Etiqueta: corrupción

  • Rodrigo Paz Pereira: el candidato opositor que sorprende en las elecciones de Bolivia 2025

    Rodrigo Paz Pereira: el candidato opositor que sorprende en las elecciones de Bolivia 2025

    El opositor Rodrigo Paz Pereira, exdiputado, exalcalde de Tarija y actual senador, dio la gran sorpresa en las elecciones generales de Bolivia 2025 al posicionarse primero en los conteos rápidos con más del 30 % de los votos válidos, superando al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanza el 27 %, según Ipsos Ciesmori.

    Con este resultado, Bolivia se encamina a un balotaje histórico el 19 de octubre, en el que por primera vez en dos décadas el Movimiento al Socialismo (MAS) queda fuera de la definición presidencial.

    Nacido en Santiago de Compostela, España, en 1967, durante el exilio de sus padres, Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y de la española Carmen Pereira. Su infancia transcurrió en distintos países debido a la persecución militar contra su familia.

    De profesión economista, con estudios en relaciones internacionales, Paz acumula una amplia trayectoria política: fue diputado, concejal, senador y alcalde de Tarija entre 2015 y 2020, donde derrotó al MAS de Evo Morales. Actualmente es senador por Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa.

    En su carrera también destaca su participación en la Coordinadora de Defensa de la Democracia en 2019, que exigió la segunda vuelta electoral tras las denuncias de fraude en favor de Morales.

    El binomio Paz – “Capi” Lara

    Su compañero de fórmula por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) es el excapitán de Policía Edman “Capi” Lara, conocido en redes sociales por denunciar presuntos casos de corrupción en la institución policial antes de ser dado de baja en 2024.

    De llegar a la Presidencia, Lara presidiría el Legislativo, mientras Paz asegura que su experiencia como legislador y como alcalde lo respalda para construir consensos.

    En declaraciones a EFE, Paz se definió como “un hombre que tiene dos felicidades enormes, amar a la patria y amar a su familia”. Su propuesta electoral gira en torno a: acabar con el “Estado tranca”, para liberar recursos hacia las regiones, reducir los gastos superfluos del Estado. Además propone mano dura contra la corrupción con una profunda reforma judicial y promover un gran acuerdo nacional con valores cristianos y visión integradora.

    “Bolivia necesita estabilidad, necesita gobernabilidad, pero sobre todo necesita que el Estado trabaje para la gente y no contra ella”, enfatizó Paz.

     

  • Amnistía Internacional exige liberación de la abogada y activista Ruth López

    Amnistía Internacional exige liberación de la abogada y activista Ruth López

    La organización Amnistía Internacional (AI) exigió este domingo la liberación de la abogada salvadoreña y activista Ruth López, encarcelada desde mediados de mayo pasado y acusada de enriquecimiento ilícito.

    AI enfatizó que López «es una abogada salvadoreña que ha dedicado su vida a la defensa por los derechos humanos y la lucha contra la corrupción».

    La organización exigió, en una publicación en X, la libertad «inmediata e incondicional» de la abogada.

    López, una de las principales voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, fue reconocida en julio pasado con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.

    La entidad indicó en un comunicado que este premio reconoce los «logros excepcionales de una persona u organización como defensora y/o promotora de los derechos humanos fuera de Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos».

    «López ha realizado contribuciones extraordinarias a los esfuerzos anticorrupción, la rendición de cuentas y los derechos humanos en El Salvador», apuntó la organización.

    La Fiscalía General acusó inicialmente a López de peculado desde su cuenta de X, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito, lo que la organización Cristosal -de la que era parte López- considera “una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH”.

    El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.

  • Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    El contralor general de la República de Panamá, Anel Flores, anunció este miércoles la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de concesión otorgado a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Una de las demandas es por inconstitucionalidad y la otra por nulidad, específicamente contra la prórroga del acuerdo.

    “La Contraloría General de la República, salvaguardando los intereses del país, hizo presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y otra por nulidad, referentes las dos al tema de los contratos con Panama Ports Company”, declaró Flores en conferencia de prensa.

    Según explicó, las acciones legales se sustentan en los resultados de una auditoría entregada el pasado 7 de abril, la cual reveló múltiples irregularidades y calificó el contrato como “leonino y abusivo contra los intereses del país”.

    La prórroga del contrato —firmada en 2021 sin seguir los trámites legales establecidos— es el foco de la demanda de nulidad.

    Desde 1997, Panama Ports administra los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico), dos de los principales terminales marítimos vinculados al Canal de Panamá.

    La concesión original fue por 25 años y se renovó automáticamente por otro período igual, en medio de denuncias por supuesta corrupción y condiciones desfavorables para el Estado, que posee apenas el 10 % de participación accionaria.

    Flores denunció además transacciones internacionales relacionadas con los activos de PPC sin incluir al Estado panameño. “Estamos muy claros que ahí están hablando de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños”, recalcó.

    En medio del escándalo, el conglomerado CK Hutchison anunció esta semana su intención de incorporar a un inversionista chino en el consorcio liderado por BlackRock que busca adquirir sus operaciones en Panamá. Según Bloomberg, la empresa estatal china Cosco negocia su entrada con poder de veto, lo que ha desatado nuevas alertas geopolíticas en plena tensión entre China y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la operación como parte de la “recuperación” del control norteamericano sobre el Canal.

    La transacción está valorada en aproximadamente $23,000 millones y contempla el traspaso del 90 % de las participaciones en los puertos operados actualmente por CK Hutchison.

    Sobre posibles responsabilidades penales, el contralor recordó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público.

    “Este contrato permitió que más de $1,300 millones no entraran a las arcas nacionales. Hubo malos panameños que vieron para otro lado”, afirmó Flores.

    El informe detalla también presuntos incumplimientos de inversión y otros daños económicos por parte de Panama Ports, que ahora forman parte del expediente judicial en manos del procurador de la nación.

  • Ucranianos protestan por ley que debilita agencias anticorrupción, la Unión Europea también reclama

    Ucranianos protestan por ley que debilita agencias anticorrupción, la Unión Europea también reclama

    Centenares de ciudadanos salieron el miércoles a las calles de Kiev y otras ciudades de Ucrania para rechazar una controvertida ley aprobada por el Parlamento y ratificada por el presidente Volodímir Zelenski, que debilita la independencia de las agencias anticorrupción al colocarlas bajo control del fiscal general.

    Las protestas, lideradas en su mayoría por jóvenes, incluyeron consignas contra la corrupción y pancartas en las que se exigía al mandatario ucraniano revocar la nueva legislación. Imágenes difundidas por la televisión pública mostraron la amplia movilización en plazas de todo el país.

    En respuesta, Zelenski aseguró en su discurso nocturno que ha escuchado el clamor popular y anunció que propondrá al Parlamento un nuevo proyecto de ley para restituir los poderes de los organismos anticorrupción y eliminar cualquier posible injerencia rusa en esas instituciones.

    El presidente también se comprometió a presentar, en un plazo de dos semanas, un plan nacional de lucha contra la corrupción.

    Reacción internacional

    La reacción internacional no se hizo esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó explicaciones directas a Zelenski por la polémica reforma. Así lo confirmó el comisario europeo de Democracia y Estado de Derecho, Michael McGrath, tras una reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia de la UE en Copenhague.

    “Von der Leyen expresó su profunda preocupación y pidió explicaciones”, dijo McGrath, quien subrayó que la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) son pilares fundamentales para el Estado de derecho en Ucrania.

    Agregó que estos organismos deben preservar su autonomía para mantener la confianza ciudadana y avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.

    El comisario fue tajante al afirmar que no puede haber retrocesos en los avances logrados por Ucrania en materia de transparencia, y calificó como “muy preocupante” la subordinación de las agencias al fiscal general nombrado por la Presidencia.

    La ley fue aprobada con los votos del partido oficialista de Zelenski y ha sido ampliamente cuestionada por ONG nacionales e internacionales, que consideran que representa una erosión de los controles al Ejecutivo. Algunas organizaciones aseguran que esta medida podría usarse para proteger a personas cercanas al presidente de futuras investigaciones por corrupción.

    La situación se agravó luego de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ejecutara redadas contra la NABU, deteniendo a dos altos funcionarios acusados de supuesta colaboración con Rusia. Estas acciones fueron percibidas como un ataque directo a la independencia institucional.

    Diversos gobiernos europeos, entre ellos Alemania y Suecia, sumaron sus críticas a las reformas. ONG proeuropeas que antes respaldaban a Zelenski ahora lo acusan de querer controlar los entes que investigan casos de corrupción, incluso dentro de su círculo cercano.

     

  • Justicia argentina ordena a expresidenta Cristina Fernández pagar $537 millones por corrupción

    Justicia argentina ordena a expresidenta Cristina Fernández pagar $537 millones por corrupción

    Un tribunal federal de Argentina ordenó este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho exfuncionarios y empresarios pagar $537 millones como parte de la ejecución de la sentencia por corrupción en la causa conocida como “Vialidad”.

    El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) determinó que los condenados deben cubrir 685,000 millones de pesos, equivalentes a $537 millones, por el “grave daño al erario público” ocasionado durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

    La resolución judicial señala que Fernández deberá abonar en efectivo su parte del monto total en un plazo de diez días hábiles, mediante un depósito en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina. Si no lo hace, se procederá con el remate de las propiedades embargadas a su nombre.

    Además de la expresidenta, también fueron condenados a realizar el pago el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. Todos ellos se encuentran actualmente en prisión.

    El monto fue establecido tras una pericia oficial de contadores públicos que desestimó los cálculos presentados por la defensa de Fernández, la cual proponía un reintegro de apenas 42,000 millones de pesos, equivalente a unos $33 millones.

    Se prevé que los condenados, incluida Fernández, presenten recursos para apelar el fallo emitido por el TOF 2.

    Desde el mes pasado, la exmandataria cumple prisión domiciliaria tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena que le impuso seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    La Justicia argentina determinó que Fernández debe permanecer en la misma residencia donde cumple su arresto domiciliario, portar una tobillera electrónica y limitar las visitas a un listado previamente aprobado. Las frecuentes manifestaciones de simpatizantes peronistas en las inmediaciones han generado molestias entre vecinos, pero los jueces rechazaron un cambio de lugar de reclusión.