El caso del salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, convertido en uno de los símbolos de las disputas judiciales por la política migratoria del presidente Donald Trump, registró un giro inesperado luego de que el Gobierno de Estados Unidos manifestara disposición para enviarlo a Costa Rica.
La declaración fue anunciada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una audiencia en el Congreso estadounidense, donde fue consultado por el senador demócrata Chris Van Hollen sobre el futuro migratorio del ciudadano salvadoreño.
«Si él está dispuesto a hacerlo, estaremos felices de enviarlo», respondió Mullin al referirse a una eventual deportación de Ábrego García hacia Costa Rica.
La postura representa un cambio significativo respecto a la posición mantenida durante los últimos meses por la administración estadounidense, que había rechazado repetidamente esa posibilidad y buscaba trasladarlo a diversos países africanos con los que el salvadoreño no mantiene vínculos personales ni familiares.
Los abogados de Ábrego García sostienen desde hace tiempo que su cliente aceptaría poner fin a los litigios contra el Gobierno estadounidense si se le permite trasladarse a Costa Rica, nación que ya expresó su disposición a recibirlo y otorgarle estatus de refugiado.
Tras conocerse las declaraciones de Mullin, la defensa presentó inmediatamente una copia de sus palabras ante la jueza federal Paula Xinis, quien supervisa el caso y anteriormente había cuestionado a las autoridades sobre las razones para negar esa alternativa migratoria.
Ábrego García fue deportado a El Salvador en marzo de 2025 junto a migrantes venezolanos durante una operación impulsada por la administración Trump. Posteriormente fue recluido en una prisión salvadoreña, donde denunció haber sido víctima de abusos y malos tratos, algo que el gobierno salvadoreño ha negado.
El caso adquirió notoriedad nacional en Estados Unidos debido a la prolongada batalla judicial que ha llegado incluso a la Corte Suprema. En mayo pasado, un juez federal en Nashville desestimó cargos penales relacionados con un supuesto esquema de tráfico de migrantes, al considerar que la acusación constituía un uso indebido del poder de persecución penal.
Según el fallo judicial, las acusaciones fueron utilizadas como parte de una estrategia para justificar la permanencia de Ábrego García fuera del país mientras se resolvían los procesos legales relacionados con su deportación.
Aunque actualmente ya no enfrenta cargos criminales, el salvadoreño continúa litigando contra los intentos de las autoridades estadounidenses de trasladarlo a terceros países. La administración había evaluado previamente opciones en países africanos como Uganda, Ghana, Esuatini y Liberia, luego de que otras alternativas fueran rechazadas.
Se espera que el Departamento de Justicia presente la próxima semana nuevos argumentos ante la corte para sustentar su posición sobre el destino migratorio de Ábrego García. La jueza Xinis deberá evaluar toda la información disponible, incluyendo las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, antes de emitir una resolución sobre el futuro del ciudadano salvadoreño.
