Etiqueta: deportación

  • EEUU captura a salvadoreño acusado de abuso sexual infantil cuando intentaba volar hacia El Salvador

    EEUU captura a salvadoreño acusado de abuso sexual infantil cuando intentaba volar hacia El Salvador

    Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) arrestaron a Nelvis González Purdencio, un ciudadano salvadoreño de 43 años, buscado por delitos graves de abuso sexual infantil en el estado de Maryland.

    González Purdencio fue capturado en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a El Salvador.

    Según autoridades estadounidenses, es requerido por la Policía del Condado de Montgomery por el delito de abuso sexual de un menor, tipificado como un delito grave en tercer grado.

    Además de enfrentar cargos por abuso, el salvadoreño tenía pendiente una orden de deportación emitida en septiembre de 2005, luego de haber ingresado ilegalmente a territorio estadounidense en julio del mismo año. También pesaba sobre él una orden de arresto adicional por no presentarse a su proceso de remoción migratoria en febrero de 2025.

    “Esta captura ilustra cómo los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza ayudan a las víctimas, incluidas las más vulnerables, a tener una voz, colaborando con nuestras agencias aliadas para capturar y llevar ante la justicia a los prófugos buscados”, declaró Christine Waugh, directora de puerto del Área de Washington, D.C.

    Las autoridades confirmaron la vigencia de la orden de arresto del condado y validaron que González Purdencio era efectivamente el sujeto buscado. Posteriormente, fue entregado a oficiales de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington.

     

  • Mujer es multada con cerca de un millón de dólares por no cumplir con orden de deportación

    Mujer es multada con cerca de un millón de dólares por no cumplir con orden de deportación

    El Gobierno del presidente Donald Trump ha demandado a una hispana por no acatar una orden de deportación final y le exigió pagar una multa de cerca de un millón de dólares, uno de los cobros más altos conocidos hasta el momento impuestos para obligar a los inmigrantes a marcharse del país.

    La demanda civil compartida por el medio especializado Politico exige a Marta Alicia Ramírez Veliz el pago de 941.114 dólares más intereses por supuestamente no haber abandonado Estados Unidos tras perder su caso en 2022.

    En la querella legal, el Departamento de Justicia explica que Ramírez Veliz “adeuda” a los Estados Unidos la multa por incumplir o negarse deliberadamente a abandonar el país al 24 de abril de 2025.

    El Gobierno Trump se basa en una sesión de Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que establece que un extranjero sujeto a una orden final de deportación que incumpla o se niegue deliberadamente a abandonar el país deberá pagar una multa civil. El cobro se fija en 998 dólares por cada día de infracción.

    Según los documentos judiciales, a la inmigrante se le ordenó salir del país el 1 de julio de 2019 cuando un juez de inmigración emitió una orden de deportación contra ella.

    La mujer recurrió a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que desestimó su pedido y mantuvo en firme la deportación el 23 de septiembre de 2022.

    En abril pasado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) notificó a la mujer la intención de multarla, dándole 30 días para presentar una defensa de por qué no se le debía imponer el cobro.

    Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond (Virginia), la mujer no respondió y ahora el Gobierno Trump ha pedido a la corte que haga efectiva la multa.

    Trump permitió al ICE desde su primera administración imponer multas que llegaron hasta el medio millón de dólares.

    Charles Moore, abogado de Public Justice dijo a Politico que la multa impuesta a Ramírez Veliz parece ser la más alta cifra impuesta. “No, no habíamos oído hablar de nada cercano al millón de dólares».

  • Venezolanos repatriados de El Salvador piden garantías para acudir a audiencia en EE.UU.

    Venezolanos repatriados de El Salvador piden garantías para acudir a audiencia en EE.UU.

    Un grupo de los 252 venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador pidieron este viernes garantías para acudir a una audiencia ordenada por un juez federal en la nación norteamericana, luego de determinar que el Gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso de estos migrantes que se encuentran ahora en libertad.

    «Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permita participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas», señaló, en una carta, el grupo de migrantes que fue repatriado a su país el pasado 18 de julio tras cuatro meses detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

    Además, exigieron a Estados Unidos que garanticen condiciones de retorno «dignas y apropiadas» y que estos hechos no se repitan, por lo que instaron a revisar los protocolos de deportación y acogida.

    «Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes», añadió el grupo en la misiva leída ante la prensa por un repatriado que no se identificó.

    Norberto Aguilar, uno de los migrantes deportados a El Salvador en marzo pasado, relató durante la rueda de prensa haber sido golpeado en el CECOT.

    Por su parte, Arturo Suárez sostuvo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha brindado su ayuda con terapias psicológicas pero que no ha sido fácil reinsertarse en la sociedad porque, dijo, «los golpes físicos sanan pero los mentales no».

    «Entonces estamos luchando con mucha ansiedad, problemas para dormir, para comer», agregó.

    El lunes, un juez federal dictaminó que el Gobierno de Trump negó el debido proceso a cerca de 200 venezolanos que deportó a una prisión de alta seguridad en El Salvador y ordenó que se les dé la oportunidad de tener una audiencia.

    El juez James Boasberg dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez.

    El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT en marzo pasado impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU.

    Tras meses de presión de las familias de los inmigrantes, los venezolanos fueron enviados a su país natal en julio pasado en un intercambio de rehenes entre EE.UU. y el Gobierno de Maduro.

  • Juez de EE.UU. ordena conceder audiencias a venezolanos deportados a El Salvador

    Juez de EE.UU. ordena conceder audiencias a venezolanos deportados a El Salvador

    Un juez federal de Estados Unidos dictaminó el lunes que cerca de 200 migrantes venezolanos deportados a El Salvador fueron privados de su derecho al debido proceso, y ordenó que se les permita presentar sus casos ante un tribunal migratorio.

    La resolución fue emitida por el magistrado James Boasberg, quien dio plazo hasta el 5 de enero de 2026 para que el Gobierno presente un plan que permita el regreso de los migrantes o el acceso a una audiencia justa en EE.UU. Además, certificó una demanda colectiva que abre la vía para que todos los afectados impugnen su expulsión al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, adonde fueron enviados en marzo pasado.

    El presidente Donald Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —instrumento legal reservado para tiempos de guerra— para justificar las deportaciones, alegando sin pruebas que los migrantes eran miembros del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, declarado organización terrorista.

    “Los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin aviso y sin oportunidad de impugnar su designación”, escribió Boasberg en su resolución, calificando la acción como una clara violación de los derechos constitucionales.

    La demanda fue interpuesta por la ACLU y Democracy Forward, quienes también alegaron que el Gobierno salvadoreño encarceló a los migrantes a cambio de un pago.

    El magistrado subrayó que el Gobierno no puede utilizar expulsiones aceleradas para anular el derecho al hábeas corpus, señalando que permitirlo “abriría la puerta a que el Gobierno detenga a cualquier persona y la envíe a otro país, anulando toda posibilidad de defensa legal”.

    Boasberg también investiga si funcionarios del Gobierno violaron una orden previa que prohibía vuelos de deportación hacia El Salvador. Entre los nombres mencionados están Erez Reuveni, exfuncionario del Departamento de Justicia, y Drew Ensign, abogado acusado de engañar al tribunal sobre los vuelos migratorios.

    En un dictamen anterior, Boasberg advirtió que la Constitución no admite desobediencia intencional de órdenes judiciales, y criticó el “completo menosprecio” del Ejecutivo a sus instrucciones. El caso se suma al proceso legal abierto por la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado erróneamente al Cecot y luego retornado a EE.UU. por orden judicial.

     

  • Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

    Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

    Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.

    El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre.

    Según ICE, la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del hospital la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones.

    La agencia aseguró que Gaspar-Andres recibió atención médica «constante y de alta calidad» desde que se detectó el deterioro de su salud.

    Gaspar-Andres había sido detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación planificada por la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), el brazo de ICE encargado de la detención y deportación de migrantes.

    Según aseguran las autoridades migratorias, había cruzado la frontera desde México de manera irregular. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome South, en Miami, y poco después fue hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.

    El 19 de septiembre, ICE lo transfirió a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios.

    Registros médicos incluidos en el informe indican que recibió atención en diversas ocasiones por reflujo, alergias, dolor de cabeza y otros malestares.

    El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Fue intubado 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, de acuerdo con DHS.

    Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales llevan años documentando condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en centros de detención de inmigración donde estuvo el guatemalteco, incluidos Krome y el mega‑campamento de ICE en Fort Bliss conocido como Camp East Montana.

    Los testimonios e informes apuntan a un patrón recurrente: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o sucios, acceso muy limitado a duchas, alimentación deficiente, iluminación constante y uso extendido del aislamiento, junto con demoras graves o negativas en la atención médica y de salud mental, en algunos casos vinculadas a hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.

    Bajo el Gobierno de Donald Trump, múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo alguno.

    En el año fiscal 2025 han muerto al menos entre 20 y 22 personas bajo custodia de ICE, lo que lo convierte en el año más letal en dos décadas, solo superado por 2004 según datos oficiales.

  • Gobierno de Costa Rica reitera disposición a recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Gobierno de Costa Rica reitera disposición a recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, aseguró que la oferta para recibir a Kilmar Ábrego García por razones humanitarias continúa vigente, en contraste con lo afirmado por funcionarios estadounidenses durante audiencias recientes en tribunales de Maryland.

    Zamora declaró a The Washington Post que la posición oficial de Costa Rica fue comunicada desde el 25 de agosto de 2025 y que no ha sufrido ninguna modificación desde entonces. Además, enfatizó que el país centroamericano garantiza los más altos estándares en derechos humanos y estaría dispuesto a otorgar residencia legal a Ábrego.

    “El ofrecimiento de Costa Rica para recibir a Ábrego bajo condiciones humanitarias que garanticen el respeto pleno de sus derechos y libertades sigue en pie”, reiteró Zamora.

    Afirmó que no se han solicitado negociaciones adicionales con el gobierno de Estados Unidos para concretar su llegada.

    Estas declaraciones contrastan con lo planteado por abogados del Departamento de Justicia, quienes en documentos judiciales del 7 de noviembre indicaron que Costa Rica no aceptaría al migrante sin “negociaciones adicionales” y “compromisos extras” por parte de EE.UU. Según esa versión, únicamente Liberia, un país en África Occidental, habría aceptado recibirlo sin condiciones.

    Kilmar Ábrego García, de 30 años, vivía en Maryland junto a su esposa e hijos estadounidenses. Fue detenido por agentes migratorios en marzo de este año y deportado ilegalmente a El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión por el riesgo de persecución por parte de pandillas.

    Posteriormente, en junio, fue retornado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas, a los cuales se ha declarado inocente. Desde entonces, permanece detenido en Pensilvania mientras el proceso judicial avanza, en medio de disputas sobre su destino final si es deportado nuevamente.

    Durante una audiencia en Maryland, la jueza Paula Xinis cuestionó a los representantes del gobierno del presidente Trump sobre por qué no se le enviaba a Costa Rica, considerando que el propio Ábrego ha manifestado su voluntad de ir allí. “¿Por qué no Costa Rica?”, preguntó con insistencia. Las respuestas fueron vagas y apuntaron a supuestas instrucciones del Departamento de Estado.

    Abogados del migrante sostienen que se trata de una represalia por haber desafiado legalmente su deportación en marzo.

    “El gobierno está actuando fuera de lo normal, buscando castigar a mi cliente simplemente porque quiere ir a Costa Rica”, afirmó Simon Sandoval-Moshenberg, defensor de Ábrego.

    Además, denunciaron que el gobierno ha propuesto enviarlo a cuatro países africanos distintos —Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia— sin respetar el debido proceso ni realizar evaluaciones personalizadas. Según su equipo legal, no tiene lazos familiares ni conexión alguna con esas naciones.

    La deportación de Ábrego está actualmente suspendida por orden de la jueza Xinis, mientras se resuelve su caso de hábeas corpus. El juicio por el cargo penal está programado para enero. Sus abogados insisten en que enviarlo a un país donde nunca ha vivido representaría un castigo, no una solución migratoria legítima.

     

     

     

  • Salvadoreño condenado por agresión sexual en EEUU recibe nueva condena por amenazar de muerte a la víctima

    Salvadoreño condenado por agresión sexual en EEUU recibe nueva condena por amenazar de muerte a la víctima

    El salvadoreño Franklin Jovany Torres, de 42 años, condenado por delitos sexuales federales, recibió una nueva pena de 16 meses de prisión por enviar amenazas de muerte a la madre del adolescente al que abusó, informó la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro.

    La condena, impuesta el 5 de noviembre, se sumará de manera consecutiva a los 21 años de cárcel que ya cumplía desde su sentencia por producción, distribución y posesión de pornografía infantil, así como por abuso sexual en primer grado. Una vez finalice su tiempo en prisión, Torres será deportado a El Salvador.

    La investigación estuvo a cargo del Buró Federal de Investigación (FBI), cuyo jefe de oficina en Washington, Darren B. Cox, respaldó el anuncio oficial de la fiscalía.

    Según el acuerdo de culpabilidad, el 11 de marzo de 2015 un jurado declaró culpable a Torres en la Corte del Distrito de Columbia por múltiples delitos relacionados con explotación sexual infantil. Recibió una condena de 21 años de prisión.

    No obstante, el 2 de julio de 2015, desde un centro penitenciario federal en Carolina del Sur, Torres envió una carta manuscrita en español a la residencia de la madre del menor en el noroeste de Washington, D.C., amenazando con asesinarlos cuando recuperara su libertad.

    En la carta escribió: “Un día saldré de aquí, y cuando llegue ese día derramarás lágrimas de sangre porque ese día me desharé de toda tu familia: primos, sobrinos, abuela, niños… incluso acabaré con el perro de tu casa”.

    La familia había permitido que Torres se hospedara temporalmente en su apartamento tras perder su empleo. Meses después, la madre encontró en la cuenta de Facebook del agresor una fotografía desnuda de un niño con el rostro cubierto, que resultó ser su hijo. La imagen había sido tomada durante uno de los episodios de abuso sexual cometidos por Torres.

    La madre y la víctima denunciaron el caso a las autoridades varios meses después, cuando Torres ya había abandonado la vivienda familiar.

     

  • Gobierno de Trump busca acelerar la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego a país africano

    Gobierno de Trump busca acelerar la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego a país africano

    El gobierno de Donald Trump, solicitó anular una orden judicial que impide la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño actualmente detenido en Pensilvania, para proceder con su traslado a Liberia, un país de África Occidental. Las autoridades estadounidenses argumentan que el gobierno del país africano ofreció garantías de que no será torturado ni perseguido.

    En una serie de documentos presentados durante la noche del viernes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) aseguró que la solicitud de asilo de Ábrego García fue rechazada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tras una entrevista reciente en la que su reclamo por temor a tortura o persecución fue desestimado.

    El DOJ sostiene que la medida cautelar que bloquea su deportación debe eliminarse, ya que Liberia ha dado su consentimiento para recibirlo bajo condiciones seguras. A su vez, los abogados del gobierno señalaron que el recurso legal de Abrego García es improcedente, ya que el salvadoreño es parte de una demanda colectiva en Massachusetts relacionada con deportaciones a terceros países.

    “Incluso si los méritos fueran correctamente presentados, las alegaciones del peticionario fracasan”, afirmó el Departamento de Justicia. “La Constitución no garantiza al peticionario un proceso más allá del que las ramas políticas han decidido ofrecer”.

    Ábrego García vivía en Maryland con su esposa e hijos antes de ser deportado en marzo pasado a El Salvador, específicamente a la megacárcel CECOT, a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su envío a ese país debido a riesgos de persecución. Sin embargo, fue devuelto a EE.UU. en junio para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee, caso en el que se ha declarado no culpable.

    Las autoridades estadounidenses lo identifican como miembro de la pandilla MS-13 y han defendido su expulsión alegando que responde “al interés público”. Familiares y abogados de Ábrego han negado esas acusaciones.

    Por su parte, la defensa legal solicitó a la jueza federal Paula Xinis que suspenda su deportación a Liberia hasta que un juez de inmigración evalúe adecuadamente la decisión del USCIS.

    “El Gobierno insiste en que la conclusión sin fundamentos de un solo oficial migratorio—que determinó que Ábrego García no demostró que es “más probable que no” que será torturado o perseguido en Liberia—satisface el debido proceso. No lo hace”, argumentaron los abogados del detenido.

    Además, cuestionaron que las autoridades estadounidenses hayan rotado hasta cuatro países como destinos alternativos de deportación —Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia— sin ofrecer “la notificación, audiencia y evaluación individualizada que exige el debido proceso”.

    El equipo legal también denunció que el gobierno ignoró la “designación estatutaria” de Costa Rica, país que en el pasado expresó su disposición a recibir a Ábrego García como refugiado o residente, y que había sido previamente considerado como destino viable.

    Actualmente, Kilmar Ábrego García permanece bajo custodia en un centro de detención en el estado de Pensilvania, mientras su futuro migratorio se debate en los tribunales.

     

  • Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en marzo y devuelto en junio a EEUU, comparecerá ante la justicia estadounidense el próximo 8 y 9 de diciembre, luego de que un juez federal reprogramara la audiencia de acusación por tráfico humano en Tennessee, originalmente prevista para esta semana.

    La decisión fue tomada por el juez Waverly Crenshaw, quien se reunió con los abogados defensores y fiscales el pasado viernes. Aunque no se han revelado los motivos del cambio de fecha, se espera que en la audiencia se analicen los argumentos de la defensa para desechar los cargos y excluir parte de las pruebas presentadas.

    La defensa de Ábrego García sostiene que los cargos federales por tráfico humano en su contra son “represalias judiciales” y que, ante la posibilidad de una acusación con motivaciones indebidas, corresponde al gobierno probar lo contrario.

    En documentos recientes, el equipo legal del salvadoreño denunció que el gobierno estadounidense no ha entregado información clave para su defensa ni ha permitido el testimonio de testigos relevantes en la audiencia.

    El caso se remonta a un incidente ocurrido en 2022, cuando agentes estatales detuvieron a Abrego García en una carretera de Tennessee y encontraron a ocho personas más en su vehículo. En el operativo también se le decomisaron $1,400 en efectivo, cantidad que, según los oficiales, habría sido un pago por el traslado.

    Durante la intervención, Ábrego García cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Inicialmente dijo que se dirigía a su casa en Maryland, luego afirmó que viajaba por motivos laborales. Además, señaló que las personas a bordo del vehículo provenían de St. Louis, Missouri.

    El salvadoreño fue deportado a El Salvador en marzo de este año junto a un grupo de venezolanos que fue recluido en el CECOT, pero posteriormente fue repatriado a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales. Según los registros migratorios, Ábrego García ingresó al país en 2011 y fue sujeto de una orden de deportación desde 2019, que luego fue suspendida.

    Hasta ahora, el juez Crenshaw no ha emitido un fallo sobre la moción para desestimar los cargos. El resultado de la audiencia de diciembre será determinante para definir si el caso avanza o queda anulado por presunta persecución judicial.

    El gobierno estadounidense ha pretendido deportar a Ábrego García a varios países africanos, pero el juez ha ordenado que permanezca en EEUU mientras se realiza el proceso en su contra..

  • Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

    Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

     

    Un juez federal de Tennessee ordenó este lunes a funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el proceso penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien se intenta deportar hacia un país africano.

    La resolución fue emitida por el juez de distrito Waverly Crenshaw y está dirigida a los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). En su fallo, el magistrado advirtió que cualquier empleado que incumpla la instrucción podría enfrentar sanciones por realizar comentarios con “una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” el caso penal en curso.

    Crenshaw expresó preocupación por las declaraciones extrajudiciales de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

    “Muchas de esas afirmaciones han sido exageradas o simplemente inexactas”, escribió el juez en su resolución, y citó en particular los señalamientos que vinculan a Ábrego García con la pandilla MS-13.

    El juez recordó que existe una norma local que prohíbe a los empleados del gobierno federal hacer comentarios públicos sobre procesos penales activos, y ordenó a la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee que notifique formalmente esa obligación a los responsables del DOJ y del DHS.

    En una resolución adicional, Crenshaw también exigió al Gobierno que entregue bajo sello judicial los documentos que justifiquen su cambio de postura en el caso. Inicialmente, las autoridades pretendían “deportar sin procesar” a Ábrego García, pero más adelante optaron por procesarlo penalmente antes de proceder con la deportación, la cual se ejecutaría hacia Liberia, un país con el que el migrante no tendría ninguna conexión.