El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry «Tito» Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones contribuyen a incrementar la pobreza en el país centroamericano.
“Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el cardenal este domingo, al hacer un llamado público al mandatario, tras su reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Rodríguez recordó que cerca de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, muchos de los cuales sostienen la economía nacional a través del envío de remesas. Por ello, pidió buscar soluciones concretas para este sector vulnerable.
Durante su visita en Miami, Asfura aseguró a periodistas que abordó con Trump temas relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), además de inversión y política arancelaria.
“Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, dijo el mandatario, quien tomó posesión el pasado 27 de enero.
Rodríguez también hizo un fuerte llamado a combatir la corrupción, a la que definió como un “mal endémico” que ha mantenido al país postrado durante décadas.
“La corrupción nos ha tenido postrados por años, no simplemente por un gobierno, dos o tres gobiernos, es un mal endémico que hay que tratar de echar fuera”, sostuvo.
El líder religioso señaló que, para atraer inversión extranjera, el gobierno debe garantizar un sistema judicial confiable y con aplicación efectiva de la ley. Además, recalcó que el cambio de país no puede lograrse en un período de cuatro años, sino con una visión a largo plazo.
Finalmente, Rodríguez exhortó a las nuevas autoridades a guiarse por los principios del Evangelio y los mandamientos: “no robar, no mentir y no matar”. A su juicio, estos valores siguen siendo fundamentales para transformar a Honduras con justicia y esperanza.
La diputada hondureña Isis Cuéllar, perteneciente al Partido Libertad y Refundación (Libre), fue puesta este jueves bajo arresto domiciliario y suspendida de sus funciones legislativas, tras ser acusada de integrar una red de corrupción que habría desviado más de 227,900 dólares en fondos públicos destinados a proyectos sociales.
La decisión fue tomada por un juez en Tegucigalpa a solicitud de la Fiscalía, que imputa a Cuéllar 67 delitos de fraude, como parte de una investigación que también involucra al exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, quien fue beneficiado esta semana con arresto domiciliario bajo vigilancia policial, según informó Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
La parlamentaria de izquierda se presentó de forma voluntaria ante el tribunal y niega los señalamientos, al igual que Cardona. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que ambos habrían actuado en «contubernio» con al menos una decena de excolaboradores para desviar más de seis millones de lempiras (unos 227,960 dólares) del Fondo de Administración Solidaria, mecanismo parlamentario aprobado para el período 2023–2025 y dotado con 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).
Además del arresto domiciliario, Cuéllar tiene prohibido salir del país y mantener contacto con otros implicados, incluido Cardona.
Fondos desviados a campañas
Según la Fiscalía, los recursos fueron drenados a través de la emisión irregular de cheques, presuntamente con el objetivo de financiar actividades proselitistas del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre de 2025, ganados por Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.
El caso salió a la luz en junio de 2025, tras la renuncia de Cardona, motivada por la filtración de un vídeo en el que discutía con Cuéllar el presunto uso electoral de fondos públicos. Desde entonces, el escándalo ha salpicado a otras figuras políticas y ha derivado en una investigación más amplia.
Más investigaciones abiertas
El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó el martes que hay al menos dos líneas adicionales de investigación vinculadas al caso Sedesol. Entre ellas, una en el departamento de Copán (oeste), donde se detectó un supuesto «mecanismo de corrupción» para desviar fondos de asistencia social hacia fines no autorizados, lo que habría provocado un perjuicio económico al Estado hondureño.
“Estos fondos fueron usados de forma discrecional, traicionando la confianza de la población”, señaló Zelaya, quien advirtió que el caso podría escalar con nuevas imputaciones en las próximas semanas.
La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) llamó este miércoles a las autoridades recién electas a implementar reformas electorales “consensuadas y transparentes”, y adoptar medidas eficaces contra la corrupción y la impunidad, en un contexto de alta expectativa ciudadana tras los comicios presidenciales.
“Urgen reformas electorales consensuadas y transparentes”, expresaron los obispos hondureños en un comunicado. También exigieron el impulso de políticas orientadas al respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia.
El pronunciamiento exhortó al nuevo gobierno a actuar “por el bien común” y evitar intereses “particulares u ocultos”. Además, los obispos pidieron “abrir caminos de sanación mediante el diálogo sincero y el respeto” en el país.
La instalación del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura desde el pasado 27 de enero, ocurrió bajo un clima mixto de esperanza y dificultades, según la CEH.
El proceso electoral del 30 de noviembre fue señalado por denuncias de fraude, presiones políticas sobre las autoridades electorales, y un conteo de votos que se prolongó durante un mes. Según la organización Human Rights Watch (HRW), al menos 13 personas murieron por hechos de violencia vinculados al proceso.
HRW también destacó que el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Asfura, así como la amenaza de cortar ayuda financiera al país, fueron factores que llevaron a la entonces mandataria Xiomara Castro a declarar los comicios como “nulos”.
Aunque misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) calificaron la jornada electoral como “pacífica”, HRW advirtió que el retraso en los resultados y la falta de salvaguardas frente al financiamiento ilícito socavaron la confianza ciudadana en el proceso.
El periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022, exigió su libertad durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva bajo lo que calificó como un proceso lleno de irregularidades.
“Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora, al denunciar que ha sido víctima de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” en el que la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.
Durante la diligencia, su defensa aseguró que se han vulnerado derechos constitucionales al revocarse medidas sustitutivas con base en “premisas falsas”, entre ellas la supuesta escucha de audios por parte del Ministerio Público en audiencias en las que nunca estuvo presente. Su abogado, Francisco Vivar, acusó a las autoridades de manipular el proceso para mantenerlo detenido.
Zamora también denunció condiciones inhumanas en la base militar Mariscal Zavala, donde guarda prisión. Afirmó que se le restringen visitas familiares sin previo aviso, se bloquea el ingreso de medicamentos y se aplican tratos “sádicos” a los internos, bajo órdenes arbitrarias del comandante de la base.
El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta nuevas acusaciones, como una denuncia por discriminación interpuesta por la fiscal general, Consuelo Porras. El periodista sostuvo que su derecho a criticar a los funcionarios debe prevalecer y calificó la actitud de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, subrayó.
La detención de Zamora ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —por supuesto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como “fabricados y espurios”. Su arresto ocurrió cinco días después de que su medio publicara señalamientos de corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.
El exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su esposa, Violeta Yanira Flores de Jenkins, fueron encontrados culpables este lunes del delito de enriquecimiento ilícito, según resolución emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
El fallo obliga a ambos a reintegrar $289,567.89 al Estado salvadoreño. Además, las magistradas ordenaron la inhabilitación de Jenkins por 10 años para ejercer cualquier cargo público, tras comprobarse un incremento patrimonial no justificado entre 2006 y 2010, período en que se desempeñó como titular de la institución.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó 14 movimientos financieros irregulares, como depósitos bancarios, pagos de préstamos, cancelaciones de tarjetas de crédito y otros abonos sin respaldo legal. De ese total, $282,149.94 corresponden únicamente al exfuncionario.
La Fiscalía General de la República respaldó el fallo y reiteró que los señalados no pudieron justificar el origen de los fondos, presuntamente obtenidos con dinero público durante su gestión al frente de Fosofamilia.
El proceso civil contra ambos se inició en mayo de 2025, y con esta resolución, se confirma la tesis fiscal y se sienta un precedente en el combate a la corrupción en la administración pública.
Bayardo Arce Castaño, quien fuera uno de los nueve históricos comandantes de la revolución sandinista y asesor en temas económicos de la Presidencia de Nicaragua, fue condenado este martes por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, junto a su asistente Ricardo Bonilla Castañeda, por un fraude al Estado nicaragüense que asciende a 4.961,9 millones de dólares.
La Procuraduría General de Justicia confirmó el veredicto, anunciando que ambos deberán enfrentar cargos por lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado.
Arce Castaño, de 76 años y uno de los sobrevivientes de los nueve comandantes de la revolución, fue detenido en julio pasado tras no presentarse a una cita para esclarecer su vinculación con «transacciones al margen del Estado». La sentencia del tribunal también incluye el decomiso de los bienes de los acusados.
El juicio reveló que Arce Castaño y Bonilla Castañeda operaron un esquema sofisticado de ocultamiento de fondos ilícitos, a través de sociedades mercantiles, cuentas bancarias y transacciones internacionales, lo que afectó gravemente la transparencia del sistema financiero del país. De acuerdo con la Procuraduría, los acusados emplearon 49 sociedades, 35 de las cuales estuvieron activas en la canalización de flujos de capital provenientes de la evasión fiscal, y usaron países como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para realizar transferencias ilegales.
Ambos individuos fueron responsables de reclutar a terceros para que figuraran como testaferros, mientras ellos ocultaban la identidad de los verdaderos beneficiarios de las transacciones. Las autoridades también destacaron que los acusados utilizaron métodos como préstamos ficticios para disimular el origen de los fondos.
Arce Castaño, quien fuera jefe de campaña del presidente Daniel Ortega en 1990, ha tenido un papel destacado en la política nicaragüense, siendo asesor económico de la Presidencia desde 2007.
José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá (2019-2024), fue capturado este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, tras regresar de Guatemala. La captura fue ordenada por el Ministerio Público (MP), que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento injustificado.
Al ser arrestado, Carrizo se mostró desafiante ante los medios y afirmó: «Aquí estoy porque soy inocente», mientras era escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.
En un video difundido horas antes de su captura, Carrizo explicó que optó por no juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con sede en Guatemala, para evitar especulaciones sobre su situación legal. El cargo de diputado le otorgaría inmunidad ante la justicia ordinaria, lo que pudo haber complicado las investigaciones en su contra.
Carrizo, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), defendió su posición asegurando que enfrenta una «persecución política» y criticó que estuviera siendo investigado por más de tres fiscalías por la misma causa de enriquecimiento injustificado. La Fiscalía ha solicitado su comparecencia para responder por los señalamientos.
En octubre de 2025, la Contraloría General de Panamá ordenó el secuestro de ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a Carrizo, por un valor aproximado de 1,3 millones de dólares. El exvicepresidente presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Panamá para impugnar esta medida. En respuesta a las acusaciones, Carrizo afirmó que había entregado el 15 de enero de 2026 una auditoría forense ante la Contraloría que, según él, demostraba que no se había enriquecido de manera ilícita.
Carrizo, de 42 años, fue una de las figuras más visibles en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y su nombre ha estado vinculado a varios escándalos desde el inicio de la administración, especialmente durante la pandemia de la covid-19, cuando se cuestionó el manejo de los fondos destinados para enfrentar la emergencia sanitaria. En ese contexto, Transparencia Internacional destacó en 2021 que, debido al estado de emergencia, el gobierno de Cortizo se eximió de los controles regulares y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que alimentó las sospechas de corrupción.
Carrizo defendió el «manejo transparente» de los 1.457 millones de dólares aprobados para la pandemia, asegurando que los fondos fueron utilizados de forma adecuada.
La investigación en su contra sigue su curso y Carrizo tendrá que enfrentar a las autoridades judiciales para aclarar las acusaciones que pesan sobre él.
Catapultado a la primera vicepresidencia de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano dirigente del Ejército chino, en 2022, el general Zhang Youxia parecía inmune a las purgas que habían sacudido a la cúpula castrense en los últimos años. No lo era.
El sábado pasado, el Ministerio de Defensa de China sorprendió al anunciar que tanto Zhang como Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, estaban siendo investigados por «graves violaciones de la disciplina y de la ley», eufemismo habitual para referirse a delitos de corrupción.
Con este movimiento, el presidente Xi Jinping, quien también dirige la CMC, «consolida su poder y autoridad» sobre las Fuerzas Armadas y «asegura un alto grado de lealtad a su liderazgo» dentro del Ejército Popular de Liberación (EPL), una institución clave del sistema político chino que responde orgánicamente al Partido Comunista (PCCh).
«Xi probablemente considera que Zhang ha desarrollado una base de poder demasiado independiente dentro del EPL, lo que podría representar una amenaza para su autoridad. Por lo tanto, necesita destituir a Zhang para garantizar su control sobre el Partido y que el EPL se mantenga firme», asegura a EFE William Yang, analista sénior para el Noreste de Asia en International Crisis Group.
Las investigaciones abiertas sobre estos dos oficiales han terminado por trastocar la estructura de mando del EPL: de los siete miembros que tenía la CMC a finales de 2022, actualmente solo quedan dos, el propio Xi y Zhang Shengmin, vicepresidente segundo y jefe de la campaña anticorrupción del Ejército. Los demás han sido purgados.
Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) de China, asiste a una reunión en el Ministerio de Defensa en Hanói, Vietnam, el 24 de octubre de 2024. El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció el 24 de enero de 2026 que los altos oficiales militares Zhang y el general Liu Zhenli, jefe de Estado Mayor del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, han sido investigados por presuntas «graves infracciones disciplinarias y de la ley». EFE
Una purga diferente a las demás
Las pesquisas en torno a Zhang Youxia, de 75 años, son diferentes a las anteriores, no solo por tratarse del oficial uniformado de mayor rango en ser depurado hasta la fecha, sino por su estrecha vinculación personal y familiar con Xi -sus padres combatieron juntos en la guerra civil- y por su papel fundamental en las reformas militares lanzadas por el líder chino en 2015.
Zhang era, además, uno de los pocos generales que quedaban en China con experiencia real en combate, lo que probablemente llevó a Xi a promoverlo hasta la primera vicepresidencia de la CMC a los 72 años, cuatro por encima de la edad oficial de jubilación.
Sin embargo, en un editorial publicado el domingo, el principal periódico del EPL empleó un vocabulario muy duro para denunciar las presuntas irregularidades de Zhang, acusándolo de «debilitar gravemente la imagen y la autoridad» de la dirección de la CMC -es decir, de Xi- y de causar daños «extremadamente negativos» al Partido, al Estado y al EPL.
«El mero hecho de que Xi haya podido destituir a tantas élites del EPL desde que asumió el poder es una clara señal de que su posición en el régimen sigue siendo inquebrantable», afirma a EFE James Char, profesor asistente de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de Singapur.
¿Qué sucederá con Taiwán?
Las causas contra Zhang y Liu llegan a un año de dos hitos clave: el XXI Congreso del PCCh -que se celebra cada cinco años y en el que Xi buscará previsiblemente un cuarto mandato- y el centenario de la fundación del EPL, fecha para la que, según la inteligencia estadounidense, el líder chino habría ordenado que las Fuerzas Armadas estén preparadas para una posible contingencia sobre Taiwán.
La «reunificación» con esta isla, administrada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una «parte inalienable» del territorio chino, es una de las prioridades estratégicas de Xi, y las purgas no alterarán ese objetivo a largo plazo. En todo caso, podrían postergarlo brevemente.
«Probablemente Xi necesite algún tiempo para encontrar candidatos adecuados para las vacantes en la cúpula del EPL. Sin embargo, esto solo debe verse como un período temporal de calma en torno a la preparación del EPL para una eventual campaña contra Taiwán, en lugar de un retroceso fundamental», señala William Yang.
La incógnita ahora es qué perfiles escogerá Xi para dirigir los designios del Ejército más grande del mundo. Para Drew Thompson, exfuncionario del Departamento de Defensa de EE. UU., Zhang Youxia -a quien conoció en 2012- era el único oficial en servicio activo que podía brindarle al mandatario el «mejor y más objetivo asesoramiento» sobre las capacidades reales del EPL, incluyendo sus «deficiencias».
«Creo que (Zhang) podría evaluar objetivamente las capacidades militares de Estados Unidos y Taiwán y explicarle a Xi Jinping los riesgos y costes militares de una operación para tomar Taiwán», escribió Thompson este lunes en Substack. «Un adulador sin experiencia en combate le dirá a Xi lo que quiere oír», remató.
El presidente de Perú, José Jerí, enfrenta una investigación preliminar de la Fiscalía General por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, luego de revelarse una serie de reuniones no oficiales con Zhihua Yang, un empresario chino que mantiene contratos vigentes con el Estado peruano.
Jerí, quien asumió la presidencia hace apenas tres meses, fue captado por la prensa local ingresando de manera discreta, con capucha y gafas de sol, a un local clausurado propiedad de Yang en Lima. El encuentro, que no formaba parte de su agenda oficial, se realizó en un vehículo del Estado y ocurrió a finales de diciembre.
En un primer momento, el mandatario intentó justificar la visita asegurando que había acudido a comprar “caramelos chinos”, pero posteriormente reconoció que fue un “error”, que atribuyó a su estilo de hacer política “en las calles”. Sin embargo, los registros oficiales indican que Yang visitó el Palacio de Gobierno al menos en tres ocasiones entre diciembre y enero, lo que ha incrementado las sospechas sobre una posible relación privilegiada.
La polémica se intensificó cuando diversos medios sacaron a la luz la constante presencia de Jerí en actividades organizadas por grupos empresariales chinos durante su etapa como congresista, incluyendo cenas, foros y actos públicos.
Ante la presión mediática y política, el presidente declaró que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y el Congreso para esclarecer los hechos.
“Me pongo a disposición para responder ante todas las instancias”, expresó en un mensaje oficial. No obstante, la oposición ya prepara una moción de censura por “incapacidad moral”, mecanismo legal con el que se ha destituido a varios mandatarios peruanos en los últimos años.
Las críticas también han surgido dentro de su propio partido. El diputado Héctor Valer, de Somos Perú —colectivo político conservador del que Jerí es vicepresidente—, lo acusó de formar parte “de un engranaje de corrupción”, marcando un fuerte distanciamiento interno en el oficialismo.
El caso pone en jaque la estabilidad política del país andino, que en los últimos años ha atravesado una fuerte crisis institucional marcada por la sucesiva salida de presidentes envueltos en escándalos similares.
Desde Melbourne, donde disputa el Abierto de Australia, el tenista Novak Djokovic lanzó este lunes duras críticas al Gobierno de Serbia por retirar gran parte de la financiación al tenis, lo que, según advirtió, podría llevar a la Federación de Tenis de Serbia a la bancarrota en pocos meses.
Djokovic, actual número cuatro del ranking ATP y ganador de 24 títulos de Grand Slam, insinuó que el recorte podría tener motivaciones políticas. “Uno debería preguntarse el porqué de esa decisión, si se trata de un deporte que ha sido una de las marcas de país más exitosas en los últimos veinte años, un deporte que ha producido algunos de los mejores embajadores de Serbia en el mundo”, declaró a la emisora NovaS.
El deportista, que en el pasado fue tratado como ídolo nacional, denunció que mientras otros deportes han recibido más recursos del Estado, el tenis ha sufrido una reducción presupuestaria de hasta 2.5 veces. “Esto pone a la Federación de Tenis de Serbia en una situación de jaque mate. Mi tío, que es presidente, me dijo que faltan unos meses para la bancarrota de la Federación”, alertó.
Djokovic evitó señalar directamente al Gobierno, pero dejó entrever sus sospechas. “Tengo mis ideas, pero es mejor no compartirlas. Creo que algunas cosas son obvias, pero la pregunta debería plantearse a las instituciones correspondientes, así que… veamos qué dicen”, manifestó.
La tensión entre el tenista y el Gobierno de Aleksandar Vucic se ha incrementado desde que Djokovic expresó su respaldo a las protestas estudiantiles que estallaron en noviembre de 2024 tras el colapso de una marquesina en una estación de trenes en Novi Sad, tragedia que dejó 16 muertos. Los manifestantes exigen responsabilidades, denuncian corrupción y piden reformas para garantizar el Estado de derecho.
Tras ese episodio, el tenista se trasladó con su familia a Atenas, luego de haber sido señalado como “traidor” por medios afines al oficialismo serbio por su postura crítica ante las autoridades.
