El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, planteó este martes la construcción de nuevas cárceles inspiradas en el modelo implementado en El Salvador, como parte de las medidas que analiza el Gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria y los problemas de seguridad.
Álvarez explicó en una entrevista con la agencia Andina que propone construir cárceles «tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador», aunque precisó que estos establecimientos estarían destinados a personas privadas de libertad que no representen un elevado peligro para la sociedad.
«Esas personas deben ir a un penal de mínima seguridad para poder trabajar durante el día (…) para reducir mediante beneficios penitenciarios su propia pena y tener una salida laboral para después. Los grandes penales, los que ya han sido construidos para tener seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre», sostuvo.
Para los internos considerados de alta peligrosidad, el funcionario propone condiciones diferentes. Álvarez sostuvo que «no deben tener ningún tipo de beneficio penitenciario» y deberían permanecer bajo «regímenes sumamente estrictos», incluyendo fuertes restricciones a las visitas.
«Aquellas personas que han demostrado que no merecen seguir viviendo en comunidad, en la sociedad peruana, deben tener severas restricciones para separar, efectivamente, los no violentos de los violentos, cosa que no ocurre en las cárceles actualmente», dijo durante la entrevista.
El ministro indicó que algunos gobernadores regionales ofrecieron terrenos para levantar nuevos centros penitenciarios alejados de las ciudades. A su juicio, el incremento de la criminalidad obliga al Estado peruano a disponer de más instalaciones tanto para personas que ingresan por primera vez al sistema penitenciario como para delincuentes considerados peligrosos.
Álvarez señaló que el Gobierno dispone de un terreno para un segundo penal en Ica y analiza ampliar establecimientos de alta seguridad. También defendió mantener en funcionamiento el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en el departamento de Tacna, mientras se estudia la construcción de otros centros con tecnología y cooperación extranjera.
El funcionario agregó que las reformas no se limitarían a la infraestructura penitenciaria, sino que incluirían modificaciones al Código Procesal Penal y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El Ejecutivo pretende impulsar estos cambios mediante decretos legislativos para modificar el funcionamiento actual del sistema carcelario peruano.
