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Etiqueta: derechos humanos

  • Javier Milei paraliza fuera de Argentina la búsqueda de bebés robados en la dictadura

    Javier Milei paraliza fuera de Argentina la búsqueda de bebés robados en la dictadura

    El Gobierno argentino ha interrumpido el envío a los consulados los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), según denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo.

    Lila Parrondo, psicóloga e integrante de la red Europea por el Derecho a la Identidad de Abuelas en Madrid desde hace 25 años, sostiene en una entrevista con EFE que uno de los argumentos del Gobierno argentino para justificar la interrupción de esta política es que «no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial».

    «Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez», añade.

    El envío de estos kits se implementó hace dos décadas como parte de una política estatal para facilitar la identificación de posibles víctimas del robo de bebés durante la dictadura, y fue reforzada en 2021 bajo la campaña “Argentina te busca”.

    Desde organizaciones vinculadas a derechos humanos aseguran que, tras la llegada de Javier Milei a la presidencia, se desarticuló la coordinación institucional que permitía realizar estas pruebas en el exterior.

    “Cancillería está desarticulada y media CONADI también, nadie lo va a mandar”, sostuvo Jorge Ithurburu, representante de Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, al referirse a la falta de envío de los kits.

    Claudia Carlotto, exdirectora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), criticó el rumbo del Ejecutivo y afirmó que “toda la política con respecto al tema de derechos humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla”.

    El robo de bebés durante la dictadura es considerado un delito que no prescribe en Argentina desde 2007, debido a que sus efectos persisten hasta que las víctimas recuperan su identidad.

    Pese a las limitaciones actuales, organizaciones de derechos humanos aseguran que continuarán con la búsqueda de los hijos de desaparecidos en el exterior, aunque advierten que los recortes y despidos en instituciones clave dificultan el proceso.

  • CIDH otorga medidas cautelares al excomandante sandinista Bayardo Arce, exasesor de Daniel Ortega

    CIDH otorga medidas cautelares al excomandante sandinista Bayardo Arce, exasesor de Daniel Ortega

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del excomandante sandinista Bayardo Arce, quien permanece detenido desde julio de 2025 en Nicaragua, tras considerar que enfrenta una situación de riesgo grave.

    En su resolución, el organismo señaló que Arce, de 77 años, y su núcleo familiar están expuestos a posibles daños irreparables en sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

    El exasesor presidencial fue declarado culpable en enero por una supuesta estafa al Estado valorada en aproximadamente $5,000 millones, según la Procuraduría, en medio de cuestionamientos y denuncias contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    La CIDH indicó que Arce se encuentra recluido en condiciones de aislamiento, sin acceso adecuado a atención médica pese a padecimientos crónicos, lo que agrava su estado de salud.

    Asimismo, el organismo advirtió que sus familiares han sido objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de persecución por parte de agentes estatales, sin que el Estado haya brindado información sobre el caso.

    «Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho referidas en el presente asunto, la CIDH consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo y podría estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos, dada su condición de persona mayor y privada de libertad», indicó la resolución.

    Ante este escenario, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales de Arce, incluyendo garantizar condiciones de detención adecuadas conforme a estándares internacionales.

    También pidió realizar una evaluación médica integral inmediata, asegurar acceso a tratamiento especializado y medicamentos, así como permitir la comunicación regular con sus familiares y representantes.

    El organismo instó además a que se detengan las acciones de hostigamiento contra su familia, en un contexto donde al menos siete opositores han fallecido bajo custodia estatal en los últimos años.

    Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde 2018, profundizada tras las elecciones de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un nuevo mandato en medio de fuertes críticas internacionales.

  • Amnistía a presos políticos en Venezuela avanza con dudas y críticas

    Amnistía a presos políticos en Venezuela avanza con dudas y críticas

    La amnistía promovida por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha entrado en una fase de ralentización, con menos anuncios de liberaciones a más de un mes de su promulgación.

    La norma, aprobada el 19 de febrero, fue presentada como un paso hacia la reconciliación nacional tras años de crisis política en el país.

    Sin embargo, organizaciones y expertos han señalado dudas sobre su aplicación y alcance real, especialmente por la falta de información verificable.

    Según el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, en las últimas semanas ha disminuido significativamente el número de beneficiados.

    Advirtió que si no se libera a más de 500 presos políticos que aún permanecen detenidos, se pondría en duda la voluntad política del Gobierno.

    Además, cuestionó que no se haya desmantelado el aparato represivo, lo que, a su juicio, evidencia que la medida podría tener más un efecto simbólico que estructural.

    Hasta el 26 de marzo, autoridades reportaron 8,146 personas beneficiadas con libertad plena, aunque ONG como Foro Penal manejan cifras menores y difícilmente verificables.

    Por su parte, el coordinador de Provea, Óscar Murillo, criticó el enfoque de la ley al considerar que se presenta como un “perdón” y no como un proceso integral de reconciliación.

    También denunció falta de transparencia y discrecionalidad en la aplicación de los beneficios.

    La normativa excluye a militares y a personas acusadas de delitos como corrupción, homicidio o instigación a acciones armadas.

    Expertos coinciden en que la amnistía representa solo un primer paso dentro de un proceso más amplio que requiere reformas institucionales.

    El principal desafío, señalan, será garantizar la liberación total de los presos políticos y avanzar hacia cambios estructurales que eviten nuevas persecuciones.

     

  • Grupo opositor pide una reunión de la ONU para examinar las ejecuciones de presos en Irán

    Grupo opositor pide una reunión de la ONU para examinar las ejecuciones de presos en Irán

    El Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI) solicitó este sábado una reunión de la ONU para analizar el aumento de las ejecuciones de presos en Irán y adoptar medidas que eviten nuevas muertes.

    El grupo opositor, con sede en Francia, elevó su petición tras la ejecución de dos prisioneros ocurrida en la madrugada, en medio de la escalada del conflicto con Estados Unidos e Israel.

    Los ejecutados fueron identificados como Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, miembros de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada terrorista por el régimen iraní.

    La líder del CNRI, Maryam Rajavi, criticó duramente al gobierno de Teherán y denunció el uso de la pena de muerte como herramienta de represión.

    «Los clérigos gobernantes intentan en vano retrasar por momentos su inevitable caída. Sin embargo, esta sangre derramada injustamente no hará más que avivar la indignación popular y reforzar la determinación de los luchadores por la libertad», expresó en un comunicado.

    Rajavi calificó a los ejecutados como “mártires” y los vinculó a una larga lista de víctimas de ejecuciones en el país.

    El CNRI advirtió que estas acciones se intensifican en un contexto de tensión internacional, lo que incrementa la preocupación por los derechos humanos en Irán.

    Según datos de la ONU, el país ejecutó a 1,500 personas en 2025, lo que representa un aumento del 50 % en comparación con el año anterior.

    Irán se mantiene como uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo, lo que ha generado constantes críticas de organismos internacionales.

    La organización opositora insiste en que la comunidad internacional debe actuar con urgencia para frenar esta tendencia y proteger la vida de los detenidos.

     

  • México lidera desapariciones forzadas en el mundo y enfrenta alerta de la ONU

    México lidera desapariciones forzadas en el mundo y enfrenta alerta de la ONU

    México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones forzadas en el mundo, según el más reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

    El reporte, divulgado por la organización I(dh)eas, señala que el país acumula 819 casos entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38 % del total global.

    Además, en los últimos cinco meses se registraron 40 nuevas solicitudes, más de un tercio de las acciones urgentes a nivel mundial en ese periodo.

    El informe advierte que esta situación refleja un problema estructural, ya que el mecanismo, concebido como excepcional, se ha vuelto recurrente en México.

    Aunque el Estado mexicano cumple formalmente con responder en los plazos establecidos, el Comité identificó fallas en la implementación de las acciones.

    Entre ellas destacan la falta de planes integrales de búsqueda, retrasos en diligencias clave como análisis de videovigilancia y telefonía, e investigaciones insuficientes sobre posibles vínculos de agentes estatales.

    También se reporta una protección inadecuada para familiares y personas que participan en la búsqueda de desaparecidos, incluso con casos de represalias.

    El informe documenta situaciones graves, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de autoridades en el caso de su hijo en Guanajuato.

    La acumulación de casos podría llevar a la aplicación del artículo 34 de la Convención, que permitiría iniciar una investigación internacional por desapariciones sistemáticas.

    En cuanto a la distribución geográfica, Chiapas concentra el 30 % de las nuevas acciones urgentes, principalmente vinculadas a desapariciones colectivas de migrantes.

    Jalisco, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas y Guanajuato también figuran entre los estados más afectados, con casos sin avances significativos.

    Del total de víctimas, el 65 % son hombres o niños, el 35 % mujeres o niñas, y el 18 % corresponde a menores de edad.

    “Las cifras muestran una situación grave y persistente que evidencia deficiencias estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda e investigación”, señaló I(dh)eas.

    El organismo solicitó la publicación completa del informe para transparentar la magnitud del problema y alertar sobre su evolución.

     

  • Joven española, Noelia, muere tras recibir la eutanasia después de dos años de proceso judicial

    Joven española, Noelia, muere tras recibir la eutanasia después de dos años de proceso judicial

    La joven originaria de Barcelona, España, Noelia, de 25 años y con una condición de paraplejia, murió este jueves luego de recibir la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes, según informó Abogados Cristianos.

    El procedimiento se concretó casi dos años después de que la joven solicitara la muerte asistida, en medio de un proceso judicial que incluyó la intervención de cinco instancias debido a la oposición de su padre.

    El caso avanzó luego de que una jueza de Barcelona autorizara la eutanasia en marzo de 2025, lo que derivó en una serie de recursos legales presentados por el progenitor de la joven.

    Abogados Cristianos argumentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que Noelia no contaba con la “capacidad necesaria para tomar la decisión”, basándose en antecedentes psíquicos.

    Sin embargo, el TSJC confirmó la autorización en septiembre de 2025 al concluir que las evaluaciones judiciales no respaldaban los argumentos del padre, aunque reconoció su derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo.

    Una persona protesta en la entrada del hospital Sant Camil, a 26 de marzo de 2026, en Sant Pere de Ribes, Barcelona, Cataluña (España). Lorena Sopêna / Europa Press

    Los informes recogidos en la sentencia señalaron que el Comité de Ética Asistencial determinó que la joven no tenía déficit cognitivo ni alteraciones que afectaran su capacidad de decisión, además de manifestar un sufrimiento constante y una “clara falta de sentido vital”.

    Diversos especialistas en psicología clínica, neuropsicología y psiquiatría coincidieron en que comprendía la “gravedad” de la decisión y mantenía firme su voluntad de acceder a la eutanasia.

    Las evaluaciones también concluyeron que tenía un coeficiente intelectual dentro de parámetros normales, sin trastornos del pensamiento, aunque presentaba síntomas depresivos crónicos que le generaban un sufrimiento “insoportable” derivado de su lesión medular.

    Los peritos indicaron que la solicitud fue realizada de forma “libre, sin injerencia ni influencia de su propia enfermedad mental”, respaldada además por otros seis médicos que confirmaron su capacidad para decidir.

    Noelia sostuvo su decisión desde abril de 2024, cuando pidió la eutanasia, que fue avalada en julio por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, sin que se acreditara un cambio de postura.

    En enero de este año, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del padre y confirmó la legalidad del procedimiento, decisión que posteriormente también fue ratificada por el Tribunal Constitucional, agotando las vías judiciales en España.

    Finalmente, el caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las medidas cautelares solicitadas para frenar la eutanasia.

    El pasado miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló a organizaciones no gubernamentales de “matar a las víctimas en lugar de protegerse”, retomando la historia de Noelia y aseveró que «este es el fin (objetivo) último de las organizaciones de derechos humanos”.

     

  • Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con marchas masivas

    Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con marchas masivas

    Argentina conmemorará este martes los 50 años del golpe de Estado de 1976 con movilizaciones en todo el país, encabezadas por organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.

    La principal concentración se realizará en Buenos Aires, donde se espera una amplia participación ciudadana en la histórica Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.

    En ese lugar, las Madres de Plaza de Mayo mantienen desde 1977 su reclamo por el paradero de unas 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura militar.

    Las marchas se desarrollarán bajo la consigna “memoria, verdad y justicia”, en una jornada que busca mantener vivo el rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

    Por segundo año consecutivo, los distintos sectores convocantes marcharán de forma unificada, tras casi dos décadas en las que realizaron actos por separado en esta fecha.

    Entre las actividades, se ha invitado a los asistentes a portar fotografías de personas desaparecidas junto al mensaje «que digan dónde están», como símbolo de memoria y exigencia de justicia.

    Las Abuelas de Plaza de Mayo también convocaron a llevar pañuelos blancos intervenidos con mensajes o nombres, en alusión a su lucha por encontrar a niños apropiados durante el régimen.

    Previo a la movilización, se realizará una vigilia en la Plaza de Mayo con actividades culturales, mientras que otras agrupaciones iniciarán marchas desde sitios emblemáticos vinculados a la represión.

    Al cierre de la jornada, las organizaciones leerán un documento con reclamos de justicia y críticas a las políticas actuales del Gobierno, en un contexto de debate sobre la memoria histórica en el país.

     

  • Estados Unidos y El Salvador dialogan sobre seguridad y derechos fundamentales

    Estados Unidos y El Salvador dialogan sobre seguridad y derechos fundamentales

    El Secretario de Estado Adjunto de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Riley Barnes, sostuvo el jueves un encuentro con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, para discutir temas relacionados con seguridad y derechos fundamentales.

    La Embajada de Estados Unidos informó que durante la reunión ambas partes coincidieron en la importancia de la justicia, la ley y el orden como pilares para la defensa de los derechos humanos.

    «Estados Unidos comparte la opinión de que la justicia, la ley y el orden son esenciales para la defensa de los derechos humanos», señaló la representación diplomática, que también expresó su interés en continuar la colaboración bilateral.

    Por su parte, la Cancillería salvadoreña indicó que el encuentro permitió revisar temas de interés común entre ambos países, incluyendo cooperación en seguridad y fortalecimiento de relaciones.

    “Recibimos a una comitiva liderada por el Secretario de Estado Adjunto de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Riley Barnes, con quien hicimos revisión de temas de interés en común”, informó la institución.

    Asimismo, la canciller Alexandra Hill reiteró el interés del país en consolidar los vínculos comerciales, así como la cooperación en materia de seguridad y defensa.

    Según la Cancillería, el funcionario estadounidense destacó los avances que El Salvador ha logrado en el ámbito de seguridad en los últimos años.

    Hill, por su parte, subrayó que el país cuenta con un nuevo entorno de seguridad que ha permitido recuperar la libertad de movilidad, expresión y culto para la población.

    El encuentro se da en un contexto en el que organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado la situación de derechos humanos en El Salvador bajo el régimen de excepción.

    Un informe reciente señala que durante la implementación de estas medidas se habrían registrado violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, acusaciones que han sido rechazadas por el Gobierno salvadoreño.

     

  • Presidente costarricense dice que hay que limpiar el hemisferio de comunistas tras cerrar embajada en Cuba

    Presidente costarricense dice que hay que limpiar el hemisferio de comunistas tras cerrar embajada en Cuba

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, elevó el tono político este miércoles al afirmar que “hay que limpiar el hemisferio de comunistas”, tras anunciar el cierre de la embajada de su país en Cuba.

    La declaración se da en medio de la decisión del Gobierno costarricense de degradar las relaciones diplomáticas con la isla, argumentando un deterioro sostenido de los derechos humanos.

    “Hay que limpiar el hemisferio de comunistas, así de fácil. Cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy”, expresó el mandatario.

    Chaves insistió en que Costa Rica no reconoce la legitimidad del Gobierno cubano, al que acusa de represión y de mantener condiciones de vida indignas para su población.

    “No reconocemos la legitimidad de ese Gobierno. No vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá”, agregó el presidente durante la conferencia de prensa.

    El mandatario también sostuvo que el modelo comunista “fracasó” no solo en Cuba, sino en todos los países donde ha sido implementado, y defendió que la libertad es clave para el desarrollo.

    La decisión fue tomada en conjunto con la presidenta electa, Laura Fernández, quien asumirá el cargo el próximo 8 de mayo y mantendrá la misma línea en política exterior.

    Por su parte, el canciller Arnoldo André confirmó el cierre de la embajada en La Habana y solicitó a Cuba retirar su personal diplomático en San José, manteniendo únicamente funciones consulares.

    El Gobierno costarricense justificó la medida por el aumento de la represión contra ciudadanos, activistas y opositores, así como por las restricciones a libertades fundamentales.

    El cierre de la sede diplomática marca un nuevo punto de tensión en la relación bilateral y se produce en un contexto de mayor presión internacional sobre Cuba.

     

  • Costa Rica cierra embajada en Cuba y pide retiro de diplomáticos cubanos

    Costa Rica cierra embajada en Cuba y pide retiro de diplomáticos cubanos

    El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles el cierre de su embajada en Cuba, en una decisión que marca un nuevo deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

    El canciller Arnoldo André confirmó que también solicitaron al Gobierno cubano retirar su personal diplomático en San José, dejando únicamente la representación consular.

    “Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. (…) En el marco de esta decisión, se le solicita al Gobierno de Cuba proceder de manera recíproca, al retiro de su personal diplomático acreditado en nuestro país y mantener únicamente su representación consular”, expresó André.

    El funcionario explicó que la medida responde a la preocupación por el deterioro de los derechos humanos en la isla y el incremento de actos de represión contra ciudadanos y opositores.

    “Durante los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y manifestación pacífica”, indicó.

    Además, señaló que la crisis económica y social en Cuba, marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, ha complicado el funcionamiento de la sede diplomática.

    El presidente Rodrigo Chaves respaldó la decisión y aseguró que su Gobierno no reconoce la legitimidad del sistema político cubano.

    “No reconocemos la legitimidad de ese Gobierno. No vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Suficiente es suficiente, desde 1959 el régimen se ha parasitado de otros países para medio darle a su gente. Hay que reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba, como en todos los lugares donde lo han instaurado, solo la libertad del ser humano nos puede llevar al progreso”, afirmó.

    Por su parte, el Gobierno de Cuba rechazó la medida y la calificó como una decisión “unilateral” adoptada bajo presión de Estados Unidos.

    “Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica limita sus relaciones con Cuba al ámbito consular”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, que también calificó la acción como “arbitraria”.

    La Cancillería cubana aseguró que esta decisión se suma a los intentos de Washington por aislar a la isla, aunque afirmó que los lazos históricos entre ambos pueblos se mantendrán.