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  • Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en marzo y devuelto en junio a EEUU, comparecerá ante la justicia estadounidense el próximo 8 y 9 de diciembre, luego de que un juez federal reprogramara la audiencia de acusación por tráfico humano en Tennessee, originalmente prevista para esta semana.

    La decisión fue tomada por el juez Waverly Crenshaw, quien se reunió con los abogados defensores y fiscales el pasado viernes. Aunque no se han revelado los motivos del cambio de fecha, se espera que en la audiencia se analicen los argumentos de la defensa para desechar los cargos y excluir parte de las pruebas presentadas.

    La defensa de Ábrego García sostiene que los cargos federales por tráfico humano en su contra son “represalias judiciales” y que, ante la posibilidad de una acusación con motivaciones indebidas, corresponde al gobierno probar lo contrario.

    En documentos recientes, el equipo legal del salvadoreño denunció que el gobierno estadounidense no ha entregado información clave para su defensa ni ha permitido el testimonio de testigos relevantes en la audiencia.

    El caso se remonta a un incidente ocurrido en 2022, cuando agentes estatales detuvieron a Abrego García en una carretera de Tennessee y encontraron a ocho personas más en su vehículo. En el operativo también se le decomisaron $1,400 en efectivo, cantidad que, según los oficiales, habría sido un pago por el traslado.

    Durante la intervención, Ábrego García cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Inicialmente dijo que se dirigía a su casa en Maryland, luego afirmó que viajaba por motivos laborales. Además, señaló que las personas a bordo del vehículo provenían de St. Louis, Missouri.

    El salvadoreño fue deportado a El Salvador en marzo de este año junto a un grupo de venezolanos que fue recluido en el CECOT, pero posteriormente fue repatriado a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales. Según los registros migratorios, Ábrego García ingresó al país en 2011 y fue sujeto de una orden de deportación desde 2019, que luego fue suspendida.

    Hasta ahora, el juez Crenshaw no ha emitido un fallo sobre la moción para desestimar los cargos. El resultado de la audiencia de diciembre será determinante para definir si el caso avanza o queda anulado por presunta persecución judicial.

    El gobierno estadounidense ha pretendido deportar a Ábrego García a varios países africanos, pero el juez ha ordenado que permanezca en EEUU mientras se realiza el proceso en su contra..

  • Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

    Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

     

    Un juez federal de Tennessee ordenó este lunes a funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el proceso penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien se intenta deportar hacia un país africano.

    La resolución fue emitida por el juez de distrito Waverly Crenshaw y está dirigida a los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). En su fallo, el magistrado advirtió que cualquier empleado que incumpla la instrucción podría enfrentar sanciones por realizar comentarios con “una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” el caso penal en curso.

    Crenshaw expresó preocupación por las declaraciones extrajudiciales de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

    “Muchas de esas afirmaciones han sido exageradas o simplemente inexactas”, escribió el juez en su resolución, y citó en particular los señalamientos que vinculan a Ábrego García con la pandilla MS-13.

    El juez recordó que existe una norma local que prohíbe a los empleados del gobierno federal hacer comentarios públicos sobre procesos penales activos, y ordenó a la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee que notifique formalmente esa obligación a los responsables del DOJ y del DHS.

    En una resolución adicional, Crenshaw también exigió al Gobierno que entregue bajo sello judicial los documentos que justifiquen su cambio de postura en el caso. Inicialmente, las autoridades pretendían “deportar sin procesar” a Ábrego García, pero más adelante optaron por procesarlo penalmente antes de proceder con la deportación, la cual se ejecutaría hacia Liberia, un país con el que el migrante no tendría ninguna conexión.

     

  • Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Yessenia Ruano, una salvadoreña que fue obligada a salir de EEUU a pesar de tener una solicitud activa de visa humanitaria por ser víctima de trata laboral, ha demandado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país (ICE) de violar la ley al detener y deportar a personas que han sido víctimas de violencia doméstica o trata de personas, y que están en proceso de obtener visas T o U, diseñadas para protegerlas.

    Ruano, una salvadoreña que vivió 14 años en Estados Unidos, se vio obligada a abandonar el país junto a sus hijas ante la negativa del gobierno de Donald Trump de detener su deportación. Su caso, junto al de otras personas migrantes, es parte de una demanda federal presentada esta semana en Los Ángeles, en la que se acusa a ICE, según reveló el jueves el diario estadounidense The New York Times. 

    Según la denuncia, el gobierno estadounidense ha incumplido con las garantías legales establecidas por el Congreso en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), al implementar políticas que castigan a quienes se atreven a denunciar abusos y colaborar con las autoridades.

    “Se está traicionando el pacto legal con personas vulnerables que han dado un paso valiente al presentarse ante la justicia”, afirmó Sergio Pérez, director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.

    El caso de Yessenia Ruano: de sobreviviente a demandante

    La salvadoreña Yessenia Ruano, de 38 años, salió de Wisconsin en junio tras agotar todos los recursos legales. Había solicitado una visa T tras ser víctima de trabajo forzado en su ruta hacia EE.UU. luego de huir de las pandillas en El Salvador. Su esposo, sus hijas gemelas de 10 años, ciudadanas de Estados Unidos, y su perro también salieron del país semanas después.

    Ruano trabajó durante años en una fábrica de pizzas y como asistente de maestros en una escuela de Milwaukee. Incluso fue llamada a sustituir clases ante la escasez de personal. Su caso ha aparecido en varias cadenas hispanas de televisión de los Estados Unidos.

    “Sentía que por fin estaba aportando”, recordó.

    En febrero de este año, su abogada le sugirió retirar su solicitud de asilo y optar por una visa T. Aunque pidió retrasar su deportación mientras el caso estaba en proceso, ICE se negó. Ante el temor de ser separada de sus hijas, optó por regresar voluntariamente a El Salvador.

    La demanda también incluye el caso de Camila B., una vendedora mexicana de tamales detenida durante una redada de ICE en Los Ángeles, tras vivir más de 20 años en el país. En 2023, ella había solicitado una visa U tras ser brutalmente agredida.

    Asimismo, Kenia Merlos, originaria de Honduras y madre de cuatro ciudadanos estadounidenses, fue arrestada junto a su familia en un parque del estado de Washington, a pesar de tener una solicitud activa desde marzo de 2024. Está detenida desde junio.

    La administración Trump eliminó en enero de este año directrices que impedían detener a inmigrantes con solicitudes activas de protección como víctimas. Un memorando de ICE ordenó a los agentes priorizar la “aplicación total y eficiente” de las leyes migratorias, incluso en zonas sensibles como refugios, escuelas e iglesias.

    Las visas U y T, que otorgan permisos de trabajo y eventual residencia a víctimas de crímenes y trata de personas que cooperen con fiscales, han sido clave para desmantelar redes criminales. Sin embargo, el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, base ideológica del segundo mandato de Trump, propone eliminarlas por considerar que pueden ser utilizadas de forma fraudulenta.

    “Eliminar estos mecanismos de protección no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que dificulta los procesos judiciales”, advirtió Erin Aiello, fiscal de Massachusetts especializada en violencia de género.

    Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió que “todas las personas deportadas por ICE han tenido debido proceso y una orden final de expulsión”.

    Sin embargo, activistas aseguran que los agentes están aplicando procesos acelerados de expulsión, sin dar tiempo a que las víctimas puedan presentar sus casos.

    La demanda en curso es una de al menos cinco que cuestionan el endurecimiento de la política migratoria de Trump. Mientras tanto, miles de personas que han sufrido abusos, violencia de género o explotación laboral temen ser deportadas antes de obtener justicia.

    “Mi esperanza es poder regresar algún día”, dijo Ruano, quien ahora vive nuevamente en El Salvador, esperando que su visa T sea aprobada.

  • EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha notificado a los abogados de Kilmar Ábrego García su intención de deportarlo a Ghana, un país de África Occidental, según reveló la cadena ABC News.

    La decisión marca un nuevo giro en el complejo caso del salvadoreño, quien fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo pasado, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país debido al riesgo de persecución. Durante esa expulsión, Ábrego García fue enviado directamente al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad del gobierno salvadoreño.

    El DHS había planteado anteriormente la posibilidad de deportar a Ábrego García a Esuatini o Uganda (también en África), países con los que el salvadoreño no tiene vínculos aparentes. No obstante, el gobierno ahora planea su deportación a Ghana, de acuerdo con un aviso oficial entregado a su equipo legal.

    Los abogados del inmigrante comparecerán ante un tribunal este viernes en una audiencia probatoria, donde se espera que testigos del gobierno declaren sobre los esfuerzos realizados para deportarlo a otros países africanos.

    Ábrego García, quien vivía en Maryland junto a su esposa e hijos antes de ser detenido, fue señalado por la administración Trump como presunto miembro de la pandilla MS-13, acusación que ha sido enérgicamente negada por su familia y su defensa legal.

    En junio, tras su deportación fallida, fue repatriado a EE.UU. para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, ante los cuales se ha declarado inocente. Mientras aguardaba el juicio bajo custodia de su hermano, fue nuevamente detenido por autoridades migratorias, quienes reanudarían los esfuerzos de deportación.

    La semana pasada, un juez de inmigración rechazó una moción para reabrir su caso migratorio, lo que dejó al salvadoreño expuesto a una posible expulsión.

     

  • El periodista salvadoreño Mario Guevara, el rostro de la "injusticia" de las deportaciones de Trump

    El periodista salvadoreño Mario Guevara, el rostro de la «injusticia» de las deportaciones de Trump

    Mario Guevara, uno de los periodistas salvadoreños con mayor audiencia en Estados Unidos, se ha convertido en el rostro de la «injusticia» de las deportaciones masivas del presidente Donald Trump, al ser expulsado a su país tras trabajar por más de 20 años en EE.UU. y tener dos hijos ciudadanos, uno que depende de él.

    A sus 48 años, el periodista se convirtió -sin proponérselo- en el protagonista de una historia que reportó miles de veces, pues fue deportado este viernes a su país natal, dejando atrás toda una vida construida, como él mismo ha dicho, “a base de esfuerzo”.

    «A base de mentiras Estados Unidos me deportó”, dijo al llegar a El Salvador. “Aunque Estados Unidos diga que fui un peligro solo soy un padre trabajador que ama el ejercicio del periodismo”, agregó.

    Guevara era el único periodista detenido en Estados Unidos, donde estuvo bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por más de 100 días, y ninguno de los recursos legales que presentaron sus abogados y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) sirvieron para detener su expulsión, catalogada como un ataque a la libertad de prensa y una «injusticia» por parte de activistas, abogados y su familia.

    En busca de asilo

    Guevara comenzó su trabajo periodístico en El Salvador en el Diario Colatino y en La Prensa Gráfica como fotoperiodista, pero en 2004 se vio obligado a dejar su país por amenazas y emigró a Estados Unidos en busca de protección con su esposa y su hija mayor.

    Tras un demorado caso, en 2012 un juez le negó su petición de asilo, pero cerró su proceso de deportación administrativamente, lo que le permitió mantener su permiso de trabajo.

    Su enfoque en los reportajes en temas migratorios le permitieron ascender rápidamente en su trabajo en Atlanta para medios como Mundo Hispánico, donde ingresó en 2007 y con el que fue nominado al premio Emmy.

    Su mayor éxito ha sido en las redes sociales, donde con sus reportes logró acumular más de 700,000  seguidores en su página personal de Facebook, desde la que impulsó su canal MG News, con el que ha extendido su labor con reportajes a El Salvador y coberturas de deportes.

    Foto de archivo del periodista Mario Guevara.EFE/ERIK S. LESSER

    Su trabajo llamó la atención del periódico The New York Times, que en 2019 publicó un documental, estrenado en el Festival de Tribeca, sobre su trabajo dedicado a reportar las redadas migratorias.

    Guevara también protagonizó un artículo de The Columbia Journalism Review, una publicación académica dedicada al periodismo, que en 2019 examinó el trabajo de Guevara.

    El salvadoreño también ha estado en medio de la polémica por acompañar a las policiales locales en operativos, además de apoyar a políticos republicanos y ser un fuerte detractor de líderes demócratas, como el expresidente Joe Biden (2021-2025) y la candidatura de Kamala Harris.

    La Agencia Europea de Fotografía de Prensa este año también le dedicó un reportaje. En todas las entrevistas Guevara defendía estar protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

    Sin embargo, ese derecho parece haber sido violado, según defensores de periodistas, cuando fue detenido el pasado 14 de junio mientras cubría para su canal MG News una protesta en un suburbio de Atlanta contra el presidente Trump, por cargos menores de obstrucción, a pesar de que estaba plenamente identificado como prensa.

    Aunque los cargos fueron desestimados, la policía lo entregó a ICE que se propuso reabrir su caso y no considerar una petición de ajuste de estatus sometida por su hijo Oscar Guevara, nacido en Estados Unidos, y quien depende de él por una enfermedad cerebral.

    Lea también: APES reporta 43 periodistas salvadoreños exiliados este año, el 85 % tenía miedo a una posible captura

    El héroe local

    Las redes personales del salvadoreño como las de MG News acumulan este viernes cientos de mensajes y de visualizaciones en las que consideran a Guevara como un héroe local y “una víctima” más del Gobierno de Trump.

    Mientras las más importantes organizaciones de defensa de los derechos civiles catalogan su deportación como un hecho “devastador” para la libertad de prensa. Un mensaje similar ha expresado su familia, compuesta por su esposa, sus tres hijos, y su progenitora, que residen en Atlanta.

    En una carta escrita cuando cumplió 100 días de reclusión, Guevara aseguró que se marchaba “con la frente en alto”, y convencido que su deportación ocurrió por ejercer su labor periodística y no por cometer crímenes.

    “Eso sí, me voy con el corazón destrozado y mi dignidad pisoteada, pues he sido humillado tanto por autoridades federales como locales y creo que no lo merezco», escribió el salvadoreño, quien avisó que seguirá con su canal de noticias.

  • CPJ denuncia deportación de periodista salvadoreño Mario Guevara como ataque a la prensa en EE.UU.

    CPJ denuncia deportación de periodista salvadoreño Mario Guevara como ataque a la prensa en EE.UU.

    El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, calificó este viernes como “una erosión vergonzosa” de la libertad de prensa en Estados Unidos la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara.

    La organización advirtió que es la primera vez que documenta represalias de este tipo vinculadas directamente al trabajo informativo. “La deportación de Mario Guevara es una señal preocupante del deterioro de la libertad de prensa bajo la Administración (del presidente Donald) Trump”, declaró Katherine Jacobsen, coordinadora del Programa de Estados Unidos, Canadá y el Caribe del CPJ.

    Guevara, de 48 años, llegó este viernes a El Salvador tras pasar más de tres meses en un centro de detención. Aunque fue exonerado de los cargos que enfrentaba, su arresto se produjo mientras cubría una protesta contra el presidente Trump y las redadas migratorias. El periodista no pudo despedirse de su esposa, sus tres hijos ni de su madre, quienes permanecen en Atlanta, Georgia.

    Jacobsen recalcó que “no se trata de un caso de inmigración simple como las autoridades quieren hacer creer”, subrayando que la detención obedeció a represalias por su trabajo periodístico. Durante su reclusión, el gobierno alegó que sus transmisiones en vivo para su canal MG News en Facebook representaban un riesgo para la labor policial.

    La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también condenó el hecho y lo calificó como un ataque directo a la Primera Enmienda. Por su parte, la organización Voto Latino afirmó que la deportación “refleja un patrón preocupante” de hostigamiento contra periodistas en la administración Trump.

    “Si los periodistas pueden ser silenciados o deportados por sus reportajes, todos corremos riesgo, especialmente las comunidades inmigrantes que dependen de voces como la de Mario para amplificar sus historias”, advirtió Voto Latino.

  • Corte Suprema de EEUU permite a Trump retirar el TPS a venezolanos

    Corte Suprema de EEUU permite a Trump retirar el TPS a venezolanos

    La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes que la Administración del presidente Donald Trump revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 migrantes venezolanos que residen en el país norteamericano.

    Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal respaldó al Departamento de Seguridad Nacional, en contra de un fallo previo de un tribunal federal en California que impedía suspender las protecciones para unos 600,000 inmigrantes, entre ellos venezolanos y haitianos.

    La resolución podría derivar en la deportación de centenares de miles de venezolanos beneficiados con el programa, aunque se estima que por ahora no afectará a ciudadanos haitianos amparados bajo el mismo estatus.

    “Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado”, señala el fallo de la mayoría conservadora, que ya había resuelto en la misma dirección por la vía de emergencia.

    Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra. En su opinión disidente, Jackson advirtió: “No puedo estar de acuerdo con esta interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”.

    El presidente Trump solicitó al Supremo, a finales de septiembre, el aval para retirar las protecciones contra la deportación que desde 2021 han impedido expulsar a cerca de 300,000 venezolanos, decisión que fue bloqueada por varios tribunales en instancias anteriores.

    La decisión del Supremo representa el cierre temporal a un extenso proceso judicial que se ha prolongado por más de dos años, y que ahora le concede luz verde al gobierno para revocar el TPS a miles de migrantes, pese a los recursos que aún podrían ser interpuestos en instancias inferiores.

  • Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas piden frenar deportación de periodista salvadoreño en EE.UU.

    Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas piden frenar deportación de periodista salvadoreño en EE.UU.

    Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) solicitaron este viernes a una corte federal detener la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien lleva más de 100 días detenido tras cubrir protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    El recurso legal, presentado como amicus curiae ante la Corte del Distrito Sur de Georgia, busca que Guevara sea liberado de forma inmediata, en un caso que ha encendido las alarmas de organizaciones que defienden la libertad de prensa.

    “Para ponerlo llanamente, a los agentes de seguridad les disgustaba el reporteo de Guevara sobre su conducta, así que lo detuvieron. A pesar de una orden de un juez migratorio para liberarlo bajo fianza, el Gobierno ha buscado mantenerlo detenido”, señala el documento judicial.

    El comunicador fue arrestado el 14 de junio en Georgia mientras transmitía en vivo para su canal MG News una protesta del movimiento No Kings contra Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque los cargos menores que enfrentaba fueron desestimados, el proceso de deportación continúa abierto pese a que Guevara reside en EE.UU. desde 2004 y es padre de hijos ciudadanos estadounidenses.

    Organizaciones como Free Press, The Freedom of the Press Foundation y PEN America se sumaron a la petición, advirtiendo que el caso “tiene profundas implicaciones” para el ejercicio periodístico.

    “La detención y posible deportación del amado periodista Mario Guevara es tan legalmente injusta como una señal del proyecto de censura de la Administración Trump para castigar la libertad de expresión y disenso”, expresó Nora Benavidez, directora de justicia digital de Free Press.

    La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló recientemente en contra de Guevara, reabriendo un proceso de deportación suspendido desde 2012, cuando perdió un caso de asilo. “El argumento del Gobierno, que Guevara representa un peligro por su transmisión en vivo de actividad de los agentes de la ley, crea un dañino marco para ir detrás de otros periodistas, así como de cualquier otro individuo que transmita en vivo”, advirtió Katherine Jacobsen, coordinadora del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

    El futuro del comunicador, que cuenta con más de 700,000 seguidores en redes y es referente en temas migratorios, dependerá ahora de la decisión de un tribunal federal que podría detener o confirmar su deportación.

     

  • Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Tras cumplir 100 días detenido en una cárcel migratoria de Georgia, el periodista salvadoreño Mario Guevara escribió una emotiva carta dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos, en la que reafirma su dignidad y compromiso profesional, mientras enfrenta una posible deportación a El Salvador.

    “Si me deportan, me voy con la frente en alto”, afirmó Guevara desde el centro de detención, asegurando que su única falta ha sido ejercer su labor periodística, no cometer delitos.

    En su carta escrita a mano, el periodista lamentó haber sido tratado como delincuente durante más de tres meses.

    “He sido humillado tanto por autoridades federales como locales… pero todos mis seres amados saben que todo ha sido por mi pasión al trabajo”, escribió Guevara.

    Criticó la política migratoria de EE. UU. al decir que el lema de libertad y justicia para todos es “una falacia” cuando se trata de inmigrantes.

    “Dios permita que un día no muy lejano el amor supere el odio racial que divide a esta bella nación”, añadió.

    También agradeció el apoyo de su comunidad, de los seguidores de su canal MG News, y pidió perdón a su familia por el dolor que su situación ha causado.

    El arresto: transmisión en vivo de una protesta

    Guevara fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el condado de DeKalb, Georgia. Aunque portaba un chaleco con la palabra PRESS y se identificó ante la policía diciendo “I’m a member of the media, officer”, fue detenido.

    Los fiscales desestimaron los cargos presentados —obstrucción, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública—, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mantuvo en custodia. Días después, enfrentó cargos por conducción imprudente en otro condado, que también fueron desestimados.

    Mario Guevara reside en EE. UU. desde 2004, cuando huyó de El Salvador tras ser víctima de persecución por su trabajo periodístico. Ha trabajado en medios como Mundo Hispánico y fundó el canal digital MG News. En 2012, un juez rechazó su solicitud de asilo, pero el caso quedó cerrado administrativamente.

    Este año, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió su caso y denegó su liberación bajo fianza, incluso cuando su defensa solicitó que el proceso regresara al juez original para optar a una residencia permanente, al ser padre de ciudadanos estadounidenses y tener una visa en trámite.

    “Él no tiene antecedentes criminales en 20 años y tiene buena reputación entre medios y autoridades”, explicó su abogado Giovanni Díaz. La ACLU ha presentado un habeas corpus y una moción de emergencia para frenar su expulsión, que podría ejecutarse en cualquier momento.

  • La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara pide frenar su deportación tras 100 días detenido

    La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara pide frenar su deportación tras 100 días detenido

    La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara expresó su creciente preocupación por el prolongado encarcelamiento del comunicador, quien ya cumplió más de 100 días detenido en un centro migratorio de Estados Unidos, tras su arresto el 14 de junio.

    “Nos duele el corazón cada día que pasa lejos de nosotros”, dijo su hijo, Óscar Guevara, durante una conferencia de prensa ofrecida junto a los abogados defensores, quienes advirtieron que la deportación del periodista podría ejecutarse en cualquier momento.

    Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Privacidad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que solo una orden judicial federal puede impedir su expulsión inmediata del país.

    La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió un antiguo proceso de deportación de Guevara que había sido suspendido desde 2012, tras perder un caso de asilo.

    Además, la BIA rechazó una solicitud de ajuste de estatus migratorio presentada por sus abogados, a pesar de que el periodista es padre de un ciudadano estadounidense que depende de él para recibir atención médica a largo plazo. También negó su liberación bajo fianza, lo que le impide luchar su caso en libertad.

    Críticas por sesgo político en el sistema migratorio

    Giovanni Díaz, abogado de inmigración de Guevara, expresó su sorpresa por el fallo adverso, señalando que contradice resoluciones anteriores donde se favorecía a migrantes con posibilidades reales de obtener un alivio migratorio.

    “Desafortunadamente, este caso parece resaltar otra tendencia: la BIA y los tribunales migratorios están políticamente comprometidos”, subrayó. Díaz.

    La decisión también contradice una orden previa de un juez de inmigración que había autorizado la liberación del periodista.

    Mario Guevara, quien reside en Estados Unidos desde 2004 y tiene tres hijos (dos de ellos ciudadanos estadounidenses), fue arrestado mientras cubría una protesta del movimiento “No Kings” en Georgia. Aunque se encontraba debidamente identificado como periodista del canal MG News, fue detenido por cargos menores.

    La abogada Kim calificó el arresto como una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. En respuesta, la ACLU presentó una solicitud de habeas corpus para denunciar la ilegalidad de su detención prolongada y ha pedido una moción de emergencia para frenar su deportación a El Salvador.