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Etiqueta: derechos humanos

  • EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    Estados Unidos anunció este 26 de febrero sanciones contra cinco altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, a quienes señala de incitar a la “inestabilidad regional” mediante la consolidación del poder de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como por mantener abusos sistemáticos contra la población.

    El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que “desde 2018, la dictadura de Murillo-Ortega ha reprimido violentamente protestas pacíficas, ha detenido injustamente, torturado y matado a opositores políticos”. Además, sostuvo que el régimen nicaragüense ha perseguido al clero católico y ha optado por “silenciar” y “desterrar” a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.

    Los sancionados son el director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el general retirado Denis Membreño Rivas y el comisionado policial Aldo Martín Sáenz Ulloa; la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez;  la subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) Celia Margarita Reyes Ochoa y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército, general Leonel José Gutiérrez López.

    Según Washington, la reforma a la Constitución impulsada por el oficialismo permitió asegurar que las instituciones castiguen a adversarios políticos y habiliten la supervisión y control de los sistemas de telecomunicaciones. La Administración estadounidense considera que estas medidas fortalecen el aparato de vigilancia y el control sobre la disidencia.

    “La dictadura ha cometido abusos laborales sistémicos y utiliza las estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que se perciba como una amenaza a su control del poder. Las personas sancionadas lideran agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión”, agregó Pigott.

    El funcionario reiteró que la Administración Trump “utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas” disponibles para enfrentar a quienes, a su juicio, amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio. Asimismo, insistió en el llamado a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos en Nicaragua.

    Con estas sanciones, Washington eleva la presión sobre Managua en medio de crecientes tensiones diplomáticas y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

     

  • 213 presos inician huelga en cárcel venezolana por el incumplimiento de la amnistía

    213 presos inician huelga en cárcel venezolana por el incumplimiento de la amnistía

    Más de 200 presos políticos venezolanos y extranjeros recluidos en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, iniciaron este domingo una huelga de hambre para exigir atención médica adecuada y el cumplimiento de las excarcelaciones contempladas en la Ley de Amnistía recientemente aprobada, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

    “A esta hora, 2.00 de la tarde (hora local) de este 22 de febrero, familiares de presos políticos reportan que 213 personas privadas de libertad se mantienen en huelga de hambre en El Rodeo I. Denuncian la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus Derechos Humanos”, comunicó la organización a través de sus redes sociales.

    El CLIPPVE señaló que, pese a la aprobación de la amnistía, más de 500 presos políticos quedarían excluidos de la medida, ya que la ley no contempla beneficios para condenados por delitos de corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional o lesiones gravísimas. Los familiares convocaron además a la sociedad civil a acompañarlos y anunciaron una concentración en el auditorio de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación.

    La huelga coincide con el inicio del proceso de excarcelaciones supervisado por la Cruz Roja Venezolana, invitada por el Gobierno para ofrecer atención médica y evaluación primaria a las personas liberadas en todo el país. La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que las autoridades han recibido más de 1,500 solicitudes de amnistía y que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley”. No obstante, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himio, indicó que hasta este domingo se han confirmado 32 liberaciones y que desde el viernes suman más de 40 casos verificados.

     

  • Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía dirigida a presos políticos condenados por hechos vinculados a episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. La normativa excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país suramericano.

    La legislación deja fuera de la amnistía los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los contemplados en la ley contra la corrupción. Asimismo, excluye a personas procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, con apoyo de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

    Los diputados acordaron conceder el beneficio por hechos o “faltas cometidas” en distintos momentos de tensión política, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 e inicios de 2003, así como las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024. Para supervisar la aplicación de la ley, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados, entre oficialistas y opositores, que desarrollará mecanismos para asegurar su cumplimiento y podrá contar con asesoría de expertos.

    En el artículo 7, que generó diferencias y llevó a posponer el debate la semana pasada, se establece que los beneficiarios deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía. Aquellos que se encuentren fuera del país podrán realizar el trámite a través de un representante legal. Por su parte, el artículo 11 dispone que el tribunal competente verificará en cada caso el cumplimiento de las condiciones y podrá decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que “no excederá de 15 días continuos”.

    La ley también aclara que las personas favorecidas que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas conforme a la legislación ordinaria.

    La iniciativa se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal reporta 644 presos políticos en el país, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el martes en Madrid la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que el “96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe”.

    Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, sostuvo que la medida responde al clamor ciudadano y negó afectaciones a libertades públicas.

    Ulloa aseguró que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.

    La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, inicialmente por 30 días, pero ha sido prorrogada de forma mensual. Según cifras citadas por el funcionario, 91,000 personas han sido enviadas a prisión bajo esta disposición.

    En su intervención, el vicepresidente cuestionó los llamados de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para levantar la medida. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, expresó, al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 %.

    Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen.

    “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó, destacando que 8,000 personas ya recuperaron su libertad.

    Además, justificó que “absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas” implementadas “en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal”: “No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

    Por su parte, la CIDH ha documentado 7,000 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal y limitaciones en el acceso a la justicia. Ulloa desestimó estos señalamientos, aseguró que los informes no son verificados en el terreno y afirmó que algunas denuncias buscan “recibir fondos”.

    Asimismo, respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos y negó reportes de torturas o malos tratos a migrantes deportados hacia El Salvador.

     

  • Corte Suprema y Plan Internacional firman convenio contra la violencia contra mujeres y niños

    Corte Suprema y Plan Internacional firman convenio contra la violencia contra mujeres y niños

    El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctor Henry Alexander Mejía, y la representante de país de Plan Internacional, Anabell Berenice Amaya de Aquino, firmaron el martes un convenio de cooperación enfocado en reforzar las capacidades técnicas de los servidores judiciales, especialmente en el abordaje de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

    El acuerdo contempla compromisos conjuntos orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y la implementación de procesos de formación especializada para el personal del sistema judicial. Asimismo, incluye la articulación de mecanismos para la prevención, gestión y atención de casos relacionados con violencia y vulneración de derechos.

    Entre los objetivos del convenio destaca el impulso de acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del marco normativo especializado en derechos humanos, con énfasis en la protección de sectores en condición de vulnerabilidad. Las instituciones buscan optimizar la respuesta judicial frente a este tipo de delitos y asegurar una atención integral a las víctimas.

    El esfuerzo conjunto consolida una alianza estratégica que pretende mejorar la ejecución de acciones especializadas dentro del sistema de justicia, promoviendo una actuación más eficiente y articulada entre las entidades involucradas.

     

  • Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras la Asamblea Nacional debate la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que, según el oficialismo, permitiría excarcelar a personas acusadas por delitos cometidos desde 1999, pero que organizaciones no gubernamentales consideran limitada y contradictoria.

    El Parlamento aprobó la semana pasada por unanimidad y en segunda lectura seis artículos del proyecto, pero la discusión se estancó en el séptimo, debido a desacuerdos sobre la exigencia de que los beneficiarios se pongan “a derecho”, es decir, se presenten ante las autoridades judiciales. Para activistas y ONG, esta condición obliga a reconocer hechos que muchos detenidos niegan haber cometido y desvirtúa el principio de amnistía.

    El Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que el texto, tal como está redactado, traslada a las víctimas y sus familias “la carga de explicar detenciones arbitrarias” ejecutadas por un sistema de justicia que, según denuncian, conoce el carácter político de los encarcelamientos. Las organizaciones también cuestionan las “exclusiones, riesgos e insuficiencias” del proyecto, difundido inicialmente de manera informal.

    La ley excluye de sus beneficios a personas vinculadas con “violaciones graves a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y delitos contra el patrimonio público”. Esto podría dejar fuera a militares detenidos o exiliados relacionados con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018 o con la denominada ‘Operación Gedeón’.

    Aunque el responsable de la comisión parlamentaria, el diputado Jorge Arreaza, se reunió con sectores de la sociedad civil para recoger observaciones, persisten las críticas sobre el alcance real de la normativa.

    Expertos subrayan que cualquier proceso de reconciliación debe contemplar rendición de cuentas y reformas estructurales que impidan nuevas detenciones arbitrarias. Mientras tanto, el debate continuará el martes 17 de febrero, en un clima de tensión política y con miles de familias pendientes del desenlace legislativo.

     

  • Hillary Clinton critica política migratoria de Trump en Múnich

    Hillary Clinton critica política migratoria de Trump en Múnich

    La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuestionó este sábado la política migratoria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la inmigración se ha convertido en un fenómeno “disruptivo y desestabilizador” que debe abordarse con medidas firmes pero humanas.

    Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Clinton afirmó que la inmigración “ha ido demasiado lejos” y sostuvo que el problema debe resolverse “de una forma humana, con fronteras seguras y sin torturar ni matar a gente”.

    La también excandidata presidencial del Partido Demócrata defendió las deportaciones ejecutadas durante las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama. Señaló que “durante el mandato de mi marido y de Barack Obama fueron deportadas más personas sin matar a ciudadanos estadounidenses y sin meter a niños en campos de detención que en el primer mandato de Trump y este primer año del segundo mandato de Trump”, declaraciones ofrecidas desde la capital bávara. Además, pidió abrir un “debate legítimo” sobre inmigración en Estados Unidos y otros temas de interés nacional.

    Clinton también lanzó críticas directas contra el Presidente de Estados Unidos, a quien acusó de apartarse de los principios occidentales. “Ha traicionado a Occidente. Ha traicionado los valores humanistas. Ha traicionado la Carta de la OTAN, la Carta Atlántica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, manifestó.

    La exfuncionaria reiteró que la discusión migratoria debe centrarse en garantizar seguridad fronteriza sin vulnerar derechos humanos, en contraste con lo que considera excesos en la política actual.

     

  • Edmundo González afirma que “voluntad de cambio sigue viva” en Venezuela

    Edmundo González afirma que “voluntad de cambio sigue viva” en Venezuela

    El opositor venezolano Edmundo González, candidato en las elecciones presidenciales de 2024, afirmó el viernes que la “voluntad de cambio sigue viva y organizada” en Venezuela, a pesar de las “circunstancias complejas” que atraviesa el país caribeño. González compartió su mensaje tras mantener reuniones con diplomáticos y otros líderes opositores sobre la situación institucional y la defensa del Estado de Derecho.

    González explicó que ha sostenido encuentros con representantes del cuerpo diplomático para “intercambiar perspectivas sobre la situación institucional de Venezuela y la necesidad de avanzar hacia una solución real de garantías, respecto al Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

    Añadió que estos espacios, aunque discretos, son fundamentales para fortalecer el respaldo internacional a una salida pacífica y constitucional.

    El dirigente también conversó con opositores que fueron excarcelados el 8 de febrero, como Jesús Armas, Perkins Rocha y Juan Pablo Guanipa. Sobre la liberación de Armas, González señaló que “su regreso es una buena noticia para su familia y para todos quienes creen en la justicia y la dignidad humana”.

    En otro caso, explicó que habló por teléfono con Guanipa, quien fue liberado, detenido nuevamente y puesto bajo arresto domiciliario tras la revocación de su excarcelación por supuestas violaciones a las condiciones de su salida.

    González destacó la firmeza y serenidad de los opositores incluso en condiciones restrictivas, y afirmó que su compromiso democrático es un testimonio de la resistencia contra las limitaciones políticas en el país.

    “Su firmeza y serenidad son testimonio del compromiso democrático que muchos venezolanos mantienen aun en condiciones restrictivas. Todos ellos liberados sin aprobación de leyes, seguro que alguien dio una orden”, subrayó.

    El opositor también resaltó la presencia de jóvenes en las calles con convicción intacta, y señaló que “la reconstrucción democrática exige liderazgo político coherente y conexión permanente con los ciudadanos”.

    Sus declaraciones reflejan la persistente tensión política en Venezuela mientras sectores opositores buscan una mayor apertura democrática.

     

  • Justicia de Guatemala otorga arresto domiciliario a periodista José Rubén Zamora

    Justicia de Guatemala otorga arresto domiciliario a periodista José Rubén Zamora

    La Justicia de Guatemala concedió este jueves arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, exdirector del diario elPeriódico, quien permanecía en prisión preventiva desde hace más de tres años acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la Justicia en dos procesos distintos impulsados por la Fiscalía.

    El Juzgado de Segunda Instancia Penal resolvió que Zamora abandone la cárcel militar Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, y permanezca en su domicilio mientras avanza el proceso judicial en su contra. La decisión se produce tras un prolongado periodo de detención que ha sido cuestionado por organizaciones de prensa y derechos humanos.

    José Zamora, hijo del periodista, confirmó la medida en redes sociales y afirmó que el exdirector de elPeriódico “recupera su libertad, tras más de 1.295 días de detención arbitraria”, agradeciendo además a “todas y todos por acompañarnos” durante el proceso. Diversas organizaciones celebraron la resolución judicial como un paso relevante.

    La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) y el colectivo No Nos Callarán destacaron que la decisión del juez Maximino Morales permite a Zamora “defenderse en libertad (y) restablece sus garantías fundamentales luego de (…) dilaciones injustificadas que han impedido que el caso avance”. “La libertad concedida hoy constituye un avance significativo”, señalaron, aunque denunciaron más de 30 meses de estancamiento judicial y la pérdida de parte del expediente.

    El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó la resolución como “un paso importante hacia la justicia”, pero instó a la Fiscalía a poner fin al uso del Derecho Penal contra la prensa. Zamora fue detenido en julio de 2022, pocos días después de publicar críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), en medio de denuncias de corrupción. Tras los allanamientos, el diario elPeriódico cerró operaciones alegando “persecución” contra sus periodistas.

     

  • Diputados alemanes piden liberar a Ruth López y detenidos bajo régimen de excepción

    Diputados alemanes piden liberar a Ruth López y detenidos bajo régimen de excepción

    Los diputados alemanes Gökay Akbulut y Max Lucks, miembros del Parlamento Federal, solicitaron este martes la liberación de la activista salvadoreña Ruth López, así como de otras personas que —según denunciaron— han sido detenidas injustamente bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022.

    Ambos parlamentarios llegaron hasta el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Occidental, ubicado en el departamento de Santa Ana, más de 50 kilómetros al occidente de San Salvador, donde expresaron su preocupación por lo que consideran un deterioro del Estado de derecho.

    “Vemos con lástima el desarrollo autoritario en El Salvador. Para nosotros es muy importante que la democracia funcione en el país, así como el respeto al Estado de derecho y el fin del régimen de excepción”, declaró Akbulut a medios de comunicación.

    El régimen ha permitido la detención de más de 90,000 personas, la mayoría acusadas de pertenecer a pandillas, tras una ola de violencia que dejó más de 80 muertos en marzo de 2022. El gobierno del presidente Nayib Bukele defiende la medida como clave en su política de seguridad y cuenta con el respaldo de la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, Nuevas Ideas.

    El diputado Max Lucks calificó a Ruth López como una “presa política” y denunció las condiciones en las que permanece detenida desde mayo de 2023, tras ser acusada inicialmente por peculado durante su trabajo como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el mandato del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

    Posteriormente, la Fiscalía reformuló el delito a enriquecimiento ilícito. No obstante, Lucks afirmó que López permanece incomunicada y sin acceso adecuado a su defensa, lo cual —dijo— contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

    “Ruth representa valentía y esperanza, y simboliza a muchas personas perseguidas injustamente. Querida Ruth, no estás sola, estamos a tu lado”, afirmó el legislador alemán.

    Los diputados también sostuvieron encuentros con el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), una organización que acompaña a familias de personas detenidas bajo la medida excepcional. Además, se reunirán con otras entidades defensoras de derechos humanos para documentar abusos y elevar sus denuncias a instancias internacionales.

    “Las familias viven una situación muy difícil. Les deseamos fortaleza para que continúen en esta resistencia”, expresó Akbulut, quien reiteró que nadie debería estar preso por pensar distinto o ejercer oposición política.