El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció dl viernes el cierre de las mesas de diálogo y los espacios de interlocución sociojurídica que permanecían activos como parte de la política de “paz total” impulsada por el anterior Gobierno de Gustavo Petro.
El mandatario comunicó varias resoluciones para finalizar esos procesos y sustituir la estrategia de negociación por mecanismos de sometimiento a la Justicia.
«Con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación socio-jurídica en el marco de la mal llamada paz total del Gobierno Petro», afirmó De la Espriella.
Entre las medidas figura el cierre de las conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, estructura separada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Ejecutivo también retiró el reconocimiento oficial a los negociadores designados durante la administración anterior para participar en ese proceso.
El Gobierno puso fin además al espacio de conversación sociojurídica con organizaciones armadas y criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como el ‘Tarimazo’, y retiró la acreditación de Isabel Zuleta López como negociadora. De la Espriella cuestionó la política anterior al referirse a «semejante nombre rimbombante para una farsa tan grande».
Las resoluciones serán remitidas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para reactivar las actuaciones judiciales contra integrantes de las estructuras involucradas.
«Estas decisiones se van a comunicar al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación Para que se reactiven contra todos estos delincuentes las respectivas órdenes de captura Por supuesto las extradiciones que las vamos a acelerar y demás situaciones jurídicas a las que haya lugar», especificó el presidente.
De la Espriella aseguró que su administración no mantendrá negociaciones con las organizaciones que considera criminales y resumió su nueva política de seguridad con la afirmación: «El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales».
La decisión profundiza el cambio de estrategia respecto a la administración de Petro.
El nuevo rumbo se suma a medidas adoptadas a finales de agosto contra otros grupos que participaron en procesos de diálogo, entre ellos el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los acercamientos promovidos desde 2022 atravesaron crisis, suspensiones y rupturas, principalmente con el ELN y sectores de las disidencias de las FARC.
De la Espriella, quien asumió la Presidencia el 7 de agosto, había prometido durante su campaña modificar la política de paz y seguridad de su antecesor. Su Gobierno apuesta ahora por ejecutar las órdenes judiciales y perseguir a integrantes de las organizaciones afectadas por las resoluciones. «Se acabaron las concesiones a los delincuentes. La autoridad legítima jamás volverá a claudicar», sentenció.
