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Etiqueta: derechos humanos

  • María Corina Machado no asistirá a ceremonia del Nobel de la Paz, pero llegará a Oslo, confirma el Instituto Nobel

    María Corina Machado no asistirá a ceremonia del Nobel de la Paz, pero llegará a Oslo, confirma el Instituto Nobel

    La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, no podrá asistir este miércoles a la ceremonia oficial en el Ayuntamiento de Oslo, aunque el Instituto Nobel confirmó que sí llegará a la ciudad, en medio de lo que describen como un “viaje en una situación de peligro extremo”.

    A través de un comunicado, el Instituto Nobel explicó: “La laureada ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy… Aunque no podrá llegar a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

    Debido a su ausencia, será su hija Ana Corina Sosa quien reciba el Nobel de la Paz y lea el discurso de aceptación en nombre de la líder política venezolana. La entrega del premio está programada para las 13:00, hora local (6 am en Centroamérica).

    El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó a la cadena NRK que Machado “no estará en el escenario” durante la ceremonia. La líder opositora permanece en paradero desconocido dentro de Venezuela, donde enfrenta una fuerte represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.

    Sin precedentes, pero no única

    No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no puede asistir a recoger el premio. En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, fue homenajeado con una silla vacía y su discurso fue leído por la actriz Liv Ullmann. Casos similares ocurrieron en 2022 y 2023, con los premios al activista bielorruso Ales Bialiatski y la iraní Narges Mohammadi, quienes estuvieron representados por familiares.

    De concretarse su llegada a Noruega, será la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.

    En Oslo se encuentran ya varias figuras de la oposición venezolana, entre ellas el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España.

    Además, atendiendo a una invitación de Machado, los presidentes de Panamá (José Raúl Mulino), Argentina (Javier Milei), Paraguay (Santiago Peña) y Ecuador (Daniel Noboa) están presentes en Noruega para la ceremonia. Tras el evento, los cuatro mandatarios serán recibidos por el rey Harald V y posteriormente sostendrán reuniones individuales con el primer ministro Jonas Gahr Støre.

     

  • Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

    Un migrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en Texas

    Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.

    El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre.

    Según ICE, la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del hospital la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones.

    La agencia aseguró que Gaspar-Andres recibió atención médica «constante y de alta calidad» desde que se detectó el deterioro de su salud.

    Gaspar-Andres había sido detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación planificada por la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), el brazo de ICE encargado de la detención y deportación de migrantes.

    Según aseguran las autoridades migratorias, había cruzado la frontera desde México de manera irregular. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome South, en Miami, y poco después fue hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.

    El 19 de septiembre, ICE lo transfirió a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios.

    Registros médicos incluidos en el informe indican que recibió atención en diversas ocasiones por reflujo, alergias, dolor de cabeza y otros malestares.

    El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Fue intubado 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, de acuerdo con DHS.

    Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales llevan años documentando condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en centros de detención de inmigración donde estuvo el guatemalteco, incluidos Krome y el mega‑campamento de ICE en Fort Bliss conocido como Camp East Montana.

    Los testimonios e informes apuntan a un patrón recurrente: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o sucios, acceso muy limitado a duchas, alimentación deficiente, iluminación constante y uso extendido del aislamiento, junto con demoras graves o negativas en la atención médica y de salud mental, en algunos casos vinculadas a hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.

    Bajo el Gobierno de Donald Trump, múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo alguno.

    En el año fiscal 2025 han muerto al menos entre 20 y 22 personas bajo custodia de ICE, lo que lo convierte en el año más letal en dos décadas, solo superado por 2004 según datos oficiales.

  • Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó este martes su preocupación por la extensión de seis meses adicionales en la etapa de instrucción judicial contra la abogada salvadoreña Ruth López, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo pasado.

    “Recibo noticias muy preocupantes sobre la ampliación de 6 meses de la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador”, publicó Lawlor en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la abogada en septiembre. “Debe ser liberada”, subrayó la relatora.

    López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele, está encarcelada desde el 18 de mayo. Según su familia y organizaciones no gubernamentales, ha cumplido 200 días en total incomunicación. Inicialmente fue detenida por el cargo de peculado, vinculado a su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, al momento de presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República modificó el cargo a enriquecimiento ilícito.

    El proceso judicial fue declarado en reserva total, por lo que no se conocen detalles adicionales sobre la investigación en su contra.

    La organización humanitaria Cristosal, para la que laboraba la abogada, denunció que el Estado salvadoreño no ha cumplido la resolución de la CIDH que exige proteger la integridad de López. Además, cuestionó la decisión judicial de extender el plazo de la etapa de investigación, cuyo vencimiento original era el pasado 4 de diciembre.

     

     

  • EE.UU. acusa a dictadura de Ortega de violar derechos humanos y laborales de los nicaragüenses

    EE.UU. acusa a dictadura de Ortega de violar derechos humanos y laborales de los nicaragüenses

    Estados Unidos señaló este martes que el régimen nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y laborales, incluyendo confiscaciones arbitrarias de propiedades y la negación de entrada a ciudadanos a su propio país.

    En un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Managua, se advierte sobre “patrones preocupantes” en Nicaragua que afectan a la población, especialmente en áreas como el Estado de derecho, derechos laborales y libertades fundamentales.

    Según la delegación diplomática, la investigación estadounidense reveló testimonios y evidencias directas sobre violaciones, como el uso del sistema judicial como herramienta de represión. La embajada compartió estos testimonios en sus redes sociales, los cuales señalan que el régimen ha desmantelado instituciones democráticas y afectado la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.

    La Casa Blanca evalúa actualmente duplicar al 100 % los aranceles a Nicaragua, además de considerar su expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), alegando que las políticas del régimen obstaculizan el comercio por sus prácticas “irrazonables” en derechos laborales y humanos.

    Uno de los testimonios recabados afirmó que en Nicaragua “los inversionistas enfrentan confiscaciones porque los tribunales se usan como armas de opresión” y que los impuestos funcionan como mecanismos de “extorsión”. Otro denunció que “está totalmente a la discreción —a voluntad del régimen de Ortega— quién puede operar y quién no”.

    Un tercer testimonio evidencia la represión: “Imaginate que un día salís de tu casa, dejás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre, y te vas de viaje por cinco días y luego no podés volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno”.

    Estas declaraciones fueron publicadas dos semanas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, “ha sido tomada por narcoterroristas”.

    En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Ortega como parte de una “dinastía familiar” que busca eliminar la iglesia católica y cualquier amenaza contra su poder. “Se ha convertido en una copresidencia donde han intentado erradicar todo lo religioso”, afirmó entonces Rubio.

     

  • María Corina Machado intenta llegar a Oslo para recibir Nobel de la Paz, dice su hermana

    María Corina Machado intenta llegar a Oslo para recibir Nobel de la Paz, dice su hermana

    La opositora venezolana María Corina Machado está haciendo gestiones para llegar a Oslo, Noruega, donde este miércoles será entregado el Premio Nobel de la Paz. Así lo aseguró su hermana, Clara Machado Parisca, en una entrevista brindada a la emisora colombiana Blu Radio desde la capital noruega.

    Clara Machado, quien ya se encuentra en Oslo junto a su madre Corina Parisca y la hija de la líder opositora, Ana Corina Sosa, manifestó que mantienen la esperanza de que María Corina llegue a tiempo a la ceremonia.

    “Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, declaró, sin confirmar si ya abandonó Venezuela.

    La líder tenía programada una conferencia de prensa este domingo en el Instituto Nobel a la 1 pm, hora local, como parte de las actividades previas a la entrega del galardón. Sin embargo, el evento fue aplazado por razones no especificadas. El Instituto Nobel anunció que dará a conocer una nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

    El pasado sábado, el Instituto Nobel confirmó a la agencia EFE que María Corina Machado había asegurado en una llamada telefónica que viajaría a Noruega para asistir personalmente a la ceremonia de premiación. No obstante, hasta la fecha no se ha confirmado su paradero.

    “Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr”, expresó Clara Machado, al reiterar la esperanza de que su hermana pueda recibir el premio en persona, acompañada por sus seres queridos.

    Sobre una posible intervención diplomática o acción internacional para facilitar la salida de la opositora del país sudamericano, la hermana se limitó a decir: “No tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo”.

     

  • EE.UU. señala al “régimen criminal” de Maduro tras la muerte del exgobernador opositor

    EE.UU. señala al “régimen criminal” de Maduro tras la muerte del exgobernador opositor

    El Gobierno de Estados Unidos condenó el domingo la muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz, considerado preso político por la oposición, y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por lo que calificó como “otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal”.

    La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló en un mensaje en la red social X que Díaz murió detenido arbitrariamente en el centro de reclusión de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde fue víctima de tortura, según denuncias de opositores y organizaciones de derechos humanos.

    “La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, afirmó el mensaje oficial.

    Escalada de tensión

    La declaración ocurre en un momento de alta tensión entre ambos países, luego de que Washington desplegara fuerzas militares cerca de Venezuela, en el mar Caribe, con el argumento de reforzar su lucha contra el narcotráfico. Caracas ha denunciado la acción como una “amenaza” e intento de intervención para provocar un cambio de gobierno.

    El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela aseguró que Díaz falleció producto de un infarto, versión que también fue difundida por organizaciones no gubernamentales.

    Sin embargo, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia desmintieron esta versión, señalando que se trata de un caso más dentro de un “patrón sostenido de represión estatal”.

    “La integridad y vida de Alfredo Díaz eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado. Su muerte no fue común”, denunciaron los dirigentes de la principal coalición opositora.

    Desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, que dieron la polémica reelección a Nicolás Maduro, ya son siete los presos políticos muertos en prisión, según datos de la oposición.

    Un activista incómodo

    Alfredo Díaz, dirigente del partido Acción Democrática, fue detenido en noviembre de 2024, poco después de cuestionar públicamente los resultados de los comicios y criticar la crisis eléctrica en el estado de Nueva Esparta, donde había sido gobernador. El Gobierno acusó entonces a sectores opositores de provocar sabotajes.

    Además de su cargo como exgobernador, Díaz fue concejal y alcalde, y una figura reconocida dentro del movimiento opositor.

     

  • Interpol anula alerta roja contra dos defensores salvadoreños señalados en caso “La Floresta”

    Interpol anula alerta roja contra dos defensores salvadoreños señalados en caso “La Floresta”

    La organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) aseguró el sábado que la Interpol eliminó la alerta roja emitida contra los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes enfrentan un proceso judicial en el país y solicitaron asilo en España alegando persecución política.

    Según Unidehc, la notificación fue anulada a finales de noviembre tras gestiones realizadas por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y el Colegio de la Abogacía Española.

    “Esto es una victoria nacional e internacional frente a la mentira y la manipulación de un Gobierno, que con fines políticos persigue a críticos y defensores de derechos humanos”, señaló la organización en un comunicado.

    Ambos abogados están vinculados al caso conocido como «La Floresta», en el cual son acusados por la comercialización irregular de lotificaciones en San Juan Opico, La Libertad. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado los citó para una audiencia especial de medidas cautelares realizada este martes, aunque fueron declarados ausentes.

    Ivania Cruz y Rudy Joya enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de terrenos, mientras que a otros dos implicados se les atribuyen los delitos de usurpación y limitación de circulación, además de agrupaciones ilícitas.

    La abogada Cruz denunció en mayo pasado que la Fiscalía está criminalizando a Unidehc por su labor de defensa comunitaria y se declaró «perseguida política».

    También rechazó las acusaciones del Ministerio Público, que señala que la organización no está debidamente registrada, con el objetivo, según Cruz, de obstaculizar su trabajo en defensa de los derechos humanos.

    La ONU también se pronunció sobre este caso. A principios de noviembre, expertos y relatores especiales criticaron el uso de alertas rojas por parte de Interpol, sin justificación pública, lo que consideraron como una forma de “represión transnacional” contra defensores de derechos humanos que buscan refugio fuera del país.

    El activista Fidel Zavala también fue vinculado al caso. De acuerdo con la acusación, Zavala habría recibido instrucciones de Joya para realizar mediciones de terrenos con fines de venta ilegal. La Fiscalía le atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.

    Interpol emitió la alerta roja en julio de 2025, dos meses después de que el tribunal salvadoreño iniciara los trámites correspondientes.

     

  • María Corina Machado confirma su asistencia a ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega

    María Corina Machado confirma su asistencia a ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega

    La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, confirmó su presencia en la ceremonia de entrega que se realizará el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega, según informó este sábado el Instituto Nobel noruego.

    Erik Aasheim, portavoz del Instituto, declaró a la agencia EFE que Machado “dijo que estará en Oslo” durante una conversación que mantuvieron la noche anterior. Sin embargo, por motivos de seguridad, no se han revelado detalles sobre su viaje ni el momento de su llegada, ya que Machado permanece en la clandestinidad en Venezuela.

    Además del reconocimiento internacional, Machado contará con el respaldo presencial de varios líderes latinoamericanos. El Gobierno de Paraguay anunció que su presidente, Santiago Peña, viajará a Noruega para acompañarla, al igual que los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa. También se espera la asistencia de Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano exiliado en España, quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

     

    El Comité Nobel noruego anunció el pasado 10 de octubre que Machado fue reconocida por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

    Pese a las amenazas del régimen venezolano, Machado confirmó nuevamente su intención de asistir al evento.

    El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, advirtió en declaraciones a la televisión pública NRK que el viaje representa “un riesgo considerable” debido a que el Gobierno de Nicolás Maduro “quiere quitársela de en medio”. Añadió que espera que la líder opositora logre llegar con seguridad a Noruega y, eventualmente, regresar a su país.

    En una entrevista publicada en octubre por el diario noruego Dagens Næringsliv, Machado declaró: “No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, y agregó que solo podría viajar si Venezuela fuera “libre”, algo imposible mientras Maduro se mantenga en el poder.

     

  • Corte Suprema de EE.UU. evaluará legalidad de orden de Trump que limita ciudadanía por nacimiento

    Corte Suprema de EE.UU. evaluará legalidad de orden de Trump que limita ciudadanía por nacimiento

    La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que aceptará a trámite y escuchará los argumentos en torno a la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de personas indocumentadas o con visas temporales.

    La decisión del máximo tribunal reabre el debate sobre la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía automática a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

    En junio pasado, con una mayoría conservadora (6-3), la Corte Suprema respaldó al mandatario al levantar bloqueos impuestos por jueces de tribunales federales en Maryland, Washington y Massachusetts. Estas cortes habían argumentado que el Ejecutivo carece de autoridad para modificar preceptos constitucionales a través de una orden presidencial.

    El fallo, sin embargo, no resolvió la constitucionalidad del decreto, sino que se centró en la legalidad de los fallos de alcance nacional emitidos por tribunales inferiores.

    Trump firmó la orden ejecutiva el mismo día de su investidura, el pasado 20 de enero, cumpliendo con una de sus más polémicas promesas de campaña. Su regreso a la Casa Blanca ha estado acompañado de un endurecimiento en las políticas migratorias.

    El expresidente argumenta que la Enmienda 14 fue creada originalmente para proteger a los hijos de esclavos tras la Guerra Civil, y no debería aplicarse a “turistas de nacimiento”, como denomina a personas que viajan a EE.UU. para que sus hijos nazcan en suelo estadounidense.

    Organizaciones de derechos humanos, juristas y detractores de la medida han advertido que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser modificado sin una enmienda formal.

    De acuerdo con un estudio del Migration Policy Institute, alrededor de 255,000 bebés nacidos anualmente podrían quedar excluidos de la ciudadanía si la orden ejecutiva se aplica.

    El caso será uno de los más observados en el próximo período judicial, ya que podría sentar un precedente históricosobre el alcance del poder presidencial frente a derechos constitucionales fundamentales.

     

  • AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    El Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda, por cuenta propia, a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos y darles protección frente a riesgos, amenazas y ataques que sufren al cumplir esa labor, dijo este jueves la organización Amnistía Internacional (AI).

    Además, indicó que reconocer el derecho de búsqueda por cuenta propia «no exime al Estado mexicano de su obligación de buscar a las personas desaparecidas».

    En un comunicado, AI dijo que esta postura fue manifestada por la organización en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno mexicano, llevadas a cabo esta semana con la participación de familias de personas desaparecidas, colectivas, personas académicas y organizaciones de la sociedad civil.

    «Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que reconozca el derecho de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México a realizar labores de búsqueda por cuenta propia. Esto sin disminuir la obligación que tiene el Estado de efectuar dicho trabajo», apuntó la ONG.

    Explicó que en las jornadas se discutieron modificaciones al protocolo de actuación homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y al protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

    La ONG apuntó que estas modificaciones son un «proceso necesario ante la crisis de desapariciones que vive el país, que asciende a 133.552 personas desaparecidas y las omisiones en que incurre el Estado mexicano para encontrarlas».

    En el encuentro, la jefa de investigación de AI, sección mexicana, Norma González Benítez, advirtió que ante las omisiones en que incurre el Estado mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas, «son las familias quienes, desesperadas por la inacción de las autoridades, realizan dicha labor sin el acompañamiento o involucramiento de éstas».

    AI considera que existe un derecho a buscar a las personas desaparecidas, y existen dos escenarios para realizarlas, cuando las personas participan en las búsquedas desarrolladas por autoridades y cuando las personas realizan las búsquedas por cuenta propia.

    «Este último escenario no exime al Estado de brindarles protección frente a los riesgos, amenazas y ataques que sufren en el camino», señaló y agregó que al buscar a una persona desaparecida, los familiares de ésta ejercen su derecho a la verdad y a la protección judicial.

    Y dijo que la combinación del ejercicio de los derechos a la verdad, a buscar y recibir información y a la protección judicial «se manifiesta de manera única en los casos de búsqueda de personas desaparecidas».

    «La combinación de esos tres derechos constituye en si misma el derecho a buscar, que a la vez implica el derecho a defender derechos humanos. Los Estados están obligados a respetar, garantizar y proteger ambos derechos», finalizó la ONG.

    México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, -y de ellas, más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

    Amnistía Internacional advirtió en un reciente informe que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres que luchan por encontrar a sus seres queridos, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado.