El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo por presunta corrupción a 10 días de concluir su mandato, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación sobre una supuesta red de tráfico de influencias en la que estarían involucradas las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.
De acuerdo con las denuncias, ambas ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en diferentes entidades del Estado a cambio del pago de comisiones y anticipos, aprovechando presuntos contactos dentro del Gobierno nacional.
Según una investigación publicada por la revista Semana, el esquema contemplaba el cobro de $315 por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de $65,520 para iniciar las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del valor de cada contrato adjudicado.
Juliana Guerrero, de 23 años, adquirió notoriedad el año pasado cuando el presidente Petro, siendo asesora del Ministerio del Interior, la presentó durante un consejo de ministros televisado como futura viceministra de Juventud. Sin embargo, su nombramiento no prosperó después de que se conociera que había presentado un título universitario falso.
El mandatario también rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Guerrero.
«Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas», afirmó Petro en respuesta a los señalamientos difundidos en los últimos días.
La polémica aumentó después de que Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, asegurara que había advertido personalmente al presidente sobre la influencia que ejercía Juliana Guerrero dentro del Ejecutivo. La funcionaria sostuvo que incluso existía un decreto para retirarla de un cargo de representación estatal, pero que nunca fue firmado por Petro.
Tras esas declaraciones, el presidente ordenó la destitución de Rodríguez y la calificó de «gran manipuladora», además de asegurar que era «una paciente siquiátrica» y acusar a medios de comunicación tradicionales de utilizar sus declaraciones para desacreditar a su Gobierno.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para determinar si las hermanas Guerrero integraron una red dedicada a gestionar contratos públicos mediante el cobro de dinero a empresarios. Petro negó cualquier participación de su administración y sostuvo que, de comprobarse los hechos, se trataría de una estafa cometida por particulares.
El caso se produce a pocos días de que entregue la Presidencia, el próximo 7 de agosto, al mandatario electo Abelardo de la Espriella.
