Etiqueta: crimen organizado

  • Condenan a ocho pandilleros salvadoreños por asesinatos en Houston

    Condenan a ocho pandilleros salvadoreños por asesinatos en Houston

    Ocho salvadoreños vinculados a la estructura criminal MS-13 fueron condenados en Estados Unidos por su participación en una conspiración de crimen organizado que operó en el área de Houston entre 2017 y 2018, informó el Departamento de Justicia de EEUU.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que la red ejecutó múltiples delitos, entre ellos extorsión, tráfico de drogas, robos, obstrucción de la justicia y asesinatos, incluyendo víctimas desde los 14 años. Todos los pandilleros estaban con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.

    «Las sentencias de hoy envían un mensaje claro: aquellos que llevan a cabo la violencia contra las organizaciones criminales transnacionales serán responsabilizados, sin importar de dónde vengan las órdenes. Estos acusados utilizaron la brutalidad para avanzar dentro de su empresa criminal, y ahora se enfrentan a las consecuencias”, dijo el fiscal John G.E. Marck, del Distrito Sur de Texas.

    Entre los sentenciados figura Edgardo Martínez-Rodríguez, alias “Largo”, de 35 años, considerado un líder de alto rango que ordenó varios homicidios, quien recibió una condena de 50 años de prisión. También fue sentenciado Wilman Rivas-Guido, alias “Inquieto”, de 30 años, con 45 años de cárcel.

    Otros seis implicados se declararon culpables previamente y permanecen bajo custodia. Miguel Ángel Aguilar-Ochoa, alias “Darki”, de 40 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en cuatro ocasiones, mientras que Wilson José Ventura-Mejía, alias “Discreto”, de 30 años, y Walter Chicas-García, de 28, recibieron penas de 50 años cada uno.

    Asimismo, Luis Ernesto Carbajal-Peraza, de 34 años, y Carlos García-Góngora, de 28, fueron condenados a 45 años de prisión, mientras que Marlon Miranda Morán, de 26 años, deberá cumplir una pena de 35 años.

    Las investigaciones revelaron que durante el periodo más violento de la pandilla en Houston, los mareros utilizaban armas de fuego, machetes, bates de béisbol y hasta sus propias manos para ejecutar a sus víctimas, con el objetivo de mantener el control territorial y fortalecer su reputación criminal.

    Tras los asesinatos, los pandilleros enviaban fotografías de los cuerpos a líderes de la organización en El Salvador como prueba de las ejecuciones, en algunos casos tras mutilar o desmembrar a las víctimas.

    “Estos acusados, actuando en nombre de una pandilla criminal transnacional, llevaron a cabo asesinatos brutales, matando a las víctimas con machetes, bates de béisbol y con sus propias manos, y luego glorificando sus actos violentos al enviar fotos de su carnicería a líderes de la MS-13 en El Salvador”, afirmó el fiscal adjunto A. Tysen Duva.

    En febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la MS-13 como una organización terrorista extranjera, señalando su presencia en varios estados del país norteamericano, así como en El Salvador y Honduras.

    El caso fue investigado por el FBI y otras agencias de seguridad, en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales, como parte de una ofensiva contra estructuras criminales transnacionales.

     

     

  • Presidente ecuatoriano impone toque de queda en nueve provincias

    Presidente ecuatoriano impone toque de queda en nueve provincias

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la implementación de un toque de queda nocturno en nueve provincias del país y en cuatro municipios, como parte de las acciones para combatir la criminalidad.

    La restricción estará vigente desde el 3 hasta el 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00, incluyendo a la provincia de Pichincha, donde se ubica la capital, Quito.

    El Gobierno detalló que la medida busca fortalecer la presencia estatal en zonas consideradas prioritarias y frenar el accionar de grupos delictivos que operan en distintas regiones.

    “Con el fin de proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, señaló la Presidencia al justificar la decisión.

    Entre las provincias incluidas se encuentran Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde ya se había aplicado la medida en marzo, además de Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos.

    También se aplicará en los municipios La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, considerados focos de incidencia delictiva.

    La medida responde al objetivo de “profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas”, según el Gobierno ecuatoriano.

    Durante el toque de queda aplicado en marzo, las autoridades reportaron más de 1,800 capturados, incautación de armas, municiones y dinero en efectivo, así como la destrucción de pistas clandestinas y sitios de minería ilegal.

    Ecuador enfrenta desde 2024 un estado de “conflicto armado interno”, decretado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, catalogadas como organizaciones terroristas.

    Pese a estas medidas, el país cerró 2025 con un récord de homicidios, con cerca de 9,300 casos, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.

     

  • Pandillero salvadoreño se declara culpable por tres asesinatos en EEUU y podría enfrentar cadena perpetua

    Pandillero salvadoreño se declara culpable por tres asesinatos en EEUU y podría enfrentar cadena perpetua

    Un ciudadano salvadoreño identificado como Franklin Antonio Amaya Paredes, de 28 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Boston por su participación en tres asesinatos vinculados a la pandilla MS-13, informó el Departamento de Justicia.

    El acusado, conocido con los alias “Mosca” o “Tony”, enfrentó cargos por crimen organizado, conspiración y asesinato en apoyo a actividades de pandillas, tras hechos ocurridos en los estados de Massachusetts y Virginia.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que Amaya Paredes integraba la clica Uniones Locos Salvatrucha (ULS), que operaba en distintas zonas del país y estaba involucrada en homicidios, tráfico de drogas y financiamiento de actividades criminales.

    Según la investigación, en agosto de 2018 el imputado participó en el asesinato de una persona a quien acusaban de traicionar a la pandilla. La víctima fue golpeada, estrangulada y posteriormente desmembrada, sin que hasta la fecha se hayan encontrado sus restos.

    En otro hecho ocurrido en junio de 2019, miembros de la estructura criminal asesinaron a un hombre en Virginia utilizando armas de fuego y machetes, mientras el acusado colaboraba en la operación.

    Asimismo, en julio de 2020, Amaya Paredes asesinó a su propio primo en Massachusetts, luego de citarlo a una reunión familiar, argumentando que este no cumplía con las reglas internas de la pandilla.

    “Este acusado – un extranjero que residía ilegalmente en nuestro país – admitió participar en tres asesinatos brutales para avanzar en la agenda violenta de la MS-13”, señaló la fiscal federal Leah B. Foley.

    Por su parte, el FBI calificó los hechos como de extrema violencia.

    “La brutalidad y el terror que infligió en nombre de la MS-13 demuestra un desprecio total por la vida humana”, indicó el agente especial Ted E. Docks.

    El tribunal programó la sentencia para el 10 de julio de 2026, y el acusado podría enfrentar cadena perpetua por los delitos cometidos.

     

  • Latinoamérica se vuelca en soluciones de inteligencia artificial para combatir al crimen

    Latinoamérica se vuelca en soluciones de inteligencia artificial para combatir al crimen

    Empresas del sector de defensa y tecnología están intensificando su presencia en Latinoamérica con soluciones basadas en inteligencia artificial, en respuesta al crecimiento del crimen organizado y la creciente preocupación ciudadana por la seguridad.

    Según explicó Yon Munilla, directivo de Indra, la demanda por estos productos ha aumentado considerablemente en la región, impulsando nuevas oportunidades de negocio.

    Este interés se refleja en la feria LAAD, celebrada en São Paulo, que reúne a unas 140 empresas y delegaciones de 22 países, con la expectativa de atraer a 18,000 visitantes en el mayor evento de defensa y seguridad de Latinoamérica.

    El auge de estas tecnologías coincide con el fortalecimiento de organizaciones criminales en varios países y con la consolidación de la violencia como una de las principales preocupaciones sociales.

    En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó recientemente una ley que endurece las penas contra grupos criminales, mientras ciudades como São Paulo han impulsado sistemas de vigilancia con reconocimiento facial.

    En este contexto, compañías tradicionales como Beretta compiten con empresas tecnológicas que lideran el desarrollo de soluciones con inteligencia artificial.

    Indra, por ejemplo, promueve su plataforma IndraMind, diseñada para ofrecer “inteligencia artificial soberana” aplicada al control fronterizo y la protección de infraestructuras críticas frente a amenazas digitales.

    Otro segmento en crecimiento es el de los drones inteligentes, como los desarrollados por Shield AI, que buscan detectar actividades ilícitas a larga distancia, como el transporte de drogas en embarcaciones.

    “El mundo está convirtiéndose en un lugar cada vez más peligroso y cuando eso sucede las personas quieren sentirse seguras”, afirmó el ingeniero Brandon Tattersall sobre el uso de estas tecnologías.

    Aunque el mercado está dominado por empresas de Estados Unidos, Europa y Asia, también surgen iniciativas regionales como Atech, filial de Embraer, que desarrolla sistemas informáticos para defensa y seguridad pública.

    Su director, Fábio Cocchi, destacó que el incremento del gasto gubernamental en seguridad abre nuevas oportunidades y posiciona a Latinoamérica como un mercado estratégico para el desarrollo tecnológico.

  • El presidente de Ecuador decreta un nuevo estado de excepción en nueve provincias

    El presidente de Ecuador decreta un nuevo estado de excepción en nueve provincias

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó la noche del jueves un nuevo estado de excepción por 60 días con el objetivo de enfrentar el avance del crimen organizado en el país.

    La disposición incluye a nueve de las 24 provincias, así como a cuatro municipios ubicados en otras tres jurisdicciones, entre ellas Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país.

    Estas dos urbes concentran cerca de 7 millones de habitantes, dentro de una población nacional aproximada de 18 millones, lo que evidencia el impacto de la medida en gran parte del territorio ecuatoriano.

    Durante la vigencia del decreto, se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas realizar allanamientos e interceptaciones sin orden judicial previa.

    Asimismo, las Fuerzas Armadas ejecutarán operaciones contra estructuras criminales en coordinación con la Policía, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

    El decreto fue emitido en la antesala de los días festivos de Semana Santa, período en el que millones de ecuatorianos se movilizan a diferentes zonas del país.

    Las provincias incluidas en la medida se concentran principalmente en la región costera, donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente para el envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

    La medida se aplicará en las provincias de Pichincha, donde se encuentra Quito, capital del país; Guayas, zona en la que está Guayaquil, otra de las principales urbes de Ecuador; Manabí; Santa Elena; Los Ríos; El Oro; Esmeraldas; Santo Domingo de los Tsáchilas, y Sucumbíos, así como los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, Las Naves y Echeandía, en la de Bolívar, y La Troncal, en la de Cañar.

    Cabe recordar que en Ecuador rige desde 2024 el estado de ‘conflicto armado interno’ con el que el presidente Noboa pretende poner coto al crimen organizado, catalogando a este tipo de organizaciones criminales como grupos terroristas. Aún con todo, el país cerró 2025 con récord de homicidios, unos 9.300, según cifras oficiales.

     

  • Argentina declara como organización terrorista al Cartel Jalisco Nueva Generación

    Argentina declara como organización terrorista al Cartel Jalisco Nueva Generación

    El Gobierno de Argentina declaró este jueves al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, según un comunicado difundido por la oficina del presidente Javier Milei.

    “La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CING) como organización terrorista”, señaló el Ejecutivo en el documento oficial.

    Como parte de la medida, las autoridades argentinas ordenaron la inclusión del CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que depende del Ministerio de Justicia.

    El Gobierno explicó que esta decisión se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra el terrorismo y el financiamiento de estas estructuras criminales.

    La incorporación en el RePET permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas dirigidas a limitar el accionar del grupo y de sus integrantes.

    Además, busca resguardar el sistema financiero argentino para evitar que sea utilizado con fines ilícitos, así como fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia con otros países que ya han tomado medidas similares.

    El Cartel Jalisco Nueva Generación es una organización criminal mexicana dedicada al tráfico de drogas y armas, considerada una de las más poderosas en la región.

    Este grupo surgió como un brazo armado del Cartel de Sinaloa bajo el nombre de Los Mata Zetas, tras divisiones internas del narcotráfico luego de la muerte en 2010 de Ignacio Coronel, alias Nacho Coronel.

    El fundador y líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, murió el pasado 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, al sur de Guadalajara, y era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

     

  • El 76 % de peruanos considera que la extorsión es el delito más alarmante en el país

    El 76 % de peruanos considera que la extorsión es el delito más alarmante en el país

    El 76 % de los peruanos, equivalente a unos 19 millones de personas, identifica la extorsión como el delito más alarmante en el país, superando ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41 %), la violencia sexual (37 %), el secuestro (35 %) y el robo agravado (32 %), según una encuesta difundida este martes.

    El estudio, elaborado por Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp y el Banco de Crédito del Perú, en conjunto con la organización Capital Humano y Social, confirma que la seguridad es la principal exigencia ciudadana hacia las autoridades.

    De acuerdo con el informe comparativo, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, una cuarta parte de la población —alrededor de 6 millones de personas— ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses.

    El análisis también revela un incremento en modalidades como los préstamos ‘gota a gota’, que pasaron de 15 % a 19 % en un año, evidenciando la expansión de prácticas delictivas que combinan amenazas con cobros abusivos.

    En cuanto a economías ilegales, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas encabezan las preocupaciones con un 64 % cada uno, seguidos por la minería ilegal, que alcanza un 52 %.

    «Estas cifras confirman que el crimen en el Perú ha evolucionado hacia formas más complejas, articuladas y con mayor capacidad de expansión», señaló el director ejecutivo de CHS Alternativo.

    El informe advierte además un clima de pesimismo ciudadano, ya que el 58 % considera que el próximo gobierno no podrá enfrentar eficazmente la inseguridad, frente a un 36 % que mantiene expectativas favorables.

    En ese contexto, el 54 % de los encuestados exige que las futuras autoridades prioricen la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales, mientras que otras demandas incluyen la reforma del sistema de justicia (45 %) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44 %).

    «Lo que se necesita frente a ello no es una suma de medidas aisladas, sino una estrategia sostenida que combine inteligencia, coordinación institucional y capacidad de ejecución», concluyó Valdés.

     

  • Condenan a pandillero de MS a 55 años por amenazar a policías

    Condenan a pandillero de MS a 55 años por amenazar a policías

    El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 55 años de prisión a Henry Eliseo Martínez Rodríguez, alias “Chupacabra”, por múltiples delitos vinculados a la actividad de pandillas en el país.

    El fallo, emitido por el juez tres de dicha instancia, lo declara culpable de homicidio agravado, amenazas con agravación especial y organizaciones terroristas, en perjuicio de la seguridad del Estado.

    Según la acusación, el condenado es miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y operaba principalmente en la colonia Las Margaritas y la colonia Prados de Venecia, en el municipio de Soyapango.

    Las investigaciones señalan que alias “Chupacabra” amenazaba a agentes policiales que residían en estas zonas, con el objetivo de obligarlos a abandonar sus viviendas y que estas quedaran bajo control de la pandilla.

    Además, en el mismo proceso judicial, otros tres miembros de la estructura criminal fueron condenados a 25 años de prisión por los delitos de amenazas con agravación especial y organizaciones terroristas.

    Los hechos por los cuales fueron procesados ocurrieron entre 2014 y 2015, en sectores de la colonia Prados de Venecia y sus alrededores.

    De acuerdo con las autoridades, estas acciones formaban parte de una estrategia de las pandillas para ejercer control territorial y desplazar a miembros de las fuerzas de seguridad de comunidades específicas.

    Las condenas fueron dictadas en ausencia de los imputados, en aplicación de las reformas al Código Procesal Penal que permiten este tipo de procedimientos en casos de crimen organizado.

     

  • Ecuador detiene a 897 personas en primera semana de toque de queda

    Ecuador detiene a 897 personas en primera semana de toque de queda

    Las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a 897 personas durante la primera semana de aplicación del toque de queda nocturno en cuatro provincias afectadas por altos niveles de violencia.

    Entre los resultados más relevantes figura la captura de un Objetivo Criminal Priorizado, identificado con los alias de “Wiwi” o “Teniente”, durante un operativo ejecutado la madrugada del miércoles en Guayaquil.

    El detenido fue ubicado en un presunto centro de acopio de armas y logística que, según las autoridades, era utilizado por el grupo criminal Los Choneros para ejecutar secuestros, extorsiones y sicariatos.

    Las acciones de seguridad, que comenzaron el pasado domingo, también permitieron la incautación de 51 armas blancas y de fuego, así como el registro de 627 vehículos.

    Además, las autoridades recuperaron 76 vehículos, retuvieron 150 motocicletas y destruyeron seis objetivos considerados estratégicos de grupos armados organizados.

    En paralelo, se deshabilitó una pista de aterrizaje clandestina en la provincia de Los Ríos, presuntamente utilizada por redes del narcotráfico, y se destruyó una infraestructura destinada a la salida de droga del país.

    El toque de queda rige en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en horario de 23:00 a 05:00, como parte de la ofensiva del Gobierno contra el crimen organizado.

    Esta medida forma parte de la “nueva fase” de la “guerra” contra las organizaciones criminales impulsada por el presidente Daniel Noboa desde 2024, en respuesta al incremento de la violencia que ha llevado al país a registrar la mayor tasa de homicidios en América Latina, con 9,235 asesinatos en 2025.

  • Costa Rica extradita a exmagistrado por narcotráfico a EEUU

    Costa Rica extradita a exmagistrado por narcotráfico a EEUU

    Las autoridades de Costa Rica extraditaron este viernes a Estados Unidos al exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y a su supuesto socio Edwin López, acusados de narcotráfico y asociación ilícita.

    Se trata de la primera extradición de ciudadanos costarricenses tras la reciente reforma constitucional que permite este procedimiento en casos de narcotráfico y terrorismo.

    Ambos fueron entregados a agentes estadounidenses y trasladados en un avión de la DEA que despegó a las 08:54 hora local desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, con destino a Texas.

    «El día de hoy se materializa la primera extradición de ciudadanos costarricenses a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, lo cual marca un hito trascendental en la lucha contra el tráfico internacional de drogas», afirmó el fiscal general Carlo Díaz.

    El funcionario aseguró que esta acción envía un mensaje claro contra la impunidad. «Nadie podrá utilizar nuestra nacionalidad como escudo para evadir la justicia».

    Gamboa enfrenta cargos en el Distrito Este de Texas por asociación ilícita y distribución internacional de cocaína, y es señalado como uno de los principales narcotraficantes del país.

    Según las autoridades estadounidenses, el exfuncionario habría facilitado el envío de cargamentos de droga desde Colombia hacia Estados Unidos, con un valor de decenas de millones de dólares.

    Además, se le acusa de utilizar sus contactos dentro del Gobierno para obtener información sobre investigaciones antidrogas y venderla a otros grupos criminales.

    La acusación también señala que habría lavado dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star.

    Gamboa, de 49 años, ocupó cargos como ministro de Seguridad entre 2014 y 2015, director de Inteligencia y Seguridad Nacional y magistrado de la Sala Tercera, hasta su suspensión por un escándalo de corrupción.

    La reforma que permitió la extradición fue aprobada en mayo de 2025, y desde entonces cerca de una veintena de costarricenses han sido solicitados por Estados Unidos.

    Para concretar el proceso, Estados Unidos garantizó que, en caso de condena, la pena no superará los 50 años de prisión, conforme a la legislación costarricense.