El empresario Víctor de Aldama aseguró este miércoles ante el Tribunal Supremo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estaría en el nivel más alto de una presunta “organización criminal” vinculada a contratos públicos durante la pandemia.
Durante su declaración, en el marco del llamado caso de corrupción relacionado con el Ministerio de Transportes, Aldama aseguró que Sánchez se encontraba en el “escalafón 1” de la estructura, seguido por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
“El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba”, declaró el empresario, quien también reconoció haber formado parte de dicha red.
Aldama, considerado una pieza clave en la investigación por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante el covid-19, sostuvo que entregó entre 3.5 y 4 millones de euros a Ábalos.
Además, afirmó que el mandatario conocía estas supuestas “mordidas”. “Todo lo sabía el presidente”, reiteró en su comparecencia judicial.
El empresario, que colabora con la Fiscalía tras haber estado en prisión provisional por otro caso de fraude, también indicó que realizaba pagos periódicos en efectivo y entregas de dinero que llegaban hasta 250,000 euros en dependencias oficiales.
Mientras se desarrollaba la audiencia, el Gobierno español reaccionó mostrando “total tranquilidad” y cuestionó la credibilidad del testigo, señalando que se trata de “un gran mentiroso”.
Desde el Ejecutivo recordaron que los acusados pueden mentir como parte de su derecho a la defensa y reiteraron que Sánchez ha negado cualquier vínculo con Aldama o participación en los hechos investigados.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que solicitará amparo al Tribunal Supremo ante lo que considera “injurias” y acusaciones sin pruebas, insistiendo en que no existe financiación ilegal dentro de la formación.
En su declaración, Aldama también mencionó supuestas gestiones políticas relacionadas con Venezuela entre 2019 y 2022, incluyendo contactos con dirigentes opositores y del gobierno de Nicolás Maduro, lo que amplía el alcance de las acusaciones.
El caso continúa en desarrollo y forma parte de un proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, en el que las declaraciones de los implicados podrían ser determinantes para el rumbo del juicio.
La Fiscalía de Colombia solicitó este lunes imponer una medida de arresto contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntamente incumplir órdenes judiciales en el proceso que enfrenta por corrupción.
La petición fue presentada por la fiscal Lucy Marcela Laborde ante el juez del caso, luego de que el acusado no asistiera de forma presencial a varias audiencias.
“Su señoría, esta delegada solicita sancionar con arresto hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales”, expresó la fiscal durante la diligencia.
Petro Burgos enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con presuntas irregularidades cometidas cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.
Según la investigación, los hechos incluyen el supuesto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos, equivalentes a unos $29,000.
La Fiscalía señaló que el acusado no se presentó a audiencias realizadas los días 4 y 5 de noviembre de 2025, ni a otras diligencias posteriores, argumentando problemas para movilizarse.
No obstante, la fiscal indicó que existen elementos que contradicen esa versión, ya que el imputado habría estado de vacaciones en ciudades como Santa Marta y Cartagena durante ese periodo.
A juicio del ente acusador, esta situación evidenciaría un incumplimiento deliberado de las órdenes judiciales.
El juez deberá decidir si impone la medida de arresto solicitada, mientras el proceso continúa en curso.
Además, se prevé que los días 7 y 8 de mayo se realicen nuevas audiencias, que inicialmente serían virtuales, aunque la Fiscalía insiste en que se desarrollen de manera presencial.
El caso mantiene atención pública en Colombia por tratarse del hijo del mandatario y por la gravedad de los señalamientos en su contra.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles al excomisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Herson Flores Sandoval, y a su asistente José Ángel Quintanilla Rosales por el delito de cohecho impropio, tras comprobar que solicitaron más de $200,000 a empresarios.
Según la resolución judicial, los imputados exigían dinero a cambio de supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a influencias políticas dentro del Gobierno.
El tribunal determinó que los pagos fueron realizados por las víctimas bajo presión, engaños y abuso de poder ejercido por los acusados, quienes ofrecían gestiones que nunca se concretaron.
Como resultado, Flores Sandoval, quien había sido capturado en abril de 2024, fue condenado a cuatro años de prisión y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos como parte de la pena accesoria impuesta por el tribunal.
Por su parte, Quintanilla Rosales recibió una condena de dos años de cárcel, la cual fue sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública, según lo establecido en la sentencia.
Uno de los casos documentados ocurrió en diciembre de 2021, cuando una víctima entregó $50,000 en efectivo al asistente, dinero que había sido solicitado por el exfuncionario con la promesa de facilitar proyectos en infraestructura educativa y portuaria.
Otro testigo afirmó haber entregado $123,170, además de $25,000 y $29,567.58 entre agosto y noviembre de ese mismo año, bajo el ofrecimiento de obtener beneficios mediante supuestas consultorías.
El tribunal también resolvió absolver a ambos de responsabilidad civil, debido a que restituyeron el dinero a las víctimas antes de la sentencia.
Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala señalada de monopolizar la justicia durante ocho años al frente del Ministerio Público, dejará el cargo en medio de acusaciones de corrupción y constantes fricciones con el actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período, después de que el lunes quedara fuera de un listado de seis candidatos finales para el cargo al que aspirada por tercera vez (2026-2030) pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra.
«Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo», aseguró el presidente Arévalo el pasado 13 de abril.
Será Arévalo quien, por mandato de la ley, elija a quien suceda a Porras, su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca comprobado.
Pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el próximo 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria: en 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.
Sancionada por múltiples países
Sobre Porras recaen serias acusaciones por corrupción así como de intentar socavar la democracia durante sus ocho años al frente del Ministerio Público.
Estados Unidos la sancionó en 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir y debilitar investigaciones de alto nivel.
La Unión Europea también le impuso restricciones por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, la han acusado de perseguir a figuras claves de la sociedad civil así como de socavar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.
Y la opinión pública en Guatemala la ha señalado. Por ejemplo, el diario La Hora le ha recordado constantemente que lleva más de 800 días con una «protección oficiosa» al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por corrupción por EE.UU. y con docenas de casos documentados por los medios de corrupción durante su Gobierno.
Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala desde 2018, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.
Ocho años turbulentos
Porras asumió el puesto en mayo de 2018 y desde entonces se convirtió en la funcionaria con más poder dentro del país, inmune a cualquier fiscalización y con la capacidad de encarcelar a periodistas, fiscales y líderes indígenas con acusaciones que nunca se probaron en tribunales.
Fue elegida en 2018 para un primer mandato por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y en 2022 para un segundo período por Giammattei, su supuesto protector. Justamente, muchos le critican mantener lejos de tribunales a ambos mandatarios.
A Porras se le atribuye la persecución judicial en contra de más de 50 periodistas, jueces, activistas y exfiscales que tuvieron que salir exiliados, así como el encarcelamiento de «presos políticos» en palabras de organizaciones sociales.
Resaltan los casos de José Rubén Zamora Marroquín (periodista), Eduardo Masaya (abogado), Virginia Laparra, Stuardo Campo (exfiscales anticorrupción), Héctor Chaclán y Luis Pacheco (líderes indígenas), además de otro amplio grupo de activistas y estudiantes universitarios.
En cada uno de esos casos, los procesos judiciales se derrumbaron sin pruebas de sustento. Pero Campo, Chaclán y Pacheco, viceministro de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo de León, siguen en prisión preventiva, al igual que Zamora Marroquín quien cumple casa por cárcel.
Otra de las polémicas aristas del periodo de Porras ha sido las tensiones con Arévalo de León desde que llegó al Ejecutivo, pues la fiscal general encabezó una batería de acciones para intentar desbancar al presidente anulando los resultados electorales, lo que fue considerado como intentos de golpe de Estado.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó el lunes que espera designar a un fiscal general que no proteja a actores corruptos, luego que una comisión de postulación seleccionó a los seis candidatos finales para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El mandatario subrayó la necesidad de contar con una institución sólida y comprometida con la justicia. “No apadrine a los corruptos”, enfatizó al referirse al perfil que debe tener el próximo titular del Ministerio Público.
Arévalo sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “persiga a los delincuentes”, sea “una institución seria” y “defienda los intereses de Guatemala”.
El presidente deberá elegir al nuevo fiscal entre los seis aspirantes, quien asumirá el cargo por un periodo de cuatro años a partir del 16 de mayo.
La actual titular, Consuelo Porras Argueta, quedó fuera del listado definitivo al no obtener los votos necesarios, lo que impide su reelección para un tercer mandato al frente de la Fiscalía. Porras Argueta enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción, además de múltiples críticas por presuntamente socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.
El proceso de selección también ha sido cuestionado, especialmente por otorgarle el máximo puntaje a la actual fiscal, pese a los señalamientos en su contra tanto a nivel nacional como internacional.
Los aspirantes elegidos por la comisión son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.
Sin embargo, al menos tres de los candidatos han sido señalados en el pasado por presuntos vínculos con corrupción o irregularidades, según organizaciones civiles y reportes de medios locales.
Entre ellos, Estrada Barrientos fue vinculada a decisiones judiciales favorables a acusados por corrupción, mientras que Rivera Clavería ha sido mencionado por supuestos nexos con estructuras ilícitas, y Ávila Aparicio enfrenta cuestionamientos sobre su formación académica.
La comisión de postulación estuvo integrada por decanos de facultades de Derecho, representantes del Colegio de Abogados, así como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes Castañeda.
El político húngaro Péter Magyar se convirtió en el nuevo líder de Hungría tras ganar las elecciones legislativas, poniendo fin a 16 años de gobierno del primer ministro Viktor Orbán, quien había recibido el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump.
Magyar, un jurista de 45 años, logró consolidarse como la principal figura de oposición al canalizar el descontento ciudadano con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción.
Su ascenso político fue meteórico, ya que hasta 2024 era poco conocido, pero en menos de un año logró posicionarse como favorito en las encuestas.
El nuevo líder combina una postura conservadora en temas sociales con una visión más abierta hacia la Unión Europea, lo que le permitió atraer votantes tanto del oficialismo como de la oposición.
Su estrategia incluyó un fuerte enfoque en redes sociales y un estilo cercano, especialmente dirigido a los jóvenes que han crecido bajo el mandato de Orbán.
La ruptura de Magyar con el partido gobernante Fidesz ocurrió tras un escándalo relacionado con el indulto a un condenado por encubrimiento de abusos, lo que provocó una crisis política.
Tras abandonar esa formación en 2024, lideró el partido Tisza, que rápidamente ganó respaldo popular y obtuvo cerca del 30 % en las elecciones europeas.
Durante la campaña, evitó temas ideológicos divisivos y se centró en problemas concretos como el alto costo de vida, la corrupción y el deterioro de los servicios públicos.
Entre sus principales propuestas destaca una ofensiva anticorrupción, la incorporación de Hungría a la Fiscalía Europea y el desbloqueo de fondos retenidos por la Unión Europea.
«Nuestra patria forma parte de la comunidad europea, la OTAN y de Occidente», afirmó durante su último mitin.
El triunfo de Magyar representa un giro político en Hungría, con la promesa de restablecer relaciones con la Unión Europea y revertir la política de confrontación del gobierno saliente.
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia archivó la investigación preliminar contra Tony Estanguet, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras descartar irregularidades en su gestión.
El organismo informó este viernes que, tras las pesquisas realizadas, no se encontraron elementos suficientes para sostener los presuntos delitos financieros que incluían sospechas sobre su remuneración.
Según la Fiscalía, durante la investigación se detectaron errores legales, pero estos fueron cometidos “de buena fe” en el contexto de la evolución de la relación contractual del dirigente.
«Los argumentos de defensa esgrimidos por el Sr. Tony Estanguet han quedado corroborados por el análisis de las investigaciones llevadas a cabo», indicó el ente en un comunicado oficial.
El proceso había sido abierto el 1 de febrero de 2024 y contemplaba posibles delitos como abuso de funciones, favoritismo y malversación de fondos públicos.
Sin embargo, tras la toma de declaración del propio Estanguet y el análisis de la documentación, las autoridades determinaron cerrar el caso el pasado 9 de marzo.
Estanguet, triple campeón olímpico y cinco veces campeón mundial en eslalon, ha estado al frente de la organización de los Juegos de París 2024, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.
El archivo del caso supone un respaldo a la gestión del comité organizador, que en los últimos meses había enfrentado cuestionamientos por el manejo de recursos.
La decisión también despeja dudas sobre la administración del evento, que continúa en su fase final de ejecución tras la celebración de los Juegos Olímpicos.
El dirigente no ha emitido declaraciones tras conocerse el cierre de la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que un total de 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca González pasaron a manos del Estado salvadoreño.
Según las autoridades fiscales, los bienes recuperados están valorados en aproximadamente $9.6 millones y fueron obtenidos a través de un proceso de extinción de dominio contra estructuras utilizadas para el desvío de fondos públicos.
Las investigaciones determinaron que el exmandatario utilizó siete sociedades fachada para desviar recursos del Estado entre 2004 y 2009, durante su administración presidencial.
De acuerdo con la Fiscalía, el dinero sustraído fue utilizado para adquirir propiedades en zonas exclusivas de los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para el lavado de dinero.
Foto de archivo del expresidente Antonio Saca durante el juicio en su contra en 2018. DEM
En ese caso, el exmandatario fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de peculado y recibió una pena similar por lavado de dinero.
Durante el juicio, Saca confesó que su administración implementó un esquema para apropiarse de $300 millones provenientes de fondos públicos, recursos que posteriormente fueron invertidos en empresas y en la compra de al menos 28 propiedades.
El juez del Tribunal Supremo de Brasil, André Mendonça, autorizó a petición de la Policía Federal, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y de las comunicaciones de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como ‘Lulinha’, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de una investigación por una presunta trama de corrupción en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
La decisión trascendió este jueves, poco después de que la comisión parlamentaria de investigación en el Congreso aprobara una medida similar impulsada por la oposición. El caso forma parte de la llamada operación ‘Sin Descuento’, que indaga un supuesto esquema de malversación de fondos públicos.
La Policía Federal sostuvo ante el magistrado que ‘Lulinha’ figura como posible beneficiario en una de las fases de la investigación. Según un extracto del expediente, los datos recopilados “sugieren la posible participación de Fábio Lula en acciones destinadas a promover los proyectos empresariales” del presunto líder de la trama, Antonio Camilo Antunes, quien ya fue detenido.
No obstante, la propia investigación aclara que las menciones al hijo del mandatario provienen de terceros y que, hasta el momento, no existe evidencia directa de su participación en los hechos. La cadena Globo indicó que el expediente no establece pruebas concluyentes contra él.
La oposición utilizó el avance de la investigación policial para respaldar su solicitud en el Congreso, que fue aprobada en medio de fuertes intercambios y momentos de tensión, incluso con empujones entre legisladores. Por su parte, aliados del Gobierno calificaron la medida como un intento de afectar la imagen del presidente Lula a pocos meses de las elecciones presidenciales.
Hace unas semanas, Lula reveló en una entrevista al portal UOL que conversó con su hijo sobre el caso y le advirtió que “pagaría el precio” si estuviera implicado. “Que se investigue lo que se tenga que investigar”, expresó el mandatario.
“Cuando salió el nombre de mi hijo, le llamé y se lo dije a todo el mundo. Miré a los ojos de mi hijo y le dije, ‘solo tú sabes la verdad. Si tienes alguna cosa, vas a pagar el precio por ello. Si no, defiéndete’”, relató el presidente.
En la misma entrevista, Lula recordó que fue durante su gestión cuando se descubrió la presunta red de corrupción, la cual, según afirmó, se habría originado “años atrás” durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. Además, planteó que fuera su propio Gobierno el que impulsara la creación de una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer responsabilidades.
