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Etiqueta: derechos humanos

  • La ONU exige anular condena a empresario de medios de comunicación en Hong Kong por violar derechos humanos

    La ONU exige anular condena a empresario de medios de comunicación en Hong Kong por violar derechos humanos

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, solicitó este lunes la anulación inmediata de la condena de 20 años de prisión contra el empresario de medios Jimmy Lai, en el territorio chino de Hong Kong, tras considerar que el fallo judicial criminaliza la libertad de expresión y contradice los principios del derecho internacional.

    A través de un comunicado, la oficina del Alto Comisionado deploró la sentencia impuesta por cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de materiales sediciosos, tipificados bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional implementada por China en el enclave desde 2020.

    “La condena criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y de asociación”, denunció la ONU, señalando además que el proceso se basó en acciones anteriores a la entrada en vigor de la legislación, lo que, a juicio del organismo, vulnera garantías jurídicas básicas.

    El comunicado remarca que el caso de Jimmy Lai expone cómo las disposiciones vagas y amplias de la ley de seguridad pueden utilizarse en contra de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que mantiene Hong Kong. Por ello, Turk pidió que “el veredicto sea anulado de inmediato” por ser “incompatible con el derecho internacional”.

    Asimismo, el Alto Comisionado solicitó la liberación inmediata del empresario por motivos humanitarios, destacando su avanzada edad, estado de salud y los más de cuatro años que ha permanecido en prisión preventiva durante el proceso judicial.

    La ONU también alertó que otros seis ex empleados del diario Apple Daily, así como un activista y un asistente legal, fueron condenados esta semana a penas de entre seis y diez años de cárcel, bajo la misma legislación.

    “Jimmy Lai es un editor condenado a 20 años de prisión por ejercer derechos protegidos por el derecho internacional”, advirtió Turk.

    Añadió que el fallo consideró incluso la interacción con mecanismos de la ONU en Derechos Humanos como evidencia de culpabilidad, un hecho que calificó como alarmante.

    Desde la imposición de la ley de seguridad nacional en 2020, la libertad de prensa en Hong Kong se ha deteriorado gravemente, sostiene la ONU. Muchos medios independientes han cerrado, decenas de periodistas han sido detenidos y se han endurecido los requisitos de visado y acreditación para corresponsales extranjeros.

    El organismo internacional denunció que la ciudad atraviesa una tendencia represiva más amplia, con más de 175 personas condenadas y cientos más procesadas bajo la normativa, que ha servido como herramienta para reducir el espacio cívico y silenciar a la disidencia.

     

  • Expertos comparan al ICE con un grupo paramilitar por su actuación en EE. UU.

    Expertos comparan al ICE con un grupo paramilitar por su actuación en EE. UU.

    El despliegue de agentes armados, encapuchados y equipados con chalecos antibalas ha llevado a expertos en derecho internacional a comparar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos con un grupo paramilitar, por las tácticas utilizadas en redadas urbanas durante la administración del presidente Donald Trump.

    Las imágenes de agentes del ICE patrullando ciudades estadounidenses con estética militar han tensionado los límites legales de la política migratoria.

    “Campan a sus anchas por las calles. De algún modo se sienten libres para perfilar étnicamente a la gente y decir: ‘Pareces hispano, aumentan las probabilidades de que seas inmigrante ilegal’”, señaló a EFE Kenneth Manusama, experto en derecho constitucional e internacional.

    La reciente muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Good reactivó el debate sobre el uso de la fuerza y los límites legales de una agencia creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Para Manusama, ICE ahora opera con “un estilo mucho más paramilitar y una dirección política clara: deportaciones masivas; para eso necesitas una agencia masiva, y esa es ICE”.

    El académico advierte sobre el riesgo de que la forma y función del ICE lo conviertan en un brazo represivo del Estado: “El hecho de que vayan equipados como militares, patrullen las calles y pidan documentos de forma aleatoria, siendo además un brazo del Gobierno, los convierte en un grupo paramilitar, algo muy de régimen autocrático”.

    Agregó que algunos comparan su accionar con el de “la Gestapo alemana de la época nazi”, aunque aclaró que no llevan a la gente a centros de exterminio. “Quieren deportar, pero se ha concentrado claramente en personas negras y de piel oscura, eso es innegable”, afirmó.

    Manusama también criticó que un joven de 18 años pueda ingresar al ICE tras solo ocho semanas de formación: “Es una receta para el desastre”, dijo, al advertir que muchos ingresan con posturas conservadoras extremas y actitudes agresivas hacia los inmigrantes.

    Desde una perspectiva legal, el exabogado de la Corte Penal Internacional, James A. Godson, también expresó alarma por el patrón de denuncias acumuladas contra ICE.

    “Hay litigios y numerosos informes sobre todo tipo de comportamientos abusivos y presuntas violaciones de la ley que, en conjunto, sugieren que se trata de una agencia que actúa de una manera que, para muchos, se asemeja a una fuerza paramilitar”, afirmó.

    Godson identificó tres áreas críticas: el uso excesivo de la fuerza, las detenciones sin orden judicial y las condiciones inhumanas en los centros de detención, incluyendo desnudamientos sin justificación.

    También señaló preocupaciones sobre las expulsiones a terceros países sin evaluación del riesgo, lo que podría constituir “una entrega forzosa” prohibida por el derecho internacional. Ya hay quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por deportaciones a Panamá y ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU por traslados a Costa Rica.

    “No estoy sugiriendo que necesariamente se pueda presentar una demanda contra ICE ante un tribunal internacional”, aclaró Godson, pero subrayó que el derecho internacional ayuda a “entender lo que está ocurriendo”.

    Ambos expertos concluyen que la rendición de cuentas será difícil y que el terreno principal de disputa será político. Mientras tanto, la administración Trump ha calificado a los manifestantes como “terroristas domésticos” y defiende que su accionar protege la seguridad nacional.

     

  • Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Al menos 220 abogados han muerto violentamente en Honduras desde 2004 y cerca del 90 % de esos crímenes permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

    En un comunicado, Izaguirre alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula, en el norte del país. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se conducían en una motocicleta.

    Altamirano fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).

    La titular del Conadeh expresó su solidaridad con la familia de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables del crimen.

    Izaguirre recordó que Honduras cuenta desde 2015 con un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, pero advirtió que “no ha funcionado” de manera efectiva.

    “En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.

    El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones impide esclarecer las causas reales de las muertes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, pidió al Estado implementar mecanismos de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus familias.

    Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se volvió especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras por región.

    Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de diversas instituciones. La mayoría de los ataques ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales, concluyó el Conadeh.

     

  • El régimen iraní condena a siete años y medio de prisión a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    El régimen iraní condena a siete años y medio de prisión a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    Un tribunal revolucionario en Irán ha condenado a siete años y medio de prisión a la activista y Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, por supuestos delitos de “conspiración” y “propaganda contra el sistema”, según informó este domingo su abogado, Mostafa Nili.

    La sentencia incluye seis años de cárcel por colusión y reunión ilícita, y un año y medio adicional por actividades propagandísticas. Como pena complementaria, se le impuso una prohibición de dos años para salir del país, añadió Nili en una publicación en la red social X.

    Comunicada por primera vez en dos meses

    Según su defensor, Mohammadi logró comunicarse este domingo tras 59 días sin contacto. En esa llamada, le informó que había sido llevada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad, donde fue juzgada y sentenciada el sábado.

    La activista también indicó que fue trasladada recientemente a un hospital debido a su delicado estado de salud, aunque la llamada telefónica se cortó cuando comenzó a describir las condiciones de su arresto.

    El abogado afirmó que, conforme a la legislación iraní, tras la sentencia la activista debe ser trasladada a una prisión formal, pero solicitó su liberación bajo fianza por motivos de salud.

    Décima sentencia en su contra

    Mohammadi fue arrestada violentamente en diciembre de 2025, durante una ceremonia fúnebre en Mashad, junto a otros activistas. En ese momento, se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024 debido a problemas médicos.

    La activista acumula un historial de trece arrestos y nueve condenas previas. Desde su última reclusión en 2021, ha continuado su labor desde prisión, denunciando violaciones a los derechos humanos, especialmente en temas como la pena de muerte y las restricciones contra las mujeres que no usan el velo islámico.

    Nobel de la Paz 2023

    El Comité Nobel noruego le otorgó el Premio Nobel de la Paz 2023 “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su defensa de los derechos humanos y la libertad para todos”.

    Mohammadi lleva más de una década sin ver a sus dos hijos, luego de que las autoridades iraníes le negaran la emisión de pasaporte y prohibieran de forma permanente su salida del país, según denunció en noviembre pasado.

     

  • HRW alerta impacto de Trump en derechos humanos en Latinoamérica

    HRW alerta impacto de Trump en derechos humanos en Latinoamérica

    La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deteriorado las condiciones de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. En su Informe Mundial 2026, HRW señaló que diversos gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos, o han usado las políticas estadounidenses como excusa para endurecer medidas represivas.

    Durante el primer año del nuevo mandato del presidente estadounidense, HRW observó cómo varios países de la región violaron derechos de personas extranjeras bajo presión directa de Washington. Otros Estados profundizaron estrategias de seguridad basadas en la militarización, detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza, según el informe.

    “El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. No obstante, recalcó que “los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington”.

    HRW denunció que Estados Unidos redujo significativamente los fondos de cooperación dirigidos a organizaciones de derechos humanos y medios independientes. Paralelamente, países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que habilitan el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios, debilitando el sistema democrático y los contrapesos institucionales.

    La organización también cuestionó la “doble vara” de la política exterior de Washington, que condena las violaciones en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ignora graves abusos cometidos por aliados como El Salvador, Perú y Ecuador. El informe incluyó críticas al ataque militar de EE.UU. contra Venezuela a inicios de 2026, el cual, advirtió HRW, podría fortalecer al régimen de Nicolás Maduro y responder a intereses políticos y comerciales de Estados Unidos.

    En materia de seguridad regional, HRW urgió a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 120 personas fallecidas y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.

    El informe también documentó graves abusos contra migrantes deportados desde Estados Unidos. Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países, mientras que El Salvador sometió a venezolanos repatriados a desapariciones forzadas, torturas y arrestos arbitrarios. En tanto, la República Dominicana intensificó deportaciones de haitianos a zonas de alto riesgo, en aparente violación del derecho internacional.

    HRW alertó sobre el avance del crimen organizado como una de las principales amenazas a los derechos humanos. En Haití, por ejemplo, grupos criminales dominan el 90 % de Puerto Príncipe. En naciones como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de atribuciones de inteligencia y restricciones a derechos fundamentales.

    En México, el informe destaca la combinación entre refuerzo de capacidades de inteligencia y medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas; y en Colombia, durante la ejecución de la estrategia de “paz total”, los grupos armados expandieron su control territorial.

    Pese a este entorno adverso, HRW resaltó el papel esencial que cumplen periodistas y organizaciones de derechos humanos en la defensa de la democracia. No obstante, advirtió que su labor se ve amenazada por entornos cada vez más hostiles. La organización hizo un llamado a los gobiernos a garantizar su trabajo y cesar su criminalización o restricción.

  • Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    El periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022, exigió su libertad durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva bajo lo que calificó como un proceso lleno de irregularidades.

    “Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora, al denunciar que ha sido víctima de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” en el que la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.

    Durante la diligencia, su defensa aseguró que se han vulnerado derechos constitucionales al revocarse medidas sustitutivas con base en “premisas falsas”, entre ellas la supuesta escucha de audios por parte del Ministerio Público en audiencias en las que nunca estuvo presente. Su abogado, Francisco Vivar, acusó a las autoridades de manipular el proceso para mantenerlo detenido.

    Zamora también denunció condiciones inhumanas en la base militar Mariscal Zavala, donde guarda prisión. Afirmó que se le restringen visitas familiares sin previo aviso, se bloquea el ingreso de medicamentos y se aplican tratos “sádicos” a los internos, bajo órdenes arbitrarias del comandante de la base.

    El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta nuevas acusaciones, como una denuncia por discriminación interpuesta por la fiscal general, Consuelo Porras. El periodista sostuvo que su derecho a criticar a los funcionarios debe prevalecer y calificó la actitud de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, subrayó.

    La detención de Zamora ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —por supuesto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como “fabricados y espurios”. Su arresto ocurrió cinco días después de que su medio publicara señalamientos de corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.

     

  • Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

    Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

    «Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», señaló Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

    «Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

    La líder chavista pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

    Rodríguez indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

    Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

    El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

    A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

    Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

    La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.

    En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

    En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.

  • EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    El Gobierno de Estados Unidos inició el proceso para comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes, según confirmó este viernes la agencia Bloomberg.

    Las instalaciones, algunas de las cuales servían como almacenes para comercio en línea, serán transformadas en centros de detención gigantes. El de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 migrantes.

    El Gobierno no ha confirmado de manera oficial estos planes, pero en noviembre de este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó un contrato de casi 30 millones de dólares a una empresa con sede en Kansas para el diseño de «centros de procesamiento y megacentros de detención».

    A su vez, funcionarios municipales en Virginia y Texas confirmaron a medios locales la existencia de los planes del Gobierno en sus jurisdicciones.

    Los planes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir estos nuevos centros llegaron en medio de fuertes protestas en Mineápolis en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en las comunidades.

    De acuerdo con una lista publicada por Bloomberg, además del centro en Hutchins, el Gobierno planea abrir otros tres más en Texas: uno en El Paso, con 8.500 camas, otro a las afueras de San Antonio, con 1.500 camas y otro en McAllen, con capacidad para 500 migrantes.

    El DHS también tiene planes para combatir bodegas en cárceles en Georgia, Misisipi, Utah, Pensilvania, Misouri, Maryland, Arizona, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana , Oklahoma, Minesota, Michigan e Indiana.

    Para cumplir su promesa de llevar a cabo la «mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos», Trump se ha apresurado a abrir más cárceles para migrantes en todo el país, incluidos centros señalados por denuncias de abusos a los derechos humanos, como Alligator Alcatraz, en Florida, o Camp East Montana, en El Paso (Texas), que actualmente cuenta con la mayor capacidad de cualquier centro de detención del país, con unos 5.000 internos.

    En abril del año pasado el director encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró querer que el proceso de deportaciones en el país funcionara como «Amazon (empresa multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico) para seres humanos».

    Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

    El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

    Todos los muertos que se han reportado este año han sido en Camp East Montana: uno de ellos por suicidio, otro tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

    En diciembre, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch, envió una carta exigiendo a ICE la clausura de Camp East Montana, citando denuncias de condiciones «inhumanas», agresiones físicas y abusos sexuales contra las personas detenidas allí.

  • La Unión Europea califica de injusta la expulsión del embajador español en Nicaragua

    La Unión Europea califica de injusta la expulsión del embajador español en Nicaragua

    La Unión Europea condenó la expulsión del embajador español en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, al considerarla una acción “unilateral, injustificada e inaceptable” por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y urgió al país centroamericano a revertir la decisión.

    Un portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, citado por Europa Press, declaró este martes que la medida tomada por Managua “solo conducirá a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua”. Además, reafirmó el respaldo del bloque europeo hacia España y a favor del diálogo diplomático como vía para resolver cualquier diferendo bilateral.

    “La diplomacia y el diálogo deben continuar”, insistió el vocero comunitario, quien agregó que la Unión Europea mantiene su compromiso con el pueblo nicaragüense, la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

    La expulsión del embajador Farré Salvá se produjo el pasado fin de semana, apenas dos meses después de haber asumido oficialmente su cargo en Managua. Junto a él también fue expulsado el titular de la segunda jefatura de la misión española. El Gobierno de Nicaragua no ofreció ninguna explicación pública sobre los motivos de la medida.

    España respondió de forma recíproca

    Como respuesta, el Gobierno español expulsó el domingo al embajador nicaragüense en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, y a otro diplomático acreditado en la misma sede, alegando “estricta reciprocidad”, según comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

    El canciller español, José Manuel Albares, explicó que su embajador actuó siempre en estricto cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

    “Esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta”, expresó Albares ante los medios.

    Aunque lamentó la situación, el ministro subrayó que España mantiene su voluntad de tener buenas relaciones con el “pueblo hermano de Nicaragua” y reiteró su deseo de que el país centroamericano pueda avanzar en bienestar y estabilidad.

     

  • La Unión Europea acuerda declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

    La Unión Europea acuerda declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

    La Unión Europea alcanzó este jueves un acuerdo político para designar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista, una decisión que marca un giro en su postura hacia el régimen de Teherán.

    “La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de tomar la medida decisiva de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista”, anunció la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, a través de sus redes sociales.

    La decisión se tomó de forma unánime durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), celebrado en Bruselas, y representa un paso simbólicamente importante, aunque aún restan detalles legales por definir antes de que la medida entre en vigor, según informaron fuentes diplomáticas europeas.

    La medida surge tras la presión de varios Estados miembros y en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la represión de protestas en Irán. Kallas había declarado previamente que esperaba que esta decisión enviara un mensaje claro a Teherán: “Si reprimes al pueblo, tiene un precio y serás sancionado por ello”.

    Hasta el día anterior, algunos países como Francia y España mostraban reservas, por temor a una ruptura total de las relaciones diplomáticas con Irán y posibles consecuencias para ciudadanos europeos en territorio iraní. Sin embargo, el cambio de postura de estas dos naciones facilitó el consenso alcanzado este jueves.

    “La decisión correcta”

    La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró el anuncio con firmeza.

    “Europa se pone de pie para ser tomada en cuenta. Designar a la opresiva Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní como una organización terrorista es la decisión correcta, que incluso hace unas semanas muchos decían que era imposible”, escribió Metsola, quien ha mantenido una postura crítica frente al régimen iraní y prohibió la entrada de diplomáticos iraníes al Parlamento Europeo.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también aplaudió el acuerdo, junto al nuevo paquete de sanciones adoptado contra Irán.

    “Ya era hora. ‘Terrorista’ es de hecho como se llama a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo. Europa apoya al pueblo de Irán en su valiente lucha por la libertad”, expresó von der Leyen en sus redes.

    Con esta decisión, la Unión Europea endurece su postura frente a Irán en un contexto de creciente tensión diplomática y de represión interna en el país asiático, donde las autoridades han respondido con violencia a los movimientos de protesta.