La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, enfrenta una ola de críticas tras afirmar que los nicaragüenses tienen “la forma de Gobierno que han elegido tener”, una declaración que generó rechazo entre dirigentes políticos, exmandatarios y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las declaraciones fueron brindadas el pasado 13 de junio al medio internacional NTN24 y contrastan con las posiciones sostenidas por organismos internacionales y diversos gobiernos que han denunciado al Ejecutivo de Daniel Ortega por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por la realización de procesos electorales cuestionados.
El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís calificó este martes las palabras de Fernández como “desafortunadas”, “muy graves” e “insólitas”, al considerar que desconocen la situación política que atraviesa Nicaragua. Según afirmó, las denuncias sobre abusos y restricciones a las libertades fundamentales han sido ampliamente documentadas por organismos independientes y por Naciones Unidas.
“Pareciera desconocer o por lo menos minusvalorar las condiciones del régimen político que impera en Nicaragua. Pasa por encima de la dictadura sin reconocer la naturaleza despótica, violenta, violatoria de todos los derechos humanos; que ha perseguido, matado y torturado, en fin, todas las barbaridades imaginables incluidas las desapariciones y la eliminación de la ciudadanía”, dijo Solís a EFE.
El exmandatario agregó que “Pretender que el Gobierno actual de Nicaragua es un Gobierno escogido por los nicaragüenses, como ella lo dice, no es de recibo” y sostuvo que las elecciones realizadas bajo la administración de Ortega han sido señaladas reiteradamente por presuntas irregularidades y falta de garantías democráticas.
Las declaraciones también fueron rechazadas por el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, que emitió un comunicado en el que señaló que las palabras de Fernández contradicen la realidad documentada por organismos internacionales y la experiencia de miles de personas que han abandonado Nicaragua en los últimos años.
“Rechazamos que se relativice o legitime la crisis vigente en Nicaragua y el autoritarismo que sigue empujando a las personas al desplazamiento forzado”, expresó la organización. Además, sostuvo que “minimizar la crisis nicaragüense no es neutralidad ni pragmatismo” y representa una contradicción con los principios democráticos que históricamente ha promovido Costa Rica.
Por su parte, el abogado Salvador Marenco, representante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó que desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 se han registrado restricciones constantes a los derechos humanos y denunció que los procesos electorales celebrados desde 2008 han sido cuestionados por falta de transparencia. También señaló que, tras las protestas de 2018, las violaciones a derechos humanos se agravaron y derivaron en un amplio éxodo de ciudadanos nicaragüenses.
Las críticas también fueron respaldadas por la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, quien recordó que la administración de Ortega ha sido señalada por la muerte de centenares de personas durante la crisis política, miles de detenciones, cierres masivos de organizaciones civiles y universidades, así como por acciones de persecución contra opositores dentro y fuera de Nicaragua.
