Etiqueta: derechos humanos

  • Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el martes en Madrid la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que el “96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe”.

    Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, sostuvo que la medida responde al clamor ciudadano y negó afectaciones a libertades públicas.

    Ulloa aseguró que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.

    La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, inicialmente por 30 días, pero ha sido prorrogada de forma mensual. Según cifras citadas por el funcionario, 91,000 personas han sido enviadas a prisión bajo esta disposición.

    En su intervención, el vicepresidente cuestionó los llamados de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para levantar la medida. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, expresó, al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 %.

    Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen.

    “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó, destacando que 8,000 personas ya recuperaron su libertad.

    Además, justificó que “absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas” implementadas “en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal”: “No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

    Por su parte, la CIDH ha documentado 7,000 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal y limitaciones en el acceso a la justicia. Ulloa desestimó estos señalamientos, aseguró que los informes no son verificados en el terreno y afirmó que algunas denuncias buscan “recibir fondos”.

    Asimismo, respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos y negó reportes de torturas o malos tratos a migrantes deportados hacia El Salvador.

     

  • Corte Suprema y Plan Internacional firman convenio contra la violencia contra mujeres y niños

    Corte Suprema y Plan Internacional firman convenio contra la violencia contra mujeres y niños

    El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctor Henry Alexander Mejía, y la representante de país de Plan Internacional, Anabell Berenice Amaya de Aquino, firmaron el martes un convenio de cooperación enfocado en reforzar las capacidades técnicas de los servidores judiciales, especialmente en el abordaje de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

    El acuerdo contempla compromisos conjuntos orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y la implementación de procesos de formación especializada para el personal del sistema judicial. Asimismo, incluye la articulación de mecanismos para la prevención, gestión y atención de casos relacionados con violencia y vulneración de derechos.

    Entre los objetivos del convenio destaca el impulso de acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del marco normativo especializado en derechos humanos, con énfasis en la protección de sectores en condición de vulnerabilidad. Las instituciones buscan optimizar la respuesta judicial frente a este tipo de delitos y asegurar una atención integral a las víctimas.

    El esfuerzo conjunto consolida una alianza estratégica que pretende mejorar la ejecución de acciones especializadas dentro del sistema de justicia, promoviendo una actuación más eficiente y articulada entre las entidades involucradas.

     

  • Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras la Asamblea Nacional debate la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que, según el oficialismo, permitiría excarcelar a personas acusadas por delitos cometidos desde 1999, pero que organizaciones no gubernamentales consideran limitada y contradictoria.

    El Parlamento aprobó la semana pasada por unanimidad y en segunda lectura seis artículos del proyecto, pero la discusión se estancó en el séptimo, debido a desacuerdos sobre la exigencia de que los beneficiarios se pongan “a derecho”, es decir, se presenten ante las autoridades judiciales. Para activistas y ONG, esta condición obliga a reconocer hechos que muchos detenidos niegan haber cometido y desvirtúa el principio de amnistía.

    El Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que el texto, tal como está redactado, traslada a las víctimas y sus familias “la carga de explicar detenciones arbitrarias” ejecutadas por un sistema de justicia que, según denuncian, conoce el carácter político de los encarcelamientos. Las organizaciones también cuestionan las “exclusiones, riesgos e insuficiencias” del proyecto, difundido inicialmente de manera informal.

    La ley excluye de sus beneficios a personas vinculadas con “violaciones graves a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y delitos contra el patrimonio público”. Esto podría dejar fuera a militares detenidos o exiliados relacionados con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018 o con la denominada ‘Operación Gedeón’.

    Aunque el responsable de la comisión parlamentaria, el diputado Jorge Arreaza, se reunió con sectores de la sociedad civil para recoger observaciones, persisten las críticas sobre el alcance real de la normativa.

    Expertos subrayan que cualquier proceso de reconciliación debe contemplar rendición de cuentas y reformas estructurales que impidan nuevas detenciones arbitrarias. Mientras tanto, el debate continuará el martes 17 de febrero, en un clima de tensión política y con miles de familias pendientes del desenlace legislativo.

     

  • Hillary Clinton critica política migratoria de Trump en Múnich

    Hillary Clinton critica política migratoria de Trump en Múnich

    La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuestionó este sábado la política migratoria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la inmigración se ha convertido en un fenómeno “disruptivo y desestabilizador” que debe abordarse con medidas firmes pero humanas.

    Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Clinton afirmó que la inmigración “ha ido demasiado lejos” y sostuvo que el problema debe resolverse “de una forma humana, con fronteras seguras y sin torturar ni matar a gente”.

    La también excandidata presidencial del Partido Demócrata defendió las deportaciones ejecutadas durante las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama. Señaló que “durante el mandato de mi marido y de Barack Obama fueron deportadas más personas sin matar a ciudadanos estadounidenses y sin meter a niños en campos de detención que en el primer mandato de Trump y este primer año del segundo mandato de Trump”, declaraciones ofrecidas desde la capital bávara. Además, pidió abrir un “debate legítimo” sobre inmigración en Estados Unidos y otros temas de interés nacional.

    Clinton también lanzó críticas directas contra el Presidente de Estados Unidos, a quien acusó de apartarse de los principios occidentales. “Ha traicionado a Occidente. Ha traicionado los valores humanistas. Ha traicionado la Carta de la OTAN, la Carta Atlántica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, manifestó.

    La exfuncionaria reiteró que la discusión migratoria debe centrarse en garantizar seguridad fronteriza sin vulnerar derechos humanos, en contraste con lo que considera excesos en la política actual.

     

  • Edmundo González afirma que “voluntad de cambio sigue viva” en Venezuela

    Edmundo González afirma que “voluntad de cambio sigue viva” en Venezuela

    El opositor venezolano Edmundo González, candidato en las elecciones presidenciales de 2024, afirmó el viernes que la “voluntad de cambio sigue viva y organizada” en Venezuela, a pesar de las “circunstancias complejas” que atraviesa el país caribeño. González compartió su mensaje tras mantener reuniones con diplomáticos y otros líderes opositores sobre la situación institucional y la defensa del Estado de Derecho.

    González explicó que ha sostenido encuentros con representantes del cuerpo diplomático para “intercambiar perspectivas sobre la situación institucional de Venezuela y la necesidad de avanzar hacia una solución real de garantías, respecto al Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

    Añadió que estos espacios, aunque discretos, son fundamentales para fortalecer el respaldo internacional a una salida pacífica y constitucional.

    El dirigente también conversó con opositores que fueron excarcelados el 8 de febrero, como Jesús Armas, Perkins Rocha y Juan Pablo Guanipa. Sobre la liberación de Armas, González señaló que “su regreso es una buena noticia para su familia y para todos quienes creen en la justicia y la dignidad humana”.

    En otro caso, explicó que habló por teléfono con Guanipa, quien fue liberado, detenido nuevamente y puesto bajo arresto domiciliario tras la revocación de su excarcelación por supuestas violaciones a las condiciones de su salida.

    González destacó la firmeza y serenidad de los opositores incluso en condiciones restrictivas, y afirmó que su compromiso democrático es un testimonio de la resistencia contra las limitaciones políticas en el país.

    “Su firmeza y serenidad son testimonio del compromiso democrático que muchos venezolanos mantienen aun en condiciones restrictivas. Todos ellos liberados sin aprobación de leyes, seguro que alguien dio una orden”, subrayó.

    El opositor también resaltó la presencia de jóvenes en las calles con convicción intacta, y señaló que “la reconstrucción democrática exige liderazgo político coherente y conexión permanente con los ciudadanos”.

    Sus declaraciones reflejan la persistente tensión política en Venezuela mientras sectores opositores buscan una mayor apertura democrática.

     

  • Justicia de Guatemala otorga arresto domiciliario a periodista José Rubén Zamora

    Justicia de Guatemala otorga arresto domiciliario a periodista José Rubén Zamora

    La Justicia de Guatemala concedió este jueves arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, exdirector del diario elPeriódico, quien permanecía en prisión preventiva desde hace más de tres años acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la Justicia en dos procesos distintos impulsados por la Fiscalía.

    El Juzgado de Segunda Instancia Penal resolvió que Zamora abandone la cárcel militar Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, y permanezca en su domicilio mientras avanza el proceso judicial en su contra. La decisión se produce tras un prolongado periodo de detención que ha sido cuestionado por organizaciones de prensa y derechos humanos.

    José Zamora, hijo del periodista, confirmó la medida en redes sociales y afirmó que el exdirector de elPeriódico “recupera su libertad, tras más de 1.295 días de detención arbitraria”, agradeciendo además a “todas y todos por acompañarnos” durante el proceso. Diversas organizaciones celebraron la resolución judicial como un paso relevante.

    La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) y el colectivo No Nos Callarán destacaron que la decisión del juez Maximino Morales permite a Zamora “defenderse en libertad (y) restablece sus garantías fundamentales luego de (…) dilaciones injustificadas que han impedido que el caso avance”. “La libertad concedida hoy constituye un avance significativo”, señalaron, aunque denunciaron más de 30 meses de estancamiento judicial y la pérdida de parte del expediente.

    El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó la resolución como “un paso importante hacia la justicia”, pero instó a la Fiscalía a poner fin al uso del Derecho Penal contra la prensa. Zamora fue detenido en julio de 2022, pocos días después de publicar críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), en medio de denuncias de corrupción. Tras los allanamientos, el diario elPeriódico cerró operaciones alegando “persecución” contra sus periodistas.

     

  • Diputados alemanes piden liberar a Ruth López y detenidos bajo régimen de excepción

    Diputados alemanes piden liberar a Ruth López y detenidos bajo régimen de excepción

    Los diputados alemanes Gökay Akbulut y Max Lucks, miembros del Parlamento Federal, solicitaron este martes la liberación de la activista salvadoreña Ruth López, así como de otras personas que —según denunciaron— han sido detenidas injustamente bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022.

    Ambos parlamentarios llegaron hasta el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Occidental, ubicado en el departamento de Santa Ana, más de 50 kilómetros al occidente de San Salvador, donde expresaron su preocupación por lo que consideran un deterioro del Estado de derecho.

    “Vemos con lástima el desarrollo autoritario en El Salvador. Para nosotros es muy importante que la democracia funcione en el país, así como el respeto al Estado de derecho y el fin del régimen de excepción”, declaró Akbulut a medios de comunicación.

    El régimen ha permitido la detención de más de 90,000 personas, la mayoría acusadas de pertenecer a pandillas, tras una ola de violencia que dejó más de 80 muertos en marzo de 2022. El gobierno del presidente Nayib Bukele defiende la medida como clave en su política de seguridad y cuenta con el respaldo de la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, Nuevas Ideas.

    El diputado Max Lucks calificó a Ruth López como una “presa política” y denunció las condiciones en las que permanece detenida desde mayo de 2023, tras ser acusada inicialmente por peculado durante su trabajo como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el mandato del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

    Posteriormente, la Fiscalía reformuló el delito a enriquecimiento ilícito. No obstante, Lucks afirmó que López permanece incomunicada y sin acceso adecuado a su defensa, lo cual —dijo— contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

    “Ruth representa valentía y esperanza, y simboliza a muchas personas perseguidas injustamente. Querida Ruth, no estás sola, estamos a tu lado”, afirmó el legislador alemán.

    Los diputados también sostuvieron encuentros con el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), una organización que acompaña a familias de personas detenidas bajo la medida excepcional. Además, se reunirán con otras entidades defensoras de derechos humanos para documentar abusos y elevar sus denuncias a instancias internacionales.

    “Las familias viven una situación muy difícil. Les deseamos fortaleza para que continúen en esta resistencia”, expresó Akbulut, quien reiteró que nadie debería estar preso por pensar distinto o ejercer oposición política.

     

  • La ONU exige anular condena a empresario de medios de comunicación en Hong Kong por violar derechos humanos

    La ONU exige anular condena a empresario de medios de comunicación en Hong Kong por violar derechos humanos

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, solicitó este lunes la anulación inmediata de la condena de 20 años de prisión contra el empresario de medios Jimmy Lai, en el territorio chino de Hong Kong, tras considerar que el fallo judicial criminaliza la libertad de expresión y contradice los principios del derecho internacional.

    A través de un comunicado, la oficina del Alto Comisionado deploró la sentencia impuesta por cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de materiales sediciosos, tipificados bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional implementada por China en el enclave desde 2020.

    “La condena criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y de asociación”, denunció la ONU, señalando además que el proceso se basó en acciones anteriores a la entrada en vigor de la legislación, lo que, a juicio del organismo, vulnera garantías jurídicas básicas.

    El comunicado remarca que el caso de Jimmy Lai expone cómo las disposiciones vagas y amplias de la ley de seguridad pueden utilizarse en contra de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que mantiene Hong Kong. Por ello, Turk pidió que “el veredicto sea anulado de inmediato” por ser “incompatible con el derecho internacional”.

    Asimismo, el Alto Comisionado solicitó la liberación inmediata del empresario por motivos humanitarios, destacando su avanzada edad, estado de salud y los más de cuatro años que ha permanecido en prisión preventiva durante el proceso judicial.

    La ONU también alertó que otros seis ex empleados del diario Apple Daily, así como un activista y un asistente legal, fueron condenados esta semana a penas de entre seis y diez años de cárcel, bajo la misma legislación.

    “Jimmy Lai es un editor condenado a 20 años de prisión por ejercer derechos protegidos por el derecho internacional”, advirtió Turk.

    Añadió que el fallo consideró incluso la interacción con mecanismos de la ONU en Derechos Humanos como evidencia de culpabilidad, un hecho que calificó como alarmante.

    Desde la imposición de la ley de seguridad nacional en 2020, la libertad de prensa en Hong Kong se ha deteriorado gravemente, sostiene la ONU. Muchos medios independientes han cerrado, decenas de periodistas han sido detenidos y se han endurecido los requisitos de visado y acreditación para corresponsales extranjeros.

    El organismo internacional denunció que la ciudad atraviesa una tendencia represiva más amplia, con más de 175 personas condenadas y cientos más procesadas bajo la normativa, que ha servido como herramienta para reducir el espacio cívico y silenciar a la disidencia.

     

  • Expertos comparan al ICE con un grupo paramilitar por su actuación en EE. UU.

    Expertos comparan al ICE con un grupo paramilitar por su actuación en EE. UU.

    El despliegue de agentes armados, encapuchados y equipados con chalecos antibalas ha llevado a expertos en derecho internacional a comparar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos con un grupo paramilitar, por las tácticas utilizadas en redadas urbanas durante la administración del presidente Donald Trump.

    Las imágenes de agentes del ICE patrullando ciudades estadounidenses con estética militar han tensionado los límites legales de la política migratoria.

    “Campan a sus anchas por las calles. De algún modo se sienten libres para perfilar étnicamente a la gente y decir: ‘Pareces hispano, aumentan las probabilidades de que seas inmigrante ilegal’”, señaló a EFE Kenneth Manusama, experto en derecho constitucional e internacional.

    La reciente muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Good reactivó el debate sobre el uso de la fuerza y los límites legales de una agencia creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Para Manusama, ICE ahora opera con “un estilo mucho más paramilitar y una dirección política clara: deportaciones masivas; para eso necesitas una agencia masiva, y esa es ICE”.

    El académico advierte sobre el riesgo de que la forma y función del ICE lo conviertan en un brazo represivo del Estado: “El hecho de que vayan equipados como militares, patrullen las calles y pidan documentos de forma aleatoria, siendo además un brazo del Gobierno, los convierte en un grupo paramilitar, algo muy de régimen autocrático”.

    Agregó que algunos comparan su accionar con el de “la Gestapo alemana de la época nazi”, aunque aclaró que no llevan a la gente a centros de exterminio. “Quieren deportar, pero se ha concentrado claramente en personas negras y de piel oscura, eso es innegable”, afirmó.

    Manusama también criticó que un joven de 18 años pueda ingresar al ICE tras solo ocho semanas de formación: “Es una receta para el desastre”, dijo, al advertir que muchos ingresan con posturas conservadoras extremas y actitudes agresivas hacia los inmigrantes.

    Desde una perspectiva legal, el exabogado de la Corte Penal Internacional, James A. Godson, también expresó alarma por el patrón de denuncias acumuladas contra ICE.

    “Hay litigios y numerosos informes sobre todo tipo de comportamientos abusivos y presuntas violaciones de la ley que, en conjunto, sugieren que se trata de una agencia que actúa de una manera que, para muchos, se asemeja a una fuerza paramilitar”, afirmó.

    Godson identificó tres áreas críticas: el uso excesivo de la fuerza, las detenciones sin orden judicial y las condiciones inhumanas en los centros de detención, incluyendo desnudamientos sin justificación.

    También señaló preocupaciones sobre las expulsiones a terceros países sin evaluación del riesgo, lo que podría constituir “una entrega forzosa” prohibida por el derecho internacional. Ya hay quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por deportaciones a Panamá y ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU por traslados a Costa Rica.

    “No estoy sugiriendo que necesariamente se pueda presentar una demanda contra ICE ante un tribunal internacional”, aclaró Godson, pero subrayó que el derecho internacional ayuda a “entender lo que está ocurriendo”.

    Ambos expertos concluyen que la rendición de cuentas será difícil y que el terreno principal de disputa será político. Mientras tanto, la administración Trump ha calificado a los manifestantes como “terroristas domésticos” y defiende que su accionar protege la seguridad nacional.

     

  • Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Al menos 220 abogados han muerto violentamente en Honduras desde 2004 y cerca del 90 % de esos crímenes permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

    En un comunicado, Izaguirre alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula, en el norte del país. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se conducían en una motocicleta.

    Altamirano fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).

    La titular del Conadeh expresó su solidaridad con la familia de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables del crimen.

    Izaguirre recordó que Honduras cuenta desde 2015 con un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, pero advirtió que “no ha funcionado” de manera efectiva.

    “En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.

    El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones impide esclarecer las causas reales de las muertes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, pidió al Estado implementar mecanismos de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus familias.

    Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se volvió especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras por región.

    Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de diversas instituciones. La mayoría de los ataques ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales, concluyó el Conadeh.