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Etiqueta: deportación

  • Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

    Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

    Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.

    El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre.

    Según ICE, la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del hospital la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones.

    La agencia aseguró que Gaspar-Andres recibió atención médica «constante y de alta calidad» desde que se detectó el deterioro de su salud.

    Gaspar-Andres había sido detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación planificada por la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), el brazo de ICE encargado de la detención y deportación de migrantes.

    Según aseguran las autoridades migratorias, había cruzado la frontera desde México de manera irregular. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome South, en Miami, y poco después fue hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.

    El 19 de septiembre, ICE lo transfirió a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios.

    Registros médicos incluidos en el informe indican que recibió atención en diversas ocasiones por reflujo, alergias, dolor de cabeza y otros malestares.

    El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Fue intubado 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, de acuerdo con DHS.

    Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales llevan años documentando condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en centros de detención de inmigración donde estuvo el guatemalteco, incluidos Krome y el mega‑campamento de ICE en Fort Bliss conocido como Camp East Montana.

    Los testimonios e informes apuntan a un patrón recurrente: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o sucios, acceso muy limitado a duchas, alimentación deficiente, iluminación constante y uso extendido del aislamiento, junto con demoras graves o negativas en la atención médica y de salud mental, en algunos casos vinculadas a hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.

    Bajo el Gobierno de Donald Trump, múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo alguno.

    En el año fiscal 2025 han muerto al menos entre 20 y 22 personas bajo custodia de ICE, lo que lo convierte en el año más letal en dos décadas, solo superado por 2004 según datos oficiales.

  • Gobierno de Costa Rica reitera disposición a recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Gobierno de Costa Rica reitera disposición a recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, aseguró que la oferta para recibir a Kilmar Ábrego García por razones humanitarias continúa vigente, en contraste con lo afirmado por funcionarios estadounidenses durante audiencias recientes en tribunales de Maryland.

    Zamora declaró a The Washington Post que la posición oficial de Costa Rica fue comunicada desde el 25 de agosto de 2025 y que no ha sufrido ninguna modificación desde entonces. Además, enfatizó que el país centroamericano garantiza los más altos estándares en derechos humanos y estaría dispuesto a otorgar residencia legal a Ábrego.

    “El ofrecimiento de Costa Rica para recibir a Ábrego bajo condiciones humanitarias que garanticen el respeto pleno de sus derechos y libertades sigue en pie”, reiteró Zamora.

    Afirmó que no se han solicitado negociaciones adicionales con el gobierno de Estados Unidos para concretar su llegada.

    Estas declaraciones contrastan con lo planteado por abogados del Departamento de Justicia, quienes en documentos judiciales del 7 de noviembre indicaron que Costa Rica no aceptaría al migrante sin “negociaciones adicionales” y “compromisos extras” por parte de EE.UU. Según esa versión, únicamente Liberia, un país en África Occidental, habría aceptado recibirlo sin condiciones.

    Kilmar Ábrego García, de 30 años, vivía en Maryland junto a su esposa e hijos estadounidenses. Fue detenido por agentes migratorios en marzo de este año y deportado ilegalmente a El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión por el riesgo de persecución por parte de pandillas.

    Posteriormente, en junio, fue retornado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas, a los cuales se ha declarado inocente. Desde entonces, permanece detenido en Pensilvania mientras el proceso judicial avanza, en medio de disputas sobre su destino final si es deportado nuevamente.

    Durante una audiencia en Maryland, la jueza Paula Xinis cuestionó a los representantes del gobierno del presidente Trump sobre por qué no se le enviaba a Costa Rica, considerando que el propio Ábrego ha manifestado su voluntad de ir allí. “¿Por qué no Costa Rica?”, preguntó con insistencia. Las respuestas fueron vagas y apuntaron a supuestas instrucciones del Departamento de Estado.

    Abogados del migrante sostienen que se trata de una represalia por haber desafiado legalmente su deportación en marzo.

    “El gobierno está actuando fuera de lo normal, buscando castigar a mi cliente simplemente porque quiere ir a Costa Rica”, afirmó Simon Sandoval-Moshenberg, defensor de Ábrego.

    Además, denunciaron que el gobierno ha propuesto enviarlo a cuatro países africanos distintos —Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia— sin respetar el debido proceso ni realizar evaluaciones personalizadas. Según su equipo legal, no tiene lazos familiares ni conexión alguna con esas naciones.

    La deportación de Ábrego está actualmente suspendida por orden de la jueza Xinis, mientras se resuelve su caso de hábeas corpus. El juicio por el cargo penal está programado para enero. Sus abogados insisten en que enviarlo a un país donde nunca ha vivido representaría un castigo, no una solución migratoria legítima.

     

     

     

  • Salvadoreño condenado por agresión sexual en EEUU recibe nueva condena por amenazar de muerte a la víctima

    Salvadoreño condenado por agresión sexual en EEUU recibe nueva condena por amenazar de muerte a la víctima

    El salvadoreño Franklin Jovany Torres, de 42 años, condenado por delitos sexuales federales, recibió una nueva pena de 16 meses de prisión por enviar amenazas de muerte a la madre del adolescente al que abusó, informó la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro.

    La condena, impuesta el 5 de noviembre, se sumará de manera consecutiva a los 21 años de cárcel que ya cumplía desde su sentencia por producción, distribución y posesión de pornografía infantil, así como por abuso sexual en primer grado. Una vez finalice su tiempo en prisión, Torres será deportado a El Salvador.

    La investigación estuvo a cargo del Buró Federal de Investigación (FBI), cuyo jefe de oficina en Washington, Darren B. Cox, respaldó el anuncio oficial de la fiscalía.

    Según el acuerdo de culpabilidad, el 11 de marzo de 2015 un jurado declaró culpable a Torres en la Corte del Distrito de Columbia por múltiples delitos relacionados con explotación sexual infantil. Recibió una condena de 21 años de prisión.

    No obstante, el 2 de julio de 2015, desde un centro penitenciario federal en Carolina del Sur, Torres envió una carta manuscrita en español a la residencia de la madre del menor en el noroeste de Washington, D.C., amenazando con asesinarlos cuando recuperara su libertad.

    En la carta escribió: “Un día saldré de aquí, y cuando llegue ese día derramarás lágrimas de sangre porque ese día me desharé de toda tu familia: primos, sobrinos, abuela, niños… incluso acabaré con el perro de tu casa”.

    La familia había permitido que Torres se hospedara temporalmente en su apartamento tras perder su empleo. Meses después, la madre encontró en la cuenta de Facebook del agresor una fotografía desnuda de un niño con el rostro cubierto, que resultó ser su hijo. La imagen había sido tomada durante uno de los episodios de abuso sexual cometidos por Torres.

    La madre y la víctima denunciaron el caso a las autoridades varios meses después, cuando Torres ya había abandonado la vivienda familiar.

     

  • Gobierno de Trump busca acelerar la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego a país africano

    Gobierno de Trump busca acelerar la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego a país africano

    El gobierno de Donald Trump, solicitó anular una orden judicial que impide la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño actualmente detenido en Pensilvania, para proceder con su traslado a Liberia, un país de África Occidental. Las autoridades estadounidenses argumentan que el gobierno del país africano ofreció garantías de que no será torturado ni perseguido.

    En una serie de documentos presentados durante la noche del viernes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) aseguró que la solicitud de asilo de Ábrego García fue rechazada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tras una entrevista reciente en la que su reclamo por temor a tortura o persecución fue desestimado.

    El DOJ sostiene que la medida cautelar que bloquea su deportación debe eliminarse, ya que Liberia ha dado su consentimiento para recibirlo bajo condiciones seguras. A su vez, los abogados del gobierno señalaron que el recurso legal de Abrego García es improcedente, ya que el salvadoreño es parte de una demanda colectiva en Massachusetts relacionada con deportaciones a terceros países.

    “Incluso si los méritos fueran correctamente presentados, las alegaciones del peticionario fracasan”, afirmó el Departamento de Justicia. “La Constitución no garantiza al peticionario un proceso más allá del que las ramas políticas han decidido ofrecer”.

    Ábrego García vivía en Maryland con su esposa e hijos antes de ser deportado en marzo pasado a El Salvador, específicamente a la megacárcel CECOT, a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su envío a ese país debido a riesgos de persecución. Sin embargo, fue devuelto a EE.UU. en junio para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee, caso en el que se ha declarado no culpable.

    Las autoridades estadounidenses lo identifican como miembro de la pandilla MS-13 y han defendido su expulsión alegando que responde “al interés público”. Familiares y abogados de Ábrego han negado esas acusaciones.

    Por su parte, la defensa legal solicitó a la jueza federal Paula Xinis que suspenda su deportación a Liberia hasta que un juez de inmigración evalúe adecuadamente la decisión del USCIS.

    “El Gobierno insiste en que la conclusión sin fundamentos de un solo oficial migratorio—que determinó que Ábrego García no demostró que es “más probable que no” que será torturado o perseguido en Liberia—satisface el debido proceso. No lo hace”, argumentaron los abogados del detenido.

    Además, cuestionaron que las autoridades estadounidenses hayan rotado hasta cuatro países como destinos alternativos de deportación —Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia— sin ofrecer “la notificación, audiencia y evaluación individualizada que exige el debido proceso”.

    El equipo legal también denunció que el gobierno ignoró la “designación estatutaria” de Costa Rica, país que en el pasado expresó su disposición a recibir a Ábrego García como refugiado o residente, y que había sido previamente considerado como destino viable.

    Actualmente, Kilmar Ábrego García permanece bajo custodia en un centro de detención en el estado de Pensilvania, mientras su futuro migratorio se debate en los tribunales.

     

  • Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en marzo y devuelto en junio a EEUU, comparecerá ante la justicia estadounidense el próximo 8 y 9 de diciembre, luego de que un juez federal reprogramara la audiencia de acusación por tráfico humano en Tennessee, originalmente prevista para esta semana.

    La decisión fue tomada por el juez Waverly Crenshaw, quien se reunió con los abogados defensores y fiscales el pasado viernes. Aunque no se han revelado los motivos del cambio de fecha, se espera que en la audiencia se analicen los argumentos de la defensa para desechar los cargos y excluir parte de las pruebas presentadas.

    La defensa de Ábrego García sostiene que los cargos federales por tráfico humano en su contra son “represalias judiciales” y que, ante la posibilidad de una acusación con motivaciones indebidas, corresponde al gobierno probar lo contrario.

    En documentos recientes, el equipo legal del salvadoreño denunció que el gobierno estadounidense no ha entregado información clave para su defensa ni ha permitido el testimonio de testigos relevantes en la audiencia.

    El caso se remonta a un incidente ocurrido en 2022, cuando agentes estatales detuvieron a Abrego García en una carretera de Tennessee y encontraron a ocho personas más en su vehículo. En el operativo también se le decomisaron $1,400 en efectivo, cantidad que, según los oficiales, habría sido un pago por el traslado.

    Durante la intervención, Ábrego García cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Inicialmente dijo que se dirigía a su casa en Maryland, luego afirmó que viajaba por motivos laborales. Además, señaló que las personas a bordo del vehículo provenían de St. Louis, Missouri.

    El salvadoreño fue deportado a El Salvador en marzo de este año junto a un grupo de venezolanos que fue recluido en el CECOT, pero posteriormente fue repatriado a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales. Según los registros migratorios, Ábrego García ingresó al país en 2011 y fue sujeto de una orden de deportación desde 2019, que luego fue suspendida.

    Hasta ahora, el juez Crenshaw no ha emitido un fallo sobre la moción para desestimar los cargos. El resultado de la audiencia de diciembre será determinante para definir si el caso avanza o queda anulado por presunta persecución judicial.

    El gobierno estadounidense ha pretendido deportar a Ábrego García a varios países africanos, pero el juez ha ordenado que permanezca en EEUU mientras se realiza el proceso en su contra..

  • Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

    Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

     

    Un juez federal de Tennessee ordenó este lunes a funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el proceso penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien se intenta deportar hacia un país africano.

    La resolución fue emitida por el juez de distrito Waverly Crenshaw y está dirigida a los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). En su fallo, el magistrado advirtió que cualquier empleado que incumpla la instrucción podría enfrentar sanciones por realizar comentarios con “una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” el caso penal en curso.

    Crenshaw expresó preocupación por las declaraciones extrajudiciales de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

    “Muchas de esas afirmaciones han sido exageradas o simplemente inexactas”, escribió el juez en su resolución, y citó en particular los señalamientos que vinculan a Ábrego García con la pandilla MS-13.

    El juez recordó que existe una norma local que prohíbe a los empleados del gobierno federal hacer comentarios públicos sobre procesos penales activos, y ordenó a la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee que notifique formalmente esa obligación a los responsables del DOJ y del DHS.

    En una resolución adicional, Crenshaw también exigió al Gobierno que entregue bajo sello judicial los documentos que justifiquen su cambio de postura en el caso. Inicialmente, las autoridades pretendían “deportar sin procesar” a Ábrego García, pero más adelante optaron por procesarlo penalmente antes de proceder con la deportación, la cual se ejecutaría hacia Liberia, un país con el que el migrante no tendría ninguna conexión.

     

  • Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Yessenia Ruano, una salvadoreña que fue obligada a salir de EEUU a pesar de tener una solicitud activa de visa humanitaria por ser víctima de trata laboral, ha demandado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país (ICE) de violar la ley al detener y deportar a personas que han sido víctimas de violencia doméstica o trata de personas, y que están en proceso de obtener visas T o U, diseñadas para protegerlas.

    Ruano, una salvadoreña que vivió 14 años en Estados Unidos, se vio obligada a abandonar el país junto a sus hijas ante la negativa del gobierno de Donald Trump de detener su deportación. Su caso, junto al de otras personas migrantes, es parte de una demanda federal presentada esta semana en Los Ángeles, en la que se acusa a ICE, según reveló el jueves el diario estadounidense The New York Times. 

    Según la denuncia, el gobierno estadounidense ha incumplido con las garantías legales establecidas por el Congreso en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), al implementar políticas que castigan a quienes se atreven a denunciar abusos y colaborar con las autoridades.

    “Se está traicionando el pacto legal con personas vulnerables que han dado un paso valiente al presentarse ante la justicia”, afirmó Sergio Pérez, director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.

    El caso de Yessenia Ruano: de sobreviviente a demandante

    La salvadoreña Yessenia Ruano, de 38 años, salió de Wisconsin en junio tras agotar todos los recursos legales. Había solicitado una visa T tras ser víctima de trabajo forzado en su ruta hacia EE.UU. luego de huir de las pandillas en El Salvador. Su esposo, sus hijas gemelas de 10 años, ciudadanas de Estados Unidos, y su perro también salieron del país semanas después.

    Ruano trabajó durante años en una fábrica de pizzas y como asistente de maestros en una escuela de Milwaukee. Incluso fue llamada a sustituir clases ante la escasez de personal. Su caso ha aparecido en varias cadenas hispanas de televisión de los Estados Unidos.

    “Sentía que por fin estaba aportando”, recordó.

    En febrero de este año, su abogada le sugirió retirar su solicitud de asilo y optar por una visa T. Aunque pidió retrasar su deportación mientras el caso estaba en proceso, ICE se negó. Ante el temor de ser separada de sus hijas, optó por regresar voluntariamente a El Salvador.

    La demanda también incluye el caso de Camila B., una vendedora mexicana de tamales detenida durante una redada de ICE en Los Ángeles, tras vivir más de 20 años en el país. En 2023, ella había solicitado una visa U tras ser brutalmente agredida.

    Asimismo, Kenia Merlos, originaria de Honduras y madre de cuatro ciudadanos estadounidenses, fue arrestada junto a su familia en un parque del estado de Washington, a pesar de tener una solicitud activa desde marzo de 2024. Está detenida desde junio.

    La administración Trump eliminó en enero de este año directrices que impedían detener a inmigrantes con solicitudes activas de protección como víctimas. Un memorando de ICE ordenó a los agentes priorizar la “aplicación total y eficiente” de las leyes migratorias, incluso en zonas sensibles como refugios, escuelas e iglesias.

    Las visas U y T, que otorgan permisos de trabajo y eventual residencia a víctimas de crímenes y trata de personas que cooperen con fiscales, han sido clave para desmantelar redes criminales. Sin embargo, el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, base ideológica del segundo mandato de Trump, propone eliminarlas por considerar que pueden ser utilizadas de forma fraudulenta.

    “Eliminar estos mecanismos de protección no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que dificulta los procesos judiciales”, advirtió Erin Aiello, fiscal de Massachusetts especializada en violencia de género.

    Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió que “todas las personas deportadas por ICE han tenido debido proceso y una orden final de expulsión”.

    Sin embargo, activistas aseguran que los agentes están aplicando procesos acelerados de expulsión, sin dar tiempo a que las víctimas puedan presentar sus casos.

    La demanda en curso es una de al menos cinco que cuestionan el endurecimiento de la política migratoria de Trump. Mientras tanto, miles de personas que han sufrido abusos, violencia de género o explotación laboral temen ser deportadas antes de obtener justicia.

    “Mi esperanza es poder regresar algún día”, dijo Ruano, quien ahora vive nuevamente en El Salvador, esperando que su visa T sea aprobada.

  • EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha notificado a los abogados de Kilmar Ábrego García su intención de deportarlo a Ghana, un país de África Occidental, según reveló la cadena ABC News.

    La decisión marca un nuevo giro en el complejo caso del salvadoreño, quien fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo pasado, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país debido al riesgo de persecución. Durante esa expulsión, Ábrego García fue enviado directamente al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad del gobierno salvadoreño.

    El DHS había planteado anteriormente la posibilidad de deportar a Ábrego García a Esuatini o Uganda (también en África), países con los que el salvadoreño no tiene vínculos aparentes. No obstante, el gobierno ahora planea su deportación a Ghana, de acuerdo con un aviso oficial entregado a su equipo legal.

    Los abogados del inmigrante comparecerán ante un tribunal este viernes en una audiencia probatoria, donde se espera que testigos del gobierno declaren sobre los esfuerzos realizados para deportarlo a otros países africanos.

    Ábrego García, quien vivía en Maryland junto a su esposa e hijos antes de ser detenido, fue señalado por la administración Trump como presunto miembro de la pandilla MS-13, acusación que ha sido enérgicamente negada por su familia y su defensa legal.

    En junio, tras su deportación fallida, fue repatriado a EE.UU. para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, ante los cuales se ha declarado inocente. Mientras aguardaba el juicio bajo custodia de su hermano, fue nuevamente detenido por autoridades migratorias, quienes reanudarían los esfuerzos de deportación.

    La semana pasada, un juez de inmigración rechazó una moción para reabrir su caso migratorio, lo que dejó al salvadoreño expuesto a una posible expulsión.

     

  • El periodista salvadoreño Mario Guevara, el rostro de la «injusticia» de las deportaciones de Trump

    El periodista salvadoreño Mario Guevara, el rostro de la «injusticia» de las deportaciones de Trump

    Mario Guevara, uno de los periodistas salvadoreños con mayor audiencia en Estados Unidos, se ha convertido en el rostro de la «injusticia» de las deportaciones masivas del presidente Donald Trump, al ser expulsado a su país tras trabajar por más de 20 años en EE.UU. y tener dos hijos ciudadanos, uno que depende de él.

    A sus 48 años, el periodista se convirtió -sin proponérselo- en el protagonista de una historia que reportó miles de veces, pues fue deportado este viernes a su país natal, dejando atrás toda una vida construida, como él mismo ha dicho, “a base de esfuerzo”.

    «A base de mentiras Estados Unidos me deportó”, dijo al llegar a El Salvador. “Aunque Estados Unidos diga que fui un peligro solo soy un padre trabajador que ama el ejercicio del periodismo”, agregó.

    Guevara era el único periodista detenido en Estados Unidos, donde estuvo bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por más de 100 días, y ninguno de los recursos legales que presentaron sus abogados y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) sirvieron para detener su expulsión, catalogada como un ataque a la libertad de prensa y una «injusticia» por parte de activistas, abogados y su familia.

    En busca de asilo

    Guevara comenzó su trabajo periodístico en El Salvador en el Diario Colatino y en La Prensa Gráfica como fotoperiodista, pero en 2004 se vio obligado a dejar su país por amenazas y emigró a Estados Unidos en busca de protección con su esposa y su hija mayor.

    Tras un demorado caso, en 2012 un juez le negó su petición de asilo, pero cerró su proceso de deportación administrativamente, lo que le permitió mantener su permiso de trabajo.

    Su enfoque en los reportajes en temas migratorios le permitieron ascender rápidamente en su trabajo en Atlanta para medios como Mundo Hispánico, donde ingresó en 2007 y con el que fue nominado al premio Emmy.

    Su mayor éxito ha sido en las redes sociales, donde con sus reportes logró acumular más de 700,000  seguidores en su página personal de Facebook, desde la que impulsó su canal MG News, con el que ha extendido su labor con reportajes a El Salvador y coberturas de deportes.

    Foto de archivo del periodista Mario Guevara.EFE/ERIK S. LESSER

    Su trabajo llamó la atención del periódico The New York Times, que en 2019 publicó un documental, estrenado en el Festival de Tribeca, sobre su trabajo dedicado a reportar las redadas migratorias.

    Guevara también protagonizó un artículo de The Columbia Journalism Review, una publicación académica dedicada al periodismo, que en 2019 examinó el trabajo de Guevara.

    El salvadoreño también ha estado en medio de la polémica por acompañar a las policiales locales en operativos, además de apoyar a políticos republicanos y ser un fuerte detractor de líderes demócratas, como el expresidente Joe Biden (2021-2025) y la candidatura de Kamala Harris.

    La Agencia Europea de Fotografía de Prensa este año también le dedicó un reportaje. En todas las entrevistas Guevara defendía estar protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

    Sin embargo, ese derecho parece haber sido violado, según defensores de periodistas, cuando fue detenido el pasado 14 de junio mientras cubría para su canal MG News una protesta en un suburbio de Atlanta contra el presidente Trump, por cargos menores de obstrucción, a pesar de que estaba plenamente identificado como prensa.

    Aunque los cargos fueron desestimados, la policía lo entregó a ICE que se propuso reabrir su caso y no considerar una petición de ajuste de estatus sometida por su hijo Oscar Guevara, nacido en Estados Unidos, y quien depende de él por una enfermedad cerebral.

    Lea también: APES reporta 43 periodistas salvadoreños exiliados este año, el 85 % tenía miedo a una posible captura

    El héroe local

    Las redes personales del salvadoreño como las de MG News acumulan este viernes cientos de mensajes y de visualizaciones en las que consideran a Guevara como un héroe local y “una víctima” más del Gobierno de Trump.

    Mientras las más importantes organizaciones de defensa de los derechos civiles catalogan su deportación como un hecho “devastador” para la libertad de prensa. Un mensaje similar ha expresado su familia, compuesta por su esposa, sus tres hijos, y su progenitora, que residen en Atlanta.

    En una carta escrita cuando cumplió 100 días de reclusión, Guevara aseguró que se marchaba “con la frente en alto”, y convencido que su deportación ocurrió por ejercer su labor periodística y no por cometer crímenes.

    “Eso sí, me voy con el corazón destrozado y mi dignidad pisoteada, pues he sido humillado tanto por autoridades federales como locales y creo que no lo merezco», escribió el salvadoreño, quien avisó que seguirá con su canal de noticias.

  • CPJ denuncia deportación de periodista salvadoreño Mario Guevara como ataque a la prensa en EE.UU.

    CPJ denuncia deportación de periodista salvadoreño Mario Guevara como ataque a la prensa en EE.UU.

    El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, calificó este viernes como “una erosión vergonzosa” de la libertad de prensa en Estados Unidos la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara.

    La organización advirtió que es la primera vez que documenta represalias de este tipo vinculadas directamente al trabajo informativo. “La deportación de Mario Guevara es una señal preocupante del deterioro de la libertad de prensa bajo la Administración (del presidente Donald) Trump”, declaró Katherine Jacobsen, coordinadora del Programa de Estados Unidos, Canadá y el Caribe del CPJ.

    Guevara, de 48 años, llegó este viernes a El Salvador tras pasar más de tres meses en un centro de detención. Aunque fue exonerado de los cargos que enfrentaba, su arresto se produjo mientras cubría una protesta contra el presidente Trump y las redadas migratorias. El periodista no pudo despedirse de su esposa, sus tres hijos ni de su madre, quienes permanecen en Atlanta, Georgia.

    Jacobsen recalcó que “no se trata de un caso de inmigración simple como las autoridades quieren hacer creer”, subrayando que la detención obedeció a represalias por su trabajo periodístico. Durante su reclusión, el gobierno alegó que sus transmisiones en vivo para su canal MG News en Facebook representaban un riesgo para la labor policial.

    La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también condenó el hecho y lo calificó como un ataque directo a la Primera Enmienda. Por su parte, la organización Voto Latino afirmó que la deportación “refleja un patrón preocupante” de hostigamiento contra periodistas en la administración Trump.

    “Si los periodistas pueden ser silenciados o deportados por sus reportajes, todos corremos riesgo, especialmente las comunidades inmigrantes que dependen de voces como la de Mario para amplificar sus historias”, advirtió Voto Latino.