Salvador
En El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de seis personas vinculadas a la red, durante allanamientos realizados en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán. Las autoridades salvadoreñas identificaron a los detenidos como René Moisés Melara Reyes, Brenda Abigaíl Martínez Miranda, José Adán Quintanilla Villalta, Yensi Guillermina Quevedo Núñez, Carlos Alberto Velásquez Amaya y José Antonio Méndez Arévalo.
Según la FGR, esta estructura contactaba a víctimas mediante redes sociales desde 2021, ofreciendo visas de trabajo falsas supuestamente vinculadas a proyectos en EE.UU. Les prometían toda la documentación requerida para viajar sin obstáculos, solicitándoles pagos a cuentas bancarias en Estados Unidos. Al menos 45 víctimas salvadoreñas ya fueron identificadas.
En Colombia y Ecuador también actuaron
En Colombia, las autoridades arrestaron a tres implicados en Medellín y allanaron tres centros de llamadas ilegales. Entre los detenidos están Edwin Correa-David, Andrés y Julián Giraldo-Ospina, Esteban Robledo-Correa (aún prófugo), Danna Porras-Marín y Viviana Urrego-Rojas. Ellos coordinaban desde la creación de los sitios web hasta el manejo de los fondos recibidos.
En Ecuador, las fuerzas policiales ejecutaron arrestos en cinco ciudades, deteniendo a ocho personas vinculadas a las operaciones locales del esquema, además de allanar dos inmuebles clave en la red de lavado de dinero.
Apoyo internacional coordinado
La operación fue liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Estado (DSS), la Oficina de Investigaciones del USAID (OIG), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI), y fiscalías de Colombia, Ecuador y El Salvador.
“Estos acusados se hicieron pasar por funcionarios estadounidenses para enriquecerse a costa de personas que buscaban viajar legalmente a nuestro país”, declaró Matthew Galeotti, fiscal del Departamento de Justicia. “Vamos a perseguir sin descanso estos esquemas que socavan nuestras leyes migratorias”.
El Departamento de Estado habilitó el correo FakeVisaVictim@state.gov para que posibles afectados presenten sus denuncias.
TikTok se convirtió en la principal herramienta de reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia por parte de los grupos armados ilegales, con videos que alcanzan las 200.000 visitas y registran más de 76.000 interacciones, reveló un estudio publicado este miércoles por la ONG Vivamos Humanos.
El reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes se lleva a cabo a través de plataformas como TikTok, que es la principal red social para captarlos, así como por Facebook, Telegram, Instagram e incluso aplicaciones de videojuegos como Roblox, dice el estudio de reclutamiento digital ‘El algoritmo en el conflicto armado’.
TikTok fue la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión «masiva» de los videos en esta aplicación, las «pocas restricciones» en el contenido y la facilidad de búsqueda a través de etiquetas o palabras clave relacionadas con los grupos armados.
El estudio también identificó 40 casos documentados con «evidencia directa» en TikTok, así como 70 cuentas presuntamente relacionadas con estas organizaciones criminales, «inferidas a partir de las interacciones en los comentarios».
La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) de la organización, Lina Mejía, afirmó, al presentar el estudio, que identificaron «falencias estructurales graves como la inexistencia de canales de denuncia» para este tipo de casos.
La experta añadió que en muchos casos, aunque el contenido sea reportado, este «continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más».
Los grupos que más utilizan las redes sociales para reclutar menores son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
En cuanto a las regiones más afectadas por esta modalidad de reclutamiento, la organización, que no precisó cifras, indicó que la mayoría de casos suceden en zonas de conflicto como los departamentos de Norte de Santander, ubicado en el noreste del país y fronterizo con Venezuela, y Putumayo, Nariño y Cauca, en el suroeste.
Esta modalidad también es utilizada en los departamentos caribeños de Bolívar, Magdalena y Cesar.
Liderazgos perdidos
En la presentación también intervino el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, quien afirmó que «los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos» del Gobierno contra los grupos armados.
Por otra parte, la organización apuntó que esta «nueva forma de violencia (el reclutamiento), que opera en silencio», se ha convertido en «uno de los retos humanitarios más urgentes del país».
«La pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales», añadió Vivamos Humanos.
El estudio detectó dos modalidades principales de reclutamiento a través de las redes sociales: la primera, mediante ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, y la segunda, que se desarrolla a través de «engaños y otras formas de captación», como la utilización de correos humanos para efectuar esta «vinculación forzada».
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por los grupos armados.
La sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña que llevó al presidente colombiano, Gustavo Petro, al poder en 2022 desató este jueves una oleada de reacciones políticas que profundizó la tensión institucional en vísperas del comienzo del ciclo electoral de 2026.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue la primera figura del Gobierno en reaccionar, acusó al organismo electoral de actuar con «animadversión» contra el mandatario.
Benedetti consideró «muy sospechoso» que la decisión se haya tomado «ad portas de las elecciones del 2026» en las que se elegirá Senado y Cámara de Representantes el 9 de marzo, mientras que la primera vuelta de las presidenciales será el 31 de mayo.
El fallo del CNE determinó que la campaña superó los límites de financiación y omitió reportar aportes de sindicatos y partidos, lo que llevó al organismo a imponer multas al entonces gerente de campaña de Petro y actual presidente de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, a otros dos funcionarios, y a dos partidos de la coalición oficialista.
En el caso de Roa, al igual que la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aydée Mogollón, deberán pagar solidariamente una multa superior a 5.900 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares).
Por otra parte, Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) fueron sancionadas «de manera individual y con multa equivalente a 583 millones» de pesos (unos 155.000 dólares).
«Un acto contra la democracia»
La UP rechazó con dureza el fallo, que calificó como «un acto político contra la democracia».
En un comunicado, el partido argumentó que las cuentas de la campaña habían sido aprobadas mediante resoluciones del propio CNE y que cualquier intento posterior de invalidarlas tendría que hacerse por vía de lesividad, «el único procedimiento legalmente previsto».
Las irregularidades en la campaña de Petro fueron denunciadas en febrero de 2023 mediante una queja anónima, lo que llevó al CNE a abrir la investigación, algo que criticó ese partido pues «fue presentada fuera del plazo legal de 30 días posteriores a la elección presidencial», lo que, aseguraron, dejaría al CNE sin competencia para abrir un proceso sancionatorio de este tipo.
Además, cuestionó la solidez de las pruebas aportadas y afirmó que las sanciones desconocen precedentes administrativos.
La UP anunció que acudirá a instancias judiciales e internacionales para revertir la decisión, que considera un intento por «deslegitimar la voluntad popular» expresada por los ciudadanos colombianos en las elecciones de 2022.
Por su parte, la presidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez, se sumó a las críticas de la UP en un video difundido en X en el que expresó que el CNE busca «atacar al presidente y afectar al Pacto Histórico (coalición oficialista) en plena época electoral».
Críticas de la oposición
Por su parte, la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila, una de las voces más críticas del Gobierno, dijo en X que «violar topes de una campaña es corrupción» y aseguró que «Petro llegó así a la presidencia» y «así ha gobernado».
La también precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó que confía en que «de una vez por todas las autoridades competentes tomen cartas en el asunto».
Petro todavía no se ha pronunciado y por este caso está siendo investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, debido a su fuero presidencial.
Más de 1,200 menores fueron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, una cifra que representa un aumento del 300 % en un período de cinco años, según advirtió este jueves la representante de Unicef, Tanya Chapuisat, durante un evento por el Día Mundial de la Infancia celebrado en Bogotá.
La funcionaria indicó que solo en 2024 se han verificado 453 casos de reclutamiento infantil, lo que equivale a que cada 20 horas, en promedio, un niño, niña o adolescente es captado por estructuras armadas.
«Cada año estamos verificando los casos de niños reclutados y vemos que los números van aumentando», expresó Chapuisat, al recordar que estos datos apenas reflejan los casos que han podido ser confirmados.
Los departamentos más afectados son Cauca, Nariño, Antioquia y Chocó, en la costa pacífica y oeste del país, así como Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. La violencia, la pobreza y el abandono institucional son factores que han permitido la permanencia de estas prácticas, según detalló Unicef.
Julien Hayois, especialista de protección del organismo, explicó que el reclutamiento infantil no solo implica el alejamiento forzoso de los menores de sus escuelas y comunidades, sino también graves violaciones a sus derechos. “Son sacados de sus colegios y comunidades, y llevados a la guerra; y una vez en los rangos de los grupos armados sufren grandes violaciones basadas en género o malos tratos y pierden su libertad”, declaró.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, asumió recientemente la responsabilidad política por bombardeos contra el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, en los que murieron al menos 12 menores. Aunque pidió perdón a las familias, afirmó que los ataques se ejecutaron bajo el cumplimiento del derecho internacional, pues, según él, el Ejército desconocía la presencia de menores en el lugar.
En el marco del Día Mundial de la Infancia, la ONU y la Embajada de Canadá lanzaron la campaña “Desarma tu indiferencia”, con el fin de generar conciencia en la sociedad colombiana y buscar soluciones para erradicar esta forma de violencia contra la niñez.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia tomar «medidas adicionales» contra los carteles del narcotráfico en México, dijo este jueves la Casa Blanca, que a su vez alabó al Gobierno de Claudia Sheinbaum por sus «avances históricos» en la lucha contra las drogas.
«Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los carteles. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico», expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.
«Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto», agregó la portavoz, quien dijo que el equipo de Seguridad Nacional de Trump «está analizando estas opciones constantemente».
Los comentarios de la Casa Blanca llegan después de que el lunes Trump afirmara que no está «contento» con México por el combate al narcotráfico y dijera que no descarta un ataque contra los carteles dentro de territorio mexicano.
«¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien», expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: «No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo».
Esas palabras recibieron el rechazo de Sheinbaum, quien el martes negó cualquier posibilidad de una intervención militar estadounidense dentro de territorio mexicano.
«Le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero», apuntó la mandataria en su conferencia diaria.
Esta polémica se produce en medio del operativo Lanza del Sur que la Administración de Trump realiza para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, argumento utilizado para destruir una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, en las que han muerto más de 80 personas.
