Redacción DEM ADMIN

Etiqueta: derechos humanos

  • España concede asilo a abogados salvadoreños que denunciaron “acoso legal”

    España concede asilo a abogados salvadoreños que denunciaron “acoso legal”

    España otorgó asilo político a los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, portavoces de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), quienes, según Naciones Unidas, “huyeron” del “acoso legal” en El Salvador y solicitaron protección internacional en territorio español.

    “Este día se ha hecho público la concesión de asilo político a mi favor. Esto reafirma la persecución política a las personas defensoras de derechos humanos”, expresó Cruz en un video difundido en X. La abogada confirmó que su colega también recibió la misma protección.

    Cruz sostuvo que el asilo “reafirma que el silencio no debe ser una opción. Debemos seguir denunciando la situación de violaciones de derechos humanos en El Salvador y que debemos seguir en la lucha por la esperanza del pueblo salvadoreño”.

    Además, afirmó que “este asilo representa una derrota” para el presidente Nayib Bukele, y agregó: “Alto a la persecución política en El Salvador, libertad a los presos políticos en El Salvador”.

    Expertos y relatores de Naciones Unidas señalaron que la organización Unidehc ha sido hostigada por autoridades salvadoreñas desde febrero, debido a su respaldo a una comunidad rural que enfrenta intentos de desalojo forzoso desde 2024.

    En noviembre de 2025, criticaron la emisión de “notificaciones rojas” por parte de Interpol contra defensores de derechos humanos, sin detallar las razones. Según Unidehc, la alerta para localizar y detener a Cruz y Joya quedó sin efecto.

    De acuerdo con la ONU, en mayo de 2025 el tribunal que conoce el caso de la comunidad apoyada por Unidehc inició gestiones para activar una notificación roja, la cual se confirmó dos meses después. En septiembre de 2025, Joya fue citado por la policía bajo el argumento de su solicitud de asilo y posteriormente detenido, quedando a disposición de la Audiencia Nacional española.

    Cruz también compareció ante ese tribunal, que ordenó medidas cautelares como la obligación de firmar cada 15 días, no abandonar el país, entregar su pasaporte y notificar cualquier cambio de domicilio.

     

  • La ONU condena ataques de EEUU e Israel y represalias de Irán y pide frenar escalada

    La ONU condena ataques de EEUU e Israel y represalias de Irán y pide frenar escalada

    El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado  los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, así como las represalias ejecutadas por Irán, y alertó sobre el impacto devastador en la población civil.

    “Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”, expresó Türk en un mensaje publicado en su cuenta oficial en X.

    El funcionario austríaco subrayó que en cualquier conflicto armado son los civiles quienes terminan pagando el precio más alto y llamó a todas las partes a actuar con responsabilidad para evitar una escalada mayor en Oriente Medio.

    Asimismo, hizo un llamado urgente a la contención y exhortó a regresar a las negociaciones diplomáticas.

    “Actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución. Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen”, sostuvo.

    Türk advirtió que ignorar esta vía puede desencadenar “un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio”.

    El alto comisionado recordó además que el derecho internacional humanitario establece como principio fundamental la protección de los civiles en conflictos armados y enfatizó que todas las partes deben respetar estas normas.

    “Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables”, puntualizó.

    La declaración se produce en medio de una creciente tensión regional tras la ofensiva militar y los ataques cruzados que han encendido las alarmas de la comunidad internacional.

     

  • Presos políticos demandan su libertad desde las cárceles venezolanas

    Presos políticos demandan su libertad desde las cárceles venezolanas

    En la cárcel El Rodeo I, ubicada en el municipio Zamora, en Venezuela, el silencio nocturno se rompe cada noche con gritos que cruzan muros y maleza. Son presos políticos y sus familiares que, separados por la distancia y las restricciones, improvisan un diálogo a viva voz para mantenerse conectados ante el limitado régimen de visitas.

    Desde un cerro cercano al penal, decenas de mujeres encienden velas y llaman a sus familiares. “Oído”, grita una de ellas. Segundos después, desde el interior responden: “¿Cómo están?”, a lo que sigue un intercambio breve pero cargado de emoción. Aunque no saben con certeza con quién hablan ni logran ver la prisión, ese contacto se ha convertido en su única vía diaria de comunicación, ya que las visitas se limitan a 15 minutos semanales a través de un vidrio.

    Durante esos diálogos, las familiares informan a los detenidos sobre el avance de la amnistía aprobada hace una semana por la Asamblea Nacional, el cambio del fiscal general y las acciones emprendidas para exigir la liberación de todos los presos políticos.

    Desde el interior, los reclusos transmiten sus demandas. “Libertad de todos los secuestrados, pedimos liberación masiva”, gritó uno de ellos, seguido por un clamor colectivo de “justicia” y “libertad”.

    Una de las voces desde el exterior cuestionó: “Todos los derechos de los presos políticos han sido violados, ¿qué están esperando para soltar a la gente?”. También intentaron enviar un mensaje a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promotora de la amnistía en el contexto de lo que ha denominado un “nuevo momento político” tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

    Hasta el momento, la amnistía ha otorgado libertad plena a 223 personas y ha levantado medidas cautelares a otras 4,534. Sin embargo, según la ONG Foro Penal, aún permanecen unos 568 presos políticos en el país, sin que se conozca con exactitud cuántos de ellos están recluidos en El Rodeo I.

    Huelga de hambre y llamado internacional

    Los presos políticos del penal iniciaron el fin de semana pasado una huelga de hambre para exigir su liberación. De acuerdo con testimonios de excarcelados, en el centro también hay extranjeros detenidos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024 tras cruzar la frontera desde Colombia.

    La noche del jueves, desde la prisión se escuchó el himno de Colombia y consignas dirigidas a la comunidad internacional. “Los hermanos extranjeros continúan en huelga, necesitan la presencia de los consulados (…) Colombia, Argentina, Ecuador, Francia, Cuba, Guyana, España, Líbano”, clamaron. También exigieron: “¡Que ingrese la Cruz Roja!” y “¡que venga la ONU!”.

    Desde el cerro, las familias respondían que continuarán presionando hasta lograr la liberación de todos. Antes de despedirse, los detenidos gritaron: “Dios los bendiga a todos”, mientras juntos coreaban: “Familia unida, jamás será vencida”.

     

  • EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    Estados Unidos anunció este 26 de febrero sanciones contra cinco altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, a quienes señala de incitar a la “inestabilidad regional” mediante la consolidación del poder de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como por mantener abusos sistemáticos contra la población.

    El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que “desde 2018, la dictadura de Murillo-Ortega ha reprimido violentamente protestas pacíficas, ha detenido injustamente, torturado y matado a opositores políticos”. Además, sostuvo que el régimen nicaragüense ha perseguido al clero católico y ha optado por “silenciar” y “desterrar” a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.

    Los sancionados son el director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el general retirado Denis Membreño Rivas y el comisionado policial Aldo Martín Sáenz Ulloa; la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez;  la subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) Celia Margarita Reyes Ochoa y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército, general Leonel José Gutiérrez López.

    Según Washington, la reforma a la Constitución impulsada por el oficialismo permitió asegurar que las instituciones castiguen a adversarios políticos y habiliten la supervisión y control de los sistemas de telecomunicaciones. La Administración estadounidense considera que estas medidas fortalecen el aparato de vigilancia y el control sobre la disidencia.

    “La dictadura ha cometido abusos laborales sistémicos y utiliza las estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que se perciba como una amenaza a su control del poder. Las personas sancionadas lideran agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión”, agregó Pigott.

    El funcionario reiteró que la Administración Trump “utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas” disponibles para enfrentar a quienes, a su juicio, amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio. Asimismo, insistió en el llamado a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos en Nicaragua.

    Con estas sanciones, Washington eleva la presión sobre Managua en medio de crecientes tensiones diplomáticas y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

     

  • 213 presos inician huelga en cárcel venezolana por el incumplimiento de la amnistía

    213 presos inician huelga en cárcel venezolana por el incumplimiento de la amnistía

    Más de 200 presos políticos venezolanos y extranjeros recluidos en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, iniciaron este domingo una huelga de hambre para exigir atención médica adecuada y el cumplimiento de las excarcelaciones contempladas en la Ley de Amnistía recientemente aprobada, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

    “A esta hora, 2.00 de la tarde (hora local) de este 22 de febrero, familiares de presos políticos reportan que 213 personas privadas de libertad se mantienen en huelga de hambre en El Rodeo I. Denuncian la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus Derechos Humanos”, comunicó la organización a través de sus redes sociales.

    El CLIPPVE señaló que, pese a la aprobación de la amnistía, más de 500 presos políticos quedarían excluidos de la medida, ya que la ley no contempla beneficios para condenados por delitos de corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional o lesiones gravísimas. Los familiares convocaron además a la sociedad civil a acompañarlos y anunciaron una concentración en el auditorio de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación.

    La huelga coincide con el inicio del proceso de excarcelaciones supervisado por la Cruz Roja Venezolana, invitada por el Gobierno para ofrecer atención médica y evaluación primaria a las personas liberadas en todo el país. La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que las autoridades han recibido más de 1,500 solicitudes de amnistía y que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley”. No obstante, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himio, indicó que hasta este domingo se han confirmado 32 liberaciones y que desde el viernes suman más de 40 casos verificados.

     

  • Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía dirigida a presos políticos condenados por hechos vinculados a episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. La normativa excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país suramericano.

    La legislación deja fuera de la amnistía los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los contemplados en la ley contra la corrupción. Asimismo, excluye a personas procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, con apoyo de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

    Los diputados acordaron conceder el beneficio por hechos o “faltas cometidas” en distintos momentos de tensión política, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 e inicios de 2003, así como las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024. Para supervisar la aplicación de la ley, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados, entre oficialistas y opositores, que desarrollará mecanismos para asegurar su cumplimiento y podrá contar con asesoría de expertos.

    En el artículo 7, que generó diferencias y llevó a posponer el debate la semana pasada, se establece que los beneficiarios deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía. Aquellos que se encuentren fuera del país podrán realizar el trámite a través de un representante legal. Por su parte, el artículo 11 dispone que el tribunal competente verificará en cada caso el cumplimiento de las condiciones y podrá decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que “no excederá de 15 días continuos”.

    La ley también aclara que las personas favorecidas que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas conforme a la legislación ordinaria.

    La iniciativa se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal reporta 644 presos políticos en el país, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el martes en Madrid la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que el “96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe”.

    Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, sostuvo que la medida responde al clamor ciudadano y negó afectaciones a libertades públicas.

    Ulloa aseguró que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.

    La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, inicialmente por 30 días, pero ha sido prorrogada de forma mensual. Según cifras citadas por el funcionario, 91,000 personas han sido enviadas a prisión bajo esta disposición.

    En su intervención, el vicepresidente cuestionó los llamados de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para levantar la medida. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, expresó, al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 %.

    Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen.

    “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó, destacando que 8,000 personas ya recuperaron su libertad.

    Además, justificó que “absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas” implementadas “en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal”: “No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

    Por su parte, la CIDH ha documentado 7,000 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal y limitaciones en el acceso a la justicia. Ulloa desestimó estos señalamientos, aseguró que los informes no son verificados en el terreno y afirmó que algunas denuncias buscan “recibir fondos”.

    Asimismo, respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos y negó reportes de torturas o malos tratos a migrantes deportados hacia El Salvador.

     

  • Corte Suprema y Plan Internacional firman convenio contra la violencia contra mujeres y niños

    Corte Suprema y Plan Internacional firman convenio contra la violencia contra mujeres y niños

    El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctor Henry Alexander Mejía, y la representante de país de Plan Internacional, Anabell Berenice Amaya de Aquino, firmaron el martes un convenio de cooperación enfocado en reforzar las capacidades técnicas de los servidores judiciales, especialmente en el abordaje de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

    El acuerdo contempla compromisos conjuntos orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y la implementación de procesos de formación especializada para el personal del sistema judicial. Asimismo, incluye la articulación de mecanismos para la prevención, gestión y atención de casos relacionados con violencia y vulneración de derechos.

    Entre los objetivos del convenio destaca el impulso de acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del marco normativo especializado en derechos humanos, con énfasis en la protección de sectores en condición de vulnerabilidad. Las instituciones buscan optimizar la respuesta judicial frente a este tipo de delitos y asegurar una atención integral a las víctimas.

    El esfuerzo conjunto consolida una alianza estratégica que pretende mejorar la ejecución de acciones especializadas dentro del sistema de justicia, promoviendo una actuación más eficiente y articulada entre las entidades involucradas.

     

  • Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras la Asamblea Nacional debate la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que, según el oficialismo, permitiría excarcelar a personas acusadas por delitos cometidos desde 1999, pero que organizaciones no gubernamentales consideran limitada y contradictoria.

    El Parlamento aprobó la semana pasada por unanimidad y en segunda lectura seis artículos del proyecto, pero la discusión se estancó en el séptimo, debido a desacuerdos sobre la exigencia de que los beneficiarios se pongan “a derecho”, es decir, se presenten ante las autoridades judiciales. Para activistas y ONG, esta condición obliga a reconocer hechos que muchos detenidos niegan haber cometido y desvirtúa el principio de amnistía.

    El Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que el texto, tal como está redactado, traslada a las víctimas y sus familias “la carga de explicar detenciones arbitrarias” ejecutadas por un sistema de justicia que, según denuncian, conoce el carácter político de los encarcelamientos. Las organizaciones también cuestionan las “exclusiones, riesgos e insuficiencias” del proyecto, difundido inicialmente de manera informal.

    La ley excluye de sus beneficios a personas vinculadas con “violaciones graves a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y delitos contra el patrimonio público”. Esto podría dejar fuera a militares detenidos o exiliados relacionados con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018 o con la denominada ‘Operación Gedeón’.

    Aunque el responsable de la comisión parlamentaria, el diputado Jorge Arreaza, se reunió con sectores de la sociedad civil para recoger observaciones, persisten las críticas sobre el alcance real de la normativa.

    Expertos subrayan que cualquier proceso de reconciliación debe contemplar rendición de cuentas y reformas estructurales que impidan nuevas detenciones arbitrarias. Mientras tanto, el debate continuará el martes 17 de febrero, en un clima de tensión política y con miles de familias pendientes del desenlace legislativo.

     

  • Hillary Clinton critica política migratoria de Trump en Múnich

    Hillary Clinton critica política migratoria de Trump en Múnich

    La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuestionó este sábado la política migratoria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la inmigración se ha convertido en un fenómeno “disruptivo y desestabilizador” que debe abordarse con medidas firmes pero humanas.

    Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Clinton afirmó que la inmigración “ha ido demasiado lejos” y sostuvo que el problema debe resolverse “de una forma humana, con fronteras seguras y sin torturar ni matar a gente”.

    La también excandidata presidencial del Partido Demócrata defendió las deportaciones ejecutadas durante las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama. Señaló que “durante el mandato de mi marido y de Barack Obama fueron deportadas más personas sin matar a ciudadanos estadounidenses y sin meter a niños en campos de detención que en el primer mandato de Trump y este primer año del segundo mandato de Trump”, declaraciones ofrecidas desde la capital bávara. Además, pidió abrir un “debate legítimo” sobre inmigración en Estados Unidos y otros temas de interés nacional.

    Clinton también lanzó críticas directas contra el Presidente de Estados Unidos, a quien acusó de apartarse de los principios occidentales. “Ha traicionado a Occidente. Ha traicionado los valores humanistas. Ha traicionado la Carta de la OTAN, la Carta Atlántica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, manifestó.

    La exfuncionaria reiteró que la discusión migratoria debe centrarse en garantizar seguridad fronteriza sin vulnerar derechos humanos, en contraste con lo que considera excesos en la política actual.