El contralor general de la República de Panamá, Anel Flores, anunció este miércoles la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de concesión otorgado a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Una de las demandas es por inconstitucionalidad y la otra por nulidad, específicamente contra la prórroga del acuerdo.
“La Contraloría General de la República, salvaguardando los intereses del país, hizo presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y otra por nulidad, referentes las dos al tema de los contratos con Panama Ports Company”, declaró Flores en conferencia de prensa.
Según explicó, las acciones legales se sustentan en los resultados de una auditoría entregada el pasado 7 de abril, la cual reveló múltiples irregularidades y calificó el contrato como “leonino y abusivo contra los intereses del país”.
La prórroga del contrato —firmada en 2021 sin seguir los trámites legales establecidos— es el foco de la demanda de nulidad.
Desde 1997, Panama Ports administra los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico), dos de los principales terminales marítimos vinculados al Canal de Panamá.
La concesión original fue por 25 años y se renovó automáticamente por otro período igual, en medio de denuncias por supuesta corrupción y condiciones desfavorables para el Estado, que posee apenas el 10 % de participación accionaria.
Flores denunció además transacciones internacionales relacionadas con los activos de PPC sin incluir al Estado panameño. “Estamos muy claros que ahí están hablando de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños”, recalcó.
En medio del escándalo, el conglomerado CK Hutchison anunció esta semana su intención de incorporar a un inversionista chino en el consorcio liderado por BlackRock que busca adquirir sus operaciones en Panamá. Según Bloomberg, la empresa estatal china Cosco negocia su entrada con poder de veto, lo que ha desatado nuevas alertas geopolíticas en plena tensión entre China y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la operación como parte de la “recuperación” del control norteamericano sobre el Canal.
La transacción está valorada en aproximadamente $23,000 millones y contempla el traspaso del 90 % de las participaciones en los puertos operados actualmente por CK Hutchison.
Sobre posibles responsabilidades penales, el contralor recordó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público.
“Este contrato permitió que más de $1,300 millones no entraran a las arcas nacionales. Hubo malos panameños que vieron para otro lado”, afirmó Flores.
El informe detalla también presuntos incumplimientos de inversión y otros daños económicos por parte de Panama Ports, que ahora forman parte del expediente judicial en manos del procurador de la nación.
