Redacción DEM ADMIN HC

Etiqueta: Crisis política

  • El hijo del Sha pide a militares rebelarse en Irán

    El hijo del Sha pide a militares rebelarse en Irán

    Reza Pahlaví, hijo mayor del derrocado sha de Irán, hizo este lunes un llamado directo a la cúpula militar iraní para que se rebele contra el régimen de la República Islámica y los ayatolás, en un contexto que calificó como una “ventana de oportunidad” ante la creciente posibilidad de intervención estadounidense.

    “Ahora que la probabilidad de una intervención es mayor que nunca, existe una ventana de oportunidad para que los comandantes militares y de las fuerzas de seguridad, en especial los comandantes del Ejército y otros oficiales cuyas manos no están manchadas con la sangre de la nación, se separen de este régimen criminal”, expresó Pahlaví en un comunicado.

    El aspirante al trono persa emplazó a los mandos a tomar una decisión: “unirse al pueblo, protegeros vosotros y vuestras familias y compartir la victoria de la nación o unir vuestro destino al hundimiento de la República Islámica y caer con (Alí) Jamenei y su régimen”. Sus declaraciones se producen en medio de tensiones internas y externas que han incrementado la presión sobre Teherán.

    Además, Pahlaví invitó a la población iraní a informarse a través de una nueva plataforma televisiva, Iran National Revolution TV, que ofrecerá “emisiones en directo” y permitirá “contactar” con su “equipo especial”. Según afirmó, el objetivo es fortalecer la coordinación de una eventual transición política.

    “El destino de Irán depende de las decisiones que tomemos hoy. Con responsabilidad y valentía podremos escribir un nuevo capítulo de la historia de la nación iraní”, agregó. Pahlaví vive en el exilio desde 1979, cuando la Revolución Islámica derrocó a su padre, Mohammad Reza Pahlaví. En las últimas semanas ha intentado posicionarse como figura alternativa en medio del descontento social por la crisis económica y el deterioro de la calidad de vida, aunque su nivel de respaldo interno sigue siendo incierto.

     

  • El periodista José Rubén Zamora afirma que no se rendirá ante la persecución que sufre en Guatemala

    El periodista José Rubén Zamora afirma que no se rendirá ante la persecución que sufre en Guatemala

    El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín afirmó que no se rendirá ante la persecución judicial que lo mantuvo en prisión desde julio de 2022 y que ahora lo mantiene bajo arresto domiciliario, tras recibir la medida sustitutiva el pasado 12 de febrero. En entrevista con EFE en su residencia, aseguró que la posibilidad de regresar a la cárcel sigue latente debido a las apelaciones del Ministerio Público.

    Zamora explicó que su prioridad es intentar anular la existencia de la Fundación Contra el Terrorismo, organización de extrema derecha que ha actuado como querellante en su contra y cuyos líderes están sancionados por Estados Unidos.

    Además, señaló que busca “abrir causas criminales contra la fiscal general (Consuelo Porras Argueta), contra (la fiscal) Cinthia Monterroso y contra el juez (Fredy) Orellana”, a quienes responsabiliza de su encarcelamiento por acusaciones de lavado de dinero y obstrucción de la justicia que, según afirma, no han sido probadas.

    El periodista relató que la fiscal general intentó “forzar” una relación amistosa con él en 2019 y años posteriores, invitándolo a reuniones en el Ministerio Público, hasta que en una ocasión le reclamó por sus publicaciones de manera airada. Zamora considera que esos episodios marcaron el inicio de la persecución judicial en su contra.

    A sus 67 años, se muestra agradecido por la solidaridad recibida durante su encarcelamiento.

    “Me siento muy conmovido y muy feliz”, expresó al recordar las visitas y donaciones de ciudadanos, incluso de escasos recursos. Contó que en una ocasión regresó al penal desde un hospital público con poco más de $200 donados por familiares de pacientes. “Donaciones de gente muy pobre (en el hospital), que me decía por ejemplo que su mamá sufrió un infarto y me preguntaban si me ofendería si me regalaban 200 pesos (quetzales, unos 25 dólares)”, relató.

    Durante su reclusión, Zamora vio desmoronarse su diario El Periódico, sus finanzas quedaron congeladas y su familia se fragmentó, pues su esposa y uno de sus hijos se exiliaron. Aunque admite que extraña el ejercicio del periodismo porque “es una pasión”, por ahora prioriza limpiar su nombre y recuperar su salud, debilitada tras años de encierro.

    Respecto al futuro político del país, el comunicador se mostró optimista, aunque calificó a Guatemala como “el laberinto perfecto, sin salida”. Considera que el presidente Bernardo Arévalo de León ha estado “muy asediado” y “estuvo muy cerca de recibir un golpe de Estado”, pero cree que con la salida de la fiscal general al finalizar su período en mayo, los sectores que denomina golpistas y corruptos “van a perder fuerza”.

     

  • Delcy Rodríguez exige acelerar aplicación de amnistía en Venezuela

    Delcy Rodríguez exige acelerar aplicación de amnistía en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este jueves al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión para la reforma del sistema de justicia que den “máxima celeridad” a la aplicación de la histórica ley de amnistía aprobada para presos políticos en el país suramericano.

    Rodríguez expresó sentirse “muy complacida” tras recibir en el palacio presidencial de Miraflores a la comisión que dará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía. En el acto estuvieron presentes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La mandataria firmó la legislación para su publicación en la Gaceta Oficial y su inmediata entrada en vigencia.

    Asimismo, pidió que se evalúen casos que no estén contemplados en la nueva normativa, con el objetivo de “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y fortalecer la justicia. “Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia”, afirmó.

    Tras el acto, el presidente del Parlamento señaló ante medios de comunicación que la ley puede sentar bases para mirar hacia el futuro y abrir un nuevo camino de paz en Venezuela. Ratificó que la comisión de seguimiento, integrada por 23 diputados, recibirá tanto los casos incluidos en la ley como los de cualquier persona que considere que su proceso debe ser revisado.

    Este día, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la amnistía para presos políticos vinculados a episodios de crisis ocurridos entre 2002 y 2025, excluyendo a quienes promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.

    La medida se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en Venezuela, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía dirigida a presos políticos condenados por hechos vinculados a episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. La normativa excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país suramericano.

    La legislación deja fuera de la amnistía los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los contemplados en la ley contra la corrupción. Asimismo, excluye a personas procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, con apoyo de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

    Los diputados acordaron conceder el beneficio por hechos o “faltas cometidas” en distintos momentos de tensión política, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 e inicios de 2003, así como las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024. Para supervisar la aplicación de la ley, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados, entre oficialistas y opositores, que desarrollará mecanismos para asegurar su cumplimiento y podrá contar con asesoría de expertos.

    En el artículo 7, que generó diferencias y llevó a posponer el debate la semana pasada, se establece que los beneficiarios deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía. Aquellos que se encuentren fuera del país podrán realizar el trámite a través de un representante legal. Por su parte, el artículo 11 dispone que el tribunal competente verificará en cada caso el cumplimiento de las condiciones y podrá decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que “no excederá de 15 días continuos”.

    La ley también aclara que las personas favorecidas que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas conforme a la legislación ordinaria.

    La iniciativa se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal reporta 644 presos políticos en el país, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • El nuevo presidente de Perú se declara independiente y dice que no tiene partido político

    El nuevo presidente de Perú se declara independiente y dice que no tiene partido político

    El Congreso de Perú eligió este miércoles al izquierdista José María Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente interino del país, tras la destitución del derechista José Jerí, quien permaneció apenas cuatro meses en el cargo y a menos de dos meses de las elecciones generales.

    Este jueves, Balcázar afirmó que ejercerá el mandato como independiente, pese a que su candidatura fue propuesta por el partido marxista Perú Libre. “»Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no teno ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero (ustedes) vieron votación de anoche, ha sido de todas las bancadas»”, declaró ante medios locales antes de acudir al Palacio de Gobierno.

    El nuevo mandatario adelantó que iniciará una ronda de diálogo con partidos políticos y gremios para alcanzar consensos que permitan desarrollar elecciones ordenadas “»sin aspavientos ni malos entendidos»” sobre una eventual interferencia de su gobierno en el proceso electoral. Asimismo, planteó impulsar “»leyes especiales que no se han dado hasta el momento»” para enfrentar el crimen organizado y “»pacificar el país»”, en coordinación con las bancadas políticas y la Iglesia católica.

    Respecto a la conformación de su Consejo de Ministros, que deberá nombrar en los próximos días, no descartó mantener a algunos funcionarios, especialmente en el área económica. “»No tengo ningún prejuicio contra ningún ministro, de tal manera que vamos a conversar con ellos y si hay necesidad, les pediríamos que las líneas fundamentales como la economía continúen»”, sostuvo el abogado, quien indicó que aún no ha contactado a líderes políticos.

    Balcázar, que ingresó al Parlamento con Perú Libre —partido con el que Pedro Castillo ganó las elecciones de 2021—, se convierte en el octavo gobernante en casi una década de crisis política en Perú. Su misión será conducir el Ejecutivo hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el mando al ganador o ganadora de los comicios presidenciales en curso, tras las destituciones de Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

  • Perú sumará hoy su octavo presidente en menos de diez años

    Perú sumará hoy su octavo presidente en menos de diez años

    Perú tendrá este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década de crisis política, luego de que el mandatario interino José Jerí fuera censurado tras apenas cuatro meses en el cargo y a solo dos meses de los nuevos comicios generales. La sucesión constante de jefes de Estado refleja la fragilidad institucional que comenzó tras las elecciones de 2016.

    El primer episodio de esta etapa ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien gobernó 1 año y 236 días. Ganó los comicios frente a Keiko Fujimori, pero enfrentó una férrea oposición del Congreso controlado por el fujimorismo. Aunque superó una primera moción de destitución tras conceder el indulto al expresidente Alberto Fujimori, terminó renunciando ante una segunda moción vinculada al escándalo de Odebrecht.

    Le sucedió Martín Vizcarra (2018-2020), quien permaneció 2 años y 231 días en el poder. Vizcarra disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones legislativas, pero el nuevo Parlamento también le fue adverso y lo destituyó en plena pandemia de la covid-19 por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua.

    Tras su salida asumió Manuel Merino (2020), cuyo mandato duró apenas 5 días. Su gestión se vio truncada por protestas masivas y la muerte de dos jóvenes durante la represión policial, lo que lo llevó a renunciar. Posteriormente, Francisco Sagasti (2020-2021) fue designado como presidente de transición por 252 días, hasta las elecciones que ganó Pedro Castillo.

    Pedro Castillo (2021-2022) gobernó 1 año y 132 días. Enfrentó múltiples intentos de destitución y el 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Congreso en un fallido golpe de Estado para evitar su salida, lo que derivó en su detención y destitución inmediata.

    Dina Boluarte (2022-2025), vicepresidenta de Castillo, asumió el cargo y se mantuvo 2 años y 306 días en el poder, el periodo más largo de esta etapa. Aunque logró sostenerse con apoyo de fuerzas conservadoras, su gestión estuvo marcada por escándalos y una baja popularidad que apenas alcanzaba el 3 %, hasta que perdió el respaldo político antes de las elecciones.

    Finalmente, José Jerí (2025-2026) ejerció 131 días como presidente interino. Su salida se produjo tras revelarse reuniones semisecretas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

    Por lo pronto, los legisladores derechistas María del Carmen Alva y Héctor Acuña, y los izquierdistas Edgar Reymundo y José Balcázar presentaron el martes sus candidaturas para asumir la Presidencia del Congreso y, por ende, la jefatura de Estado de Perú tras la destitución de Jerí de ambos cargos.

    Con este nuevo relevo, Perú continúa atrapado en una espiral de inestabilidad institucional, a la espera de que las próximas elecciones logren devolver estabilidad política y gobernabilidad al país.

  • El Congreso peruano destituye al presidente José Jerí y suma el octavo relevo presidencial en una década

    El Congreso peruano destituye al presidente José Jerí y suma el octavo relevo presidencial en una década

     El Congreso de la República del Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, en lo que representa el octavo cambio presidencial en el país andino en casi una década de inestabilidad política iniciada tras las elecciones de 2016.

    Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento resolvió censurarlo por las investigaciones abiertas en su contra durante sus cuatro meses de gestión, relacionadas con reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente lo visitaron en el Palacio de Gobierno.

    Jerí ejercía la Presidencia de forma interina en su calidad de titular del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) en octubre pasado. Al ser censurado como presidente del Legislativo, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

    En un intento por frenar su salida, el partido Somos Perú planteó suspender el debate y tramitar la destitución bajo la figura de vacancia presidencial, que exige el respaldo de dos tercios del hemiciclo. Sin embargo, la mayoría parlamentaria rechazó esa propuesta y mantuvo el procedimiento de censura.

    Los partidos conservadores que dominan el Congreso, y que inicialmente respaldaron su ascenso, le retiraron su apoyo a pocas semanas de los comicios generales, en medio del desgaste por las revelaciones que motivaron la investigación fiscal por presunto tráfico de influencias. El único bloque que mantuvo su respaldo fue el fujimorismo.

    Jerí optó por no acudir a la sesión plenaria en su condición de congresista y permaneció en el Palacio de Gobierno, donde encabezó el cambio de guardia mientras se desarrollaba la votación.

    Ahora el Congreso deberá elegir este miércoles a un nuevo presidente del Legislativo, quien asumirá de inmediato la Presidencia encargada de la República hasta el 28 de julio, fecha en que tomará posesión el mandatario o mandataria que resulte electo en el proceso en marcha.

     

  • Perú podría vivir este martes su octavo relevo presidencial en una década

    Perú podría vivir este martes su octavo relevo presidencial en una década

    El presidente interino de Perú, José Jerí, podría dejar el cargo en las próximas horas si prosperan en el Congreso varias mociones de censura en su contra, lo que abriría paso al octavo cambio presidencial en el país andino en casi una década, en plena recta final hacia los comicios generales.

    Jerí asumió la Presidencia en octubre pasado, en su calidad de presidente del Congreso de la República del Perú, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), con el encargo de conducir el país hasta las nuevas elecciones. Sin embargo, su gestión de apenas cuatro meses se ha visto golpeada por investigaciones fiscales y por el desplome de su popularidad, lo que llevó a partidos conservadores —que inicialmente respaldaron su ascenso— a distanciarse en vísperas de la campaña electoral.

    La Fiscalía le abrió indagaciones por presunto tráfico de influencias, tras revelarse reuniones con empresarios chinos contratistas del Estado. Cámaras de seguridad lo captaron el 26 de diciembre cenando, encapuchado, en un restaurante del empresario Zhihua “Johnny” Yang, y también visitando el local el 6 de enero, horas después de que fuera clausurado por autoridades municipales. Asimismo, salieron a la luz contrataciones de funcionarias que previamente se reunieron con él en el Palacio de Gobierno, incluida una visita que se extendió durante la noche de Halloween, según registros oficiales.

    El mandatario sostiene que para destituirlo se requieren 87 votos, equivalentes a dos tercios del Parlamento, conforme a lo que establece la Constitución para presidentes elegidos por voto popular. No obstante, las mociones plantean censurarlo como presidente del Congreso, lo que automáticamente le haría perder la jefatura del Estado, en virtud de una ley emitida por el propio Legislativo.

    De prosperar la censura, el escenario abre un dilema sobre quién asumiría el mando. El nombre que suena con mayor fuerza es el de la congresista derechista Maricarmen Alva, expresidenta del Parlamento en 2021 y figura destacada en la oposición al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022). El desenlace marcaría un nuevo episodio de inestabilidad política en Perú, cuando restan menos de dos meses para que los ciudadanos vuelvan a las urnas.

     

  • La disputa por el control de la justicia marca un momento decisivo en Guatemala

    La disputa por el control de la justicia marca un momento decisivo en Guatemala

    Guatemala atraviesa una férrea pugna por el control del sistema judicial, en un proceso que incluye la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el relevo en la Fiscalía General, decisiones clave para el combate a la corrupción en el país centroamericano.

    Esta semana, la elección de un magistrado titular de la CC por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se vio marcada por la intervención de última hora del Ministerio Público, lo que generó críticas locales e internacionales contra la institución dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

    Pese a ello, la abogada Astrid Lemus fue electa para el período 2026-2031, decisión celebrada por Human Rights Watch (HRW), cuyo subdirector para las Américas, Juan Pappier, afirmó que las “trampas e intimidaciones” no lograron frustrar el proceso.

    En paralelo, el Congreso deberá elegir este semestre a cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral para un período de seis años, a partir de una nómina propuesta por una Comisión de Postulación. Estos magistrados estarán a cargo de organizar las elecciones generales del próximo año, en un contexto donde la credibilidad del organismo ha sido cuestionada por presuntas irregularidades en comicios anteriores.

    La Corte de Constitucionalidad, integrada por cinco magistrados designados por distintos órganos del Estado, es considerada la elección más trascendental, ya que sus fallos pueden definir el rumbo político del país. Analistas señalan que asegurar al menos tres magistrados comprometidos con la lucha contra la impunidad será determinante para el futuro institucional de Guatemala.

    Además, en mayo se definirá el nuevo fiscal general que sustituirá a Consuelo Porras, cuyo mandato de ocho años ha estado marcado por señalamientos de socavar la democracia.

    El presidente Bernardo Arévalo de León elegirá al sucesor de una lista de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación, una decisión que marcará la orientación de la política criminal del país. La disputa por estos cargos ha elevado la tensión política, especialmente tras el allanamiento a las elecciones del CANG, recordando episodios similares ocurridos en 2023.

     

  • El Congreso peruano reúne firmas para destituir al presidente interino José Jerí

    El Congreso peruano reúne firmas para destituir al presidente interino José Jerí

    El Congreso de Perú reunió este jueves las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción destinada a destituir al presidente interino, José Jerí, quien asumió como jefe de Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte y en su condición de titular del Parlamento.

    La iniciativa avanza en un contexto de múltiples mociones de censura contra Jerí por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por contrataciones de jóvenes funcionarias luego de reuniones sostenidas con el mandatario en el Palacio de Gobierno. Aunque el Legislativo permanece en receso hasta marzo, la normativa permite citar a un pleno extraordinario con el respaldo de 78 congresistas, requisito que —según legisladores— ya fue cumplido.

    El único bloque que rechazó apoyar la convocatoria es el fujimorismo, que siguió la línea de su lideresa y candidata presidencial por cuarta vez, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien optó por respaldar a Jerí. Una vez que la mesa directiva del Congreso, presidida interinamente por el fujimorista Fernando Rospigliosi, reciba la solicitud formal, tendrá un plazo de quince días para convocar la sesión.

    Existe además un debate sobre el número de votos requeridos para remover al mandatario interino. Algunos sostienen que bastarían 66 votos, es decir, la mitad más uno de los 130 congresistas, cifra necesaria para censurarlo como presidente del Congreso, lo que implicaría automáticamente la pérdida de la jefatura del Estado. Sin embargo, Rospigliosi defiende que, al ejercer la Presidencia de la República, Jerí debe ser destituido bajo los parámetros constitucionales aplicables a un jefe de Estado elegido por voto popular, lo que exige 87 votos, equivalentes a los dos tercios del hemiciclo.

    Jerí, de 39 años, asumió el poder bajo la figura de “incapacidad moral permanente” tras la destitución de Boluarte el pasado 10 de octubre, en medio de una creciente crisis de seguridad. Desde entonces ha impulsado medidas para enfrentar la criminalidad, replicando intervenciones carcelarias similares a las aplicadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele y en Ecuador por Daniel Noboa, además de decretar estado de emergencia en Lima y el Callao.

    No obstante, su imagen se debilitó en las últimas semanas tras revelarse reuniones semiclandestinas, incluida una cita en la que acudió encapuchado a un restaurante. Perú, que ha tenido siete presidentes en la última década, se encamina a nuevas elecciones generales en el segundo trimestre de este año, con 35 candidatos presidenciales en contienda.