Etiqueta: deportación

  • Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Tras cumplir 100 días detenido en una cárcel migratoria de Georgia, el periodista salvadoreño Mario Guevara escribió una emotiva carta dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos, en la que reafirma su dignidad y compromiso profesional, mientras enfrenta una posible deportación a El Salvador.

    “Si me deportan, me voy con la frente en alto”, afirmó Guevara desde el centro de detención, asegurando que su única falta ha sido ejercer su labor periodística, no cometer delitos.

    En su carta escrita a mano, el periodista lamentó haber sido tratado como delincuente durante más de tres meses.

    “He sido humillado tanto por autoridades federales como locales… pero todos mis seres amados saben que todo ha sido por mi pasión al trabajo”, escribió Guevara.

    Criticó la política migratoria de EE. UU. al decir que el lema de libertad y justicia para todos es “una falacia” cuando se trata de inmigrantes.

    “Dios permita que un día no muy lejano el amor supere el odio racial que divide a esta bella nación”, añadió.

    También agradeció el apoyo de su comunidad, de los seguidores de su canal MG News, y pidió perdón a su familia por el dolor que su situación ha causado.

    El arresto: transmisión en vivo de una protesta

    Guevara fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el condado de DeKalb, Georgia. Aunque portaba un chaleco con la palabra PRESS y se identificó ante la policía diciendo “I’m a member of the media, officer”, fue detenido.

    Los fiscales desestimaron los cargos presentados —obstrucción, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública—, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mantuvo en custodia. Días después, enfrentó cargos por conducción imprudente en otro condado, que también fueron desestimados.

    Mario Guevara reside en EE. UU. desde 2004, cuando huyó de El Salvador tras ser víctima de persecución por su trabajo periodístico. Ha trabajado en medios como Mundo Hispánico y fundó el canal digital MG News. En 2012, un juez rechazó su solicitud de asilo, pero el caso quedó cerrado administrativamente.

    Este año, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió su caso y denegó su liberación bajo fianza, incluso cuando su defensa solicitó que el proceso regresara al juez original para optar a una residencia permanente, al ser padre de ciudadanos estadounidenses y tener una visa en trámite.

    “Él no tiene antecedentes criminales en 20 años y tiene buena reputación entre medios y autoridades”, explicó su abogado Giovanni Díaz. La ACLU ha presentado un habeas corpus y una moción de emergencia para frenar su expulsión, que podría ejecutarse en cualquier momento.

  • La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara pide frenar su deportación tras 100 días detenido

    La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara pide frenar su deportación tras 100 días detenido

    La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara expresó su creciente preocupación por el prolongado encarcelamiento del comunicador, quien ya cumplió más de 100 días detenido en un centro migratorio de Estados Unidos, tras su arresto el 14 de junio.

    “Nos duele el corazón cada día que pasa lejos de nosotros”, dijo su hijo, Óscar Guevara, durante una conferencia de prensa ofrecida junto a los abogados defensores, quienes advirtieron que la deportación del periodista podría ejecutarse en cualquier momento.

    Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Privacidad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que solo una orden judicial federal puede impedir su expulsión inmediata del país.

    La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió un antiguo proceso de deportación de Guevara que había sido suspendido desde 2012, tras perder un caso de asilo.

    Además, la BIA rechazó una solicitud de ajuste de estatus migratorio presentada por sus abogados, a pesar de que el periodista es padre de un ciudadano estadounidense que depende de él para recibir atención médica a largo plazo. También negó su liberación bajo fianza, lo que le impide luchar su caso en libertad.

    Críticas por sesgo político en el sistema migratorio

    Giovanni Díaz, abogado de inmigración de Guevara, expresó su sorpresa por el fallo adverso, señalando que contradice resoluciones anteriores donde se favorecía a migrantes con posibilidades reales de obtener un alivio migratorio.

    “Desafortunadamente, este caso parece resaltar otra tendencia: la BIA y los tribunales migratorios están políticamente comprometidos”, subrayó. Díaz.

    La decisión también contradice una orden previa de un juez de inmigración que había autorizado la liberación del periodista.

    Mario Guevara, quien reside en Estados Unidos desde 2004 y tiene tres hijos (dos de ellos ciudadanos estadounidenses), fue arrestado mientras cubría una protesta del movimiento “No Kings” en Georgia. Aunque se encontraba debidamente identificado como periodista del canal MG News, fue detenido por cargos menores.

    La abogada Kim calificó el arresto como una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. En respuesta, la ACLU presentó una solicitud de habeas corpus para denunciar la ilegalidad de su detención prolongada y ha pedido una moción de emergencia para frenar su deportación a El Salvador.

     

  • Corte de Apelaciones de EEUU ordena la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara

    Corte de Apelaciones de EEUU ordena la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara

    La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ordenó este viernes la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien permanece en una cárcel migratoria en Georgia desde hace tres meses, tras ser arrestado mientras cubría una protesta contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La resolución contradice un fallo previo de un juez de inmigración que había ordenado la liberación del reportero. Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se negó a acatar la medida, alegando que Guevara representa un “peligro para la comunidad” por transmitir en vivo e informar sobre redadas migratorias.

    La junta decidió reabrir el proceso migratorio de Guevara, que llevaba 13 años en trámite, y dispuso su regreso a El Salvador. La decisión fue criticada de inmediato por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

    “El señor Guevara ni siquiera debería estar en detención migratoria, pero el gobierno lo ha mantenido allí durante meses debido a sus cruciales reportajes sobre la actividad policial”, denunció en un comunicado Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.

    La organización advirtió que la apelación de la defensa del periodista fue desestimada por la BIA como “irrelevante” y denunció que la junta aceptó la moción del Gobierno Trump para reabrir el caso.

    Trayectoria y situación familiar

    Guevara vive en Estados Unidos desde 2004 y es padre de tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses. Uno de sus hijos depende de él para recibir atención médica de largo plazo, lo que hace más delicada su situación.

    El pasado 14 de junio, el periodista fue arrestado en Doraville (Georgia) mientras cubría una protesta del movimiento No Kings para su canal MG News, pese a estar identificado como miembro de la prensa. Aunque enfrentó cargos menores en dos condados, todos fueron desestimados, pero su proceso migratorio continuó.

    “Si el señor Guevara es deportado, será un resultado devastador para un periodista cuya detención inicial constituyó una grave violación de sus derechos”, afirmó Cory Isaacson, director legal de la ACLU en Georgia.

    La organización presentó un habeas corpus el mes pasado, alegando que la detención del comunicador es ilegal. Este viernes, la ACLU solicitó al tribunal federal una moción de emergencia para detener la expulsión del reportero salvadoreño.

     

  • Gobierno de Eswatini niega acuerdo con EE.UU. para recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Gobierno de Eswatini niega acuerdo con EE.UU. para recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    El gobierno de Eswatini negó este jueves haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para recibir a Kilmar Ábrego, el salvadoreño en proceso de deportación cuya situación se convirtió en un símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump.

    “El Gobierno de Eswatini no ha recibido ninguna comunicación sobre esta persona”, afirmó la portavoz gubernamental Thabile Mdluli, citada por la agencia de noticias Reuters, subrayando que cualquier decisión sobre aceptar deportados de EE.UU. requiere discusiones oficiales previas.

    Ábrego, actualmente detenido en un centro migratorio en Virginia, estaba inicialmente previsto para ser enviado a Uganda, pero solicitó frenar la deportación alegando temor a persecución. El Departamento de Seguridad Nacional notificó a sus abogados el pasado 5 de septiembre que su nuevo país de destino sería Eswatini.

    El caso provocó una demanda presentada por el Eswatini Litigation Centre, que acusa al gobierno de haber pactado de forma secreta con Washington la recepción de migrantes expulsados de terceros países, lo que consideran inconstitucional al no haber pasado por aprobación parlamentaria.

    La audiencia prevista para este viernes en el Tribunal Superior de Eswatini fue aplazada hasta el 25 de septiembre, luego de que el Ejecutivo no presentara sus respuestas a tiempo. El fiscal general, Sifiso Khumalo, calificó la acción legal como “una solicitud frívola sin base jurídica”.

    En julio, EE.UU. ya había deportado a Eswatini a cinco migrantes originarios de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen, todos condenados por delitos graves. El gobierno local confirmó que permanecen en confinamiento solitario hasta su repatriación definitiva.

    Los demandantes critican la falta de transparencia y aseguran desconocer las condiciones en que se encuentran los deportados, ya que no se les ha permitido acceso. “Queremos que el Ejecutivo rinda cuentas, que haya transparencia en asuntos de Estado y respeto a los derechos humanos, sin importar quién sea la persona”, expresó el abogado Mzwandile Masuku.

    La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que recibió una solicitud de Eswatini para brindar asistencia a los deportados tras su llegada, aunque aún analiza si participará.

     

  • Estados Unidos deportó a cabecilla de la MS-13 condenado a 26 años en El Salvador

    Estados Unidos deportó a cabecilla de la MS-13 condenado a 26 años en El Salvador

    Estados Unidos deportó a José Alberto Zamora Zamora, de 31 años, un salvadoreño identificado como líder de la clica MS-13 Fulton Locos Salvatruchos y catalogado entre los 100 criminales más buscados en El Salvador, según confirmó este lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

    Conocido también por los alias de “Adonay” o “el Piraña”, Zamora fue sentenciado en ausencia en junio de este año a 26 años de cárcel en El Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas y privación de libertad en perjuicio de dos víctimas en Chalatenango Norte en 2016. 

    De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, él y otros diez pandilleros privaron de libertad a dos personas, las torturaron, asesinaron y posteriormente desaparecieron sus cuerpos por desobedecer órdenes de la pandilla.

    La oficina de Operaciones de ejecución y deportación (ERO) de ICE en Filadelfia catalogó la expulsión de Zamora como representa “una victoria crítica” en los esfuerzos por proteger a la población de fugitivos extranjeros peligrosos.

    “José Alberto Zamora Zamora es un criminal violento y líder de una de las pandillas más peligrosas del mundo. Su presencia en nuestras comunidades representaba una amenaza directa a la seguridad pública”, declaró Brian McShane, director de la oficina del campamento de ERO Filadelfia. 

    En Estados Unidos Zamora cumplía una condena de 24 meses en la prisión federal Allenwood Low, en Pensilvania, por reingreso ilegal tras haber sido deportado en diciembre de 2022. Pese a esa expulsión, logró ingresar nuevamente de forma clandestina.

    El pandillero fue detenido por ICE tras su liberación de prisión y posteriormente deportado a El Salvador, donde enfrenta la condena pendiente. 

  • Senador EEUU denuncia “abuso de poder” en caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García

    Senador EEUU denuncia “abuso de poder” en caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García

    El senador de Estados Unidos, Chris Van Hollen (Demócrata por Maryland), denunció este domingo que los intentos de deportar a Kilmar Ábrego García hacia Uganda constituyen “un abuso de poder malicioso” impulsado por aliados del presidente Donald Trump.

    Van Hollen se reunió de forma virtual con Ábrego García y su esposa, Jennifer Vásquez Sura, tras su retorno a Maryland luego de lo que describió como “un largo y tortuoso calvario”. El legislador recordó que fue gracias a los tribunales federales y a la presión pública que se logró revertir su deportación ocurrida en marzo.

    “Me alegró poder hablar con Kilmar Ábrego García esta mañana y darle la bienvenida de nuevo a Maryland. Durante nuestra conversación le compartí que yo y muchos otros hemos luchado durante meses para garantizar que se respetaran sus derechos constitucionales, pese a los esfuerzos de Trump por negarlos en cada paso”, señaló Van Hollen en un comunicado.


    El senador también aseguró que la campaña de desinformación en torno al caso busca bloquear que Ábrego pueda defenderse de los nuevos cargos que enfrenta en EE. UU.

    “Los aliados de Trump siguen mintiendo sobre los hechos y amenazando con deportarlo a Uganda, un abuso de poder que no podemos permitir”, afirmó.

    Ábrego García, ciudadano salvadoreño, fue deportado en marzo y posteriormente regresado a Estados Unidos para responder a cargos de tráfico de personas. Tras su liberación de una cárcel en Tennessee, fue enviado de regreso a Maryland el viernes pasado.

    Van Hollen ya había visitado a Ábrego en abril durante su detención en El Salvador, y reiteró este domingo que seguirá en la lucha por el respeto al debido proceso. “Si se niegan sus derechos, los derechos de todos los demás estarán en riesgo”, advirtió.

     

  • Kilmar Ábrego denuncia que EE.UU. lo presiona con deportación a Uganda para declararse culpable

    Kilmar Ábrego denuncia que EE.UU. lo presiona con deportación a Uganda para declararse culpable

    El salvadoreño Kilmar Abrego García, quien pasó casi tres meses en una cárcel en El Salvador tras ser deportado “por error” y posteriormente retornado a Estados Unidos, denunció que la administración del presidente Donald Trump intenta presionarlo para que se declare culpable utilizando la amenaza de deportación a Uganda, un país africano.

    Según un documento judicial presentado este sábado por sus abogados, el Departamento de Justicia de EE.UU. le habría ofrecido un acuerdo: declararse culpable de dos delitos graves (tráfico de personas y un proceso de deportación) a cambio de cumplir condena y luego ser enviado a Costa Rica, país que se comprometió a recibirlo como refugiado o residente y a no entregarlo a El Salvador.

    Sin embargo, tras rechazar la propuesta, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían advertido que la alternativa sería deportarlo a Uganda, donde su vida correría peligro.

    “Solo cabe una interpretación de estos hechos: el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE están utilizando sus poderes colectivos para obligar a Abrego a elegir entre una declaración de culpabilidad con relativa seguridad o su entrega a Uganda, donde su libertad estaría amenazada”, señaló su abogado Sean Hecker en el escrito.

    Liberación en Tennessee y juicio pendiente

    Abrego fue liberado ayer de una cárcel en Tennessee, aunque continúa enfrentando un proceso federal por tráfico de personas y deportación. Su juicio aún está en curso.

    La secretaria del DHS, Kristi Noem, criticó la decisión judicial de liberarlo y lo calificó nuevamente como “un monstruo”, asegurando que la medida representa un “desprecio por la seguridad de los ciudadanos americanos”.

    El caso toma un giro más complejo luego de que el Gobierno de Uganda anunciara un acuerdo con la administración Trump para aceptar deportados de terceros países enviados desde Estados Unidos, lo que abriría la puerta a que Abrego pueda ser trasladado allí contra su voluntad.

     

  • Costa Rica ofrece refugio a salvadoreño Kilmar Ábrego tras juicio en EE.UU.

    Costa Rica ofrece refugio a salvadoreño Kilmar Ábrego tras juicio en EE.UU.

    El Gobierno de Costa Rica manifestó su disposición de recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado en Estados Unidos por presunto tráfico de personas, una vez concluya cualquier condena penal en ese país, según informó la cadena ABC News este viernes.

    La decisión fue comunicada en una carta enviada por el ministro costarricense de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, a la Embajada de Estados Unidos en San José. 

    En el documento, Costa Rica se compromete a otorgarle residencia o estatus de refugiado y a no trasladarlo a un tercer país, incluyendo El Salvador.

    “El Gobierno de Costa Rica (…) desea expresar su disposición a aceptar la transferencia desde Estados Unidos del señor Kilmar Armando Ábrego García al concluir cualquier condena penal que pueda cumplir”, indicó Zamora en la carta citada.

    El ministro también aseguró que, en línea con los convenios internacionales de protección de refugiados, Costa Rica no someterá a Ábrego a tortura ni persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opinión política.

    La medida abre la puerta a que el salvadoreño, de 30 años, pueda permanecer en territorio costarricense bajo protección humanitaria al término de su proceso judicial en Estados Unidos.

    Juicio en EE.UU. y liberación en Tennessee

    Ábrego fue liberado el viernes de una cárcel en Tennessee y viajó a Maryland, donde reside su familia. Actualmente enfrenta un proceso en Estados Unidos por presunto tráfico de personas, cuyo juicio está programado para el 27 de enero de 2027.

    La libertad condicional de Ábrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso.

    El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos de tráfico humano contra Ábrego García, luego de que una orden judicial obligara a su regreso al país. Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) había amenazado con detenerlo nuevamente para deportarlo si se le concedía la libertad condicional mientras enfrenta su proceso penal.

    En el caso penal por tráfico de indocumentados, los abogados de Ábrego García solicitaron a principios de esta semana a un tribunal de Tennessee que desestimara la acusación, alegando que su defendido está siendo objeto de persecución por parte del Departamento de Justicia.

    Los abogados han incorporado una denuncia presentada por el exfiscal del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, quien afirma haber sido despedido tras negarse a presentar un escrito engañoso en el caso.

    “Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del gobierno para castigarlo por tener la audacia de defenderse, en lugar de aceptar una brutal injusticia”, escribió su equipo en la moción citada por la televisora WUSA9.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho sobre el salvadoreño: “Tiene un historial de toda una vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores, solicitándoles pornografía, fotos de ellos desnudos, abusando de su esposa, abusando de otros inmigrantes ilegales, extranjeros que estaban en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él las traficaba”. 

    «Es un ser humano horrible y un monstruo, y nunca debería ser liberado», añadió la secretaria.

    Otros funcionarios de la Administración también han tachado al inmigrante salvadoreño de “criminal peligroso”.
    Los abogados de Abrego García en el caso penal afirmaron que esos comentarios tenían el potencial de “manchar el jurado” y poner en peligro a Abrego García y a su familia.

     

  • Juez ordena al Gobierno de Trump moderar comentarios sobre Kilmar Ábrego para un juicio justo

    Juez ordena al Gobierno de Trump moderar comentarios sobre Kilmar Ábrego para un juicio justo

    Un juez federal en Estados Unidos ordenó este jueves al Gobierno del expresidente Donald Trump abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el juicio del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de transportar personas indocumentadas en territorio estadounidense.

    La medida, adoptada por el magistrado Waverly Crenshaw, busca preservar la imparcialidad del proceso judicial que enfrenta Abrego en Nashville, Tennessee, donde fue trasladado tras haber permanecido por error en una prisión de máxima seguridad en El Salvador durante casi tres meses.

    “Para garantizar un juicio justo, todas las partes y sus representantes están obligados a evitar declaraciones extrajudiciales que interfieran con el derecho constitucional del acusado”, señaló Crenshaw en su resolución.

    El juez recordó que Ábrego debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

    La defensa legal del migrante salvadoreño denunció ante el tribunal las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en una conferencia de prensa lo calificó de “monstruo” y “ser humano horrible”.

    Noem también lo acusó sin juicio previo de haber cometido delitos como tráfico de personas, violencia doméstica y abuso sexual, pese a que Ábrego no ha sido condenado por esos cargos. “Nunca debería ser liberado”, afirmó la funcionaria públicamente, generando preocupación en los abogados sobre una posible contaminación del jurado.

    Críticas por trato a migrantes

    El caso ha generado repercusión internacional, especialmente entre defensores de los derechos humanos y críticos de las políticas migratorias de la administración Trump. Ábrego fue uno de los más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron deportados sin juicio y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador, lo que organizaciones civiles han denunciado como una forma de “desaparición forzada”.

    Los abogados del migrante salvadoreño aseguraron que la campaña del Gobierno para vincularlo con la pandilla MS-13 carece de fundamento judicial y que ningún tribunal en EE.UU. lo ha acusado formalmente por esos delitos.

    “La intervención del Tribunal es necesaria para proteger el derecho del Sr. Ábrego a un juicio justo, su seguridad personal y la integridad de los procedimientos legales”, indicaron los abogados en un escrito dirigido al juez.

    Ábrego, quien lleva más de una década viviendo en Maryland junto a su familia, se ha convertido en símbolo de las críticas contra las deportaciones masivas y detenciones arbitrarias impulsadas por el Gobierno republicano.

     

  • Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    La defensa de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico humano en Estados Unidos, pidió a un juez federal en Tennessee frenar su liberación de prisión para evitar que sea deportado de inmediato por el gobierno del presidente Donald Trump.

    La solicitud fue presentada el domingo ante el juez Waverly D. Crenshaw, quien decidirá en los próximos días si permite que Ábrego, residente de Maryland, afronte en libertad su proceso judicial. Aunque una jueza anterior había determinado que no representa riesgo de fuga, las autoridades migratorias han advertido que, si es liberado, será detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y puesto en proceso de deportación.

    Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que le protegía de ser enviado a su país natal debido a amenazas de violencia por parte de pandillas. Su caso generó controversia al evidenciar una posible violación al debido proceso en las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

    El gobierno estadounidense lo ha vinculado con la pandilla MS-13, aunque nunca ha sido acusado formalmente ni se han presentado pruebas. Tras presiones legales y una orden de la Corte Suprema, fue devuelto a EE.UU. el mes pasado para enfrentar cargos federales relacionados con un supuesto caso de tráfico humano ocurrido en 2022 en Tennessee.

    La defensa de Ábrego calificó los cargos como “absurdos” y ahora busca ganar tiempo para evitar que sea deportado antes del juicio programado para enero. El domingo, sus abogados y fiscales federales solicitaron conjuntamente una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, con el fin de que el acusado “evalúe sus opciones y determine si requiere medidas adicionales”.

    El caso ha escalado también a una corte federal en Maryland, donde su esposa estadounidense, Jennifer Vasquez Sura, demandó al gobierno de Trump por la expulsión ilegal de marzo y busca frenar cualquier nuevo intento de deportación. Ábrego estuvo bajo supervisión federal durante años, con permiso de trabajo vigente y presentándose regularmente ante ICE, hasta que recientemente se revocó esa supervisión.

    Los abogados también han pedido a la jueza de Maryland, Paula Xinis, que ordene su traslado a ese estado y emita al menos una suspensión de 72 horas que evite su deportación inmediata si es liberado en Tennessee. Mientras tanto, la administración Trump insiste en que puede expulsarlo a un tercer país, como México o Sudán del Sur, argumentando que representa un peligro para la comunidad.

    El caso Ábrego Garcia sigue siendo un símbolo del debate migratorio en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las deportaciones y acusaciones de violaciones al debido proceso por parte de la administración del presidente Donald Trump.