La Fiscalía de Ecuador solicitó el viernes que el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram sean condenados por el delito de delincuencia organizada, en un caso relacionado con la supuesta comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 e insumos médicos durante la pandemia.
El Ministerio Público sostuvo en su alegato final que los acusados habrían participado entre marzo y agosto de 2020 en una estructura delictiva dedicada a obtener beneficios económicos mediante la venta de 21,000 pruebas covid-19 y otros productos médicos durante la emergencia sanitaria.
Según la investigación fiscal, el esquema también involucró a otras dos personas procesadas junto a los Bucaram.
La Fiscalía indicó que peritos y testigos coincidieron en que la presunta organización utilizó recursos públicos y servidores de la oficina de tránsito de Quito para trasladar las pruebas médicas.
De acuerdo con la teoría presentada ante el tribunal, dos ciudadanos israelíes estuvieron encargados de movilizar los insumos hacia la residencia del exmandatario ecuatoriano.
Uno de ellos fue asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral, considerada una de las cárceles más peligrosas y pobladas de Ecuador.
Las autoridades aseguran además que en la vivienda de Bucaram también se almacenaban mascarillas, lancetas y otros materiales utilizados durante la pandemia.
La Fiscalía señaló que Jacobo Bucaram habría pagado $321,600 en efectivo por la mercadería, según declaraciones entregadas por uno de los extranjeros antes de su muerte.
Las investigaciones también revelaron que algunos implicados supuestamente fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para movilizarse sin restricciones.
El Ministerio Público sostiene que las pruebas covid-19 eran comercializadas en distintas provincias ecuatorianas sin emitir facturas ni pagar impuestos al Estado.
En el juicio declararon alrededor de 50 personas entre testigos y peritos. El proceso inició en abril de 2025 luego de varios aplazamientos registrados desde 2022.
El tribunal tiene previsto anunciar su decisión en los próximos días.
El delito de delincuencia organizada en Ecuador contempla penas de hasta 10 años de prisión, aunque estas pueden incrementarse si existen agravantes.
Dentro del mismo caso, dos agentes de tránsito que fungían como escoltas de seguridad presidencial ya fueron condenados tras aceptar los hechos atribuidos por la Fiscalía.
Abdalá Bucaram gobernó Ecuador entre 1996 y 1997, pero fue destituido por el Congreso bajo acusaciones de incapacidad mental en medio de una fuerte crisis política.
