Etiqueta: corrupción

  • La devaluación del peso argentino podría impactar en precios y actividad económica, admite Milei

    La devaluación del peso argentino podría impactar en precios y actividad económica, admite Milei

    El presidente argentino Javier Milei reconoció este sábado que la reciente devaluación del peso argentino, que acumula una caída del 10 % frente al dólar estadounidense solo en lo que va del mes, podría trasladarse a los precios y afectar negativamente al nivel de actividad económica del país.

    Durante una entrevista con Radio Mitre, el mandatario explicó que «se volatilizó la demanda de dinero», lo que podría tener consecuencias inflacionarias si esta disminución responde a una menor necesidad de dinero para transacciones diarias.

    “En ese caso podría ir a precios y también impactar en el nivel de actividad”, advirtió Milei.

    La inestabilidad financiera se refleja también en los mercados: el índice S&P MerVal registra una baja del 15 % en septiembre, mientras que los bonos soberanos en dólares han caído entre 21 % y 29 %, y el riesgo país de Argentina ha subido cerca de un 74 % en el mismo período.

    En un intento por frenar la creciente presión sobre el tipo de cambio del dólar hoy en Argentina, el Banco Central vendió 1.110 millones de dólares entre el miércoles y el jueves, con el objetivo de contener la cotización de la divisa norteamericana.

    Milei aseguró que su administración está trabajando en la creación de un “sistema financiero anticorridas” para evitar crisis cambiarias futuras. Además, confirmó los esfuerzos por asegurar los pagos de deuda externa para 2026, destacando que en enero y julio del próximo año se deben desembolsar más de 8.000 millones de dólares.

    Asimismo, el presidente ratificó el avance en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos para obtener un nuevo préstamo internacional que permita fortalecer las reservas argentinas y brindar estabilidad.

    Revés electoral y escándalo de corrupción

    El impacto en los mercados también se agravó tras el revés electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre. La derrota en el distrito más poblado del país encendió las alarmas de cara a los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre.

    A pesar del resultado, Milei se mostró confiado: “Las distritales nunca fueron un buen predictor de las nacionales”.

    Por otro lado, el presidente fue consultado sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que describe un presunto esquema de sobornos en el que habría estado involucrada Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.

    Milei defendió a su hermana y descartó tensiones internas en su gobierno. “Si Spagnuolo tenía esa certeza de corrupción, debía denunciarlo. No hay peleas internas, y Santiago Caputo no fue quien filtró los audios”, afirmó.

    Este domingo, el mandatario viajará a Nueva York, donde participará en el Debate General de la Asamblea de las Naciones Unidas. En el marco de su visita internacional, Milei sostendrá encuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

     

  • Seis de cada diez argentinos desaprueban la gestión de Javier Milei, según encuesta

    Seis de cada diez argentinos desaprueban la gestión de Javier Milei, según encuesta

    La gestión del presidente argentino Javier Milei alcanzó en agosto su mayor nivel de desaprobación desde que asumió en diciembre de 2023. De acuerdo con el más reciente Monitor de Humor Social y Político de la consultora D’Alessio IROL/Berensztein, un 57 % de los argentinos evalúa negativamente su gobierno, dos puntos más que en julio.

    El sondeo, realizado en línea entre el 29 y el 31 de agosto a 1,000 personas de todo el país, refleja que Milei enfrenta un complejo escenario político y económico a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

    En el plano personal, la imagen positiva de Milei se mantiene en 39 %, mientras que el pesimismo económico sigue en aumento. Un 59 % de los consultados considera que la situación económica actual es peor que hace un año, frente a un 40 % que cree que mejoró.

    Respecto a las expectativas para 2026, un 57 % anticipa un empeoramiento de la economía, mientras que solo el 40 % espera mejoras.

    La corrupción también se convirtió en una de las principales preocupaciones ciudadanas tras el escándalo de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), estallado el 20 de agosto. Según el estudio, un 55 % de los encuestados expresó inquietud por la corrupción en el gobierno.

    El veto presidencial a leyes sensibles como la de emergencia en discapacidad y la de aumento en jubilaciones generó divisiones: el 44 % de los encuestados considera que Milei lo hizo para evitar un incremento en el gasto público, el 25 % cree que fueron razones políticas y el 20 % lo atribuye a insensibilidad o corrupción.

    Tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Milei volvió a usar el veto esta semana contra la ley de financiación universitaria y la que declaraba la emergencia en salud pediátrica, profundizando la controversia sobre su estilo de gobierno.

     

  • Comisión legislativa recomienda levantar el fuero del presidente costarricense Rodrigo Chaves

    Comisión legislativa recomienda levantar el fuero del presidente costarricense Rodrigo Chaves

    La Asamblea Legislativa de Costa Rica recibió este viernes la recomendación de una comisión especial para levantar el fuero del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que enfrente un proceso judicial por el presunto delito de concusión.

    Las diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Frente Amplio, votaron a favor al considerar que existen elementos suficientes para la formación de causa. El legislador oficialista Daniel Vargas se opuso a la recomendación.

    “Voy a recomendar al Plenario Legislativo que apruebe el levantamiento de la inmunidad del señor presidente, quien dijo no tener temor. Eso refuerza que no hay persecución política y que debe enfrentar la justicia como cualquier costarricense”, declaró Alfaro.

    La acusación presentada por la Fiscalía General señala que la Presidencia habría contratado de forma irregular a la empresa RMC La Productora S.A., por servicios de comunicación financiados con $405,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según el expediente, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la firma y considerado “testigo de la corona”, habría participado en la redacción de los requisitos de contratación tras reuniones en Casa Presidencial.

    El caso también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien renunció a su inmunidad, y a Federico Cruz, asesor de campaña y exfuncionario cercano al mandatario.

    La Corte Suprema de Justicia remitió el expediente al Congreso el 1 de julio, tras la solicitud de la Fiscalía de levantar el fuero tanto a Chaves como a Rodríguez. Ahora será el Plenario, con el voto de al menos 38 de los 57 diputados, el que decida si permite continuar el proceso judicial contra el presidente.

    Rodrigo Chaves concluirá su mandato el 8 de mayo de 2026, sin opción de reelección inmediata, dado que la Constitución costarricense solo permite mandatos no consecutivos.

     

  • Nuevo libro revela secretos de la vida privada de Vladimir Putin

    Nuevo libro revela secretos de la vida privada de Vladimir Putin

    Las facetas más sensibles de la vida privada de Vladimir Putin y cómo estas se entrelazan con la historia política de Rusia han sido reveladas en el nuevo libro The Tsar In Propria Persona, escrito por los periodistas de investigación Roman Badanin y Mikhail Rubin.

    La obra, cuyo título en latín significa “El zar en persona”, contrasta la imagen oficial del presidente ruso como defensor de los valores tradicionales con la realidad de su intimidad, marcada por infidelidades, nepotismo y conexiones con el crimen organizado.

    “La vida privada de Putin, para decirlo simplemente, es mucho más importante que su vida pública”, señaló Badanin en entrevista con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

    El libro, disponible por ahora solo en ruso, es fruto de años de trabajo en Proekt, medio de investigación independiente que desde 2018 ha desafiado los límites impuestos por el Kremlin. Los autores lograron penetrar en el círculo íntimo de Putin, recopilando testimonios, documentos y archivos que hasta ahora habían permanecido ocultos.

    Entre las revelaciones destaca la influencia de Leonid Usvyatsov, un entrenador de judo y criminal que marcó la juventud de Putin en Leningrado, inculcándole el “apetito por el riesgo” y el uso de la fuerza. También se documenta su vínculo con el club nocturno Luna, en San Petersburgo, donde Putin se reunía con figuras de la mafia bajo la protección de Roman Tsepov, un conocido jefe criminal.

    El texto ofrece además un retrato íntimo de su matrimonio con Lyudmila Putina, deteriorado en la década de 1990, según las memorias de Irena Pietsch, amiga cercana de la exprimera dama. Allí se describe la vida lujosa y los engaños que provocaron dolor y humillaciones constantes.

    En el terreno político, The Tsar In Propria Persona expone la participación de Putin en la caída del fiscal general Yuri Skuratov en 1999, tras un escándalo sexual televisado que sirvió para proteger a la familia Yeltsin y asegurar el ascenso del exagente de la KGB al poder.

    Badanin y Rubin también documentan cómo la Iglesia Ortodoxa rusa fue instrumentalizada como herramienta política, el control progresivo del Kremlin sobre los medios independientes y los beneficios obtenidos por familiares y amigos cercanos de Putin en su consolidación como líder.

    Los autores, hoy exiliados en Estados Unidos tras ser perseguidos en Rusia, admiten el costo personal de sus investigaciones:

    “En un sentido amplio, este libro nos costó la patria. El gobierno ruso nos persiguió por indagar en Putin, sus amigos y sus malas acciones”, afirmó Badanin.

  • Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado este miércoles a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia en su contra por actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

    La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima determinó que Toledo utilizó la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica por su suegra Eva Fernenbug, para adquirir propiedades en Lima y Tumbes con dinero ilícito transferido por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en forma de sobornos.

    La condena alcanza también a su esposa, Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Fernenbug, aunque en el caso de Karp y Fernenbug se reservó el proceso al ser consideradas reos en rebeldía, al encontrarse fuera del país. Además, David Esquenazi recibió 11 años de prisión como cómplice, mientras que Dan On fue sentenciado a 13 años y 4 meses.

    Actualmente, Toledo, de 79 años, cumple una primera condena de 20 años en la prisión de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes peruanos. Ese proceso está relacionado con los sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de adjudicar tramos de la carretera Interoceánica.

    Durante la audiencia virtual, Toledo se declaró “desilusionado” con el sistema judicial, expresó su desacuerdo con la sentencia y anunció que presentará un recurso de nulidad.

    El tribunal, sin embargo, señaló que estaba probado que los fondos ilícitos sirvieron para cancelar hipotecas en sus residencias y que no existe justificación lícita para dichos recursos.

    La sala concluyó que Toledo, junto a su testaferro Josef Maiman y Avraham Dan On, se valió de empresas en Costa Rica y transferencias desde cuentas en Suiza para dar apariencia de legalidad a los sobornos. Entre 2006 y 2010, las operaciones simuladas confirmaron el acuerdo ilícito con Odebrecht y Camargo Correa.

    Según la legislación peruana, Toledo podría solicitar arresto domiciliario en marzo de 2026, cuando cumpla 80 años, en virtud de la ley humanitaria aprobada en 2023.

     

  • Milei dice que denuncias de corrupción en su contra son “mentiras”

    Milei dice que denuncias de corrupción en su contra son “mentiras”

    El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció por primera vez sobre las denuncias de corrupción que lo señalan junto a su hermana, Karina Milei, tras la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado del mandatario.

    “Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, aseguró Milei en un acto electoral en Lomas de Zamora, en referencia a las grabaciones en las que Spagnuolo describe un supuesto esquema de sobornos en la compra de medicamentos con participación de la empresa Suizo Argentina y el subsecretario Eduardo ‘Lule’ Menem.

    Los audios también mencionan a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como presunta destinataria de parte de los sobornos. El mandatario rompió así una semana de silencio, mientras Menem, la empresa señalada y otros funcionarios ya habían desmentido la acusación.

    Agresión en acto electoral

    Tras sus declaraciones, Milei fue agredido por manifestantes opositores en plena caravana electoral en Lomas de Zamora, bastión del peronismo. Los opositores lanzaron piedras y objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba el presidente junto a su hermana y al candidato oficialista José Luis Espert, lo que obligó a su evacuación en un vehículo blindado.

    El incidente generó enfrentamientos entre opositores y seguidores del mandatario. Aunque Milei no resultó herido, su equipo de seguridad desplegó un operativo de emergencia para trasladarlo a la residencia presidencial en Olivos, donde reapareció ileso y responsabilizó al kirchnerismo de instigar la violencia.

    Este jueves, el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, aseguró que el presidente “está en excelente estado de salud y trabajando normalmente” tras el ataque.

    La protesta reunió a sectores opositores que manifestaron su rechazo a la gestión de Milei y expresaron su malestar por las recientes denuncias de corrupción vinculadas a la ANDIS.

    El episodio ocurre a pocos días de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de creciente tensión política y fuertes cuestionamientos al gobierno argentino.

  • Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    La Fiscalía de Perú registró este miércoles la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja, como parte de una investigación que lo señala por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y ocultamiento de pruebas.

    El operativo, denominado “Ícaro”, se extendió a oficinas en Lima y Ayacucho, incluidas instalaciones relacionadas con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es considerado cercano a la mandataria. Según la investigación, la minera El Dorado habría entregado sobornos a Santiváñez, cuando este era ministro del Interior, a cambio de recuperar el control de dos minas mediante operaciones policiales ficticias.

    La Fiscalía sostiene además que Nicanor Boluarte habría recibido pagos ilegales por mantener a generales de la Policía en sus cargos y por favorecer a la empresa minera. El caso se produce en vísperas de que el Tribunal Constitucional evalúe recursos legales presentados por él, tras haber cumplido dos meses de prisión preventiva en el marco del escándalo denominado “Waykis en la Sombra”.

    El abogado del hermano de la mandataria, Luis Vivanco, rechazó los señalamientos y calificó las investigaciones como un “abuso” de la Fiscalía. Aseguró que su cliente “no tiene nada que ver con una minera” y que “no conoce” a Santiváñez.

    La presidenta Dina Boluarte respondió con dureza, denunciando que el proceso busca debilitar a su administración. “Yo sé que no es contra él, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza. La familia Boluarte siempre mantendrá firme y digna”, afirmó desde el Palacio de Gobierno, durante un acto por el Día de la Defensa, acompañada de varios ministros, entre ellos el propio Santiváñez.

    El recién nombrado ministro de Justicia también enfrenta restricciones judiciales: tiene prohibido salir del país mientras es investigado por un presunto intento de soborno al Tribunal Constitucional en 2021, cuando era abogado de un exoficial de policía vinculado al crimen organizado.

    La crisis estalla en un momento político delicado para el gobierno de Boluarte, que denuncia un uso instrumental de la Fiscalía con el fin de “tumbar” su mandato, mientras el país sigue inmerso en tensiones institucionales y protestas sociales.

     

  • Rodrigo Paz Pereira: el candidato opositor que sorprende en las elecciones de Bolivia 2025

    Rodrigo Paz Pereira: el candidato opositor que sorprende en las elecciones de Bolivia 2025

    El opositor Rodrigo Paz Pereira, exdiputado, exalcalde de Tarija y actual senador, dio la gran sorpresa en las elecciones generales de Bolivia 2025 al posicionarse primero en los conteos rápidos con más del 30 % de los votos válidos, superando al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanza el 27 %, según Ipsos Ciesmori.

    Con este resultado, Bolivia se encamina a un balotaje histórico el 19 de octubre, en el que por primera vez en dos décadas el Movimiento al Socialismo (MAS) queda fuera de la definición presidencial.

    Nacido en Santiago de Compostela, España, en 1967, durante el exilio de sus padres, Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y de la española Carmen Pereira. Su infancia transcurrió en distintos países debido a la persecución militar contra su familia.

    De profesión economista, con estudios en relaciones internacionales, Paz acumula una amplia trayectoria política: fue diputado, concejal, senador y alcalde de Tarija entre 2015 y 2020, donde derrotó al MAS de Evo Morales. Actualmente es senador por Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa.

    En su carrera también destaca su participación en la Coordinadora de Defensa de la Democracia en 2019, que exigió la segunda vuelta electoral tras las denuncias de fraude en favor de Morales.

    El binomio Paz – “Capi” Lara

    Su compañero de fórmula por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) es el excapitán de Policía Edman “Capi” Lara, conocido en redes sociales por denunciar presuntos casos de corrupción en la institución policial antes de ser dado de baja en 2024.

    De llegar a la Presidencia, Lara presidiría el Legislativo, mientras Paz asegura que su experiencia como legislador y como alcalde lo respalda para construir consensos.

    En declaraciones a EFE, Paz se definió como “un hombre que tiene dos felicidades enormes, amar a la patria y amar a su familia”. Su propuesta electoral gira en torno a: acabar con el “Estado tranca”, para liberar recursos hacia las regiones, reducir los gastos superfluos del Estado. Además propone mano dura contra la corrupción con una profunda reforma judicial y promover un gran acuerdo nacional con valores cristianos y visión integradora.

    “Bolivia necesita estabilidad, necesita gobernabilidad, pero sobre todo necesita que el Estado trabaje para la gente y no contra ella”, enfatizó Paz.

     

  • Amnistía Internacional exige liberación de la abogada y activista Ruth López

    Amnistía Internacional exige liberación de la abogada y activista Ruth López

    La organización Amnistía Internacional (AI) exigió este domingo la liberación de la abogada salvadoreña y activista Ruth López, encarcelada desde mediados de mayo pasado y acusada de enriquecimiento ilícito.

    AI enfatizó que López «es una abogada salvadoreña que ha dedicado su vida a la defensa por los derechos humanos y la lucha contra la corrupción».

    La organización exigió, en una publicación en X, la libertad «inmediata e incondicional» de la abogada.

    López, una de las principales voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, fue reconocida en julio pasado con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.

    La entidad indicó en un comunicado que este premio reconoce los «logros excepcionales de una persona u organización como defensora y/o promotora de los derechos humanos fuera de Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos».

    «López ha realizado contribuciones extraordinarias a los esfuerzos anticorrupción, la rendición de cuentas y los derechos humanos en El Salvador», apuntó la organización.

    La Fiscalía General acusó inicialmente a López de peculado desde su cuenta de X, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito, lo que la organización Cristosal -de la que era parte López- considera “una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH”.

    El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.

  • Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    El contralor general de la República de Panamá, Anel Flores, anunció este miércoles la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de concesión otorgado a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Una de las demandas es por inconstitucionalidad y la otra por nulidad, específicamente contra la prórroga del acuerdo.

    “La Contraloría General de la República, salvaguardando los intereses del país, hizo presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y otra por nulidad, referentes las dos al tema de los contratos con Panama Ports Company”, declaró Flores en conferencia de prensa.

    Según explicó, las acciones legales se sustentan en los resultados de una auditoría entregada el pasado 7 de abril, la cual reveló múltiples irregularidades y calificó el contrato como “leonino y abusivo contra los intereses del país”.

    La prórroga del contrato —firmada en 2021 sin seguir los trámites legales establecidos— es el foco de la demanda de nulidad.

    Desde 1997, Panama Ports administra los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico), dos de los principales terminales marítimos vinculados al Canal de Panamá.

    La concesión original fue por 25 años y se renovó automáticamente por otro período igual, en medio de denuncias por supuesta corrupción y condiciones desfavorables para el Estado, que posee apenas el 10 % de participación accionaria.

    Flores denunció además transacciones internacionales relacionadas con los activos de PPC sin incluir al Estado panameño. “Estamos muy claros que ahí están hablando de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños”, recalcó.

    En medio del escándalo, el conglomerado CK Hutchison anunció esta semana su intención de incorporar a un inversionista chino en el consorcio liderado por BlackRock que busca adquirir sus operaciones en Panamá. Según Bloomberg, la empresa estatal china Cosco negocia su entrada con poder de veto, lo que ha desatado nuevas alertas geopolíticas en plena tensión entre China y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la operación como parte de la “recuperación” del control norteamericano sobre el Canal.

    La transacción está valorada en aproximadamente $23,000 millones y contempla el traspaso del 90 % de las participaciones en los puertos operados actualmente por CK Hutchison.

    Sobre posibles responsabilidades penales, el contralor recordó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público.

    “Este contrato permitió que más de $1,300 millones no entraran a las arcas nacionales. Hubo malos panameños que vieron para otro lado”, afirmó Flores.

    El informe detalla también presuntos incumplimientos de inversión y otros daños económicos por parte de Panama Ports, que ahora forman parte del expediente judicial en manos del procurador de la nación.