Etiqueta: corrupción

  • El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que un total de 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca González pasaron a manos del Estado salvadoreño.

    Según las autoridades fiscales, los bienes recuperados están valorados en aproximadamente $9.6 millones y fueron obtenidos a través de un proceso de extinción de dominio contra estructuras utilizadas para el desvío de fondos públicos.

    Las investigaciones determinaron que el exmandatario utilizó siete sociedades fachada para desviar recursos del Estado entre 2004 y 2009, durante su administración presidencial.

    De acuerdo con la Fiscalía, el dinero sustraído fue utilizado para adquirir propiedades en zonas exclusivas de los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.

    El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para el lavado de dinero.

    Foto de archivo del expresidente Antonio Saca durante el juicio en su contra en 2018. DEM

    Saca González se convirtió en 2018 en el primer expresidente salvadoreño condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción tras declararse culpable en un proceso judicial.

    En ese caso, el exmandatario fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de peculado y recibió una pena similar por lavado de dinero.

    Durante el juicio, Saca confesó que su administración implementó un esquema para apropiarse de $300 millones provenientes de fondos públicos, recursos que posteriormente fueron invertidos en empresas y en la compra de al menos 28 propiedades.

    En 2019, el exgobernante también fue condenado a dos años de prisión tras admitir que pagó $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil que la Fiscalía seguía en su contra y contra su exsecretario privado, Élmer Charlaix.

     

  • Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar a hijo de Lula por corrupción

    Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar a hijo de Lula por corrupción

    El juez del Tribunal Supremo de Brasil, André Mendonça, autorizó a petición de la Policía Federal, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y de las comunicaciones de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como ‘Lulinha’, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de una investigación por una presunta trama de corrupción en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

    La decisión trascendió este jueves, poco después de que la comisión parlamentaria de investigación en el Congreso aprobara una medida similar impulsada por la oposición. El caso forma parte de la llamada operación ‘Sin Descuento’, que indaga un supuesto esquema de malversación de fondos públicos.

    La Policía Federal sostuvo ante el magistrado que ‘Lulinha’ figura como posible beneficiario en una de las fases de la investigación. Según un extracto del expediente, los datos recopilados “sugieren la posible participación de Fábio Lula en acciones destinadas a promover los proyectos empresariales” del presunto líder de la trama, Antonio Camilo Antunes, quien ya fue detenido.

    No obstante, la propia investigación aclara que las menciones al hijo del mandatario provienen de terceros y que, hasta el momento, no existe evidencia directa de su participación en los hechos. La cadena Globo indicó que el expediente no establece pruebas concluyentes contra él.

    La oposición utilizó el avance de la investigación policial para respaldar su solicitud en el Congreso, que fue aprobada en medio de fuertes intercambios y momentos de tensión, incluso con empujones entre legisladores. Por su parte, aliados del Gobierno calificaron la medida como un intento de afectar la imagen del presidente Lula a pocos meses de las elecciones presidenciales.

    Hace unas semanas, Lula reveló en una entrevista al portal UOL que conversó con su hijo sobre el caso y le advirtió que “pagaría el precio” si estuviera implicado. “Que se investigue lo que se tenga que investigar”, expresó el mandatario.

    “Cuando salió el nombre de mi hijo, le llamé y se lo dije a todo el mundo. Miré a los ojos de mi hijo y le dije, ‘solo tú sabes la verdad. Si tienes alguna cosa, vas a pagar el precio por ello. Si no, defiéndete’”, relató el presidente.

    En la misma entrevista, Lula recordó que fue durante su gestión cuando se descubrió la presunta red de corrupción, la cual, según afirmó, se habría originado “años atrás” durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. Además, planteó que fuera su propio Gobierno el que impulsara la creación de una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer responsabilidades.

     

  • El nuevo presidente interino peruano es acusado en un juicio por corrupción

    El nuevo presidente interino peruano es acusado en un juicio por corrupción

    El presidente interino de Perú, José María Balcázar, deberá comparecer el próximo 16 de junio ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en un juicio donde es acusado de presuntamente haberse apropiado de fondos del Colegio de Abogados de esa región, institución que llegó a dirigir como decano. La audiencia fue programada desde el año pasado y coincide con el periodo en el que aún estará al frente del Gobierno de transición.

    Según confirmó el tribunal, Balcázar fue notificado del inicio del juicio el 5 de septiembre, por lo que conocía su situación procesal cuando se postuló para reemplazar al entonces presidente interino José Jerí, destituido por sospechas de tráfico de influencias. Al tratarse de hechos previos a su elección como congresista en 2021 y a su designación como jefe de Estado, la inmunidad del cargo no lo exime de enfrentar el proceso judicial.

    El mandatario es señalado por los delitos de apropiación de fondos, cambio de titularidad de cuentas en entidades financieras y defraudación de persona jurídica. Horas antes de su nombramiento, el Colegio de Abogados de Lambayeque emitió un comunicado en el que exhortó al Parlamento a rechazar su candidatura y pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial iniciar el juzgamiento correspondiente, vetando su prescripción. La institución profesional lo expulsó previamente por este caso.

    Balcázar también fue juez provisional de la Corte Suprema de Justicia, cargo del que fue apartado tras anular una sentencia firme. Como abogado, defendió procesos vinculados a acusaciones de abusos sexuales a menores, según medios locales. En declaraciones recientes, el presidente interino desestimó las acusaciones en su contra y las calificó de “leyendas negras”, al asegurar que los señalamientos estaban archivados, aunque ahora se confirmó la continuidad del proceso judicial.

    El juicio añade presión política al Gobierno transitorio en Perú, en un contexto de cuestionamientos a la ética pública y a la estabilidad institucional del país andino.

     

  • José Jerí, a punto de sumarse a la lista de presidentes peruanos destituidos

    José Jerí, a punto de sumarse a la lista de presidentes peruanos destituidos

    El presidente interino de Perú, José Jerí, enfrentará el próximo martes en el Congreso varias mociones de destitución, en un escenario político marcado por la cercanía de las elecciones generales del 12 de abril y tras cuatro meses de gestión transitoria rodeados de controversias.

    Jerí, de 38 años, asumió la Presidencia el 10 de octubre en su calidad de titular del Congreso, luego de que el Parlamento destituyera a Dina Boluarte (2022-2025), quien había reemplazado al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022). El abogado, militante del partido derechista Somos Perú, llegó al Legislativo en 2021 tras la inhabilitación de Martín Vizcarra (2018-2022) y, en pocos meses, pasó de congresista a presidente del Congreso y posteriormente jefe de Estado.

    Su ascenso estuvo marcado por polémicas, entre ellas una denuncia de violación presuntamente ocurrida a finales del año pasado, que fue archivada por el fiscal general interino, Tomás Gálvez, semanas antes de su elección como titular del Parlamento. También enfrentó señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, tras acusaciones de haber cobrado dinero para impulsar proyectos de ley cuando presidía la Comisión de Presupuesto.

    Durante sus primeras semanas buscó diferenciarse de su antecesora, destituida por “permanente incapacidad moral” para enfrentar el crimen organizado, principal preocupación ciudadana de cara a los comicios.

    Jerí impulsó medidas de seguridad inspiradas en el llamado “modelo Bukele”, con intervenciones en cárceles, exhibición de reos bajo control policial y declaración de estado de emergencia, lo que elevó su popularidad por encima del 50 % inicialmente.

    Sin embargo, su imagen se deterioró tras revelarse reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, algunos contratistas del Estado, entre ellos Zhihua ‘Johnny’ Yang. También se cuestionaron contrataciones de funcionarias que sostuvieron encuentros privados con el mandatario en el Palacio de Gobierno. Estos hechos provocaron que distintas bancadas busquen distanciarse del presidente interino en un contexto político inestable, donde Perú ha tenido siete mandatarios en la última década.

     

  • La corrupción global se agudiza y alcanza a las democracias consolidadas

    La corrupción global se agudiza y alcanza a las democracias consolidadas

    La corrupción ha empeorado en la mayoría de países del mundo, incluyendo democracias consolidadas de Europa y Norteamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, presentado este martes.

    El reporte muestra que el promedio global descendió por primera vez en más de una década, ubicándose en apenas 42 puntos de 100, siendo cero el nivel más alto de corrupción y cien el mejor.

    Por octavo año consecutivo, Dinamarca encabeza el ranking con 89 puntos, seguida de Finlandia (88) y Singapur(84). Desde 2012, solo 31 países han logrado avances importantes, entre ellos Estonia (76), Corea del Sur (63) y Seychelles (68).

    No obstante, 122 de las 182 naciones evaluadas registran puntuaciones por debajo de 50, lo que indica una débil gestión del fenómeno. Además, el número de países con calificaciones superiores a 80 se redujo drásticamente, de 12 hace diez años a solo cinco en la actualidad.

    “La ausencia de un liderazgo firme en la lucha mundial contra la corrupción debilita la acción internacional y amenaza con reducir la presión para impulsar reformas”, advirtió la organización.

    Transparencia Internacional alertó sobre una tendencia preocupante: el deterioro de la percepción anticorrupción en democracias como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia.

    Estados Unidos obtuvo 64 puntos, su peor puntuación histórica, mientras Canadá cayó a 75 y Nueva Zelanda a 81. También bajaron Reino Unido (70), Francia (66) y Suecia (80). España registró 55 puntos, un descenso frente a los 56 alcanzados en 2024.

    Desde 2012, 50 países han experimentado caídas significativas, entre ellos Turquía (31), Hungría (40) y Nicaragua (14). En contraste, solo siete naciones europeas han mejorado de forma notable, mientras que trece han retrocedido considerablemente.

    Los países peor evaluados siguen siendo Sudán del Sur (9), Somalia (9) y Venezuela (10), caracterizados por altos niveles de represión y crisis institucional.

    Juventud protesta y se reduce el espacio cívico

    En 2024 se registró un aumento de protestas lideradas por jóvenes, especialmente en países como Serbia (33) y Perú (30), donde los manifestantes exigieron mayor transparencia y servicios públicos de calidad.

    En Nepal (34) y Madagascar (25), dichas movilizaciones derivaron incluso en la caída de gobiernos.

    La ONG también alertó sobre el retroceso de libertades fundamentales. Desde 2012, 36 de los países con mayor descenso en el IPC también han restringido la libertad de prensa y el trabajo de la sociedad civil. En ese periodo, 150 periodistas que investigaban casos de corrupción han sido asesinados fuera de zonas de conflicto.

    El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, instó a los gobiernos a rendir cuentas y reforzar los sistemas democráticos.

    “Existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común, desde procesos democráticos y mecanismos de supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta”, sostuvo.

    Y concluyó: “En un momento en que observamos un peligroso desprecio de las normas internacionales por parte de algunos Estados, hacemos un llamamiento a los líderes para que actúen con integridad y estén a la altura de sus responsabilidades”.

     

  • El Salvador mejora dos posiciones en Índice de Corrupción pero señalan declive en transparencia y libertades 

    El Salvador mejora dos posiciones en Índice de Corrupción pero señalan declive en transparencia y libertades 

    El Salvador mejoró dos puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado este martes por la organización Transparencia Internacional (TI), sin embargo, el informe advierte que el país experimenta un retroceso en materia de transparencia y libertades cívicas.

    El IPC clasifica a 182 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público.

    En el informe, El Salvador pasó del puesto 30 que tenía en 2024 al puesto 32, sin embargo, TI critica que “las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno”.

    La organización señala que El Salvador, junto con Ecuador (33 puntos), muestra señales de deterioro en cuanto al respeto de las libertades cívicas. Las leyes que obstaculizan el acceso de las ONG a fondos, así como el ambiente de hostilidad hacia medios de comunicación independientes, han reducido la capacidad de supervisión ciudadana.

    Diversas organizaciones locales e internacionales han criticado en El Salvador la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, por considerarla “una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas”.

    Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se ha convertido en el principal indicador mundial sobre la corrupción en el sector público. Utiliza 13 fuentes externas —como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y firmas de evaluación de riesgo— que recopilan percepciones de expertos y empresarios.

    En el contexto regional, la puntuación promedio de América es de apenas 42 sobre 100. Doce de los 33 países han empeorado significativamente desde 2012, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras notables.

    TI señala que “años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional”, afectando los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.

    Costa Rica es el país mejor calificado de la región, con una posición 56 en el ranking. En el extremo opuesto, Guatemala y Honduras están en la posición y 26 y 22 respectivamente, mientras que Nicaragua ocupa el puesto más bajo con 14.  Venezuela se ubica como el país peor evaluado de toda América, con una puntuación de apenas 10.

     

     

  •  Cardenal hondureño pide a Asfura priorizar migrantes y combatir la corrupción

     Cardenal hondureño pide a Asfura priorizar migrantes y combatir la corrupción

    El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry «Tito» Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones contribuyen a incrementar la pobreza en el país centroamericano.

    “Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el cardenal este domingo, al hacer un llamado público al mandatario, tras su reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Rodríguez recordó que cerca de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, muchos de los cuales sostienen la economía nacional a través del envío de remesas. Por ello, pidió buscar soluciones concretas para este sector vulnerable.

    Durante su visita en Miami, Asfura aseguró a periodistas que abordó con Trump temas relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), además de inversión y política arancelaria.

    “Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, dijo el mandatario, quien tomó posesión el pasado 27 de enero.

    Rodríguez también hizo un fuerte llamado a combatir la corrupción, a la que definió como un “mal endémico” que ha mantenido al país postrado durante décadas.

    “La corrupción nos ha tenido postrados por años, no simplemente por un gobierno, dos o tres gobiernos, es un mal endémico que hay que tratar de echar fuera”, sostuvo.

    El líder religioso señaló que, para atraer inversión extranjera, el gobierno debe garantizar un sistema judicial confiable y con aplicación efectiva de la ley. Además, recalcó que el cambio de país no puede lograrse en un período de cuatro años, sino con una visión a largo plazo.

    Finalmente, Rodríguez exhortó a las nuevas autoridades a guiarse por los principios del Evangelio y los mandamientos: “no robar, no mentir y no matar”. A su juicio, estos valores siguen siendo fundamentales para transformar a Honduras con justicia y esperanza.

     

  • Diputada hondureña Isis Cuéllar enfrentará arresto domiciliario por red de corrupción en fondos sociales

    Diputada hondureña Isis Cuéllar enfrentará arresto domiciliario por red de corrupción en fondos sociales

    La diputada hondureña Isis Cuéllar, perteneciente al Partido Libertad y Refundación (Libre), fue puesta este jueves bajo arresto domiciliario y suspendida de sus funciones legislativas, tras ser acusada de integrar una red de corrupción que habría desviado más de 227,900 dólares en fondos públicos destinados a proyectos sociales.

    La decisión fue tomada por un juez en Tegucigalpa a solicitud de la Fiscalía, que imputa a Cuéllar 67 delitos de fraude, como parte de una investigación que también involucra al exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, quien fue beneficiado esta semana con arresto domiciliario bajo vigilancia policial, según informó Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.

    La parlamentaria de izquierda se presentó de forma voluntaria ante el tribunal y niega los señalamientos, al igual que Cardona. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que ambos habrían actuado en «contubernio» con al menos una decena de excolaboradores para desviar más de seis millones de lempiras (unos 227,960 dólares) del Fondo de Administración Solidaria, mecanismo parlamentario aprobado para el período 2023–2025 y dotado con 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).

    Además del arresto domiciliario, Cuéllar tiene prohibido salir del país y mantener contacto con otros implicados, incluido Cardona.

    Fondos desviados a campañas

    Según la Fiscalía, los recursos fueron drenados a través de la emisión irregular de cheques, presuntamente con el objetivo de financiar actividades proselitistas del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre de 2025, ganados por Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

    El caso salió a la luz en junio de 2025, tras la renuncia de Cardona, motivada por la filtración de un vídeo en el que discutía con Cuéllar el presunto uso electoral de fondos públicos. Desde entonces, el escándalo ha salpicado a otras figuras políticas y ha derivado en una investigación más amplia.

    Más investigaciones abiertas

    El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó el martes que hay al menos dos líneas adicionales de investigación vinculadas al caso Sedesol. Entre ellas, una en el departamento de Copán (oeste), donde se detectó un supuesto «mecanismo de corrupción» para desviar fondos de asistencia social hacia fines no autorizados, lo que habría provocado un perjuicio económico al Estado hondureño.

    “Estos fondos fueron usados de forma discrecional, traicionando la confianza de la población”, señaló Zelaya, quien advirtió que el caso podría escalar con nuevas imputaciones en las próximas semanas.

     

  • Obispos de Honduras urgen reformas electorales y combate a la corrupción

    Obispos de Honduras urgen reformas electorales y combate a la corrupción

    La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) llamó este miércoles a las autoridades recién electas a implementar reformas electorales “consensuadas y transparentes”, y adoptar medidas eficaces contra la corrupción y la impunidad, en un contexto de alta expectativa ciudadana tras los comicios presidenciales.

    “Urgen reformas electorales consensuadas y transparentes”, expresaron los obispos hondureños en un comunicado. También exigieron el impulso de políticas orientadas al respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia.

    El pronunciamiento exhortó al nuevo gobierno a actuar “por el bien común” y evitar intereses “particulares u ocultos”. Además, los obispos pidieron “abrir caminos de sanación mediante el diálogo sincero y el respeto” en el país.

    La instalación del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura desde el pasado 27 de enero, ocurrió bajo un clima mixto de esperanza y dificultades, según la CEH.

    El proceso electoral del 30 de noviembre fue señalado por denuncias de fraude, presiones políticas sobre las autoridades electorales, y un conteo de votos que se prolongó durante un mes. Según la organización Human Rights Watch (HRW), al menos 13 personas murieron por hechos de violencia vinculados al proceso.

    HRW también destacó que el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Asfura, así como la amenaza de cortar ayuda financiera al país, fueron factores que llevaron a la entonces mandataria Xiomara Castro a declarar los comicios como “nulos”.

    Aunque misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) calificaron la jornada electoral como “pacífica”, HRW advirtió que el retraso en los resultados y la falta de salvaguardas frente al financiamiento ilícito socavaron la confianza ciudadana en el proceso.

     

  • Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    El periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022, exigió su libertad durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva bajo lo que calificó como un proceso lleno de irregularidades.

    “Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora, al denunciar que ha sido víctima de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” en el que la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.

    Durante la diligencia, su defensa aseguró que se han vulnerado derechos constitucionales al revocarse medidas sustitutivas con base en “premisas falsas”, entre ellas la supuesta escucha de audios por parte del Ministerio Público en audiencias en las que nunca estuvo presente. Su abogado, Francisco Vivar, acusó a las autoridades de manipular el proceso para mantenerlo detenido.

    Zamora también denunció condiciones inhumanas en la base militar Mariscal Zavala, donde guarda prisión. Afirmó que se le restringen visitas familiares sin previo aviso, se bloquea el ingreso de medicamentos y se aplican tratos “sádicos” a los internos, bajo órdenes arbitrarias del comandante de la base.

    El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta nuevas acusaciones, como una denuncia por discriminación interpuesta por la fiscal general, Consuelo Porras. El periodista sostuvo que su derecho a criticar a los funcionarios debe prevalecer y calificó la actitud de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, subrayó.

    La detención de Zamora ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —por supuesto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como “fabricados y espurios”. Su arresto ocurrió cinco días después de que su medio publicara señalamientos de corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.