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Etiqueta: corrupción

  • La esposa del presidente español afrontará audiencia preliminar este martes por corrupción 

    La esposa del presidente español afrontará audiencia preliminar este martes por corrupción 

    El juez Juan Carlos Peinado convocó para este martes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a una audiencia preliminar por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, dentro del procedimiento previsto para un eventual juicio con jurado popular.

    Según un auto emitido este lunes, el magistrado programó la audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, y estableció que deberán ser citadas personalmente las acusadas, entre ellas Gómez y su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez.

    La convocatoria se produce después de que ambas presentaran sus respectivos escritos de defensa, en los que solicitaron ser absueltas al sostener que no cometieron los delitos que se les atribuyen. La Fiscalía también defiende la absolución de las dos acusadas.

    La acusación popular encabezada por Hazte Oír solicita, en cambio, 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez por presunta malversación. La esposa de Sánchez sostiene en su defensa que «en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse» y que «no se apropió» del programa informático desarrollado en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

    Gómez también argumentó que colaboraba con la universidad «mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno», concretamente desde 2012. Además, rechazó haber utilizado su matrimonio con Sánchez para influir sobre autoridades o funcionarios.

    Álvarez, por su parte, negó haber intervenido en el registro, contratación, transferencia o disposición del programa informático de la UCM. La asistente afirmó que actuó «siempre siguiendo instrucciones» de Gómez y bajo el convencimiento de que no estaba realizando ninguna actividad ilegal.

    La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en julio la decisión de Peinado de encaminar el procedimiento contra Gómez hacia un juicio con jurado popular. Sin embargo, el tribunal corrigió parcialmente al instructor al ordenar el archivo de dos delitos incluidos previamente en la causa.

    La Audiencia también dispuso levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez, entre ellas la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada 15 días ante una sede judicial. La audiencia de este martes constituye ahora un nuevo paso procesal antes de determinar la continuación del procedimiento.

     

  • Expresidente ecuatoriano Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de empresa china

    Expresidente ecuatoriano Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de empresa china

    El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue declarado este viernes culpable de cohecho por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que determinó que recibió sobornos para favorecer a la estatal china Sinohydro en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa.

    Los jueces sostuvieron que la compañía china entregó recursos millonarios a un círculo empresarial que posteriormente los distribuyó entre diferentes sociedades y personas, incluidos miembros de la familia del exmandatario. El tribunal todavía no anunció la condena que deberá cumplir Moreno, quien gobernó Ecuador entre 2017 y 2021.

    Según los magistrados, Moreno aprovechó su cargo como vicepresidente para intervenir en un «ámbito ajeno a su rectoría» con el propósito de beneficiar a Sinohydro y, como resultado de esas actuaciones, obtuvo beneficios mediante terceras personas.

    «El beneficio indirecto recibido a través de terceras personas no deja de lado la valoración de la actuación funcional del procesado, sino que aportan al correlato financiero que, en su conjunto, establece el carácter de obtención de recursos indebidos», dijo el juez ponente.

    La Fiscalía sostiene que Moreno y su familia habrían recibido más de $1 millón de los aproximadamente $76 millones en sobornos que presuntamente pagó Sinohydro por la construcción de Coca Codo Sinclair. La central hidroeléctrica tiene una capacidad instalada de hasta 1,500 megavatios.

    El Ministerio Público solicitó en julio una condena de seis años y seis meses de prisión para Moreno, así como para su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y otras 17 personas procesadas, entre ellas el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo.

    Además de las penas de prisión, la Fiscalía pidió inhabilitar a los procesados para ejercer cargos públicos o mantener relaciones contractuales con el Estado, suspender sus derechos de participación e imponerles una multa y el pago de una reparación integral. También solicitó disculpas públicas y la instalación de una «cita anticorrupción» en el complejo hidroeléctrico.

    El tribunal dedicó más de seis horas a explicar cómo, de acuerdo con su resolución, se configuró el delito de cohecho y a individualizar las responsabilidades de cada uno de los 20 procesados incluidos en el caso. Moreno y su esposa estuvieron presentes en la sala de la Corte Nacional de Justicia durante la audiencia.

    Antes de comenzar la diligencia, el exmandatario explicó que decidió acudir personalmente porque quería «dar la cara». Moreno también reiteró que considera el proceso judicial una supuesta «venganza» impulsada por el expresidente Rafael Correa, mientras permanece pendiente que el tribunal determine la pena correspondiente tras declararlo culpable.

     

  • Gustavo Petro deja la Presidencia de Colombia entre avances sociales y escándalos de corrupción

    Gustavo Petro deja la Presidencia de Colombia entre avances sociales y escándalos de corrupción

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, concluirá el próximo 7 de agosto su mandato tras cuatro años en el poder, un período en el que impulsó reformas sociales y de derechos, aunque su gestión también quedó marcada por escándalos de corrupción que involucraron a personas de su entorno y empañaron el cierre de su administración.

    El mandatario comenzó su despedida pública en junio durante un acto en Cali, donde agradeció el respaldo de sus seguidores y pidió apoyo para el entonces candidato de izquierda Iván Cepeda, quien posteriormente fue derrotado por Abelardo de la Espriella, presidente electo que asumirá el cargo esta semana.

    “Siempre, siempre y siempre por la vida y por la libertad. Viva Colombia, país de la belleza. Les habló Gustavo Petro y fui su presidente con mucho orgullo”, expresó el gobernante ante cientos de simpatizantes.

    Antes de dejar la Casa de Nariño, Petro tiene previsto participar este martes en el Festival por la Defensa de la Educación Pública, en Soacha, al sur de Bogotá, en uno de sus últimos actos oficiales como jefe de Estado.

    Nacido el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, Petro inició su militancia política desde joven y en 1978 ingresó a la guerrilla del M-19, donde utilizó el nombre de guerra «Aureliano». Tras la desmovilización del grupo en 1990, desarrolló una carrera política que incluyó cargos como concejal, representante a la Cámara, senador y alcalde de Bogotá, hasta convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia en 2022.

    Durante su trayectoria ganó notoriedad por denunciar vínculos entre políticos y grupos paramilitares, especialmente durante sus años como senador. También vivió un periodo de exilio en Bélgica en la década de 1990 tras recibir amenazas, donde continuó su formación académica.

    En el plano personal, su vida privada permaneció bajo constante escrutinio. En 2025 confirmó el fin de su relación con Verónica Alcocer, aunque ambos continúan legalmente casados. Además, en los últimos meses enfrentó cuestionamientos por su cercanía con Juliana Guerrero, una joven señalada de facilitar contratos públicos mediante el cobro de comisiones, acusaciones que el mandatario rechazó.

    El cierre de su administración también estuvo marcado por investigaciones relacionadas con el desvío de fondos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), procesos por presunta corrupción que alcanzaron a su hijo mayor y denuncias contra varios funcionarios de su Gobierno.

    Quienes han trabajado con Petro destacan su estilo de liderazgo personalista y su tendencia a tomar decisiones sin consultar ampliamente a su gabinete. Durante su administración nombró al menos a 65 ministros y protagonizó frecuentes confrontaciones con la oposición y con líderes internacionales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Yo no he sido feliz en la Presidencia”, reconoció Petro en una entrevista concedida en mayo, en la que aseguró que logró sostenerse «a punta de amor, libros y abrazos del pueblo». Tras entregar el poder, el mandatario continuará como una de las principales figuras de la izquierda colombiana y volverá a ejercer el papel de líder de la oposición.

     

     

  • Petro enfrenta un nuevo escándalo por presunto tráfico de influencias a 10 días de dejar la Presidencia

    Petro enfrenta un nuevo escándalo por presunto tráfico de influencias a 10 días de dejar la Presidencia

    El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo por presunta corrupción a 10 días de concluir su mandato, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación sobre una supuesta red de tráfico de influencias en la que estarían involucradas las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.

    De acuerdo con las denuncias, ambas ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en diferentes entidades del Estado a cambio del pago de comisiones y anticipos, aprovechando presuntos contactos dentro del Gobierno nacional.

    Según una investigación publicada por la revista Semana, el esquema contemplaba el cobro de $315 por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de $65,520 para iniciar las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del valor de cada contrato adjudicado.

    Juliana Guerrero, de 23 años, adquirió notoriedad el año pasado cuando el presidente Petro, siendo asesora del Ministerio del Interior, la presentó durante un consejo de ministros televisado como futura viceministra de Juventud. Sin embargo, su nombramiento no prosperó después de que se conociera que había presentado un título universitario falso.

    El mandatario también rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Guerrero.

    «Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas», afirmó Petro en respuesta a los señalamientos difundidos en los últimos días.

    La polémica aumentó después de que Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, asegurara que había advertido personalmente al presidente sobre la influencia que ejercía Juliana Guerrero dentro del Ejecutivo. La funcionaria sostuvo que incluso existía un decreto para retirarla de un cargo de representación estatal, pero que nunca fue firmado por Petro.

    Tras esas declaraciones, el presidente ordenó la destitución de Rodríguez y la calificó de «gran manipuladora», además de asegurar que era «una paciente siquiátrica» y acusar a medios de comunicación tradicionales de utilizar sus declaraciones para desacreditar a su Gobierno.

    Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para determinar si las hermanas Guerrero integraron una red dedicada a gestionar contratos públicos mediante el cobro de dinero a empresarios. Petro negó cualquier participación de su administración y sostuvo que, de comprobarse los hechos, se trataría de una estafa cometida por particulares.

    El caso se produce a pocos días de que entregue la Presidencia, el próximo 7 de agosto, al mandatario electo Abelardo de la Espriella.

     

  • Condenan al hermano del presidente español Pedro Sánchez por corrupción

    Condenan al hermano del presidente español Pedro Sánchez por corrupción

    La Audiencia Provincial de Badajoz condenó este martes a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, tras hallarlo responsable, como cooperador necesario, de un delito de prevaricación administrativa.

    La resolución judicial también condenó al exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE-en el gobierno) en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a dos penas de nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa relacionados con el mismo caso.

    Según la sentencia, existen «múltiples indicios acreditados mediante prueba directa» que permiten concluir que los acusados participaron en un plan diseñado por las más altas autoridades de la Diputación de Badajoz para crear un puesto de trabajo destinado a beneficiar a David Sánchez.

    El tribunal sostiene que los 11 acusados actuaron de manera coordinada para ejecutar un plan preconcebido con el propósito de favorecer al hermano del mandatario español mediante la creación de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, cargo que calificó como innecesario y carente de contenido real.

    La resolución añade que el puesto fue creado con condiciones laborales y salariales propias de un cargo de alta dirección y que fue adjudicado vulnerando los principios de mérito, capacidad, transparencia e igualdad que deben regir el acceso al empleo público.

    Posteriormente, el cargo fue renombrado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El tribunal considera que esa modificación tuvo como finalidad adaptar las funciones del puesto a los intereses personales de David Sánchez, especialmente en el ámbito de las actividades operísticas, asignándole además recursos presupuestarios específicos.

    La sentencia también cuestiona la creación de otra plaza de alta dirección que fue ocupada por Luis Carrero, amigo de David Sánchez. Según el fallo, ese cargo también carecía de funciones justificadas y fue creado para facilitar que ambos continuaran desarrollando proyectos relacionados con actividades artísticas financiadas con recursos públicos.

    Con esta resolución, la Audiencia Provincial de Badajoz concluye que las plazas fueron creadas y adjudicadas de forma arbitraria para favorecer intereses particulares, por lo que impuso las correspondientes penas de inhabilitación a los principales responsables del proceso. La sentencia aún puede ser recurrida ante instancias superiores.

     

  • Renuncia de jefe de gabinete argentino busca frenar crisis política que golpeó a Milei

    Renuncia de jefe de gabinete argentino busca frenar crisis política que golpeó a Milei

    La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete representa un intento del Gobierno del presidente Javier Milei por dejar atrás una de las mayores crisis políticas de su gestión. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto sobre la credibilidad del Ejecutivo continuará mientras avancen las investigaciones judiciales contra el exfuncionario.

    La controversia comenzó en marzo, cuando se conoció que la esposa de Adorni integró la comitiva oficial que acompañó a Milei durante una visita a Estados Unidos. Aunque ese episodio no derivó en consecuencias penales, posteriormente surgieron investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y recepción de dádivas relacionadas con operaciones inmobiliarias, contratos estatales y viajes oficiales.

    Durante los últimos meses, el mandatario argentino mantuvo su respaldo al entonces jefe de Gabinete pese a las presiones de dirigentes oficialistas y aliados que reclamaban su salida. Mientras tanto, el caso mantuvo al Gobierno a la defensiva y coincidió con un incremento en la preocupación ciudadana por la corrupción y un deterioro de la imagen presidencial reflejado en diversas encuestas.

    Con la renuncia anunciada el sábado, el analista político Cristian Buttié, director de CB Global Data, considera que el Ejecutivo busca recuperar el control de la agenda pública. A su juicio, el caso se convirtió en «una caja china», ya que cada revelación originaba nuevas investigaciones que impedían al oficialismo posicionar otros temas de interés.

    «Si estas situaciones no se resuelven rápido, las heridas son cada vez más profundas. El Gobierno ya no puede hablar de la moral como política de Estado», afirmó Buttié, aunque recordó que Milei insistió recientemente en España que «Para nosotros lo que está primero son los valores».

    Para Gustavo Marangoni, politólogo y socio de M&R Asociados, la salida de Adorni era inevitable y calificó el desenlace como «la crónica de una muerte anunciada». Además, sostuvo que el cambio puede facilitar la reconstrucción de las relaciones del Ejecutivo con sus aliados parlamentarios.

    En la misma línea, Lara Goyburu, directora ejecutiva de Management & Fit Public Affairs, afirmó que la principal ganancia para el Gobierno será recuperar la iniciativa política después de varios meses en los que el escándalo opacó cualquier anuncio oficial.

    Según esa consultora, la aprobación del Gobierno cayó de 47 puntos en febrero a entre 36 y 37 puntos en la medición más reciente. Asimismo, siete de cada diez personas consultadas manifestaron que el caso afectó su confianza en la administración de Milei, mientras la corrupción volvió a situarse entre las principales preocupaciones ciudadanas.

    No obstante, Goyburu advirtió que el desgaste de imagen no necesariamente tendrá consecuencias electorales. «Si la economía acompaña, los casos de corrupción no siempre tienen una traducción directa en las urnas», señaló. Recordó además que el oficialismo ganó las elecciones legislativas de octubre de 2025 pese al escándalo por un presunto esquema de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

    Los analistas coinciden en que la salida de Adorni puede aliviar la presión política sobre el Gobierno argentino, aunque consideran que el cierre definitivo del episodio dependerá de los avances de las investigaciones judiciales y de que no aparezcan nuevas revelaciones que reaviven el caso.

     

  • El jefe de Gabinete de Milei renuncia tras meses de escándalos de corrupción

    El jefe de Gabinete de Milei renuncia tras meses de escándalos de corrupción

    El jefe de Gabinete del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, presentó este sábado su renuncia al cargo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y tras cuatro meses de controversias derivadas de acusaciones de corrupción que golpearon a la administración del presidente Javier Milei.

    La dimisión fue anunciada por el propio funcionario mediante una carta publicada en su cuenta de la red social X y dirigida al mandatario argentino. En el mensaje aseguró que decidió apartarse del Gobierno para proteger a su familia ante la presión generada por el caso.

    «Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mi y a mi familia», escribió Adorni.

    El ahora exfuncionario quedó envuelto en la polémica desde marzo, cuando salieron a la luz gastos de lujo que no figuraban en sus declaraciones patrimoniales. Las revelaciones dieron paso a una investigación judicial que actualmente analiza la evolución de su patrimonio por un presunto enriquecimiento ilícito.

    En la carta, Adorni rechazó las acusaciones y defendió su actuación durante el tiempo que permaneció en el Gobierno.

    «Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos señor presidente», expresó.

    Además, sostuvo que lo han «tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción» en su contra.

    El pasado 10 de junio, Adorni reconoció que omitió declarar cerca de $500,000 en sus informes patrimoniales. Según explicó entonces, el dinero correspondía a ahorros familiares mantenidos fuera del registro oficial junto a su esposa y provenían de actividades desarrolladas en el sector privado.

    En medio de la creciente presión política, la oposición impulsó una convocatoria para interpelarlo en el Congreso con el objetivo de evaluar una posible moción de censura. Paralelamente, Milei decidió retirarle las funciones de portavoz presidencial, cargo que ejercía de forma simultánea con la jefatura de Gabinete.

    La controversia se intensificó el viernes, cuando trascendió que desde la cuenta personal de Mercado Libre de Adorni se habrían realizado compras de equipos para videojuegos utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios bajo su dependencia en la Vocería Presidencial, situación que generó nuevos cuestionamientos públicos.

    Hasta el momento, el presidente Javier Milei había mantenido su respaldo al funcionario pese al desgaste político que provocó el escándalo. En el cierre de su carta, Adorni aseguró que abandona el Gobierno convencido de su actuación.

    «Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones», concluyó.

     

  • Juez envía a juicio por corrupción a la esposa del presidente español Pedro Sánchez

    Juez envía a juicio por corrupción a la esposa del presidente español Pedro Sánchez

    Un juez español acordó abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

    La decisión fue adoptada por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien además ordenó una serie de medidas cautelares contra Gómez, entre ellas la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

    El auto judicial fue divulgado este sábado y se produce después de la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares, encabezadas por la organización Hazte Oír, solicitaron restricciones al considerar que existía riesgo de fuga.

    La Fiscalía y los abogados defensores se opusieron a la imposición de medidas cautelares y reiteraron que no existen fundamentos suficientes para sostener la causa. Sin embargo, el magistrado sostuvo que las diligencias practicadas permiten apreciar “indicios racionales de criminalidad” que justifican la continuidad del proceso.

    Peinado argumentó que la gravedad de las penas asociadas a los delitos investigados podría aumentar el riesgo de que la acusada intente eludir la acción de la justicia. Incluso señaló en su resolución que los agentes encargados de la seguridad de Gómez podrían eventualmente facilitar una hipotética fuga, una afirmación que generó una inmediata reacción política.

    Desde el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno español, fuentes oficiales calificaron la decisión judicial como una muestra de “persecución”, “obsesión” y “desproporción” por parte del magistrado. Asimismo, sostuvieron que la investigación carece de sustento jurídico y responde a motivaciones políticas.

    La causa se inició en abril de 2024 tras una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias, que cuestionó la participación de Gómez en actividades relacionadas con una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía. Desde entonces, el caso ha generado un intenso debate político y jurídico en España.

    Además de Gómez, el juez también envió a juicio a su asesora Cristina Álvarez, a quien atribuye los mismos delitos. Igualmente, procesó al empresario Juan Carlos Barrabés por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado.

    En la resolución, el magistrado sostiene que Gómez se habría beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para obtener ventajas personales. La defensa rechaza estas acusaciones y mantiene que no existen pruebas que acrediten la comisión de delitos. El proceso continuará ahora con la conformación de un jurado popular que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

     

  • Anuncian nuevo proceso judicial contra dirigentes del partido gobernante de España

    Anuncian nuevo proceso judicial contra dirigentes del partido gobernante de España

    El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, imputó este miércoles al exsecretario de Organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán; a la gerente del partido, Ana María Fuentes; y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, dentro de la investigación del denominado ‘caso Leire Díez’.

    La causa indaga una supuesta trama que habría buscado obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, además de presuntas irregularidades en contratos relacionados con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

    Las imputaciones trascendieron el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil allanaron la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, para requerir documentación vinculada a la investigación judicial.

    El magistrado también ordenó diligencias en los domicilios de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y del empresario Javier Pérez Dolset, quien igualmente figura como investigado en la causa.

    Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, Pedraz investiga si existieron pagos provenientes del PSOE hacia una presunta estructura que buscaba influir o desestabilizar procesos judiciales mediante la recopilación de información reservada.

    La investigación también involucra a la exmilitante socialista Leire Díez, señalada por medios españoles como una supuesta “fontanera” del partido, así como al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso.

    Gaspar Zarrías declaró anteriormente ante los juzgados de Plaza de Castilla que contrató a Leire Díez para investigar una supuesta vinculación del excomisario José Manuel Villarejo con el caso de los ERE en Andalucía, proceso judicial por el cual Zarrías fue juzgado.

    Según explicó el exdirigente socialista, pagó 4,000 euros mensuales durante cuatro meses a Díez para realizar dichas investigaciones. Aplicando una conversión aproximada al tipo de cambio actual: €4,000 ( $4,350) mensuales.

    La Unidad Central Operativa sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado cerca de $700,000 en comisiones relacionadas con cinco operaciones bajo investigación que implicaban a empresas públicas y entidades vinculadas a la SEPI.

    De acuerdo con la investigación judicial, los implicados habrían conformado un grupo denominado ‘Hirurok’, cuyo objetivo era influir en expedientes administrativos y obtener beneficios económicos aprovechando sus conexiones políticas y capacidad de influencia dentro de la administración pública.

    Sánchez reconoce «gravedad»

    El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció la “gravedad” de la investigación judicial, aunque aclaró que la actuación de la Guardia Civil en la sede del partido fue un “requerimiento de información” y no un registro formal.

    «Si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año», afirmó Sánchez durante una rueda de prensa en Roma tras reunirse con el papa León XIV.

    El mandatario añadió que si aparecen nuevos “comportamientos irregulares” dentro del PSOE, actuarán “con contundencia” y colaborarán con la Justicia española.

    La investigación se mantiene bajo secreto de sumario, prorrogado recientemente por un mes más por el juez Pedraz, mientras la UCO continúa revisando material informático y documentación decomisada durante los registros.

     

  • Condenan a 20 años de cárcel a exalcalde de El Congo

    Condenan a 20 años de cárcel a exalcalde de El Congo

    El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión al exalcalde de El Congo, Edwin Enrique Parada Quezada, tras encontrarlo culpable de varios delitos relacionados con corrupción durante su administración municipal entre 2012 y 2015.

    La condena fue impuesta por los delitos de negociaciones ilícitas, cohecho impropio y falsedad documental agravada bajo la modalidad continuada, según informó el lunes el Órgano Judicial.

    El fallo establece ocho años de prisión por negociaciones ilícitas, cuatro años por cohecho impropio y otros ocho años por falsedad documental agravada.

    Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó al exfuncionario pagar $293,816.45 en concepto de responsabilidad civil por el perjuicio económico ocasionado al Estado.

    Las autoridades detallaron que Parada Quezada permanece en calidad de rebeldía y que la orden de captura en su contra continúa vigente, por lo que deberá cumplir la condena una vez sea detenido.

    La investigación inició en 2013 tras un informe de la Corte de Cuentas que detectó irregularidades en 12 proyectos ejecutados por la Alcaldía de El Congo, causando pérdidas al Estado por $376,903.90.

    De acuerdo con las investigaciones, el exalcalde utilizó prestanombres para apropiarse de contratos municipales y omitió procesos legales de adjudicación para obtener beneficios económicos con fondos públicos.

    En el mismo proceso fue condenado Amílcar Eduardo Jaco Estrada, colaborador cercano de Parada Quezada, quien recibió una pena de seis años y cuatro meses de prisión por actuar como cómplice necesario en negociaciones ilícitas y cohecho impropio.

    Asimismo, Efraín Alcides Castro Sánchez, exoctavo regidor municipal, fue condenado a cuatro años de prisión por incumplimiento de deberes, mientras que la exsíndico municipal Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera recibió una condena de tres años tras admitir los hechos mediante procedimiento abreviado.