Etiqueta: derechos humanos

  • Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Tras cumplir 100 días detenido en una cárcel migratoria de Georgia, el periodista salvadoreño Mario Guevara escribió una emotiva carta dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos, en la que reafirma su dignidad y compromiso profesional, mientras enfrenta una posible deportación a El Salvador.

    “Si me deportan, me voy con la frente en alto”, afirmó Guevara desde el centro de detención, asegurando que su única falta ha sido ejercer su labor periodística, no cometer delitos.

    En su carta escrita a mano, el periodista lamentó haber sido tratado como delincuente durante más de tres meses.

    “He sido humillado tanto por autoridades federales como locales… pero todos mis seres amados saben que todo ha sido por mi pasión al trabajo”, escribió Guevara.

    Criticó la política migratoria de EE. UU. al decir que el lema de libertad y justicia para todos es “una falacia” cuando se trata de inmigrantes.

    “Dios permita que un día no muy lejano el amor supere el odio racial que divide a esta bella nación”, añadió.

    También agradeció el apoyo de su comunidad, de los seguidores de su canal MG News, y pidió perdón a su familia por el dolor que su situación ha causado.

    El arresto: transmisión en vivo de una protesta

    Guevara fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el condado de DeKalb, Georgia. Aunque portaba un chaleco con la palabra PRESS y se identificó ante la policía diciendo “I’m a member of the media, officer”, fue detenido.

    Los fiscales desestimaron los cargos presentados —obstrucción, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública—, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mantuvo en custodia. Días después, enfrentó cargos por conducción imprudente en otro condado, que también fueron desestimados.

    Mario Guevara reside en EE. UU. desde 2004, cuando huyó de El Salvador tras ser víctima de persecución por su trabajo periodístico. Ha trabajado en medios como Mundo Hispánico y fundó el canal digital MG News. En 2012, un juez rechazó su solicitud de asilo, pero el caso quedó cerrado administrativamente.

    Este año, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió su caso y denegó su liberación bajo fianza, incluso cuando su defensa solicitó que el proceso regresara al juez original para optar a una residencia permanente, al ser padre de ciudadanos estadounidenses y tener una visa en trámite.

    “Él no tiene antecedentes criminales en 20 años y tiene buena reputación entre medios y autoridades”, explicó su abogado Giovanni Díaz. La ACLU ha presentado un habeas corpus y una moción de emergencia para frenar su expulsión, que podría ejecutarse en cualquier momento.

  • La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara pide frenar su deportación tras 100 días detenido

    La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara pide frenar su deportación tras 100 días detenido

    La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara expresó su creciente preocupación por el prolongado encarcelamiento del comunicador, quien ya cumplió más de 100 días detenido en un centro migratorio de Estados Unidos, tras su arresto el 14 de junio.

    “Nos duele el corazón cada día que pasa lejos de nosotros”, dijo su hijo, Óscar Guevara, durante una conferencia de prensa ofrecida junto a los abogados defensores, quienes advirtieron que la deportación del periodista podría ejecutarse en cualquier momento.

    Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Privacidad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que solo una orden judicial federal puede impedir su expulsión inmediata del país.

    La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió un antiguo proceso de deportación de Guevara que había sido suspendido desde 2012, tras perder un caso de asilo.

    Además, la BIA rechazó una solicitud de ajuste de estatus migratorio presentada por sus abogados, a pesar de que el periodista es padre de un ciudadano estadounidense que depende de él para recibir atención médica a largo plazo. También negó su liberación bajo fianza, lo que le impide luchar su caso en libertad.

    Críticas por sesgo político en el sistema migratorio

    Giovanni Díaz, abogado de inmigración de Guevara, expresó su sorpresa por el fallo adverso, señalando que contradice resoluciones anteriores donde se favorecía a migrantes con posibilidades reales de obtener un alivio migratorio.

    “Desafortunadamente, este caso parece resaltar otra tendencia: la BIA y los tribunales migratorios están políticamente comprometidos”, subrayó. Díaz.

    La decisión también contradice una orden previa de un juez de inmigración que había autorizado la liberación del periodista.

    Mario Guevara, quien reside en Estados Unidos desde 2004 y tiene tres hijos (dos de ellos ciudadanos estadounidenses), fue arrestado mientras cubría una protesta del movimiento “No Kings” en Georgia. Aunque se encontraba debidamente identificado como periodista del canal MG News, fue detenido por cargos menores.

    La abogada Kim calificó el arresto como una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. En respuesta, la ACLU presentó una solicitud de habeas corpus para denunciar la ilegalidad de su detención prolongada y ha pedido una moción de emergencia para frenar su deportación a El Salvador.

     

  • OEI lanza VI edición del Premio Óscar Arnulfo Romero

    OEI lanza VI edición del Premio Óscar Arnulfo Romero

    La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) anunció este lunes la apertura de la sexta edición del Premio de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, un galardón que reconoce iniciativas en defensa y promoción de los derechos fundamentales en Iberoamérica.

    El plazo de inscripción estará disponible hasta el próximo 21 de diciembre y podrán participar proyectos procedentes de 22 países de la región. El primer lugar recibirá un reconocimiento económico de $8,000, monto que podrá ser reinvertido en la iniciativa ganadora.

    Desde su creación, el premio ha contado con más de 2,000 proyectos presentados en cinco ediciones anteriores, consolidándose como uno de los reconocimientos más emblemáticos de Iberoamérica en materia de educación en derechos humanos.

    “La OEI busca consolidar la educación en derechos humanos como herramienta fundamental para una verdadera transformación social, que contribuya a construir una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada”, señaló la organización al presentar la nueva convocatoria.

    Las entidades que desarrollen proyectos en dos o más países iberoamericanos deberán elegir únicamente uno para presentar su candidatura. Con esta nueva edición, la OEI reafirma su compromiso con el legado de monseñor Óscar Arnulfo Romero, símbolo de paz y justicia social en la región.

     

     

  • Apagón total de Internet y telefonía por ofensiva israelí en Gaza

    Apagón total de Internet y telefonía por ofensiva israelí en Gaza

    La Franja de Gaza quedó incomunicada este jueves tras un apagón total de los servicios de Internet y telefonía móvil, en medio de la intensificación de los ataques por parte del Ejército de Israel, que ya ha dejado más de 65,150 muertos desde el inicio de la ofensiva militar.

    El corte total de las telecomunicaciones coincide con el avance de los carros de combate israelíes en distintas zonas del enclave palestino, especialmente después de que el miércoles se reportaran interrupciones del servicio en la ciudad de Gaza. Todo apunta a que las maniobras militares buscan el control completo de ese territorio.

    De acuerdo con reportes del Centro de Información de Palestina, miles de residentes han quedado sin posibilidad de comunicarse o saber lo que ocurre a pocos metros de sus hogares.

    “Estamos gritando en el vacío”, lamentó un ciudadano que intentaba sin éxito establecer conexión telefónica.

    Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que al menos 800,000 personas se encuentran ahora “completamente aisladas” en la ciudad de Gaza.

    El apagón coincide con la incursión de vehículos militares israelíes en barrios del noroeste de la Franja, agravando aún más la crisis humanitaria.

    Este nuevo episodio de incomunicación se suma a las ya precarias condiciones de vida de la población palestina, que enfrenta bombardeos constantes, falta de servicios básicos y desplazamientos forzados en un conflicto que no da tregua.

     

  • UNICEF denuncia que 2.2 millones de niñas tienen prohibido recibir clases en Afganistán

    UNICEF denuncia que 2.2 millones de niñas tienen prohibido recibir clases en Afganistán

    Más de 2.2 millones de niñas en Afganistán siguen sin acceso a la educación debido a las restricciones impuestas por el régimen talibán desde hace cuatro años, denunció este miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

    La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, explicó que desde que se prohibió a las adolescentes asistir a clases más allá del sexto grado, se ha profundizado una de las crisis educativas más graves del mundo, situación que se agravó tras el reciente terremoto que dejó más de 2,200 personas fallecidas.

    Russell advirtió que el número de niñas excluidas del sistema educativo podría incrementarse con el retorno de miles de afganos deportados desde países vecinos. Subrayó que las menores tienen un rol clave como futuras trabajadoras en áreas como la salud y los servicios sociales, especialmente en un contexto de segregación de género que limita la intervención de varones en tareas humanitarias.

    “Son esenciales en los esfuerzos de respuesta humanitaria, especialmente en una sociedad donde la estricta segregación de género limita la capacidad de los trabajadores hombres para atender las necesidades de mujeres y familias. Para mantener estas profesiones, y tantas otras, es imprescindible que las niñas reciban educación”, señaló Russell en el comunicado.

    La funcionaria lamentó que mientras millones de niños en el mundo regresan a clases este mes, las niñas afganas continúan privadas de ese derecho básico. “Es una de las injusticias más graves de nuestro tiempo”, recalcó.

    UNICEF alertó que la exclusión educativa también genera consecuencias emocionales y sociales como el aumento de los matrimonios forzados, problemas de salud mental y altas tasas de natalidad.

    Russell instó al régimen talibán a revertir esta medida “devastadora” y permitir que las niñas vuelvan a la escuela.

     

     

  • Unos 60 mil presos sufren trabajos forzados en cárceles cubanas, denuncia ONG

    Unos 60 mil presos sufren trabajos forzados en cárceles cubanas, denuncia ONG

    Al menos 60,000 personas privadas de libertad en Cuba, casi la mitad de su población penitenciaria estimada, son obligadas a realizar trabajos forzados sin salario o con pagos simbólicos, en condiciones consideradas “inhumanas y explotadoras”, denunció este lunes la organización Prisoners Defenders en un nuevo informe.

    El Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba, de 42 páginas, está basado en 53 entrevistas estandarizadas a exreclusos y 60 testimonios adicionales, verificados mediante fuentes documentales externas. La ONG afirma que los reos, incluidos presos comunes y políticos, laboran bajo “condiciones de esclavitud”, violando todas las normas internacionales sobre derechos laborales.

    El reporte indica que los prisioneros trabajan en promedio 63 horas semanales en la producción de carbón vegetal de marabú, la zafra de caña de azúcar, la elaboración de tabacos y la construcción. La mayoría aseguró no tener herramientas ni protección, ni acceso a descansos adecuados, lo que ha provocado daños físicos y mentales.

    Todos los entrevistados dijeron haber sido obligados a trabajar mediante amenazas, violencia física o represalias, incluso cuando padecían enfermedades crónicas o lesiones incapacitantes. La investigación también subraya que mujeres y afrodescendientes son desproporcionadamente afectados por esta práctica, y enfrentan discriminación agravada y violencia, incluida la sexual.

    Exportaciones a Europa bajo sospecha

    Una parte significativa del producto del trabajo forzado en cárceles cubanas es exportado, según la ONG. Solo en 2023, Cuba exportó $61.8 millones en carbón vegetal de marabú, lo que lo convirtió en el sexto producto más exportado por la isla y posicionó al país como el noveno mayor productor mundial de este insumo.

    España encabeza la lista de países europeos que importan el carbón cubano, seguida de Portugal, Grecia, Italia y Turquía. Parte de este producto también llega a Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Según el informe, por cada saco de 15 kilos vendido en España, un reo cubano recibe menos de un centavo de dólar, mientras que los distribuidores en Europa ganan más de $21 y el gobierno cubano cerca de $8.

    Prisoners Defenders calificó como “desmedido ánimo de lucro” las motivaciones del gobierno cubano y las empresas europeas implicadas. Además, pidió a la Unión Europea actuar con “diligencia debida” y prohibir la comercialización de productos elaborados en condiciones de esclavitud.

    El informe también denuncia que al menos un 7.5 % de los puros cubanos, incluidos los de marcas reconocidas como Cohiba, son elaborados por presos bajo coerción, y también se exportan a distintos mercados del mundo.

     

  • Velan en una universidad de Guatemala al sacerdote José María Tojeira

    Velan en una universidad de Guatemala al sacerdote José María Tojeira

    El sacerdote jesuita José María Tojeira, referente en la búsqueda de justicia por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres en El Salvador, fue velado este lunes en Ciudad de Guatemala, tres días después de su fallecimiento a los 78 años por un paro cardíaco.

    La Universidad Rafael Landívar, casa de estudios jesuita en Guatemala, acogió la velación y una misa en su honor, con la presencia de más de 200 personas, entre ellas autoridades académicas, miembros de la Compañía de Jesús y representantes diplomáticos.

    “Tenemos que rendirle el homenaje que se merece por todo el trabajo que ha realizado para Centroamérica”, expresó la embajadora de España en Guatemala, Clara Girbau Ronda, al destacar el compromiso del sacerdote con las causas sociales de la región. La diplomática lo describió como un trabajador “incansable desde finales de los años sesenta” y con un profundo amor por Centroamérica.

    Tojeira, nacido en Vigo, España, en 1947, fue naturalizado salvadoreño y tuvo un papel crucial en la denuncia internacional contra los responsables de la masacre cometida por el Ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). En aquel ataque, perpetrado por el Batallón Atlacatl, fueron asesinados cinco jesuitas españoles, un salvadoreño, su colaboradora Elba Ramos y su hija Celina.

    El sacerdote residía cerca del lugar de la masacre y fue uno de los primeros en llegar a la escena, acompañando a testigos y dando seguimiento al caso que más tarde se convertiría en una de las denuncias más emblemáticas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño.

    José María Tojeira llegó a Centroamérica en 1969 para trabajar en Honduras, y en 1985 fue enviado a El Salvador, en plena guerra civil (1980-1992). En 1988 fue nombrado provincial de los jesuitas en Centroamérica, consolidando su liderazgo como voz crítica frente a los abusos de poder en la región.

    Su legado abarca décadas de trabajo pastoral, académico y de denuncia contra la impunidad, así como su rol como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y como rector de la misma universidad.

    Según informaron fuentes jesuitas, el cuerpo del sacerdote será trasladado este martes a El Salvador, donde será velado en la parroquia que dirigía y sepultado en el campus de la UCA, junto a otros mártires de la Compañía de Jesús.

     

  • Fespad anuncia su cierre de operaciones en El Salvador por Ley de Agentes Extranjeros

    Fespad anuncia su cierre de operaciones en El Salvador por Ley de Agentes Extranjeros

    La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció este viernes el cierre de sus operaciones en El Salvador debido a la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.

    «Hoy, la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil en una encrucijada ineludible: seguir funcionando con personalidad jurídica bajo un marco jurídico restrictivo para el ejercicio del derecho de asociación o bien buscar alternativas que le permitan conservar su identidad y propósitos», señaló Fespad.

    La organización, que nació en 1988 con el objetivo de prestar servicios profesionales de derecho a personas vulnerables, aseveró que con esta nueva LAEX se genera inseguridad jurídica porque establece un régimen ambiguo y discrecional para aplicar prohibiciones a personas naturales o jurídicas, y que vuelve «insostenible financieramente» cualquier institución por el pago del impuesto del 30% de las donaciones.

    En tercer lugar, señala que impide cumplir libremente con la finalidad y misión institucional que cada organización se plantee en favor de los derechos humanos y que la normativa «constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos».

    «Ante esa realidad, como Fespad hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal», anunció la fundación.

    Agregó que «pretender seguir operando» bajo las reglas que establece la Ley de Agentes Extranjeros «implicaría abandonar» la finalidad de «correcta aplicación del derecho» y de «contribuir al desarrollo de una convivencia social, justa y democrática».

    La Ley de Agentes Extranjeros inició su vigencia el 7 de junio de 2025. A partir de esa fecha, establece un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Obliga a estos «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX; y cobrarles, además, un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros que reciba, además que restringe expresamente su participación en actividades consideradas “políticas”.

    La Ley de Agentes Extranjeros es vista por organizaciones locales e internacionales como una amenaza a las libertades fundamentales y la democracia en El Salvador, y es visto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como una forma de «proteger la cooperación».

  • Exdiputada española de Vox destaca el "milagro" en seguridad de Bukele en El Salvador

    Exdiputada española de Vox destaca el «milagro» en seguridad de Bukele en El Salvador

    La exdiputada española de Vox, Macarena Olona, destacó este miércoles en un foro de derechos humanos en San Salvador los avances en seguridad durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele, calificándolos como un “milagro” y criticando a quienes señalan violaciones de derechos humanos o hablan de dictadura en el país.

    Olona, quien participó como presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana, afirmó que “en El Salvador se ha producido un auténtico milagro a través del modelo Bukele de seguridad”, al que describió como “el plan más efectivo del mundo”.

    La dirigente española cuestionó la visión de los críticos: “Los medios de desinformación nos trasladan una imagen de represión de derechos y libertades. Afirman que bajo el régimen de excepción el pueblo salvadoreño no puede vivir en libertad”.

    También arremetió contra quienes califican al país como dictadura: “Supongo que son los mismos que hablaban de democracia cuando más de 100 salvadoreños eran asesinados cada día”.

    El Salvador vive bajo régimen de excepción desde marzo de 2022, medida que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 6,400 denuncias de abusos y al menos 400 muertes bajo custodia estatal, según organizaciones humanitarias. El Gobierno ha reconocido la detención de 8,000 inocentes entre los más de 88,000 arrestos realizados.

    Pese a las críticas, las cifras oficiales destacan una drástica caída en homicidios. En 2024 se registraron 114 asesinatos, un 26 % menos que en 2023, lo que equivale a una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. La reducción de muertes violentas se ha intensificado desde 2019, con la llegada de Bukele, tras el pico de violencia en 2015 con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.

    Según datos oficiales, entre 2019 y 2024 se reportaron 5,688 homicidios y 2,548 desapariciones. En contraste, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén (2015-2018) hubo 19,244 homicidios y 6,917 desaparecidos.

  • Burkina Faso criminaliza la homosexualidad y se suma a lista de 65 países con leyes anti-LGBTI

    Burkina Faso criminaliza la homosexualidad y se suma a lista de 65 países con leyes anti-LGBTI

    Burkina Faso se convirtió en el último país en penalizar la homosexualidad, con una ley que castiga cualquier práctica entre personas del mismo sexo con penas de dos a cinco años de cárcel y multas. Con esta medida, la nación de África occidental se suma a los 65 Estados miembros de la ONU que criminalizan la homosexualidad, según la organización Human Dignity Trust.

    La normativa se enmarca en el auge del discurso anti-LGBTI en el continente africano. En 2024, Mali tipificó la homosexualidad como delito y criminalizó a las personas transgénero, mientras que Ghana aprobó una ley que condena con cárcel a quienes se identifiquen como homosexuales. Uganda, por su parte, promulgó en 2023 una de las legislaciones más duras del mundo, que contempla la pena de muerte en casos agravados.

    Otros países africanos como Mauritania, Nigeria y Somalia también aplican la pena capital contra personas homosexuales, al igual que Arabia Saudí, Irán y Yemen en Asia. Afganistán y Pakistán mantienen esta posibilidad en su legislación.

    En Asia, Malasia conserva una ley colonial británica que castiga la sodomía con hasta 20 años de prisión, mientras que en Indonesia la homosexualidad es legal, excepto en la provincia de Aceh, donde rige la sharía, aunque organizaciones como Human Rights Watch advierten de un clima “cada vez más hostil” hacia la comunidad gay.

    En el Caribe, naciones como Granada, Guyana, Jamaica y San Vicente y las Granadinas mantienen leyes de sodomía heredadas de la época colonial.

    En Europa, Hungría ha sido señalada como el país más restrictivo tras prohibir reuniones que promuevan la homosexualidad o el cambio de sexo, lo que generó fuertes críticas de la Unión Europea.

    En América también se reportan retrocesos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas como la eliminación del reconocimiento legal de personas no binarias, la retirada de pasaportes con género “X”, la prohibición de mujeres trans en deportes femeninos y la exclusión de personas trans de las Fuerzas Armadas. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha sido criticado por desmantelar instituciones clave en la defensa de derechos de género y por declaraciones que vinculan la homosexualidad con la pedofilia.

    Con estos retrocesos, organismos internacionales y activistas denuncian que la comunidad LGBTI enfrenta un panorama cada vez más hostil en diversas regiones del mundo, pese a los avances en otros países hacia la igualdad y la protección de derechos.