El exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su esposa, Violeta Yanira Flores de Jenkins, fueron encontrados culpables este lunes del delito de enriquecimiento ilícito, según resolución emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
El fallo obliga a ambos a reintegrar $289,567.89 al Estado salvadoreño. Además, las magistradas ordenaron la inhabilitación de Jenkins por 10 años para ejercer cualquier cargo público, tras comprobarse un incremento patrimonial no justificado entre 2006 y 2010, período en que se desempeñó como titular de la institución.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó 14 movimientos financieros irregulares, como depósitos bancarios, pagos de préstamos, cancelaciones de tarjetas de crédito y otros abonos sin respaldo legal. De ese total, $282,149.94 corresponden únicamente al exfuncionario.
La Fiscalía General de la República respaldó el fallo y reiteró que los señalados no pudieron justificar el origen de los fondos, presuntamente obtenidos con dinero público durante su gestión al frente de Fosofamilia.
El proceso civil contra ambos se inició en mayo de 2025, y con esta resolución, se confirma la tesis fiscal y se sienta un precedente en el combate a la corrupción en la administración pública.
Bayardo Arce Castaño, quien fuera uno de los nueve históricos comandantes de la revolución sandinista y asesor en temas económicos de la Presidencia de Nicaragua, fue condenado este martes por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, junto a su asistente Ricardo Bonilla Castañeda, por un fraude al Estado nicaragüense que asciende a 4.961,9 millones de dólares.
La Procuraduría General de Justicia confirmó el veredicto, anunciando que ambos deberán enfrentar cargos por lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado.
Arce Castaño, de 76 años y uno de los sobrevivientes de los nueve comandantes de la revolución, fue detenido en julio pasado tras no presentarse a una cita para esclarecer su vinculación con «transacciones al margen del Estado». La sentencia del tribunal también incluye el decomiso de los bienes de los acusados.
El juicio reveló que Arce Castaño y Bonilla Castañeda operaron un esquema sofisticado de ocultamiento de fondos ilícitos, a través de sociedades mercantiles, cuentas bancarias y transacciones internacionales, lo que afectó gravemente la transparencia del sistema financiero del país. De acuerdo con la Procuraduría, los acusados emplearon 49 sociedades, 35 de las cuales estuvieron activas en la canalización de flujos de capital provenientes de la evasión fiscal, y usaron países como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para realizar transferencias ilegales.
Ambos individuos fueron responsables de reclutar a terceros para que figuraran como testaferros, mientras ellos ocultaban la identidad de los verdaderos beneficiarios de las transacciones. Las autoridades también destacaron que los acusados utilizaron métodos como préstamos ficticios para disimular el origen de los fondos.
Arce Castaño, quien fuera jefe de campaña del presidente Daniel Ortega en 1990, ha tenido un papel destacado en la política nicaragüense, siendo asesor económico de la Presidencia desde 2007.
José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá (2019-2024), fue capturado este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, tras regresar de Guatemala. La captura fue ordenada por el Ministerio Público (MP), que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento injustificado.
Al ser arrestado, Carrizo se mostró desafiante ante los medios y afirmó: «Aquí estoy porque soy inocente», mientras era escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.
En un video difundido horas antes de su captura, Carrizo explicó que optó por no juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con sede en Guatemala, para evitar especulaciones sobre su situación legal. El cargo de diputado le otorgaría inmunidad ante la justicia ordinaria, lo que pudo haber complicado las investigaciones en su contra.
Carrizo, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), defendió su posición asegurando que enfrenta una «persecución política» y criticó que estuviera siendo investigado por más de tres fiscalías por la misma causa de enriquecimiento injustificado. La Fiscalía ha solicitado su comparecencia para responder por los señalamientos.
En octubre de 2025, la Contraloría General de Panamá ordenó el secuestro de ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a Carrizo, por un valor aproximado de 1,3 millones de dólares. El exvicepresidente presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Panamá para impugnar esta medida. En respuesta a las acusaciones, Carrizo afirmó que había entregado el 15 de enero de 2026 una auditoría forense ante la Contraloría que, según él, demostraba que no se había enriquecido de manera ilícita.
Carrizo, de 42 años, fue una de las figuras más visibles en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y su nombre ha estado vinculado a varios escándalos desde el inicio de la administración, especialmente durante la pandemia de la covid-19, cuando se cuestionó el manejo de los fondos destinados para enfrentar la emergencia sanitaria. En ese contexto, Transparencia Internacional destacó en 2021 que, debido al estado de emergencia, el gobierno de Cortizo se eximió de los controles regulares y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que alimentó las sospechas de corrupción.
Carrizo defendió el «manejo transparente» de los 1.457 millones de dólares aprobados para la pandemia, asegurando que los fondos fueron utilizados de forma adecuada.
La investigación en su contra sigue su curso y Carrizo tendrá que enfrentar a las autoridades judiciales para aclarar las acusaciones que pesan sobre él.
Catapultado a la primera vicepresidencia de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano dirigente del Ejército chino, en 2022, el general Zhang Youxia parecía inmune a las purgas que habían sacudido a la cúpula castrense en los últimos años. No lo era.
El sábado pasado, el Ministerio de Defensa de China sorprendió al anunciar que tanto Zhang como Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, estaban siendo investigados por «graves violaciones de la disciplina y de la ley», eufemismo habitual para referirse a delitos de corrupción.
Con este movimiento, el presidente Xi Jinping, quien también dirige la CMC, «consolida su poder y autoridad» sobre las Fuerzas Armadas y «asegura un alto grado de lealtad a su liderazgo» dentro del Ejército Popular de Liberación (EPL), una institución clave del sistema político chino que responde orgánicamente al Partido Comunista (PCCh).
«Xi probablemente considera que Zhang ha desarrollado una base de poder demasiado independiente dentro del EPL, lo que podría representar una amenaza para su autoridad. Por lo tanto, necesita destituir a Zhang para garantizar su control sobre el Partido y que el EPL se mantenga firme», asegura a EFE William Yang, analista sénior para el Noreste de Asia en International Crisis Group.
Las investigaciones abiertas sobre estos dos oficiales han terminado por trastocar la estructura de mando del EPL: de los siete miembros que tenía la CMC a finales de 2022, actualmente solo quedan dos, el propio Xi y Zhang Shengmin, vicepresidente segundo y jefe de la campaña anticorrupción del Ejército. Los demás han sido purgados.
Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) de China, asiste a una reunión en el Ministerio de Defensa en Hanói, Vietnam, el 24 de octubre de 2024. El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció el 24 de enero de 2026 que los altos oficiales militares Zhang y el general Liu Zhenli, jefe de Estado Mayor del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, han sido investigados por presuntas «graves infracciones disciplinarias y de la ley». EFE
Una purga diferente a las demás
Las pesquisas en torno a Zhang Youxia, de 75 años, son diferentes a las anteriores, no solo por tratarse del oficial uniformado de mayor rango en ser depurado hasta la fecha, sino por su estrecha vinculación personal y familiar con Xi -sus padres combatieron juntos en la guerra civil- y por su papel fundamental en las reformas militares lanzadas por el líder chino en 2015.
Zhang era, además, uno de los pocos generales que quedaban en China con experiencia real en combate, lo que probablemente llevó a Xi a promoverlo hasta la primera vicepresidencia de la CMC a los 72 años, cuatro por encima de la edad oficial de jubilación.
Sin embargo, en un editorial publicado el domingo, el principal periódico del EPL empleó un vocabulario muy duro para denunciar las presuntas irregularidades de Zhang, acusándolo de «debilitar gravemente la imagen y la autoridad» de la dirección de la CMC -es decir, de Xi- y de causar daños «extremadamente negativos» al Partido, al Estado y al EPL.
«El mero hecho de que Xi haya podido destituir a tantas élites del EPL desde que asumió el poder es una clara señal de que su posición en el régimen sigue siendo inquebrantable», afirma a EFE James Char, profesor asistente de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de Singapur.
¿Qué sucederá con Taiwán?
Las causas contra Zhang y Liu llegan a un año de dos hitos clave: el XXI Congreso del PCCh -que se celebra cada cinco años y en el que Xi buscará previsiblemente un cuarto mandato- y el centenario de la fundación del EPL, fecha para la que, según la inteligencia estadounidense, el líder chino habría ordenado que las Fuerzas Armadas estén preparadas para una posible contingencia sobre Taiwán.
La «reunificación» con esta isla, administrada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una «parte inalienable» del territorio chino, es una de las prioridades estratégicas de Xi, y las purgas no alterarán ese objetivo a largo plazo. En todo caso, podrían postergarlo brevemente.
«Probablemente Xi necesite algún tiempo para encontrar candidatos adecuados para las vacantes en la cúpula del EPL. Sin embargo, esto solo debe verse como un período temporal de calma en torno a la preparación del EPL para una eventual campaña contra Taiwán, en lugar de un retroceso fundamental», señala William Yang.
La incógnita ahora es qué perfiles escogerá Xi para dirigir los designios del Ejército más grande del mundo. Para Drew Thompson, exfuncionario del Departamento de Defensa de EE. UU., Zhang Youxia -a quien conoció en 2012- era el único oficial en servicio activo que podía brindarle al mandatario el «mejor y más objetivo asesoramiento» sobre las capacidades reales del EPL, incluyendo sus «deficiencias».
«Creo que (Zhang) podría evaluar objetivamente las capacidades militares de Estados Unidos y Taiwán y explicarle a Xi Jinping los riesgos y costes militares de una operación para tomar Taiwán», escribió Thompson este lunes en Substack. «Un adulador sin experiencia en combate le dirá a Xi lo que quiere oír», remató.
El presidente de Perú, José Jerí, enfrenta una investigación preliminar de la Fiscalía General por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, luego de revelarse una serie de reuniones no oficiales con Zhihua Yang, un empresario chino que mantiene contratos vigentes con el Estado peruano.
Jerí, quien asumió la presidencia hace apenas tres meses, fue captado por la prensa local ingresando de manera discreta, con capucha y gafas de sol, a un local clausurado propiedad de Yang en Lima. El encuentro, que no formaba parte de su agenda oficial, se realizó en un vehículo del Estado y ocurrió a finales de diciembre.
En un primer momento, el mandatario intentó justificar la visita asegurando que había acudido a comprar “caramelos chinos”, pero posteriormente reconoció que fue un “error”, que atribuyó a su estilo de hacer política “en las calles”. Sin embargo, los registros oficiales indican que Yang visitó el Palacio de Gobierno al menos en tres ocasiones entre diciembre y enero, lo que ha incrementado las sospechas sobre una posible relación privilegiada.
La polémica se intensificó cuando diversos medios sacaron a la luz la constante presencia de Jerí en actividades organizadas por grupos empresariales chinos durante su etapa como congresista, incluyendo cenas, foros y actos públicos.
Ante la presión mediática y política, el presidente declaró que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y el Congreso para esclarecer los hechos.
“Me pongo a disposición para responder ante todas las instancias”, expresó en un mensaje oficial. No obstante, la oposición ya prepara una moción de censura por “incapacidad moral”, mecanismo legal con el que se ha destituido a varios mandatarios peruanos en los últimos años.
Las críticas también han surgido dentro de su propio partido. El diputado Héctor Valer, de Somos Perú —colectivo político conservador del que Jerí es vicepresidente—, lo acusó de formar parte “de un engranaje de corrupción”, marcando un fuerte distanciamiento interno en el oficialismo.
El caso pone en jaque la estabilidad política del país andino, que en los últimos años ha atravesado una fuerte crisis institucional marcada por la sucesiva salida de presidentes envueltos en escándalos similares.
Desde Melbourne, donde disputa el Abierto de Australia, el tenista Novak Djokovic lanzó este lunes duras críticas al Gobierno de Serbia por retirar gran parte de la financiación al tenis, lo que, según advirtió, podría llevar a la Federación de Tenis de Serbia a la bancarrota en pocos meses.
Djokovic, actual número cuatro del ranking ATP y ganador de 24 títulos de Grand Slam, insinuó que el recorte podría tener motivaciones políticas. “Uno debería preguntarse el porqué de esa decisión, si se trata de un deporte que ha sido una de las marcas de país más exitosas en los últimos veinte años, un deporte que ha producido algunos de los mejores embajadores de Serbia en el mundo”, declaró a la emisora NovaS.
El deportista, que en el pasado fue tratado como ídolo nacional, denunció que mientras otros deportes han recibido más recursos del Estado, el tenis ha sufrido una reducción presupuestaria de hasta 2.5 veces. “Esto pone a la Federación de Tenis de Serbia en una situación de jaque mate. Mi tío, que es presidente, me dijo que faltan unos meses para la bancarrota de la Federación”, alertó.
Djokovic evitó señalar directamente al Gobierno, pero dejó entrever sus sospechas. “Tengo mis ideas, pero es mejor no compartirlas. Creo que algunas cosas son obvias, pero la pregunta debería plantearse a las instituciones correspondientes, así que… veamos qué dicen”, manifestó.
La tensión entre el tenista y el Gobierno de Aleksandar Vucic se ha incrementado desde que Djokovic expresó su respaldo a las protestas estudiantiles que estallaron en noviembre de 2024 tras el colapso de una marquesina en una estación de trenes en Novi Sad, tragedia que dejó 16 muertos. Los manifestantes exigen responsabilidades, denuncian corrupción y piden reformas para garantizar el Estado de derecho.
Tras ese episodio, el tenista se trasladó con su familia a Atenas, luego de haber sido señalado como “traidor” por medios afines al oficialismo serbio por su postura crítica ante las autoridades.
La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.
En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.
La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.
Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.
Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.
“Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.
El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.
El juicio por el caso Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción de Panamá, inició el lunes 12 de enero tras ser postergado en seis ocasiones. Entre los imputados figura el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien permanece asilado en Colombia y es señalado como uno de los principales involucrados en la trama.
La causa es dirigida por la jueza Baloísa Marquínez, reconocida por llevar casos de alto perfil. El expediente cuenta con más de 2,757 tomos y supera el 1.3 millones de páginas, lo que augura un proceso que podría extenderse por varios meses, según estimaciones judiciales.
Inicialmente, la Fiscalía había solicitado llevar a juicio a 36 personas, pero actualmente el número de imputados activos se redujo a 23, luego que algunos fueran declarados prófugos y otros se beneficiaran con acuerdos judiciales. Además, cuatro exfuncionarios de alto perfil, entre ellos el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, deberán ser procesados por la Corte Suprema de Justicia, tras haber asumido cargos como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) este año.
Los hermanos Martinelli ya enfrentaron prisión en Estados Unidos, donde admitieron haber facilitado pagos de sobornos por $28 millones “por órdenes del padre”.
Sede de la constructora Odebrecht en São Paulo, Brasil. EFE
Ricardo Martinelli, en tanto, fue condenado a más de 10 años de prisión por el caso «New Business» y obtuvo asilo en Colombia en mayo de 2023, luego de permanecer más de un año en la embajada de Nicaragua en Panamá.
De acuerdo con la Fiscalía panameña, Odebrecht entregó más de $80 millones en sobornos a funcionarios y empresarios, según las confesiones de André Rabello, exdirector de la constructora brasileña en Panamá.
“Pagaron sobornos a diestra y siniestra”, expresó el Ministerio Público en 2022.
La empresa, que operó en Panamá desde 2006 y llegó a ser el mayor contratista estatal, aceptó en 2017 pagar una multa de $220 millones en un plazo de 12 años, como parte de un acuerdo judicial tras validar su responsabilidad en los sobornos.
La investigación panameña se abrió en 2015, fue archivada y luego reabierta en 2017, después que Odebrecht admitiera en EE.UU. haber distribuido $788 millones en sobornos en al menos 12 países. La indagación concluyó en octubre de 2018.
El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, tras la orden de prisión preventiva emitida esta semana contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La investigación, iniciada en 2024, reveló una red de compra de votos legislativos a cambio de contratos públicos adjudicados desde la UNGRD, salpicando a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.
Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una «organización criminal» que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.
El presidente Gustavo Petro, defendió el jueves a su exministro Bonilla y aseguró que, según su «conciencia», es inocente.
«Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia», escribió el mandatario en X, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la reclusión del exministro como medida preventiva.
En el mismo mensaje, Petro afirmó que Bonilla ha sido «extorsionado» y convertido en un «chivo expiatorio», y atribuyó su situación judicial a lo que calificó como una «ingenuidad» por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda.
Foto de archivo del presidente colombiano Gustavo Petro. EFE
Los protagonistas del caso:
1. Ricardo Bonilla.
Exministro de Hacienda y uno de los hombres más cercanos a Petro desde su gestión en la alcaldía de Bogotá. Bonilla enfrenta cargos por presuntamente liderar la red de corrupción a través de contratos por más de $23 millones. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido. El presidente Petro aseguró el jueves que, en su “conciencia”, Bonilla es inocente.
2. Luis Fernando Velasco.
Exministro del Interior y antiguo director de la UNGRD, Velasco también fue enviado a prisión preventiva. Según la Fiscalía, participó desde una posición de liderazgo para asegurar mayorías legislativas con dinero público.
3. Iván Name.
Presidió el Senado entre 2023 y 2024. La Corte Suprema ordenó su captura en mayo por recibir presuntamente sobornos por $770,000 a cambio de respaldar iniciativas del Ejecutivo. Está acusado de cohecho impropio y peculado por apropiación.
4. Andrés Calle.
Expresidente de la Cámara de Representantes, capturado también en mayo. Se le acusa de recibir pagos ilícitos desde la UNGRD en 2023. Se encuentra detenido en la cárcel La Picota y enfrenta los mismos cargos que Name.
5. Olmedo López.
Exdirector de la UNGRD y hombre de confianza de Petro, López fue condenado a seis años de prisión tras renunciar al cargo en febrero de 2024. Fue director de campaña de Petro en 2010.
6. Sneyder Pinilla.
Exsubdirector de la UNGRD, se convirtió en testigo clave tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión. Admitió haber participado en la manipulación de contratos y devolvió cerca de $160,000 en fondos públicos.
7. Carlos Ramón González.
Antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia y exguerrillero del M-19, fue imputado por cohecho, peculado y lavado de activos. Tiene orden de captura desde mediados de 2025, pero se encuentra prófugo en Nicaragua bajo asilo político. Su aparición en una fiesta en ese país desató una nueva ola de críticas.
8. Sandra Ortiz.
Excongresista y consejera presidencial para las Regiones desde mayo de 2023. Está detenida y señalada como intermediaria para canalizar sobornos a legisladores. Ha negado los cargos y afirma tener “una historia que contar”, sugiriendo la implicación de más personas.
El caso, considerado el más grave de la administración Petro, ha generado un terremoto político en Colombia, reavivando los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines partidarios. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos implicados.
El expresidente boliviano Luis Arce, en el cargo hasta el pasado 8 de noviembre, pasó su primera noche en la cárcel de San Pedro de La Paz en condiciones de aislamiento tras dictar un juez cinco meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante el periodo en el que fue ministro de Economía bajo el mandato del expresidente Evo Morales en el caso que lleva el nombre del fondo.
El director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, explicó que Arce ha recibido atención médica, psicológica, legal y social. «Se ha designado un espacio en el sector Posta, donde se está garantizando su seguridad. Ha recibido la atención del equipo multidisciplinario y se encuentra estable», dijo en declaraciones a la prensa, según recoge el diario boliviano ‘El Deber’.
López explicó que se le han aplicado los procedimientos regulares, sin privilegios, aunque precisó que durante las noches permanecerá aislado de manera preventiva para resguardar su integridad física. «No está aislado permanentemente. Durante el día recibirá el tratamiento regular y por la noche se toman medidas de seguridad», ha relatado.
En cuanto a su estado de salud, Régimen Penitenciario ha apuntado que fue evaluado por el médico del centro penitenciario, quien determinó que presenta signos vitales normales.
Respecto a la enfermedad oncológica mencionada por su defensa en audiencia cautelar, López ha indicado que la patología requiere controles periódicos y que la última revisión médica conocida data de octubre. «Si se presenta alguna emergencia, contamos con personal médico para atenderla de inmediato», ha resaltado.
Arce entró en prisión en la noche del viernes en medio de un fuerte resguardo policial. «No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes», declaró a los medios.
El juez anticorrupción Elmer Laura ha dictado prisión provisional a petición de la Fiscalía, que alegó riesgo de fuga y obstrucción a la investigación.
La defensa del exmandatario ha anunciado ya que apelará la decisión judicial y sostiene que no existen elementos suficientes para mantenerlo privado de libertad.
