Redacción DEM

Etiqueta: derechos humanos

  • Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó este martes su preocupación por la extensión de seis meses adicionales en la etapa de instrucción judicial contra la abogada salvadoreña Ruth López, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo pasado.

    “Recibo noticias muy preocupantes sobre la ampliación de 6 meses de la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador”, publicó Lawlor en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la abogada en septiembre. “Debe ser liberada”, subrayó la relatora.

    López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele, está encarcelada desde el 18 de mayo. Según su familia y organizaciones no gubernamentales, ha cumplido 200 días en total incomunicación. Inicialmente fue detenida por el cargo de peculado, vinculado a su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, al momento de presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República modificó el cargo a enriquecimiento ilícito.

    El proceso judicial fue declarado en reserva total, por lo que no se conocen detalles adicionales sobre la investigación en su contra.

    La organización humanitaria Cristosal, para la que laboraba la abogada, denunció que el Estado salvadoreño no ha cumplido la resolución de la CIDH que exige proteger la integridad de López. Además, cuestionó la decisión judicial de extender el plazo de la etapa de investigación, cuyo vencimiento original era el pasado 4 de diciembre.

     

     

  • EE.UU. acusa a dictadura de Ortega de violar derechos humanos y laborales de los nicaragüenses

    EE.UU. acusa a dictadura de Ortega de violar derechos humanos y laborales de los nicaragüenses

    Estados Unidos señaló este martes que el régimen nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y laborales, incluyendo confiscaciones arbitrarias de propiedades y la negación de entrada a ciudadanos a su propio país.

    En un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Managua, se advierte sobre “patrones preocupantes” en Nicaragua que afectan a la población, especialmente en áreas como el Estado de derecho, derechos laborales y libertades fundamentales.

    Según la delegación diplomática, la investigación estadounidense reveló testimonios y evidencias directas sobre violaciones, como el uso del sistema judicial como herramienta de represión. La embajada compartió estos testimonios en sus redes sociales, los cuales señalan que el régimen ha desmantelado instituciones democráticas y afectado la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.

    La Casa Blanca evalúa actualmente duplicar al 100 % los aranceles a Nicaragua, además de considerar su expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), alegando que las políticas del régimen obstaculizan el comercio por sus prácticas “irrazonables” en derechos laborales y humanos.

    Uno de los testimonios recabados afirmó que en Nicaragua “los inversionistas enfrentan confiscaciones porque los tribunales se usan como armas de opresión” y que los impuestos funcionan como mecanismos de “extorsión”. Otro denunció que “está totalmente a la discreción —a voluntad del régimen de Ortega— quién puede operar y quién no”.

    Un tercer testimonio evidencia la represión: “Imaginate que un día salís de tu casa, dejás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre, y te vas de viaje por cinco días y luego no podés volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno”.

    Estas declaraciones fueron publicadas dos semanas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, “ha sido tomada por narcoterroristas”.

    En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Ortega como parte de una “dinastía familiar” que busca eliminar la iglesia católica y cualquier amenaza contra su poder. “Se ha convertido en una copresidencia donde han intentado erradicar todo lo religioso”, afirmó entonces Rubio.

     

  • María Corina Machado intenta llegar a Oslo para recibir Nobel de la Paz, dice su hermana

    María Corina Machado intenta llegar a Oslo para recibir Nobel de la Paz, dice su hermana

    La opositora venezolana María Corina Machado está haciendo gestiones para llegar a Oslo, Noruega, donde este miércoles será entregado el Premio Nobel de la Paz. Así lo aseguró su hermana, Clara Machado Parisca, en una entrevista brindada a la emisora colombiana Blu Radio desde la capital noruega.

    Clara Machado, quien ya se encuentra en Oslo junto a su madre Corina Parisca y la hija de la líder opositora, Ana Corina Sosa, manifestó que mantienen la esperanza de que María Corina llegue a tiempo a la ceremonia.

    “Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, declaró, sin confirmar si ya abandonó Venezuela.

    La líder tenía programada una conferencia de prensa este domingo en el Instituto Nobel a la 1 pm, hora local, como parte de las actividades previas a la entrega del galardón. Sin embargo, el evento fue aplazado por razones no especificadas. El Instituto Nobel anunció que dará a conocer una nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

    El pasado sábado, el Instituto Nobel confirmó a la agencia EFE que María Corina Machado había asegurado en una llamada telefónica que viajaría a Noruega para asistir personalmente a la ceremonia de premiación. No obstante, hasta la fecha no se ha confirmado su paradero.

    “Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr”, expresó Clara Machado, al reiterar la esperanza de que su hermana pueda recibir el premio en persona, acompañada por sus seres queridos.

    Sobre una posible intervención diplomática o acción internacional para facilitar la salida de la opositora del país sudamericano, la hermana se limitó a decir: “No tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo”.

     

  • EE.UU. señala al “régimen criminal” de Maduro tras la muerte del exgobernador opositor

    EE.UU. señala al “régimen criminal” de Maduro tras la muerte del exgobernador opositor

    El Gobierno de Estados Unidos condenó el domingo la muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz, considerado preso político por la oposición, y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por lo que calificó como “otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal”.

    La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló en un mensaje en la red social X que Díaz murió detenido arbitrariamente en el centro de reclusión de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde fue víctima de tortura, según denuncias de opositores y organizaciones de derechos humanos.

    “La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, afirmó el mensaje oficial.

    Escalada de tensión

    La declaración ocurre en un momento de alta tensión entre ambos países, luego de que Washington desplegara fuerzas militares cerca de Venezuela, en el mar Caribe, con el argumento de reforzar su lucha contra el narcotráfico. Caracas ha denunciado la acción como una “amenaza” e intento de intervención para provocar un cambio de gobierno.

    El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela aseguró que Díaz falleció producto de un infarto, versión que también fue difundida por organizaciones no gubernamentales.

    Sin embargo, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia desmintieron esta versión, señalando que se trata de un caso más dentro de un “patrón sostenido de represión estatal”.

    “La integridad y vida de Alfredo Díaz eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado. Su muerte no fue común”, denunciaron los dirigentes de la principal coalición opositora.

    Desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, que dieron la polémica reelección a Nicolás Maduro, ya son siete los presos políticos muertos en prisión, según datos de la oposición.

    Un activista incómodo

    Alfredo Díaz, dirigente del partido Acción Democrática, fue detenido en noviembre de 2024, poco después de cuestionar públicamente los resultados de los comicios y criticar la crisis eléctrica en el estado de Nueva Esparta, donde había sido gobernador. El Gobierno acusó entonces a sectores opositores de provocar sabotajes.

    Además de su cargo como exgobernador, Díaz fue concejal y alcalde, y una figura reconocida dentro del movimiento opositor.

     

  • Interpol anula alerta roja contra dos defensores salvadoreños señalados en caso “La Floresta”

    Interpol anula alerta roja contra dos defensores salvadoreños señalados en caso “La Floresta”

    La organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) aseguró el sábado que la Interpol eliminó la alerta roja emitida contra los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes enfrentan un proceso judicial en el país y solicitaron asilo en España alegando persecución política.

    Según Unidehc, la notificación fue anulada a finales de noviembre tras gestiones realizadas por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y el Colegio de la Abogacía Española.

    “Esto es una victoria nacional e internacional frente a la mentira y la manipulación de un Gobierno, que con fines políticos persigue a críticos y defensores de derechos humanos”, señaló la organización en un comunicado.

    Ambos abogados están vinculados al caso conocido como «La Floresta», en el cual son acusados por la comercialización irregular de lotificaciones en San Juan Opico, La Libertad. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado los citó para una audiencia especial de medidas cautelares realizada este martes, aunque fueron declarados ausentes.

    Ivania Cruz y Rudy Joya enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de terrenos, mientras que a otros dos implicados se les atribuyen los delitos de usurpación y limitación de circulación, además de agrupaciones ilícitas.

    La abogada Cruz denunció en mayo pasado que la Fiscalía está criminalizando a Unidehc por su labor de defensa comunitaria y se declaró «perseguida política».

    También rechazó las acusaciones del Ministerio Público, que señala que la organización no está debidamente registrada, con el objetivo, según Cruz, de obstaculizar su trabajo en defensa de los derechos humanos.

    La ONU también se pronunció sobre este caso. A principios de noviembre, expertos y relatores especiales criticaron el uso de alertas rojas por parte de Interpol, sin justificación pública, lo que consideraron como una forma de “represión transnacional” contra defensores de derechos humanos que buscan refugio fuera del país.

    El activista Fidel Zavala también fue vinculado al caso. De acuerdo con la acusación, Zavala habría recibido instrucciones de Joya para realizar mediciones de terrenos con fines de venta ilegal. La Fiscalía le atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.

    Interpol emitió la alerta roja en julio de 2025, dos meses después de que el tribunal salvadoreño iniciara los trámites correspondientes.

     

  • María Corina Machado confirma su asistencia a ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega

    María Corina Machado confirma su asistencia a ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega

    La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, confirmó su presencia en la ceremonia de entrega que se realizará el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega, según informó este sábado el Instituto Nobel noruego.

    Erik Aasheim, portavoz del Instituto, declaró a la agencia EFE que Machado “dijo que estará en Oslo” durante una conversación que mantuvieron la noche anterior. Sin embargo, por motivos de seguridad, no se han revelado detalles sobre su viaje ni el momento de su llegada, ya que Machado permanece en la clandestinidad en Venezuela.

    Además del reconocimiento internacional, Machado contará con el respaldo presencial de varios líderes latinoamericanos. El Gobierno de Paraguay anunció que su presidente, Santiago Peña, viajará a Noruega para acompañarla, al igual que los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa. También se espera la asistencia de Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano exiliado en España, quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

     

    El Comité Nobel noruego anunció el pasado 10 de octubre que Machado fue reconocida por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

    Pese a las amenazas del régimen venezolano, Machado confirmó nuevamente su intención de asistir al evento.

    El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, advirtió en declaraciones a la televisión pública NRK que el viaje representa “un riesgo considerable” debido a que el Gobierno de Nicolás Maduro “quiere quitársela de en medio”. Añadió que espera que la líder opositora logre llegar con seguridad a Noruega y, eventualmente, regresar a su país.

    En una entrevista publicada en octubre por el diario noruego Dagens Næringsliv, Machado declaró: “No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, y agregó que solo podría viajar si Venezuela fuera “libre”, algo imposible mientras Maduro se mantenga en el poder.

     

  • Corte Suprema de EE.UU. evaluará legalidad de orden de Trump que limita ciudadanía por nacimiento

    Corte Suprema de EE.UU. evaluará legalidad de orden de Trump que limita ciudadanía por nacimiento

    La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que aceptará a trámite y escuchará los argumentos en torno a la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de personas indocumentadas o con visas temporales.

    La decisión del máximo tribunal reabre el debate sobre la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía automática a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

    En junio pasado, con una mayoría conservadora (6-3), la Corte Suprema respaldó al mandatario al levantar bloqueos impuestos por jueces de tribunales federales en Maryland, Washington y Massachusetts. Estas cortes habían argumentado que el Ejecutivo carece de autoridad para modificar preceptos constitucionales a través de una orden presidencial.

    El fallo, sin embargo, no resolvió la constitucionalidad del decreto, sino que se centró en la legalidad de los fallos de alcance nacional emitidos por tribunales inferiores.

    Trump firmó la orden ejecutiva el mismo día de su investidura, el pasado 20 de enero, cumpliendo con una de sus más polémicas promesas de campaña. Su regreso a la Casa Blanca ha estado acompañado de un endurecimiento en las políticas migratorias.

    El expresidente argumenta que la Enmienda 14 fue creada originalmente para proteger a los hijos de esclavos tras la Guerra Civil, y no debería aplicarse a “turistas de nacimiento”, como denomina a personas que viajan a EE.UU. para que sus hijos nazcan en suelo estadounidense.

    Organizaciones de derechos humanos, juristas y detractores de la medida han advertido que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser modificado sin una enmienda formal.

    De acuerdo con un estudio del Migration Policy Institute, alrededor de 255,000 bebés nacidos anualmente podrían quedar excluidos de la ciudadanía si la orden ejecutiva se aplica.

    El caso será uno de los más observados en el próximo período judicial, ya que podría sentar un precedente históricosobre el alcance del poder presidencial frente a derechos constitucionales fundamentales.

     

  • AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    El Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda, por cuenta propia, a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos y darles protección frente a riesgos, amenazas y ataques que sufren al cumplir esa labor, dijo este jueves la organización Amnistía Internacional (AI).

    Además, indicó que reconocer el derecho de búsqueda por cuenta propia «no exime al Estado mexicano de su obligación de buscar a las personas desaparecidas».

    En un comunicado, AI dijo que esta postura fue manifestada por la organización en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno mexicano, llevadas a cabo esta semana con la participación de familias de personas desaparecidas, colectivas, personas académicas y organizaciones de la sociedad civil.

    «Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que reconozca el derecho de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México a realizar labores de búsqueda por cuenta propia. Esto sin disminuir la obligación que tiene el Estado de efectuar dicho trabajo», apuntó la ONG.

    Explicó que en las jornadas se discutieron modificaciones al protocolo de actuación homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y al protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

    La ONG apuntó que estas modificaciones son un «proceso necesario ante la crisis de desapariciones que vive el país, que asciende a 133.552 personas desaparecidas y las omisiones en que incurre el Estado mexicano para encontrarlas».

    En el encuentro, la jefa de investigación de AI, sección mexicana, Norma González Benítez, advirtió que ante las omisiones en que incurre el Estado mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas, «son las familias quienes, desesperadas por la inacción de las autoridades, realizan dicha labor sin el acompañamiento o involucramiento de éstas».

    AI considera que existe un derecho a buscar a las personas desaparecidas, y existen dos escenarios para realizarlas, cuando las personas participan en las búsquedas desarrolladas por autoridades y cuando las personas realizan las búsquedas por cuenta propia.

    «Este último escenario no exime al Estado de brindarles protección frente a los riesgos, amenazas y ataques que sufren en el camino», señaló y agregó que al buscar a una persona desaparecida, los familiares de ésta ejercen su derecho a la verdad y a la protección judicial.

    Y dijo que la combinación del ejercicio de los derechos a la verdad, a buscar y recibir información y a la protección judicial «se manifiesta de manera única en los casos de búsqueda de personas desaparecidas».

    «La combinación de esos tres derechos constituye en si misma el derecho a buscar, que a la vez implica el derecho a defender derechos humanos. Los Estados están obligados a respetar, garantizar y proteger ambos derechos», finalizó la ONG.

    México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, -y de ellas, más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

    Amnistía Internacional advirtió en un reciente informe que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres que luchan por encontrar a sus seres queridos, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado.

  • EEUU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones

    EEUU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones

    Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por legalidad de estas operaciones militares de la Administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.

    El ataque, que habría sucedido hoy mismo, fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva ‘Lanza del Sur’ y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como «narcoterroristas» por el Ejército.

    La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo.

    Las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote en esta ocasión.

    Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.

    Trump aseguró esta semana que se preparan para iniciar operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico.

    La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 80 muertos y levantado acciones legales por posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses.

  • En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    En Nicaragua hay actualmente 62 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 28 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    «La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento», advirtió esa ONG.

    De esas 62 personas privadas de libertad por razones políticas, 6 son mujeres y 56 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.

    Esa cifra (62) representa una disminución respecto al reporte anterior, que contabilizaba 77 detenidos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó.

    La lista actualizada mantiene al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

    Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.

    Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores.

    También los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

    El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

    Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».