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Etiqueta: corrupción

  • Pemex niega una relación con los dueños de Miss Universo y el triunfo de Fátima Bosch

    Pemex niega una relación con los dueños de Miss Universo y el triunfo de Fátima Bosch

    Petróleos Mexicanos (Pemex) negó este domingo tener vínculos con la organización Miss Universo o con sus directivos, luego de la polémica generada por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch Fernández, hija de un alto funcionario de la estatal, en el certamen de belleza celebrado en Tailandia.

    En un comunicado oficial, Pemex aclaró que no existe relación contractual vigente con la firma Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Raúl Rocha, uno de los actuales copropietarios del certamen Miss Universo. La petrolera subrayó que el contrato firmado en febrero de 2023 por un período de 11 meses ya no está activo.

    “El contrato fue celebrado con las empresas Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, pero a la fecha no hay ninguna relación contractual vigente”, precisó la empresa estatal.

    La institución también respondió a las críticas por haber felicitado públicamente a Bosch tras su victoria. En el texto, sostuvo que el mensaje en redes sociales fue parte del “entusiasmo popular” que generó el triunfo de la mexicana y no implica ninguna conexión institucional con el certamen internacional.

    La controversia surgió luego de que medios mexicanos revelaran que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, subdirector de Seguridad y Salud en Pemex, quien en 2023 ocupaba el cargo de coordinador ejecutivo en el área de exploración y producción, durante la adjudicación de un contrato a la empresa de Rocha.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también felicitó a Bosch por su victoria en Miss Universo y la calificó como “un ejemplo de valentía para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”.

    Originaria del estado de Tabasco, Bosch, de 25 años, se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título de Miss Universo, sumándose a las coronas ganadas por Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

    Bosch venció a 119 competidoras de todo el mundo, imponiéndose en la final a la tailandesa Veena Praveenar y a la venezolana Stephany Abasaly. Esta edición incluyó por primera vez a representantes como una mujer transgénero, madres de familia, una sobreviviente de genocidio y la primera delegada palestina en la historia del certamen.

    La joven también fue centro de atención antes de la final, cuando Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la reprendió públicamente por no compartir contenidos del concurso en sus redes sociales.

     

  • Petro publica sus gastos personales y revela pagos en tiendas de lujo y en un burdel en Portugal

    Petro publica sus gastos personales y revela pagos en tiendas de lujo y en un burdel en Portugal

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó esta semana sus gastos personales desde 2022 como respuesta a su reciente inclusión en la llamada “Lista Clinton”, en un intento por demostrar que sus ingresos son legítimos y desmentir cualquier vínculo con el narcotráfico.

    La revelación ocurre luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara como supuesto “líder del narcotráfico” y lo incluyera, junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

    “He publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha, y quisiera que fuera desde más atrás, para que no quede duda de mis ingresos. Pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de renta que he hecho públicas también”, escribió el presidente en su cuenta oficial de X.

    Tras esta declaración, medios colombianos divulgaron extractos de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), organismo oficial encargado del monitoreo de lavado de dinero y financiamiento ilícito. El documento, inicialmente clasificado como secreto, detalla los movimientos bancarios del mandatario entre 2023 y mediados de 2025.

    En los registros aparecen pagos en hoteles, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y abonos hipotecarios. Entre las tiendas en el exterior se listan desde cadenas como Zara, El Corte Inglés, Saks Fifth Avenue y Nordstrom, hasta marcas de lujo como Gucci, Prada y La Rinascente.

    Uno de los gastos que más llamó la atención de la prensa local fue uno realizado en mayo de 2023 en el Ménage Strip Club, un establecimiento de entretenimiento para adultos en Lisboa, Portugal. El consumo fue de 209,969 pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente $56. Petro se encontraba en Portugal en visita oficial el 6 y 7 de mayo, luego de una gira por España.

    El presidente reaccionó a la publicación del informe financiero cuestionando al canal Noticias RCN, uno de los medios que replicó el contenido: “¿Algo que rechazar señores de RCN? ¿Encontraron que mis gastos son superiores a mis ingresos salariales y de regalías de mi libro?”, escribió Petro sin añadir más comentarios.

    Hasta el momento, ni el Gobierno de Colombia ni las autoridades estadounidenses han emitido comunicados adicionales sobre la inclusión del presidente en la Lista Clinton.

     

     

  • Tribunal argentino confirma procesamiento del expresidente Alberto Fernández por corrupción

    Tribunal argentino confirma procesamiento del expresidente Alberto Fernández por corrupción

    Un tribunal de segunda instancia en Argentina confirmó el martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción vinculados a la contratación irregular de seguros desde organismos estatales, que habrían favorecido al esposo de su secretaria privada.

    La decisión fue emitida por la Cámara Federal de Buenos Aires, que ratificó el fallo dictado en julio por el juez federal Sebastián Casanello. Para los magistrados de alzada, hubo “participación directa” del entonces mandatario en la red de beneficios irregulares.

    Fernández fue procesado bajo el cargo de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificado en el Código Penal argentino, con penas que van de uno a seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    En este expediente judicial también están implicadas otras 33 personas, entre ellas el bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, señalado como beneficiario de las contrataciones, y su esposa, María Cantero, quien fue asistente privada del exmandatario.

    La causa gira en torno a un decreto firmado por Fernández en 2021 que obligaba a todos los organismos públicos a contratar sus seguros a través de Nación Seguros, una empresa del estatal Banco Nación. Según la investigación, Martínez Sosa recibió el 59.6 % de las comisiones liquidadas por esa compañía a todos los intermediarios de pólizas contratadas por entes gubernamentales.

    Con esta resolución judicial, el caso se encamina hacia una eventual elevación a juicio, mientras el expresidente argentino enfrenta crecientes cuestionamientos por presuntas prácticas de corrupción durante su administración.

     

  • Nuevo presidente de Bolivia denuncia haber hallado una «cloaca institucional» tras asumir el poder

    Nuevo presidente de Bolivia denuncia haber hallado una «cloaca institucional» tras asumir el poder

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el jueves que su administración encontró “una cloaca de dimensiones extraordinarias” al recibir el Gobierno del expresidente Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), declaraciones que ofreció durante la toma de posesión de nuevas autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB).

    “En estos solo cuatro días de Gobierno, quiero decir con el dolor personal que esto es una cloaca de dimensiones extraordinarias”, expresó Paz durante su discurso. Añadió que lo que recibieron “no tiene el valor de llamarlo estado tranca”, término con el que calificó al aparato estatal heredado del MAS, al que acusó de estar marcado por la corrupción y la burocracia.

    “Por donde entramos, ministerios, instituciones, hay hombres y mujeres de buena fe, de meritocracia, que trabajan y representan a los hombres y mujeres de la patria, pero también hemos encontrado, y desgraciadamente en dimensiones no esperadas, una cloaca”, reiteró.

    El mandatario señaló que uno de los principales objetivos de su gestión será transformar ese “Estado tranca” en un “Estado al servicio de la patria”. Para ello, subrayó que será necesario recuperar la meritocracia como base para las designaciones públicas y enfocarse en “la economía de la gente”.

    Durante el mismo acto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, declaró que el nuevo gobierno está recibiendo “una economía devastada”.

    “Lo que nos han dejado en los últimos 20 años son problemas, desinstitucionalización, desabastecimiento, iliquidez… pero está claro que lo que nos toca a nosotros es mirar hacia adelante”, señaló.

    Espinoza también destacó que los nuevos nombramientos en el BCB “responden a la meritocracia” y a las necesidades técnicas del país. En ese contexto, el presidente Paz oficializó a David Iván Espinoza como presidente interino del Banco Central y juramentó como directores a Walter Orellana, Álvaro Romero, Denisse Martín Alarcón y Claudia Pacheco.

    A los nuevos funcionarios, Paz les garantizó “independencia institucional” y les exigió “disciplina fiscal y monetaria”, así como “transparencia y rendición de cuentas”.

    Desde principios de 2023, Bolivia enfrenta una crisis de reservas internacionales, marcada por una persistente escasez de divisas y constantes problemas de abastecimiento de combustibles en todo el país.

    Sin embargo, el riesgo país boliviano cayó esta semana a 930 puntos, su nivel más bajo desde el 21 de julio de 2023, según el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) del banco estadounidense JP Morgan.

     

  • La Fiscalía colombiana imputa seis delitos a hijo del presidente Petro por corrupción

    La Fiscalía colombiana imputa seis delitos a hijo del presidente Petro por corrupción

    Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue imputado este lunes por la Fiscalía colombiana por su presunta participación en un caso de corrupción cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico, en el norte del país.

    Durante una audiencia celebrada en Bogotá, la fiscal Lucy Laborde detalló que se le acusa de seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

    Según el Ministerio Público, entre 2021 y 2022, Petro Burgos habría gestionado de forma irregular la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), de los cuales se habría apropiado de al menos 111 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos $29,500.

    La fiscal explicó que el hijo del presidente no tenía una función directa en la administración de los fondos públicos, por lo que su responsabilidad se configura como “interviniente” en el delito de peculado por apropiación, en complicidad con los administradores de los recursos.

    Este proceso se suma a otro caso penal abierto en julio de 2023, donde se le señala de haber recibido hasta 500 millones de pesos (alrededor de $132,000) de personas con vínculos con el narcotráfico, como Samuel Santander Lopesierra, alias “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.

    Parte de esos fondos, según la Fiscalía, habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de Gustavo Petro. No obstante, Nicolás Petro afirmó en una entrevista con la revista Semana que su padre no estaba al tanto de estas transacciones.

     

  • Fiscalía de Guatemala allana «lujosa vivienda» vinculada al expresidente Giammattei

    Fiscalía de Guatemala allana «lujosa vivienda» vinculada al expresidente Giammattei

    La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves una lujosa residencia relacionada con el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), como parte de una investigación sobre la presunta construcción irregular de una carretera de $7.5 millones para facilitar el acceso a dicho inmueble.

    La vivienda está situada en el municipio de Santa María de Jesús, en Sacatepéquez, a 43 kilómetros de Ciudad de Guatemala, y se encuentra inmovilizada desde mayo por orden judicial. Las autoridades prevén entregarla a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

    El Ministerio Público informó que la diligencia fue realizada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, como parte de una investigación iniciada en 2020 sobre el proceso de licitación de una carretera valorada en 58.9 millones de quetzales, aproximadamente $7.5 millones. Esta vía conecta Santa María de Jesús con el municipio de Palín, en Escuintla.

    Fotografía cedida por el Ministerio Público que muestra el allanamiento de una finca vinculada al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei (2020-2024) este jueves, en el kilómetro 46 al sur de la Ciudad de Guatemala. EFE

    Según las autoridades, la carretera “habría sido construida con la finalidad de tener acceso a una lujosa vivienda de propiedad privada ubicada en la finca El Nacimiento”. El inmueble está conformado por cuatro fincas colindantes que suman unas 100 manzanas (equivalentes a 69.9 hectáreas) y fue adquirida por una sociedad anónima vinculada al expresidente Giammattei.

    De acuerdo con la Fiscalía, esta sociedad no tenía registros de actividad tributaria y fue comprada por apenas 50,000 quetzales, es decir, alrededor de $6,500. El propósito de las investigaciones es determinar el origen de los fondos usados para desarrollar la propiedad, que cuenta con caballerizas, paneles solares y áreas para cultivo de café.

    El caso se mantiene bajo reserva judicial y se suma a otros procesos que implican al exmandatario. En enero de 2024, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Giammattei y le prohibió el ingreso a su territorio, tras acusarlo de haber “aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas” durante su administración.

  • Empresarios peruanos alertan del impacto de la inseguridad en sus operaciones

    Empresarios peruanos alertan del impacto de la inseguridad en sus operaciones

    La criminalidad se ha convertido en la principal amenaza para las grandes empresas de Perú, con un 13 % que reporta haber sido víctima de amenazas o extorsiones y un 40 % que ha debido incrementar sus gastos en seguridad privada, reveló este miércoles una encuesta presentada en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos), el principal foro empresarial del país.

    El estudio, realizado por la encuestadora Ipsos, indica que en el último año un 9 % de las compañías enfrentó amenazas directas, mientras que un 6 % fue blanco de cobros ilegales o extorsiones por parte de organizaciones criminales.

    A raíz de esta creciente ola de inseguridad, los empresarios reportan consecuencias directas en sus operaciones: un 24 % ha debido paralizar o reducir actividades, un 21 % ha sufrido robos de productos o activos, y un 20 % experimentó dificultades para contratar o retener personal.

    En cuanto a la percepción sobre los principales problemas que afectan al país, la delincuencia ocupa el primer lugar con un 85 %, seguida de la corrupción (81 %) y la crisis política (36 %). Además, un 89 % considera que Perú ha retrocedido en la lucha contra el crimen, y un 60 % opina lo mismo respecto a la corrupción.

    Por primera vez en tres décadas, la inseguridad y el avance de la delincuencia se posicionan como el mayor riesgo político y social para el entorno empresarial (64 %), por encima del aumento de la corrupción en el Estado (40 %) y el debilitamiento institucional (31 %).

    Entre las medidas prioritarias que podrían reactivar la inversión privada, el 79 % de los empresarios encuestados cree que combatir la inseguridad tendría mayor impacto, seguido del combate a la corrupción (69 %) y la ejecución de proyectos de infraestructura de gran escala (47 %).

    Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial —organizador del evento— urgió al gobierno de transición, presidido por José Jerí, a priorizar el restablecimiento de la seguridad. “La inseguridad no solo está afectando la operatividad de las empresas, sino que los sobrecostes están erosionando la capacidad operativa”, advirtió.

    Además, destacó que la criminalidad también afecta el tejido emprendedor del país. “La inseguridad está lesionando el espíritu emprendedor de los peruanos, que nos ha salvado cuando han llegado crisis. Es fundamental mantenerlo y no puede ser erosionado de manera tan dolorosa como está sucediendo por la inseguridad”, puntualizó.

    La encuesta fue realizada por Ipsos Perú entre el 17 y el 29 de octubre, con una muestra de 245 ejecutivos de alto nivel pertenecientes a las 5,000 empresas más grandes del país.

     

  • Honduras entra en recta final de comicios marcada por denuncias de fraude y desconfianza

    Honduras entra en recta final de comicios marcada por denuncias de fraude y desconfianza

    Honduras encara la recta final de las elecciones generales del 30 de noviembre en un ambiente de polarización política, marcado por denuncias de presunto fraude, divulgación de audios que apuntan a una supuesta manipulación de resultados y desconfianza hacia las instituciones encargadas del proceso.

    El fiscal general, Johel Zelaya, difundió la semana pasada grabaciones que presuntamente involucran a la consejera del CNE, Cossette López; al diputado Tomás Zambrano; y a un militar activo, y anunció una investigación por posible “asociación ilícita» relacionada con el intento de manipular el proceso.

    López y Zambrano negaron la autenticidad de los audios, atribuyéndolos a manipulación digital, y responsabilizaron al consejero del CNE Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), quien entregó a la Fiscalía las grabaciones que el fiscal hizo públicas el 29 de octubre.

    El excandidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (PINU-SD) Olban Valladares dijo este sábado a EFE que las denuncias son “infundadas y, en gran medida, absurdas y torpes”.

    Valladares advirtió que el panorama es “sombrío” debido a la ansiedad social, sus repercusiones económicas y el “grado de agitación y violencia” generado por sectores afines al Gobierno que buscan “retener el poder a cualquier costo”, lo que, según él, constituye la “mayor amenaza a la democracia” en Honduras.

    La presidenta hondureña, Xiomara Castro, calificó los hechos como una “conspiración criminal” destinada a «provocar un golpe electoral», y ordenó a las Fuerzas Armadas investigar la posible participación de militares, además de instruir al canciller, Javier Bu, a denunciar el caso ante la comunidad internacional.

    Castro advirtió que los mismos grupos que «violaron la Constitución en el golpe de 2009 – contra su esposo Manuel Zelaya – y consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017», estarían intentando «nuevamente suplantar la voluntad del pueblo».

    Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, defendió la independencia del órgano electoral y recordó que la Constitución lo protege frente a intentos de injerencia.

     

    Desconfianza ciudadana

    Valladares señaló que Honduras todavía no ha logrado “cimentar las bases de una democracia plena” y que las denuncias han profundizado la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas del proceso electoral.

    Por ello diversos sectores, incluido Valladares, consideran que esta percepción podría afectar tanto la participación como la legitimidad de los resultados electorales.

    Valladares aseguró que, aunque Honduras ha fortalecido sus mecanismos de control y supervisión electoral desde su retorno a la democracia en 1980, la proliferación de “escenarios falsos”, generados principalmente por el oficialismo, ha “debilitado el proceso”.

    Destacó que «la valentía” de las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, han evitado que el proceso electoral sea desacreditado por completo.

    El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, afirmó este sábado que la institución garantizará el desarrollo de unas elecciones “limpias y transparentes”.

    “Nosotros no tenemos un compromiso con nadie más que con la constitución de la República, más que con el pueblo hondureño”, subrayó Hernández, quien la semana pasada le solicitó al CNE que, el día de las elecciones, se entregue a la institución armada una copia de las actas de las juntas receptoras de voto correspondientes al nivel presidencial.

    La petición ha sido rechazada por diversos sectores, incluida la consejera presidenta del órgano electoral, quien la calificó como una “injerencia” por parte de Hernández.

    La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras solicitó la víspera que las elecciones se desarrollen en “paz y tranquilidad”, mientras que empresarios pidieron respetar la independencia de los entes electorales y evitar injerencias.

  • Arévalo insiste en denuncia de intento de golpe en Guatemala y recibe respaldo de la OEA

    Arévalo insiste en denuncia de intento de golpe en Guatemala y recibe respaldo de la OEA

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves sobre un nuevo intento de golpe de Estado, promovido por sectores judiciales que calificó como “corruptos” y liderados por la fiscal general María Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones internacionales por presuntos actos de corrupción.

    Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo aseguró que su Gobierno sigue enfrentando ataques sistemáticos para quebrar el orden constitucional.

    “Sabemos que los intentos de atentar contra la democracia son continuos. Están desesperados. El tiempo se les agota porque los corruptos van de salida”, declaró el mandatario guatemalteco.

    El mandatario celebró el fallo emitido esta semana por la Corte de Constitucionalidad, que dejó sin efecto una resolución del juez penal Fredy Orellana, la cual buscaba declarar vacante la presidencia de la República. El tribunal también advirtió al juez sobre posibles actos de prevaricato, respaldando así la legitimidad del Ejecutivo.

    Arévalo insistió en que los procesos legales en su contra son “espurios” y parte de una estrategia de desestabilización. “Hay una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones del Gobierno”, sostuvo.

    Además, confirmó que la Corte Suprema de Justicia ya tramita el proceso para evaluar la posible destitución del juez Orellana, petición que el mandatario considera procedente: “Las pruebas son claras”, afirmó.

    El canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez participa en la sesión extraordinaria de la OEA donde expuso las graves amenazas que enfrenta el orden constitucional y democrático en Guatemala. Foto @MinexGt

    Sesión de emergencia en la OEA

    Paralelamente, en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria para analizar la situación política de Guatemala.

    Durante la reunión, el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez denunció un caso de ‘lawfare’, señalando acciones ilegítimas de operadores judiciales con el objetivo de distorsionar los resultados de las elecciones de 2023 y forzar la salida de autoridades electas.

    “Nos preocupa el peligro constante que plantean las acciones del Ministerio Público y de juzgados cooptados, orientadas a crear una crisis política”, dijo Martínez ante el Consejo Permanente de la OEA.

    El secretario general, Albert Ramdin, respaldó al Gobierno de Arévalo y reiteró que “la voluntad democrática del pueblo guatemalteco debe ser respetada por todos los actores”. Enfatizó que el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad reafirma sin ambigüedades la legitimidad del presidente en ejercicio.

    Misión internacional y próximos pasos

    Como parte del respaldo internacional, la OEA enviará una misión especial de expertos para dar seguimiento al proceso democrático guatemalteco. Esta iniciativa será financiada por observadores permanentes como España, Francia, Suecia, Suiza, Noruega, Italia y las Naciones Unidas.

    Además, el próximo 5 de noviembre, los Estados miembros de la OEA votarán una declaración formal para reafirmar su compromiso con la preservación del orden constitucional y democrático en Guatemala.

    “No vamos a permitir que los logros del pueblo sean traicionados por una banda de actores corruptos”, sentenció Arévalo.

     

  • El FBI arresta en Puerto Rico a 12 personas, incluidos varios funcionarios de Hacienda

    El FBI arresta en Puerto Rico a 12 personas, incluidos varios funcionarios de Hacienda

    El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó este miércoles a doce personas en Puerto Rico, entre ellas funcionarios del Departamento de Hacienda, por su presunta participación en un esquema para burlar los sistemas de control de esa entidad pública, confirmó a EFE la portavoz de la agencia federal, Lymari Cruz.

    De acuerdo con la vocera, la operación incluyó la detención de empleados de Hacienda, señalados directamente en el pliego acusatorio junto a 26 corporaciones, cuyos nombres aún no han sido revelados por las autoridades.

    “No es un operativo en contra de Hacienda ni hay oficiales electos detenidos”, aclaró Cruz, aunque reconoció que todavía no se ha determinado cuántos de los arrestados trabajan en la mencionada agencia estatal.

    Los arrestos se efectuaron en distintas zonas de la isla y, según la portavoz del FBI, “pueden haber más arrestos más adelante”, sin ofrecer mayores detalles sobre las etapas futuras de la investigación.

    El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, ofreció una rueda de prensa para presentar el pliego acusatorio y detallar el funcionamiento del presunto esquema de corrupción, así como la identidad de todos los implicados en este caso que podría escalar en las próximas semanas.