Etiqueta: Crisis política

  • EE.UU. repite presión militar ante Venezuela como lo hizo en la invasión a Panamá

    EE.UU. repite presión militar ante Venezuela como lo hizo en la invasión a Panamá

    El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha encendido las alertas en América Latina, al evocar el escenario de 1989, cuando las tropas norteamericanas invadieron Panamá y derrocaron al general Manuel Antonio Noriega. Hoy, el blanco parece ser el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también acusado de narcotráfico por Washington.

    Fernando Berguido, diplomático y autor del libro El colapso de Panamá, advierte que aunque existen paralelismos entre ambos contextos, hay diferencias clave. “Noriega y Maduro comparten ser dictadores y las acusaciones de vínculos con el narcotráfico”, señala, pero en el caso panameño, las imputaciones judiciales eran previas y formales.

    Maduro fue acusado por Estados Unidos en 2020, bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cargos de narcotráfico y terrorismo. Este año, Washington duplicó la recompensa por su captura, elevándola de $25 millones a $50 millones. Además, el Departamento de Estado anunció que a partir del 24 de noviembre designará al Cartel de los Soles, presuntamente ligado a Maduro, como organización terrorista.

    El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, en uniforme militar. EFE

    A diferencia de Panamá en 1989, Venezuela presenta un reto logístico mayor para cualquier operación militar. Con 916,000 km² de extensión y 30 millones de habitantes, supera ampliamente el territorio y población panameña de entonces. Además, en Panamá existían 14 bases militares estadounidenses que facilitaban el control táctico, algo que no ocurre en suelo venezolano.

    La operación «Causa Justa» en Panamá se desarrolló sin maniobras navales previas. George H. W. Bush justificó la invasión por la protección de ciudadanos estadounidenses, la defensa del Canal y la lucha contra el narcotráfico. La invasión fue anunciada cuando ya estaba en marcha, mientras que con Venezuela, el despliegue militar es visible y prolongado.

    Un detonante en 1989 fue la anulación de las elecciones por parte del régimen de Noriega, quien se negó a reconocer la victoria de la oposición liderada por Guillermo Endara. La represión incluyó ataques de los llamados “Batallones de la Dignidad”, grupos civiles armados similares a los actuales milicianos creados por Maduro.

    En Venezuela, la reelección de Maduro en julio de 2024 fue considerada fraudulenta por la oposición, que asegura que Edmundo González fue el verdadero ganador. El organismo electoral, dominado por el chavismo, proclamó a Maduro, lo que generó protestas y rechazo internacional.

    Fotografía de archivo de 1990 del fallecido ex general panameño Manuel Antonio Noriega sosteniendo su ficha policial. EFE/ US Marshall

    El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos movilizó 26,000 soldados para capturar a Noriega, quien se entregó semanas después. Aunque no hay cifras oficiales definitivas, se estima que murieron entre 500 y 4,000 civiles. Noriega, exagente de la CIA, fue condenado por narcotráfico y murió en 2017.

    El coronel retirado panameño Roberto Díaz Herrera considera que la actual fuerza militar en el Caribe no ha sido desplegada en vano. “No se puede movilizar tanta flota, tanto armamento, para luego no hacer nada. Están listos para actuar”, advirtió.

    El escenario venezolano se torna cada vez más incierto. Con señales de una posible intervención militar y un gobierno acusado de narcoestado, la presión internacional crece, mientras los venezolanos enfrentan una crisis sin precedentes desde la llegada del chavismo al poder.

     

  • Crece la preocupación internacional por desconfianza en el proceso electoral hondureño

    Crece la preocupación internacional por desconfianza en el proceso electoral hondureño

    Las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras se acercan en medio de un clima marcado por la incertidumbre y la desconfianza. Las fuertes divisiones internas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) —donde cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios— han encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional.

    A esta situación se suma la creciente presión del Ministerio Público, señalado por sectores de la oposición de actuar alineado al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). La apertura de procesos judiciales que podrían llevar a prisión a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE ha incrementado el riesgo de interferencia política en instituciones que deberían operar con absoluta imparcialidad.

    También preocupa el rol de las Fuerzas Armadas, cuya participación en asuntos electorales ha sido calificada como improcedente. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicitó al CNE recibir una copia del acta del escrutinio presidencial el día de la votación, lo que la presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, describió como una “injerencia”.

    El polémico jefe militar hondureño, Roosevelt Hernández, ha sido señalado de injerencia en el proceso electoral.

    Preocupación internacional

    Frente a este panorama, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y Estados Unidos manifestaron su inquietud por la erosión de la independencia institucional en Honduras. Señalaron que estas tensiones amenazan la credibilidad de un proceso en el que el oficialismo busca un segundo mandato consecutivo y la oposición intenta evitarlo.

    La Secretaría General de la OEA recordó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor… libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, insistiendo en que la independencia de los órganos electorales es esencial para la gobernanza democrática. Desde Ginebra, relatores de la ONU advirtieron sobre la polarización y el deterioro del clima para la libertad de expresión.

    El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump comparte “la preocupación” expresada por la OEA y “sigue de cerca la situación”.

    Washington pidió a todos los funcionarios —incluidas autoridades electorales y militares— “respetar escrupulosamente las leyes y la Constitución”, y advirtió que responderán “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de alterar la integridad del proceso.

    Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro aseguró en Brasil que los comicios serán libres y transparentes, aunque observadores internacionales señalan un ambiente tenso, marcado por discursos de odio entre oficialismo y oposición y un deterioro notable de la independencia electoral.

    Los analistas sostienen que esta crisis forma parte de un ciclo prolongado de inestabilidad. Honduras, uno de los países más pobres de Latinoamérica, arrastra conflictos sin resolver desde su retorno al orden constitucional hace 45 años. Entre 2009 y 2017 vivió el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya y la polémica reelección de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado a 45 años por narcotráfico.

    El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía explicó a EFE que el país acumula crisis “porque ninguna se resuelve”, y advirtió que la élite política —de todos los partidos— utiliza estos conflictos para profundizar la desconfianza en las instituciones, lo que calificó como “grave y peligroso para la democracia”.

     

  • EEUU reducirá 10 % del tráfico aéreo en 40 aeropuertos por cierre gubernamental

    EEUU reducirá 10 % del tráfico aéreo en 40 aeropuertos por cierre gubernamental

    El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles que la Administración Federal de Aviación (FAA) reducirá en un 10 % el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país. La decisión responde a los efectos del cierre gubernamental que comenzó el 1 de octubre y que ya es el más prolongado en la historia estadounidense.

    “Esta decisión no se basa en qué aerolínea tiene más vuelos desde qué base. Se trata de identificar dónde se concentra la presión y cómo podemos aliviarla”, explicó Duffy en una conferencia de prensa, advirtiendo que se anticipan “más interrupciones y frustración” en los próximos días.

    Aunque el funcionario no detalló qué aeropuertos se verán afectados, sí aseguró que su equipo está coordinando con las aerolíneas para minimizar el impacto sobre los pasajeros.

    “Nuestra única función es garantizar la máxima seguridadposible en este espacio aéreo”, subrayó.

    La FAA ha sufrido una fuerte escasez de personal en las últimas semanas, particularmente en el área de controladores aéreos, muchos de los cuales han tenido que continuar trabajando sin salario. Según la entidad, cerca de 13.000 trabajadores han seguido cumpliendo funciones bajo condiciones de “estrés y agotamiento extremos”.

    Durante el fin de semana, la FAA denunció públicamente a través de su cuenta en X (antes Twitter) que el cierre gubernamental está afectando la seguridad operativa del espacio aéreo. En el mismo mensaje, pidió al Congreso que resuelva el bloqueo presupuestario que mantiene paralizadas varias agencias federales.

    El cierre del Gobierno estadounidense comenzó tras el fracaso en la aprobación del nuevo presupuesto fiscal. Desde entonces, múltiples servicios federales han quedado suspendidos o limitados, afectando también áreas críticas como transporte, justicia y salud pública.

    La reducción de vuelos busca evitar una posible saturación de las torres de control y garantizar operaciones seguras. No obstante, se prevé un aumento de retrasos y cancelaciones en rutas nacionales e internacionales, especialmente en los aeropuertos más concurridos del país.

    Varios sindicatos del sector aéreo, entre ellos el National Air Traffic Controllers Association (NATCA), han manifestado su preocupación por la salud mental y física del personal y han exigido una solución inmediata para evitar mayores consecuencias en la industria de la aviación.

    Hasta el momento, ni el Senado ni la Cámara de Representantes han alcanzado un consenso que permita levantar el cierre y restablecer el financiamiento federal. Mientras tanto, los usuarios deberán prepararse para una etapa de interrupciones prolongadas en los vuelos.

     

  • Justicia boliviana anula condena y ordena liberar a expresidenta Jeanine Áñez

    Justicia boliviana anula condena y ordena liberar a expresidenta Jeanine Áñez

    El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión dictada contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien gobernó entre 2019 y 2020. Además, ordenó su liberación inmediata tras identificar irregularidades en el proceso judicial conocido como Golpe de Estado II.

    “Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años, y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz”, informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo, en declaraciones a medios bolivianos.

    Según Saucedo, durante la revisión del caso se encontraron “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que afectaron el debido proceso y los derechos fundamentales de Áñez. “Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia”, sostuvo.

    Áñez permanecía detenida desde marzo de 2021, por lo que había cumplido ya cuatro años y ocho meses en prisión. Su defensa presentó un recurso de revisión extraordinaria, argumentando que el juicio debía haberse llevado a cabo mediante la vía del juicio de responsabilidades, reservada por ley a los altos funcionarios del Estado.

    El fallo anulado había sido emitido en diciembre de 2023 y la condenaba por haber asumido la Presidencia de forma irregular, tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019. En ese momento, Áñez era segunda vicepresidenta del Senado y, tras una serie de dimisiones en la línea de sucesión, asumió el poder en medio de una crisis política e institucional.

    El expresidente Morales denunció en su momento que fue víctima de un “golpe de Estado”, luego de que se desataran protestas y disturbios en todo el país tras las denuncias de fraude electoral en los comicios de 2019.

    Además de este proceso, Áñez enfrentaba otros cargos por las muertes de civiles durante intervenciones militares en su mandato interino, específicamente en los casos Senkata y Sacaba. Sin embargo, en agosto pasado, tribunales departamentales también anularon esos juicios ordinarios, trasladándolos al Legislativo para ser abordados como juicios de responsabilidades.

    La Constitución boliviana establece que un juicio de responsabilidades contra expresidentes, vicepresidentes y magistrados debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego enviado al Tribunal Supremo de Justicia, única instancia facultada para emitir sentencia en esos casos.

    Este fallo del TSJ representa un giro importante en uno de los casos más emblemáticos y polarizantes de la política boliviana en los últimos años, que ha enfrentado a simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y sectores opositores.

     

  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

     

  • El peronismo profundiza su crisis interna tras la fuerte derrota sufrida ante Milei en las legislativas

    El peronismo profundiza su crisis interna tras la fuerte derrota sufrida ante Milei en las legislativas

    El triunfo del oficialismo encabezado por el presidente Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo ha profundizado la crisis interna del peronismo argentino, debilitado desde su derrota en los comicios presidenciales de 2023. La Libertad Avanza (LLA), partido liderado por Milei, se impuso con contundencia en 16 de los 24 distritos electorales del país, incluyendo la estratégica provincia de Buenos Aires.

    El revés electoral dejó al descubierto las divisiones en el movimiento opositor, especialmente entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se perfilaba como posible candidato presidencial para 2027. La derrota en su propio territorio deja en entredicho su liderazgo, a pesar de haber vencido al oficialismo en las elecciones provinciales de septiembre.

    “El peronismo está ante la crisis más anunciada de su larga historia”, sostuvo a EFE el consultor político Pablo Touzon, quien subrayó la falta de renovación en las listas presentadas, compuestas en su mayoría por dirigentes ya conocidos por el electorado.

    Tras la condena judicial contra Cristina Fernández que le impide ocupar cargos públicos, Kicillof surgió como posible sucesor natural dentro del espacio kirchnerista. No obstante, el resultado del domingo debilitó esa proyección.

    “Hoy está en duda que Kicillof sea un candidato presidencial competitivo”, consideró Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político.

    Según Giusto, el rechazo a Kicillof también proviene del entorno de la propia Fernández. Para Touzon, ambos líderes han generado “un peronismo autorreferencial que se habla a sí mismo”, mientras las bases del movimiento exigen una renovación urgente en propuestas y liderazgos.

    La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón de su casa, donde cumple prisión domiciliaria. EFE

    La derrota se produce en un contexto de creciente desaprobación popular hacia el peronismo. Una encuesta de Zuban Córdoba reveló que el 40 % de los argentinos se declara antiperonista, mientras que un 30 % se identifica como “mileista”. El rechazo es mayor cuando se consulta por el kirchnerismo, con un 56 % afirmando ser antikirchnerista.

    En provincias clave como Córdoba, el referente peronista Juan Schiaretti fue derrotado por Gonzalo Roca, un joven desconocido impulsado por el respaldo de Milei, lo que refleja el creciente desgaste del peronismo incluso fuera del eje kirchnerista.

    “El peronismo debería reformar y renovar profundamente sus ideas, dirigencia, métodos y programas, si quiere volver a tener una chance en el futuro como opción de poder. Ya no alcanza con esperar la crisis ajena”, concluyó Touzon.

     

  • Presidente guatemalteco denuncia intento de golpe de Estado y pide reunión en la OEA

    Presidente guatemalteco denuncia intento de golpe de Estado y pide reunión en la OEA

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció este domingo un intento de golpe de Estado promovido por el Ministerio Público y el juez penal Fredy Orellana, y pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria en el marco de la Carta Democrática Interamericana.

    En un mensaje dirigido a la nación y transmitido en cadena nacional, Arévalo urgió a la comunidad internacional a “no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala”, en referencia a las recientes acciones judiciales para anular su mandato.

    El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de que el juez Orellana dictaminara nuevamente la suspensión del partido oficial Movimiento Semilla y declarara vacante la presidencia que Arévalo obtuvo en las elecciones de 2023. Esta decisión se suma a una serie de intentos anteriores para frenar su gobierno.

    Tanto el juez Orellana como la fiscal general Consuelo Porras, quien dirige la cúpula del Ministerio Público, enfrentan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que les han prohibido ingresar a sus territorios por presuntos actos de corrupción.

    Ante esta situación, la Secretaría General de la OEA ratificó este domingo que las elecciones en las que fue electo Arévalo fueron legítimas. En un comunicado, el organismo regional reiteró su respaldo al orden democrático y llamó a respetar los resultados electorales de 2023.

    Bernardo Arévalo ganó la presidencia con una propuesta anticorrupción, pese a figurar en octavo lugar en las encuestas previas a la primera vuelta. Desde entonces, su gestión ha enfrentado múltiples intentos de bloqueo institucional por parte de la Fiscalía, sin que hasta ahora hayan prosperado.

     

  • Delcy Rodríguez propuso a EE.UU. liderar transición en Venezuela sin Maduro

    Delcy Rodríguez propuso a EE.UU. liderar transición en Venezuela sin Maduro

    La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, como parte de una estrategia para preservar la estabilidad política del país, según reveló este jueves el Miami Herald, citando fuentes cercanas a las negociaciones.

    Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto a altos funcionarios del régimen venezolano, presentaron dos propuestas avaladas por Maduro a la administración del presidente Donald Trump, con la intermediación del gobierno de Catar.

    La primera oferta fue entregada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell. En ella se planteaba la salida de Maduro del poder con garantías de seguridad para permanecer en Venezuela, dejando a Delcy Rodríguez al frente de un gobierno de transición.

    La segunda propuesta, presentada en septiembre, contemplaba un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres, mientras Maduro se exiliaría en Catar o Turquía.

    Ambos planes buscaban persuadir a la Casa Blanca de que un “madurismo sin Maduro” podría facilitar una transición pacífica, sin desmantelar por completo la estructura del régimen.

    Según el Miami Herald, Delcy Rodríguez mantiene una relación estrecha con miembros de la familia real catarí, país donde además tendría parte de sus activos financieros.

    La información se conoció un día después de que el presidente Trump autorizara a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela. Además, el mandatario indicó que evalúa acciones militares contra el narcotráfico en tierra, luego de que las fuerzas estadounidenses mataran al menos a 27 personas en cinco ataques marítimos cerca de las costas venezolanas durante su administración.

    Consultado sobre si había autorizado el asesinato de Nicolás Maduro, el presidente Trump respondió que sería “ridículo” contestar esa pregunta.

    Mientras tanto, el régimen venezolano denunció “con extrema alarma” el uso de la CIA como una amenaza directa, y calificó las acciones como parte de “maniobras de cambio de régimen” orquestadas desde Washington.

     

  • Más del 60 % de nicaragüenses migraría por crisis política, según informe

    Más del 60 % de nicaragüenses migraría por crisis política, según informe

    Un estudio reciente reveló que el 64.5 % de los nicaragüenses abandonaría el país si tuviera la oportunidad, siendo Estados Unidos y España los destinos más deseados. El informe fue divulgado este martes en Costa Rica por la organización Hagamos Democracia, que analizó la percepción ciudadana sobre la realidad política, económica y social de Nicaragua.

    El presidente de la ONG, Jesús Tefel, detalló que el estudio se basó en entrevistas realizadas en 40 de los 153 municipios del país.

    “El 64.5 % expresó que, de ser posible, dejaría el país, mientras que un 35.5 % afirmó que no migraría”, puntualizó Tefel.

    Comparado con una consulta similar realizada en abril, la intención de migrar bajó cinco puntos porcentuales, ya que en ese momento el 69.5 % manifestó su deseo de salir del país. Esta leve disminución sigue una tendencia histórica observada en evaluaciones anteriores, indicó Tefel.

    Entre las principales causas que motivan a los nicaragüenses a migrar, el 51.12 % señaló la crisis económica, mientras que un 44.4 % mencionó la desesperanza ante la falta de una salida a la crisis política. Otro 4.1 % dijo que se iría debido al acoso o la intimidación.

    Al consultar sobre los países de destino, la mayoría eligió Estados Unidos (47.3 %), seguido de España (31 %), Costa Rica (17.1 %), Canadá (1.94 %) y otros países (2.71 %).

    “Los datos evidencian que la crisis política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, derivada del régimen totalitario del actual régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es el problema estructural que define un futuro incierto para el país”, afirmó Tefel.

    Sin embargo, en el plano individual, la principal causa que impulsa a los ciudadanos a dejar Nicaragua es la falta de condiciones económicas para subsistir.

    “Ambas crisis, la política y la económica, continúan siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos y refuerzan la sensación generalizada de que en Nicaragua no hay perspectivas de prosperidad ni bienestar a futuro”, agregó.

    De acuerdo con datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al menos el 6.5 % de los 6.7 millones de nicaragüenses ha abandonado el país entre abril de 2018 y junio de 2023.

    El informe “Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas”, elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indica que este éxodo supera incluso al registrado durante la guerra civil de los años ochenta.

     

  • El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituyó la noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio de una creciente ola de violencia criminal y con apenas seis meses para las elecciones generales programadas para abril de 2026.

    La decisión fue aprobada por 122 votos de un total de 130 congresistas, superando ampliamente los 87 requeridos para proceder con la vacancia. La mandataria no acudió al hemiciclo a ejercer su derecho de defensa, lo que precipitó el proceso parlamentario.

    Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convirtió en la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, según encuestas recientes. Su salida fue impulsada por agrupaciones que anteriormente la respaldaron, como Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales.

    El Congreso aprobó en bloque cuatro mociones de vacancia, alegando su incapacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que azota al país. La situación se agravó tras un ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina, que dejó varios heridos durante un concierto en Lima.

    En reemplazo de Boluarte, asumió como presidente interino el titular del Congreso, José Jerí, quien juró “con humildad, empatía y reconciliación nacional”, comprometiéndose a declarar la guerra a las bandas criminales y garantizar un proceso electoral limpio.

    Jerí, de 38 años, se convierte así en el séptimo presidente del país desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la propia Boluarte.

    Investigaciones en su contra

    Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Entre ellas, destaca el caso “Rolexgate”, por el uso de relojes y joyas no declaradas, así como el presunto favorecimiento en la fuga del exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

    Además, fue señalada por haberse sometido en secreto a cirugías estéticas mientras no informaba su inhabilitación al Congreso. También es investigada por reuniones irregulares con la exfiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una red de corrupción dentro del Ministerio Público.

    A pesar de que el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente las investigaciones por su fuero presidencial, su destitución reactiva todos los procesos penales pendientes.

    Una gestión sin respaldo popular

    Sin bancada propia ni partido político, Boluarte sobrevivió políticamente gracias al respaldo de partidos conservadores que le permitieron gobernar durante casi tres años. Sin embargo, las más de 50 muertes en protestas sociales tras su llegada al poder, y su falta de respuesta efectiva ante la violencia criminal, terminaron por erosionar ese apoyo.

    La ahora expresidenta asumió en 2022 tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y ministra. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad institucional en Perú, donde siete presidentes han sido removidos o reemplazados en menos de una década.