Etiqueta: Crisis política

  • En Honduras "solo falta que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral", dice consejera

    En Honduras «solo falta que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral», dice consejera

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras enfrenta una profunda crisis tras el retraso en el inicio del escrutinio especial de 2,792 actas con inconsistencias, correspondiente a las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. La consejera Cossette López declaró que la institución está siendo “asfixiada” por intereses políticos y denunció que la situación ha escalado a niveles peligrosos.

    “Lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral”, advirtió López en una entrevista televisiva, en la que también señaló que el órgano electoral está “secuestrado” por dos partidos políticos y que incluso las fuerzas del orden están obedeciendo instrucciones para no colaborar con el proceso ni garantizar el orden público.

    El retraso en el conteo especial se atribuye a múltiples obstáculos, entre ellos problemas administrativos, falta de acreditaciones para miembros de los partidos políticos y demoras en trámites tecnológicos. A esto se suman las amenazas e intimidaciones que han denunciado tanto López como la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

    Partidos como el Partido Liberal, liderado por Salvador Nasralla, y el oficialista Libre, que postula a Rixi Moncada, han solicitado un conteo “voto por voto”, aunque en el caso del partido de izquierda, únicamente para la fórmula presidencial. La situación ha generado tensión, especialmente por la falta de resultados oficiales a casi tres semanas de los comicios.

    Según Cossette López, más del 80 % de los datos publicados en la plataforma del CNE corresponden a información procesada directamente por las Juntas Receptoras de Votos el mismo día de las elecciones. Subrayó que la empresa colombiana contratada solo brinda infraestructura para divulgar los resultados, sin intervenir en la elaboración de las actas.

    El CNE explicó que esta etapa del proceso electoral debe ser ejecutada por Juntas Especiales de Verificación y Recuento, integradas por los partidos que participaron en los comicios. Aunque el ente electoral proporciona la infraestructura necesaria, el cumplimiento del proceso depende en gran medida de la participación activa de los partidos.

    “La única intervención directa del CNE se limita al proceso de contingencia 2 y la verificación visual de las actas”, puntualizó López. También advirtió que si los partidos no sustituyen o integran a sus miembros para continuar con el proceso, el CNE deberá actuar conforme a la ley para garantizar su desarrollo.

    Hasta ahora, el cómputo preliminar del CNE posiciona al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, como líder con el 40.54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.19 %. En tercer lugar se ubica Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, con el 19.29 %, quien no reconoce los resultados oficiales difundidos por el ente electoral.

     

  • EEUU exige iniciar de inmediato el escrutinio especial de elecciones en Honduras

    EEUU exige iniciar de inmediato el escrutinio especial de elecciones en Honduras

    La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras iniciar de forma urgente un escrutinio especial, ante la falta de resultados definitivos a 17 días de celebradas las elecciones generales en ese país.

    El llamado fue emitido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental a través de la red social X, instando al CNE a realizar el conteo especial de las 2,792 actas con inconsistencias, cuya revisión debió comenzar desde el 13 de diciembre, según la legislación electoral hondureña.

    La Casa Blanca advirtió que cualquier intento de interrumpir el trabajo del CNE o alterar el orden público “tendrá consecuencias”. Además, subrayó que “la voz de los 3.4 millones de hondureños que acudieron a las urnas debe ser respetada y escuchada”.

    El retraso en el escrutinio ha generado tensiones políticas. Las autoridades tienen habilitadas al menos 150 mesas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se encuentra resguardado el material electoral. Sin embargo, en las últimas horas se ha impedido el ingreso de personal acreditado que integraría uno de los turnos de 12 horas para procesar las actas observadas.

    De no concretarse el conteo, los resultados finales podrían conocerse después del 30 de diciembre, fecha límite establecida por la ley, lo cual podría agravar la crisis poselectoral.

    Según los resultados preliminares del CNE, el candidato del oficialista Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente Trump, lidera el conteo con el 40.54 % de los votos. Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.19 %, y en tercer lugar se ubica Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), con un 19.29 %, cuando ya se ha procesado el 99.80 % de las actas electorales.

     

  • Honduras sigue sin resultados oficiales a dos semanas de elecciones y entre acusaciones de golpe y fraude

    Honduras sigue sin resultados oficiales a dos semanas de elecciones y entre acusaciones de golpe y fraude

    A más de dos semanas de celebradas las elecciones generales en Honduras el pasado 30 de noviembre, el país sigue sin conocer oficialmente al presidente electo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún enfrenta obstáculos logísticos, políticos y tecnológicos que han retrasado el conteo de votos, alimentando la tensión entre partidos.

    El CNE tiene como fecha límite el 30 de diciembre para anunciar resultados definitivos. La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, indicó que aún están pendientes 2,792 actas con inconsistencias. El retraso se atribuye a la ausencia de representantes partidarios en mesas de verificación, procesos informáticos incompletos y presiones políticas.

    Tanto Hall como la consejera Cossette López, han denunciado amenazas e intentos de intimidación. Ambas forman parte de los dos partidos con más apoyo hasta ahora: el Partido Liberal y el Partido Nacional, respectivamente, según cifras preliminares.

    El escrutinio especial debía comenzar el sábado pasado, pero podría arrancar hoy martes por la noche, según anunció el CNE. Este proceso contará con al menos 150 mesas de verificación y trabajará en dos turnos de 12 horas, con presencia de partidos, observadores nacionales e internacionales y auditores.

    Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció un intento de «golpe de Estado» y advirtió que el expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Donald Trump, estaría planeando retornar al país para «proclamar al ganador» de los comicios.

    El Partido Nacional, por su parte, acusa al gobierno de Libre de estar orquestando un «autogolpe» para desconocer los resultados electorales. “Se niegan a aceptar que fueron derrotados y buscan alterar la voluntad popular”, denunció el jefe de bancada Tomás Zambrano, quien hizo un llamado a la comunidad internacional.

    Las protestas en respaldo a Castro y la candidata oficialista, Rixi Moncada, ya han comenzado en distintas ciudades. El expresidente y esposo de Castro, Manuel Zelaya, convocó movilizaciones “pacíficas y democráticas” para exigir transparencia y un conteo «voto por voto».

    Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, dijo hoy que «aquí no va a haber ningún golpe» y que los uniformados «garantizamos la estabilidad del gobierno, vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad».

    Según el último conteo oficial, con el 99.8 % de actas escrutadas, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40.54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla del Partido Liberal con 39.19 %, mientras que Rixi Moncada se ubica en tercer lugar con 19.29 %. Las Fuerzas Armadas han asegurado que no permitirán ningún golpe y garantizarán la transición hasta el 27 de enero de 2026.

     

  • Jefe castrense de Honduras: "Aquí no va a haber ningún golpe"

    Jefe castrense de Honduras: «Aquí no va a haber ningún golpe»

    El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, dijo este martes que «aquí no va a haber ningún golpe», luego de que la presidenta del país, Xiomara Castro, denunciara que se gesta uno contra su gobierno mientras se espera conocer los resultados de las elecciones generales, tras más de dos semanas.

    «Nosotros garantizamos la estabilidad del gobierno, vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad. Aquí no va a haber ningún golpe», subrayó Hernández, en declaraciones al canal de televisión Unetv, en Tegucigalpa.

    Agregó que las Fuerzas Armadas son una institución que ha garantizado el orden constitucional «y lo seguiremos garantizando», después de que la mandataria hondureña denunciara la gesta un golpe contra su gobierno así como que el expresidente Juan Orlando Hernández «planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones» del pasado 30 de noviembre.

    «Así que no debe haber preocupación, a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas (Xiomara Castro) le digo que tenemos la lealtad hacia ella de nuestra institución y vamos a hacer prevalecer la Constitución de la República, esa es la voluntad de las mayorías que fue expresada el 28 de noviembre del 2021 (cuando fue electa), y su mandato lo vamos a hacer prevalecer hasta el 27 de enero del 2026», recalcó.

    Hernández ha sido blanco de múltiples críticas por su «injerencia» en el proceso de las elecciones del 30 de noviembre, denunciada por la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aún cuando por ley las Fuerzas Armadas son una institución «apolítica, obediente y no deliberante».

    La «injerencia» de Hernández fue pedir, a pocos días de los comicios, que el CNE le entregara una copia del acta de la fórmula presidencial en los comicios, algo que además ha sido considerado «insólito» e «irrespetuoso» por algunos analistas y líderes de la oposición.

    El alto jerarca castrense expresó, además, que las Fuerzas Armadas «no volverán a dar ningún golpe» y que quienes ocupan altos puestos en la institución «no debemos de permitir ningún golpe, ni reelección, ni nada que vaya a violentar nuestra Constitución de la República. Así que debe de alejarse cualquier preocupación, la Constitución tiene las salidas para toda esta situación».

    El 28 de junio de 2009 los militares derrocaron al expresidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro.

    Para conocer los resultados de las elecciones generales falta un escrutinio especial con al menos 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias, que se debió iniciar el pasado día 13, según el CNE. Extraoficialmente ha trascendido que ese conteo podría iniciar hoy mismo.

    Con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas desde el día de los comicios, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma 1.305.033 votos (40,54 %).

    Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 sufragios (39,19 %). Ambos son conservadores mientras que la candidata del izquierdista Partido Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 621.188 papeletas (19,29 %).

    Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

  • El Premio Nobel a María Corina Machado reta el control de Maduro en Venezuela

    El Premio Nobel a María Corina Machado reta el control de Maduro en Venezuela

    La sorpresiva llegada de María Corina Machado a Oslo el jueves, tras meses de permanecer fuera del radar oficial y múltiples obstáculos para salir de Venezuela, ha reactivado el debate internacional sobre la capacidad real de la oposición para impulsar una transición política y los límites del control del régimen de Nicolás Maduro.

    Machado se convierte así en la primera figura opositora en más de una década en combinar respaldo interno con legitimidad internacional. Su reconocimiento con el Premio Nobel no es solo simbólico: el Comité Noruego envió un mensaje claro a favor de una salida democrática, diplomática y pacífica del poder por parte del «régimen» venezolano.

    En su discurso de aceptación —leído por su hija Ana Corina Sosa—, Machado aseguró que el tiempo fuera de la vida pública le permitió construir nuevas redes cívicas y preparar “una transición ordenada hacia la democracia”.

    Este movimiento no solo refuerza su figura como lideresa opositora, sino que golpea directamente el relato oficial del chavismo sobre el control absoluto del territorio y los movimientos de la oposición. Para la politóloga colombiana Sandra Borda, “la salida y eventualmente el regreso de ella pueden significar también un proceso de deterioro del control que mantiene el Gobierno sobre el territorio”.

    Aunque el regreso no representa por sí solo una amenaza para el chavismo, Borda considera que el impacto dependerá de si se combina con una estrategia internacional coherente: “Si no está acompañada de presión internacional, estratégicamente construida para sacar a Maduro del poder, lo suyo sola no va a ser suficiente”.

    El respaldo de Washington fue clave para facilitar la salida de Machado, en un contexto regional en el que Estados Unidos mantiene presencia aeronaval en el Caribe y el presidente Donald Trump ha retomado conversaciones con Maduro. “Habría que ver en qué está Washington, si está entendiendo esto como una oportunidad para intensificar la disuasión que está ejerciendo en el Caribe”, añadió Borda.

    Mientras tanto, la comunidad internacional ha mostrado posturas divididas. Panamá, Argentina, Paraguay y Ecuador asistieron a la ceremonia del Nobel como señal de apoyo, mientras que países como México, Brasil y Colombia adoptaron una posición más cautelosa. Cuba, Nicaragua, Rusia e Irán condenaron el premio, calificándolo como una “intervención”.

    La figura de Machado revive inevitablemente el recuerdo de Juan Guaidó, quien en 2019 fue reconocido por más de 50 gobiernos como presidente interino, sin lograr desplazar a Maduro. Hoy, exiliado en Miami, Guaidó representa un precedente que alerta sobre los límites del respaldo internacional sin acciones concretas dentro de Venezuela.

    “El oficialismo ha logrado abroquelarse con eficacia”, indicó el internacionalista argentino Juan Battaleme, aunque reconoció que “por primera vez, la presión de Trump parece abrir fisuras en ese cierre del oficialismo”.

    Battaleme sostiene que Machado cuenta con una base más sólida que Guaidó: “Su figura como líder de la resistencia es más fuerte”. No obstante, Borda advierte que, sin acciones más contundentes, el chavismo resistirá como lo ha hecho antes. “Estos golpes de legitimidad internacional han sucedido antes (…) pero sin un esfuerzo adicional mucho más duro, no produce un desplazamiento del régimen”, dijo.

    Ambos analistas coinciden en que el premio Nobel es un capital simbólico relevante, pero su verdadero impacto dependerá del regreso de Machado a Venezuela. Si el régimen permite su entrada, sería un gesto de debilidad inédito. Si decide forzar su salida, repetiría el patrón de 2019, cuando eliminó toda presencia opositora visible en el país.

    La verdadera prueba política comenzará cuando Machado intente regresar. Ese momento marcará si su presencia internacional representa un punto de inflexión real para la oposición o si se convertirá en otro impulso simbólico sin capacidad de alterar el poder del chavismo.

     

  • Petro propone amnistía y transición democrática en Venezuela

    Petro propone amnistía y transición democrática en Venezuela

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este miércoles su propuesta a Nicolás Maduro de impulsar una amnistía general y conformar un gobierno de transición incluyente, como salida a la crisis que atraviesa Venezuela tras las cuestionadas elecciones de 2024.

    La petición fue lanzada a través de la red social X, en un momento en que crecen las tensiones políticas en el país sudamericano, especialmente luego de que Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora María Corina Machado, recibiera en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025.

    Petro, quien en ocasiones anteriores ha reconocido que las últimas elecciones venezolanas no fueron libres, hizo un llamado a construir un “gran pacto histórico y social” para superar la crisis y evitar una intervención extranjera en territorio venezolano.

    “La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, escribió el mandatario colombiano, en reacción a la noticia sobre la retención del pasaporte del cardenal Baltasar Porras.

    El cardenal venezolano fue impedido de viajar a España desde Caracas, tras hacer escala en Colombia, según denunció el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo. La denuncia también fue confirmada por el propio Petro en sus redes sociales.

    Petro advirtió que la respuesta ante una posible agresión externa “no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática”. Añadió que “es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes”.

    El cardenal Porras ha sido blanco de críticas por parte del gobierno chavista en el pasado. Tanto el presidente Maduro como el influyente dirigente oficialista Diosdado Cabello lo han acusado públicamente de conspirar junto a la líder opositora María Corina Machado.

     

     

  • EE.UU. repite presión militar ante Venezuela como lo hizo en la invasión a Panamá

    EE.UU. repite presión militar ante Venezuela como lo hizo en la invasión a Panamá

    El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha encendido las alertas en América Latina, al evocar el escenario de 1989, cuando las tropas norteamericanas invadieron Panamá y derrocaron al general Manuel Antonio Noriega. Hoy, el blanco parece ser el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también acusado de narcotráfico por Washington.

    Fernando Berguido, diplomático y autor del libro El colapso de Panamá, advierte que aunque existen paralelismos entre ambos contextos, hay diferencias clave. “Noriega y Maduro comparten ser dictadores y las acusaciones de vínculos con el narcotráfico”, señala, pero en el caso panameño, las imputaciones judiciales eran previas y formales.

    Maduro fue acusado por Estados Unidos en 2020, bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cargos de narcotráfico y terrorismo. Este año, Washington duplicó la recompensa por su captura, elevándola de $25 millones a $50 millones. Además, el Departamento de Estado anunció que a partir del 24 de noviembre designará al Cartel de los Soles, presuntamente ligado a Maduro, como organización terrorista.

    El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, en uniforme militar. EFE

    A diferencia de Panamá en 1989, Venezuela presenta un reto logístico mayor para cualquier operación militar. Con 916,000 km² de extensión y 30 millones de habitantes, supera ampliamente el territorio y población panameña de entonces. Además, en Panamá existían 14 bases militares estadounidenses que facilitaban el control táctico, algo que no ocurre en suelo venezolano.

    La operación «Causa Justa» en Panamá se desarrolló sin maniobras navales previas. George H. W. Bush justificó la invasión por la protección de ciudadanos estadounidenses, la defensa del Canal y la lucha contra el narcotráfico. La invasión fue anunciada cuando ya estaba en marcha, mientras que con Venezuela, el despliegue militar es visible y prolongado.

    Un detonante en 1989 fue la anulación de las elecciones por parte del régimen de Noriega, quien se negó a reconocer la victoria de la oposición liderada por Guillermo Endara. La represión incluyó ataques de los llamados “Batallones de la Dignidad”, grupos civiles armados similares a los actuales milicianos creados por Maduro.

    En Venezuela, la reelección de Maduro en julio de 2024 fue considerada fraudulenta por la oposición, que asegura que Edmundo González fue el verdadero ganador. El organismo electoral, dominado por el chavismo, proclamó a Maduro, lo que generó protestas y rechazo internacional.

    Fotografía de archivo de 1990 del fallecido ex general panameño Manuel Antonio Noriega sosteniendo su ficha policial. EFE/ US Marshall

    El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos movilizó 26,000 soldados para capturar a Noriega, quien se entregó semanas después. Aunque no hay cifras oficiales definitivas, se estima que murieron entre 500 y 4,000 civiles. Noriega, exagente de la CIA, fue condenado por narcotráfico y murió en 2017.

    El coronel retirado panameño Roberto Díaz Herrera considera que la actual fuerza militar en el Caribe no ha sido desplegada en vano. “No se puede movilizar tanta flota, tanto armamento, para luego no hacer nada. Están listos para actuar”, advirtió.

    El escenario venezolano se torna cada vez más incierto. Con señales de una posible intervención militar y un gobierno acusado de narcoestado, la presión internacional crece, mientras los venezolanos enfrentan una crisis sin precedentes desde la llegada del chavismo al poder.

     

  • Crece la preocupación internacional por desconfianza en el proceso electoral hondureño

    Crece la preocupación internacional por desconfianza en el proceso electoral hondureño

    Las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras se acercan en medio de un clima marcado por la incertidumbre y la desconfianza. Las fuertes divisiones internas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) —donde cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios— han encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional.

    A esta situación se suma la creciente presión del Ministerio Público, señalado por sectores de la oposición de actuar alineado al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). La apertura de procesos judiciales que podrían llevar a prisión a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE ha incrementado el riesgo de interferencia política en instituciones que deberían operar con absoluta imparcialidad.

    También preocupa el rol de las Fuerzas Armadas, cuya participación en asuntos electorales ha sido calificada como improcedente. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicitó al CNE recibir una copia del acta del escrutinio presidencial el día de la votación, lo que la presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, describió como una “injerencia”.

    El polémico jefe militar hondureño, Roosevelt Hernández, ha sido señalado de injerencia en el proceso electoral.

    Preocupación internacional

    Frente a este panorama, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y Estados Unidos manifestaron su inquietud por la erosión de la independencia institucional en Honduras. Señalaron que estas tensiones amenazan la credibilidad de un proceso en el que el oficialismo busca un segundo mandato consecutivo y la oposición intenta evitarlo.

    La Secretaría General de la OEA recordó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor… libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, insistiendo en que la independencia de los órganos electorales es esencial para la gobernanza democrática. Desde Ginebra, relatores de la ONU advirtieron sobre la polarización y el deterioro del clima para la libertad de expresión.

    El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump comparte “la preocupación” expresada por la OEA y “sigue de cerca la situación”.

    Washington pidió a todos los funcionarios —incluidas autoridades electorales y militares— “respetar escrupulosamente las leyes y la Constitución”, y advirtió que responderán “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de alterar la integridad del proceso.

    Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro aseguró en Brasil que los comicios serán libres y transparentes, aunque observadores internacionales señalan un ambiente tenso, marcado por discursos de odio entre oficialismo y oposición y un deterioro notable de la independencia electoral.

    Los analistas sostienen que esta crisis forma parte de un ciclo prolongado de inestabilidad. Honduras, uno de los países más pobres de Latinoamérica, arrastra conflictos sin resolver desde su retorno al orden constitucional hace 45 años. Entre 2009 y 2017 vivió el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya y la polémica reelección de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado a 45 años por narcotráfico.

    El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía explicó a EFE que el país acumula crisis “porque ninguna se resuelve”, y advirtió que la élite política —de todos los partidos— utiliza estos conflictos para profundizar la desconfianza en las instituciones, lo que calificó como “grave y peligroso para la democracia”.

     

  • EEUU reducirá 10 % del tráfico aéreo en 40 aeropuertos por cierre gubernamental

    EEUU reducirá 10 % del tráfico aéreo en 40 aeropuertos por cierre gubernamental

    El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles que la Administración Federal de Aviación (FAA) reducirá en un 10 % el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país. La decisión responde a los efectos del cierre gubernamental que comenzó el 1 de octubre y que ya es el más prolongado en la historia estadounidense.

    “Esta decisión no se basa en qué aerolínea tiene más vuelos desde qué base. Se trata de identificar dónde se concentra la presión y cómo podemos aliviarla”, explicó Duffy en una conferencia de prensa, advirtiendo que se anticipan “más interrupciones y frustración” en los próximos días.

    Aunque el funcionario no detalló qué aeropuertos se verán afectados, sí aseguró que su equipo está coordinando con las aerolíneas para minimizar el impacto sobre los pasajeros.

    “Nuestra única función es garantizar la máxima seguridadposible en este espacio aéreo”, subrayó.

    La FAA ha sufrido una fuerte escasez de personal en las últimas semanas, particularmente en el área de controladores aéreos, muchos de los cuales han tenido que continuar trabajando sin salario. Según la entidad, cerca de 13.000 trabajadores han seguido cumpliendo funciones bajo condiciones de “estrés y agotamiento extremos”.

    Durante el fin de semana, la FAA denunció públicamente a través de su cuenta en X (antes Twitter) que el cierre gubernamental está afectando la seguridad operativa del espacio aéreo. En el mismo mensaje, pidió al Congreso que resuelva el bloqueo presupuestario que mantiene paralizadas varias agencias federales.

    El cierre del Gobierno estadounidense comenzó tras el fracaso en la aprobación del nuevo presupuesto fiscal. Desde entonces, múltiples servicios federales han quedado suspendidos o limitados, afectando también áreas críticas como transporte, justicia y salud pública.

    La reducción de vuelos busca evitar una posible saturación de las torres de control y garantizar operaciones seguras. No obstante, se prevé un aumento de retrasos y cancelaciones en rutas nacionales e internacionales, especialmente en los aeropuertos más concurridos del país.

    Varios sindicatos del sector aéreo, entre ellos el National Air Traffic Controllers Association (NATCA), han manifestado su preocupación por la salud mental y física del personal y han exigido una solución inmediata para evitar mayores consecuencias en la industria de la aviación.

    Hasta el momento, ni el Senado ni la Cámara de Representantes han alcanzado un consenso que permita levantar el cierre y restablecer el financiamiento federal. Mientras tanto, los usuarios deberán prepararse para una etapa de interrupciones prolongadas en los vuelos.

     

  • Justicia boliviana anula condena y ordena liberar a expresidenta Jeanine Áñez

    Justicia boliviana anula condena y ordena liberar a expresidenta Jeanine Áñez

    El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión dictada contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien gobernó entre 2019 y 2020. Además, ordenó su liberación inmediata tras identificar irregularidades en el proceso judicial conocido como Golpe de Estado II.

    “Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años, y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz”, informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo, en declaraciones a medios bolivianos.

    Según Saucedo, durante la revisión del caso se encontraron “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que afectaron el debido proceso y los derechos fundamentales de Áñez. “Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia”, sostuvo.

    Áñez permanecía detenida desde marzo de 2021, por lo que había cumplido ya cuatro años y ocho meses en prisión. Su defensa presentó un recurso de revisión extraordinaria, argumentando que el juicio debía haberse llevado a cabo mediante la vía del juicio de responsabilidades, reservada por ley a los altos funcionarios del Estado.

    El fallo anulado había sido emitido en diciembre de 2023 y la condenaba por haber asumido la Presidencia de forma irregular, tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019. En ese momento, Áñez era segunda vicepresidenta del Senado y, tras una serie de dimisiones en la línea de sucesión, asumió el poder en medio de una crisis política e institucional.

    El expresidente Morales denunció en su momento que fue víctima de un “golpe de Estado”, luego de que se desataran protestas y disturbios en todo el país tras las denuncias de fraude electoral en los comicios de 2019.

    Además de este proceso, Áñez enfrentaba otros cargos por las muertes de civiles durante intervenciones militares en su mandato interino, específicamente en los casos Senkata y Sacaba. Sin embargo, en agosto pasado, tribunales departamentales también anularon esos juicios ordinarios, trasladándolos al Legislativo para ser abordados como juicios de responsabilidades.

    La Constitución boliviana establece que un juicio de responsabilidades contra expresidentes, vicepresidentes y magistrados debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego enviado al Tribunal Supremo de Justicia, única instancia facultada para emitir sentencia en esos casos.

    Este fallo del TSJ representa un giro importante en uno de los casos más emblemáticos y polarizantes de la política boliviana en los últimos años, que ha enfrentado a simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y sectores opositores.