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  • Fusades identifica 44 normas que regulan las nuevas tecnologías en El Salvador

    Fusades identifica 44 normas que regulan las nuevas tecnologías en El Salvador

    El Salvador cuenta con al menos 44 normas jurídicas vigentes y dos políticas públicas que regulan el ecosistema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los activos digitales, la ciberseguridad y la digitalización del Estado, según un estudio elaborado por Fusades que analiza la evolución del marco legal salvadoreño hasta mayo de 2026.

    El documento, titulado Derecho de nuevas tecnologías en El Salvador: una radiografía normativa, sostiene que el país ha acelerado la creación de leyes e instituciones con el propósito de consolidarse como un centro tecnológico regional, apoyándose en la transformación digital de los servicios públicos, la atracción de inversiones y la reciente Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026.

    Sin embargo, el informe advierte que ese crecimiento regulatorio también ha generado un problema de dispersión normativa. Según Fusades, las leyes, reglamentos y políticas públicas se encuentran distribuidos en distintos portales institucionales y, en muchos casos, publicados en formatos que dificultan su consulta por ciudadanos, inversionistas e incluso por sistemas de inteligencia artificial.

    Para enfrentar ese reto, la investigación recopila y organiza la legislación salvadoreña relacionada con las nuevas tecnologías en cuatro grandes ecosistemas: fomento tecnológico e innovación; FinTech y Web3; derechos y cumplimiento digital; y gobierno electrónico, justicia y modernización del Estado. El objetivo es ofrecer una herramienta de consulta que facilite la comprensión del marco regulatorio nacional.

    Entre los principales hallazgos, el estudio destaca que la Agenda Digital Nacional 2020-2030 establece las bases para la transformación tecnológica del país mediante el desarrollo de la identidad digital, la modernización de la administración pública, el fortalecimiento de la conectividad y la creación de marcos legales en materia de ciberseguridad y protección de datos personales.

    La investigación también resalta que El Salvador ha construido uno de los marcos regulatorios más amplios de la región para los activos digitales. El ecosistema incorpora la Ley Bitcoin, la Ley de Emisión de Activos Digitales y diversas regulaciones para proveedores de servicios, emisiones de activos y prevención del lavado de dinero. Además, cita que la firma Coincub ubica al país en el primer lugar mundial en regulación e innovación de activos digitales.

    En materia de inteligencia artificial, Fusades señala que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026, la Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Ley de Tecnologías Robóticas establecen un marco legal para promover la innovación mediante entornos de prueba regulados y la supervisión de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). El informe añade que la adopción de inteligencia artificial generativa alcanzó el 16.2 % en el segundo semestre de 2025.

    El estudio también analiza el estado de la infraestructura digital del país. Con base en datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que el 93.4 % de los hogares dispone de al menos un teléfono móvil, el 79.8 % de la población utiliza internet y el 92 % de las escuelas públicas cuentan con conexión de banda ancha. No obstante, advierte que persisten diferencias entre zonas urbanas y rurales y desafíos en materia de gobernanza digital.

    En cuanto a la inclusión financiera, Fusades señala que, pese a los avances en digitalización, únicamente el 28 % de la población mantiene una cuenta en una institución financiera tradicional, mientras que el uso efectivo de pagos digitales continúa siendo uno de los principales retos para ampliar la economía digital.

    El informe también destaca avances en la digitalización de los servicios públicos. Entre ellos menciona plataformas como Simple.sv, la Identidad Digital, eDigital del Ministerio de Economía, los servicios electrónicos del Ministerio de Hacienda y los sistemas digitales del Centro Nacional de Registros, iniciativas que buscan reducir tiempos de atención y modernizar la gestión pública.

    Como parte de sus conclusiones, Fusades sostiene que el derecho de las nuevas tecnologías dejó de ser una disciplina especializada para convertirse en un componente transversal del ordenamiento jurídico, al regular ámbitos como la protección de datos, el comercio electrónico, la identidad digital, la firma electrónica y la inteligencia artificial. También considera necesario fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el acceso al conjunto de normas que regulan este ecosistema.

    La investigación fue elaborada por el Departamento de Estudios Legales de Fusades y recopila la normativa emitida entre 2015 y el 16 de mayo de 2026. El documento busca servir como referencia para ciudadanos, empresas, inversionistas, académicos y operadores jurídicos interesados en comprender la evolución del marco regulatorio salvadoreño sobre nuevas tecnologías y transformación digital.

     

  • Santo Domingo pone a prueba millonaria inversión para acoger por tercera vez los JCC

    Santo Domingo pone a prueba millonaria inversión para acoger por tercera vez los JCC

    República Dominicana abre sus brazos este viernes a la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) tras una inversión de más de 9.000 millones de pesos que equivalen a unos 154,2 millones de dólares, según informaron el Gobierno y el Comité Organizador.

    Los recursos se han destinado fundamentalmente para la construcción y remozamiento de decenas de instalaciones, así como en la preparación de los deportistas que representarán al país.

    Los ‘Juegos del Centenario’, un certamen cuya historia comenzó con la edición de México 1926, se extenderán hasta el 8 de agosto y reunirán a 6.200 competidores en 40 deportes y 53 disciplinas.

    Primero acogió en Santo Domingo la edición de 1974, un auténtico divisor de aguas para el deporte dominicano, y 1986 en Santiago de los Caballeros.

    El Gobierno y el Comité Organizador han defendido la celebración del evento polideportivo con el objetivo adicional de dejar un legado para el deporte.

    Solo la reconstrucción y adecuación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez requirió una inversión directa de 65,7 millones de pesos (unos 1,18 millones de dólares ), así como otros 34 millones de pesos (unos 570.000 dólares) en la pista de calentamiento contigua.

    Los anfitriones conforman una delegación de 720 deportistas, a los que se suman otros 400 oficiales. Como es habitual el país sede de los Juegos tiene que participar en todas las modalidades.

    El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó recientemente que «el país ha cumplido» con el compromiso asumido de entregar escenarios deportivos modernos y en óptimas condiciones.

    «Creo que vamos a tener unos juegos de primer nivel en infraestructura y organización. Serán unos de los juegos mejor organizados y contarán con una de las infraestructuras en mejor estado de cualquier edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe», expresó.

    El gobernante destacó que se crearán voluntariados que respaldarán el trabajo del Ministerio de Deportes para el mantenimiento en «óptimas condiciones» de las edificaciones, una vez concluyan las competiciones.

    Abinader solicitó en 2021 a Centro Caribe Sports la sede de los juegos, tras cabildeos en ese sentido de varios dirigentes olímpicos dominicanos.

    Ningún otro país presentó entonces candidatura para servir de sede. La versión XIV de los juegos fue declinada por Panamá y Puerto Rico, alegando razones económicas. Finalmente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ‘salvó’ la situación acogiendo el evento en 2023.

    Paz en la región

    Para el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Patricio Monegro, estos serán «recordados por siempre».

    Ante delegados de Centro Caribe Sports, que preside el dominicano Luis Mejía Oviedo, Monegro refirió que «mientras en algunas partes del mundo se encuentran en conflicto bélico y geopolítico, en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe estamos en juegos deportivos, uniendo lazos de amistad y hermandad para una convivencia pacífica».

    Resaltó que uno de los principales aspectos que presentan los Juegos de Santo Domingo es que tendrán instalaciones de la más alta calidad y estándares internacionales, como la pista de atletismo del Estadio Félix Sánchez que, aseguró, es idéntica a la utilizada en las competiciones de ese deporte en París 2024.

    «Pasaremos a la historia con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en un pueblo que los acogerá con todo su corazón», puntualizó.

    A veinticuatro horas  del comienzo de los Juegos, hay una prueba de fuego pendiente para las instalaciones, que deben ser aprobadas por los deportistas y los jefes de misión.

    Se desconoce el impacto económico y turístico que generarán los Juegos, aunque sus organizadores hablan de que el país será visitado por «miles» de personas.

  • Tribunal condena a tres sudamericanos por traficar cocaína valorada en $33 millones

    Tribunal condena a tres sudamericanos por traficar cocaína valorada en $33 millones

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a los ecuatorianos Rubén Darío Acevedi e Hipólito Perlaza Moreno, así como al colombiano Nolberto Valencia Arroyo, tras declararlos culpables del delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.

    La sentencia fue emitida luego de que el tribunal valorara las pruebas presentadas durante el proceso judicial, las cuales establecieron la participación de los tres extranjeros en el transporte de un cargamento de cocaína valorado en $33 millones.

    Los ahora condenados fueron detenidos el 11 de julio de 2025 durante un patrullaje preventivo realizado por la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas de la costa salvadoreña.

    Las autoridades interceptaron la embarcación en la que viajaban los imputados y localizaron 1,326 kilogramos de una sustancia que, tras los análisis periciales, dio resultado positivo a cocaína.

    La droga incautada fue valorada en aproximadamente $33 millones, según las estimaciones de las autoridades, evitando que el cargamento continuara su ruta hacia mercados internacionales.

    Durante el procedimiento también fueron decomisados una embarcación de bajo perfil (LPV), una antena para servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos dispositivos GPS y un rastreador satelital, equipos que presuntamente eran utilizados para facilitar el transporte de la droga y mantener comunicación durante la travesía.

     

  • El 3% de los visitantes que llegan a El Salvador lo hacen por turismo médico, según Corsatur

    El 3% de los visitantes que llegan a El Salvador lo hacen por turismo médico, según Corsatur

    El turismo médico continúa ganando espacio dentro de la oferta turística de El Salvador. De acuerdo con datos de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cerca del 3 % de los visitantes que recibe el país viajan con el objetivo de someterse a tratamientos médicos especializados, principalmente procedentes de Estados Unidos y Canadá.

    La directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, explicó que esta modalidad combina la atención médica con la experiencia turística, lo que permite a los pacientes recibir un tratamiento mientras permanecen temporalmente en el país.

    “El turismo médico es el resultado de la combinación de que tú haces turismo porque vas a dormir a un lugar donde no vivís y, aparte de eso, vas a realizarte algún tratamiento”, explicó la funcionaria.

    Durán destacó que entre los servicios con mayor demanda por parte de los visitantes internacionales figuran la odontología, la cirugía plástica y estética, la cirugía bariátrica, la oftalmología y otros procedimientos médicos especializados, áreas en las que El Salvador ha fortalecido su oferta en los últimos años.

    Durante la actividad Impulsando el Turismo Médico, organizada por ProSalud Medical Center, la directora de Corsatur afirmó que el país busca consolidarse como un referente regional en esta industria mediante la integración de servicios de salud de alta calidad con la oferta turística nacional.

    “Hoy, El Salvador no solo abre sus puertas como un destino vibrante de cultura, naturaleza y hospitalidad, sino que se posiciona con firmeza como un centro de excelencia en turismo médico y de bienestar en la región. El turismo de salud no es únicamente la combinación de medicina y viajes; es, ante todo, una promesa de confianza y tranquilidad”, expresó Durán.

    El encuentro reunió a representantes del sector salud, turismo y empresarial con el propósito de fortalecer alianzas que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo del turismo médico y atraer a un mayor número de pacientes internacionales.

     

  • EEUU impone un arancel adicional del 10 % a El Salvador y otros 60 países

    EEUU impone un arancel adicional del 10 % a El Salvador y otros 60 países

    El Salvador se encuentra entre los países que enfrentarán un arancel adicional del 10 % para exportar productos hacia Estados Unidos, como parte de las nuevas medidas comerciales anunciadas este jueves por la administración del presidente Donald Trump.

    La decisión fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), dirigida por Jamieson Greer, tras concluir una investigación iniciada en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual evaluó las políticas de 60 economías relacionadas con la prohibición de importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

    Los nuevos gravámenes sustituirán el arancel global temporal del 10 %, vigente desde febrero, que expira este viernes. La medida representa una nueva etapa de la estrategia comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

    En Centroamérica, además de El Salvador, Guatemala, Honduras y México también estarán sujetos a un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana enfrentarán un gravamen del 12.5 %. La Administración estadounidense sostiene que las diferencias responden al nivel de implementación y cumplimiento de las medidas para impedir el ingreso de productos fabricados con trabajo forzoso.

    El USTR concluyó que las prácticas identificadas en los países investigados justifican la aplicación de medidas comerciales, al considerar que representan una carga para los trabajadores y las empresas estadounidenses. La investigación incluyó consultas con los gobiernos involucrados antes de adoptar la decisión final.

    Las nuevas tarifas también alcanzan a economías como Canadá, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza y los 27 países de la Unión Europea, aunque en algunos casos los aranceles varían según el tipo de producto importado. China quedó fuera de esta nueva lista debido a que ya está sujeta a un régimen de aranceles específicos y de mayor magnitud.

    La política arancelaria se ha convertido en uno de los principales ejes económicos de la administración Trump. Después de que el Tribunal Supremo invalidara gran parte de los aranceles globales impuestos previamente, la Casa Blanca recurrió a la Sección 301 como fundamento legal para mantener su estrategia de presión comercial sobre sus principales socios.

    Con la entrada en vigor de las nuevas medidas, las exportaciones salvadoreñas hacia el mercado estadounidense continuarán sujetas a un arancel adicional del 10 %, en un contexto en el que Estados Unidos endurece sus exigencias comerciales y busca que sus socios fortalezcan los mecanismos para prevenir el comercio de productos vinculados al trabajo forzoso.

     

     

  • El Salvador y Gibraltar firman un acuerdo para fortalecer la regulación de activos digitales

    El Salvador y Gibraltar firman un acuerdo para fortalecer la regulación de activos digitales

    El Salvador y el territorio británico de Gibraltar firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación entre sus autoridades reguladoras del sector financiero, con énfasis en los activos digitales, los mercados de predicción y la industria del juego.

    El acuerdo fue suscrito durante la visita oficial a Gibraltar de Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), quien viajó al territorio británico tras la visita que el ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, realizó a El Salvador a inicios de este año.

    Como parte de la agenda, Reyes firmó el memorando con la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC), documento que formaliza la relación de trabajo entre ambas instituciones y establece un mecanismo para fortalecer la cooperación, la comunicación y el intercambio de información entre los reguladores.

    Durante su estancia, el funcionario salvadoreño también sostuvo una reunión con el ministro Feetham para analizar oportunidades de colaboración en materia de activos digitales, mercados de predicción y regulación de la industria del juego.

    Según el Gobierno de Gibraltar, las conversaciones dieron continuidad a los acuerdos alcanzados durante la visita del ministro británico a El Salvador y reflejan el interés de ambas jurisdicciones por promover la innovación mediante marcos regulatorios modernos y sólidos.

    Las autoridades destacaron que El Salvador se ha consolidado como una de las principales jurisdicciones para el desarrollo de activos digitales, gracias al marco regulatorio implementado en los últimos años para este sector.

    El encuentro también permitió intercambiar experiencias sobre las nuevas tendencias en las finanzas digitales y explorar áreas de interés común para fortalecer la cooperación entre ambos territorios en materia de innovación tecnológica.

    El ministro Nigel Feetham afirmó que la firma del memorando representa un paso importante para profundizar la relación entre Gibraltar y El Salvador.

    «Me complació dar la bienvenida a Juan Carlos Reyes a Gibraltar tras mi visita a El Salvador a principios de este año. La firma de este Memorando de Entendimiento marca un hito importante en la relación entre nuestras dos jurisdicciones y refleja nuestro compromiso compartido con altos estándares regulatorios, la innovación y la cooperación internacional. Espero seguir trabajando estrechamente con el Sr. Reyes y su equipo a medida que profundizamos nuestra colaboración», expresó el funcionario.

    El acuerdo busca consolidar un marco permanente de cooperación entre ambas autoridades regulatorias y facilitar el intercambio de conocimientos sobre regulación financiera, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los mercados digitales y promover estándares internacionales en la supervisión del sector.

     

  • Ernesto Castro afirma que los salvadoreños vivieron por décadas “en un país en guerra, violento y dividido”

    Ernesto Castro afirma que los salvadoreños vivieron por décadas “en un país en guerra, violento y dividido”

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que durante décadas los salvadoreños vivieron en un país golpeado por la guerra, la violencia y la división social, situación que, según dijo, cambió en los últimos años.

    Las declaraciones fueron brindadas al concluir la sesión plenaria del Congreso, durante un diálogo con asistentes, donde el funcionario recordó el impacto que tuvo la violencia sobre varias generaciones de salvadoreños, especialmente en la juventud.

    “Es interesante siempre hacer conciencia de lo que nosotros hemos vividos como salvadoreños. Todos los que estamos acá, desde los que están jóvenes, los que están medio jóvenes y los que estamos poquito jóvenes…todos desde que nacimos hemos vivido en un país en guerra, violento en donde se mataban unos a otros, un país dividido en bandos”, expresó Castro en un video publicado en su cuenta de la red social X.

    El legislador afirmó que, durante muchos años, la población se acostumbró a convivir con noticias diarias sobre homicidios, desapariciones, extorsiones y atentados, mientras continuaba con sus actividades cotidianas pese al clima de inseguridad.

    “Desde que nacimos hemos vivido en país en guerra, violento, en donde se mataban unos a otros, en un país en que se dividían en bandos, los de este lado y los de este lado, matándose entre salvadoreños, de alguna manera acostumbrados a que amanecíamos todas las mañanas y habían noticias de que habían matado a cinco, a 10, a 20, habían desaparecidos, habían extorsiones, habían bombas y nosotros teníamos que seguir con nuestras vidas, esa era la vida de nosotros los salvadoreños”, aseguró Castro.

    Castro manifestó que actualmente el país comparte un destino común y señaló que, más allá de las diferencias de opinión, los salvadoreños deben mantenerse unidos para continuar avanzando. Añadió que las nuevas generaciones viven una realidad distinta a la experimentada por quienes crecieron durante el conflicto armado y los años de mayor violencia.

    “Nosotros teníamos que seguir con nuestras vidas, esa era nuestra vida, así es como pasamos nuestra generación, hasta las de ustedes, gracias a Dios las cosas han cambiado. Gracias a Dios las cosas tomaron otro rumbo y gracias a que el pueblo salvadoreño logró entender de que independiente de las diferencias que tengamos, que también estamos en nuestro derecho de tener nuestras diferencias, entre nosotros pero que también tenemos que estar todos unidos”, afirmó.

    El presidente del Órgano Legislativo insistió en que la unidad nacional ha sido determinante para transformar la situación del país y llamó a preservar ese esfuerzo colectivo para enfrentar los desafíos futuros.

    El pasado 14 de julio, Castro fue confirmado como parte de los 60 postulantes para los comicios generales de 2027 por el partido Nuevas Ideas.

  • Organizaciones ambientalistas exigen restablecer prohibición de minería metálica en El Salvador

    Organizaciones ambientalistas exigen restablecer prohibición de minería metálica en El Salvador

    Un grupo de organizaciones ambientalistas hizo un llamado a la sociedad salvadoreña para conformar un frente común que impulse el restablecimiento de la ley que prohibía la minería metálica en el país, derogada en diciembre de 2024 tras la aprobación de una nueva normativa promovida por el Gobierno.

    En un comunicado, las organizaciones afirmaron que la actual Ley General de Minería fue aprobada sin un proceso de discusión pública y aseguraron que contradice la postura mayoritaria de la población, que, según sostienen, rechaza la actividad minera en el territorio nacional.

    «Llamamos, nuevamente, a todos los sectores del país a hacer un solo cuerpo frente a la amenaza extractivista y a exigir el restablecimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica», expresaron las organizaciones.

    Los ambientalistas señalaron que, pese a los llamados realizados por la Iglesia Católica, iglesias históricas y diferentes organizaciones sociales para derogar la legislación, la Asamblea Legislativa mantiene vigente la norma mientras el Ejecutivo avanza con la implementación de proyectos mineros.

    Las organizaciones también citaron una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), según la cual el 67.3 % de los salvadoreños considera que la minería beneficia poco o nada a la población.

    El Salvador prohibió la minería metálica en 2017, pero esa restricción fue eliminada en diciembre de 2024 mediante una iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien ha sostenido que el país posee yacimientos de oro con una alta concentración por kilómetro cuadrado.

    No obstante, las organizaciones afirmaron que hasta la fecha ninguna institución gubernamental ha presentado estudios técnicos que respalden esa afirmación ni ha divulgado proyecciones sobre los beneficios económicos que generaría la explotación minera para la población salvadoreña.

    Los colectivos también advirtieron que el desarrollo de proyectos extractivos podría afectar a unos 4 millones de personas que habitan en la zona norte del país, incluyendo comunidades de los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión. Entre las organizaciones firmantes figuran Caminata Ecológica, Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Comunidades Eclesiales de Base (CEBS) del Bajo Lempa y Comunidades Históricas de Chalatenango, entre otras.

     

  • Tribunal estadounidense niega inmunidad a militar salvadoreño por caso de periodistas holandeses

    Tribunal estadounidense niega inmunidad a militar salvadoreño por caso de periodistas holandeses

    La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos resolvió que el excoronel del Ejército salvadoreño Mario Adalberto Reyes Mena no puede invocar inmunidad oficial para evitar una demanda civil relacionada con el asesinato extrajudicial de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado en El Salvador.

    En una decisión unánime emitida el 8 de julio, el tribunal ratificó que las violaciones a normas imperativas del derecho internacional, conocidas como jus cogens, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, no pueden considerarse actos oficiales de un Estado y, por tanto, no están protegidas por inmunidad basada en el cargo.

    La demanda fue presentada en octubre de 2024 por el hermano de uno de los periodistas asesinados al amparo de la Ley de Protección de las Víctimas de la Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), legislación estadounidense que permite iniciar acciones civiles contra personas responsables de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo autoridad o apariencia de autoridad de un gobierno extranjero.

    Según el expediente judicial, Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada del Ejército salvadoreño cuando presuntamente ordenó la emboscada en la que murieron cuatro periodistas neerlandeses el 17 de marzo de 1982, después de que militares conocieran la ruta que seguirían para realizar una cobertura informativa durante la guerra civil.

    Los cuatro periodistas de Países Bajos fueron asesinados en 1982 por el ejército salvadoreño.

    En junio de 2025, el Juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de cárcel a tres exmilitares por el asesinato de los periodistas. En noviembre de 2022, un tribunal salvadoreño procesó a tres exoficiales de la Fuerza Armada por estos hechos, entre ellos Reyes Mena, quien reside en el estado de Virginia desde 1984 y no regresó a El Salvador para enfrentar el proceso penal. Posteriormente fue declarado culpable en ausencia.

    En mayo de ese año, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en La Libertad, confirmó la sentencia para los militares condenados por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses.

    Durante la apelación en Estados Unidos, la defensa argumentó que el exmilitar actuó en ejercicio de funciones oficiales y que, por ello, debía beneficiarse de inmunidad. Sin embargo, la Corte sostuvo que las ejecuciones extrajudiciales constituyen violaciones de normas internacionales de obligatorio cumplimiento y no pueden ser consideradas actos soberanos protegidos por ese principio jurídico.

    El tribunal también rechazó otros argumentos presentados por la defensa, entre ellos que la inmunidad debía aplicarse porque el caso era de naturaleza civil y no penal o que la legislación estadounidense sobre inmunidad de Estados extranjeros impedía la demanda. Los jueces concluyeron que ninguna de esas razones modifica el carácter de las presuntas violaciones al derecho internacional.

    La decisión permite que el proceso civil continúe en una corte federal de Virginia y es considerada un precedente relevante para otros casos de derechos humanos en Estados Unidos, al reafirmar que exfuncionarios extranjeros pueden ser demandados por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos.

     

  • FMI destaca los avances económicos de El Salvador y el progreso del acuerdo

    FMI destaca los avances económicos de El Salvador y el progreso del acuerdo

    El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, destacó este miércoles los avances de la economía salvadoreña y aseguró que el organismo mantiene un progreso sostenido en las revisiones del programa financiero vigente con El Salvador.

    A través de un mensaje publicado en la red social X, Katz informó que sostuvo una conversación con el presidente Nayib Bukele para abordar la evolución del programa económico respaldado por el FMI.

    «Esta tarde he hablado con el presidente @nayibbukele (Nayib Bukele) sobre los extraordinarios logros económicos de El Salvador», escribió el funcionario del organismo internacional. «Estamos avanzando a buen ritmo para completar las próximas revisiones del programa del FMI. Espero poder visitar San Salvador pronto».

    El Salvador y el FMI alcanzaron en diciembre de 2024 un acuerdo de Servicio Ampliado por $1,400 millones con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa del país mediante un plan de consolidación fiscal, el fortalecimiento de las reservas internacionales y medidas orientadas al crecimiento económico.

    En junio de 2025, el organismo concluyó la primera revisión del acuerdo y señaló que «el desempeño del programa ha sido sólido, y la economía ha seguido creciendo mientras se corrigen los desequilibrios macroeconómicos», según un comunicado emitido en ese momento.

    Los indicadores económicos más recientes también reflejan una expansión de la actividad productiva. El Banco Mundial proyectó en abril un crecimiento del 3.2 % para la economía salvadoreña en 2026, después de que el país registrara un crecimiento del 3.9 % en 2025. Para 2027, el organismo prevé una expansión del 3 %.

    Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) informó a inicios de julio que el producto interno bruto (PIB) creció un 4.79 % durante el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por los sectores de la construcción y la explotación de minas y canteras.

    Aunque los organismos internacionales han destacado el desempeño macroeconómico del país, diversas encuestas reflejan que la situación económica continúa siendo la principal preocupación de los salvadoreños. Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA), divulgado en junio, indicó que el 70.7 % de la población considera que la economía representa el principal problema nacional.