Etiqueta: El Salvador

  • Rapados y con uniformes naranja, Costa Rica comienza el traslado de presos a su megacárcel

    Rapados y con uniformes naranja, Costa Rica comienza el traslado de presos a su megacárcel

    Vestidos con uniformes color naranja y rapados, llegaron este lunes los primeros 123 presos al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la megacárcel que construyó Costa Rica y que está inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

    El Ministerio de Justicia costarricense informó que entre los 123 primeros reclusos trasladados se encuentran los sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante, así como «los criminales de mayor peligrosidad del país».

    «Durante años se habló de la necesidad de recuperar el control de nuestras cárceles; ahora estamos demostrando con hechos que sí se puede», aseguró el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

    Según el ministro, «el CACCO es un monumento a la seguridad nacional, una respuesta contundente frente al crimen organizado y una garantía de que el Estado ejercerá su autoridad sin titubeos».

    El pasado 14 de octubre la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el primer módulo del CACCO con capacidad para 1.020 privados de libertad y anunció que se espera que para diciembre próximo estén listos los restantes cuatro, con lo cual se alcanzaría la capacidad máxima de 5.100 presos.

    La mandataria se comprometió a que en la cárcel se respetarán los derechos humanos de los privados de libertad y rechazó las críticas de la oposición y de diversas organizaciones sobre las condiciones en las que vivirán los presos.

    El Ministerio de Justicia informó este lunes que el CACCO dispone de «tecnología de punta», videovigilancia las 24 horas, presencia policial estratégica en pasarelas y puntos de control para supervisar los movimientos de la población penitenciaria y prevenir cualquier intento de vulnerar la seguridad del complejo.

    Las proyecciones oficiales indican que con la entrada en operación total de la megacárcel la sobrepoblación carcelaria pasará del 59 % actual a un 15 %.

    El CACCO, en el que Costa Rica invirtió cerca de 35 millones de dólares, está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la «guerra» contra estas bandas implementada por Nayib Bukele, a quien la presidenta costarricense Laura Fernández considera un referente en materia de seguridad.

    Con techos altos y pasillos elevados por encima de las celdas para que los guardias de seguridad vigilen el área, cada módulo cuenta con 17 celdas para alrededor de sesenta presos cada una, en las que se instalaron camarotes metálicos con delgados colchones.

    En cada celda también están las duchas y los servicios sanitarios, sin puertas o privacidad alguna.

    En la parte posterior está la salida a una pequeña área de patio cerrado por paredes y techo por el que alcanza a colarse la luz del sol y el calor característico de la provincia de Alajuela, en el centro del país, donde se ubica la megacárcel.

    El CACCO además cuenta con espacios para visitas conyugales y visitas convencionales en las que las personas estarán separadas por un cristal.

  • Los ingresos tributarios crecieron 12.4 % en los primeros nueve meses de 2026

    Los ingresos tributarios crecieron 12.4 % en los primeros nueve meses de 2026

    Los ingresos tributarios, una fotografía de la dinámica económica, cerraron con un crecimiento del 12.4 % en los primeros nueve meses del año, indican estadísticas del Ministerio de Hacienda.

    Del 1 de enero al 30 de septiembre, el fisco salvadoreño recibió $6,912.7 millones en ingresos tributarios, que pagan las personas y las empresas. Esta cifra aumentó en $764.2 millones en comparación con igual período de 2025.

    Frente al presupuesto, los ingresos tributarios aumentaron $433.6 millones, un 6.7 %.

    Al sumar los ingresos tributarios con otras entradas —tasas, derechos y contribuciones— al tesoro salvadoreño, Hacienda reporta que recibió $7,173 millones a septiembre, un incremento del 12.4 % (equivalente a $791.5 millones más) en comparación con 2025. Ese dinamismo fue menor si se contrasta con el presupuesto, donde el aumento es de $240.3 millones (3.5 %).

    IVA y renta sostienen los ingresos

    De acuerdo con Hacienda, los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvieron el mayor soporte luego de sumar $3,235.3 millones. El IVA, que se cobra al consumo, representó un aumento de $394 millones en relación con 2025, un 13.9 % de crecimiento, mientras que en la comparación con el presupuesto el alza fue de $225.3 millones (7.5 %).

    El Impuesto sobre la Renta (ISR), que pagan los asalariados y las empresas por sus ingresos, dejó al fisco un poco más de $2,993.6 millones, lo cual representó un aumento de $306.1 millones (11.4 %) en relación con 2025, o de $165.8 millones (5.9 %) frente al presupuesto.

    El IVA y la renta representan en su conjunto el 90.1 % de los ingresos tributarios recaudados por el Ministerio de Hacienda de enero a septiembre.

    Por monto recaudado, los derechos arancelarios a la importación son el tercer grupo de impuestos que más recauda el fisco, con $305.1 millones a septiembre. Según Hacienda, esta cifra aumentó en $24.4 millones (un 8.7 %) frente a 2025.

    Otros impuestos

    El grupo de impuestos selectivos al consumo dejó $195.2 millones, con un crecimiento de $14 millones (7.7 %) en comparación con 2025.

    De este segmento, el mayor repunte se registró en la recaudación por la venta de cigarrillos, del 15.5 % a septiembre, luego de sumar $24.9 millones. Sin embargo, la mayor recaudación en este grupo procede de la comercialización de cerveza, que llegó a $84 millones (8.3 %).

    La categoría de otros impuestos y gravámenes diversos sumó $116 millones. Hacienda reporta que creció en $20.8 millones (21.9 %), mientras que las contribuciones especiales dejaron al fisco $67.5 millones, con un alza de $5 millones (7.9 %).

    Los ingresos no tributarios, en tanto, sumaron $260.2 millones, un 11.7 % más que en 2025. En esta categoría se incluyen tasas y derechos por $46.6 millones; contribuciones a la seguridad social por $45.6 millones; venta de bienes y servicios por $15.8 millones; ingresos financieros y otros por $97.1 millones; el FEFE por $43.7 millones; y transferencias corrientes por $11.4 millones.

  • ¿Cuáles son las reglas de la propaganda electoral presidencial 2027?

    ¿Cuáles son las reglas de la propaganda electoral presidencial 2027?

    La propaganda electoral es un derecho que la Constitución y la ley otorga a los partidos políticos y puede realizarse por todos los medios lícitos de difusión pero tiene ciertos límites legales regulados en el Código Electoral.

    Por ejemplo, los partidos políticos no pueden difamar, lesionar el honor o la vida privada de los candidatos, tampoco pueden realizar pintas o pegas en lugares públicos, solo pueden pegar afiches en áreas urbanas.

    El TSE es la institución encargada de sancionar por los incumplimientos relacionados con la propaganda y sancionará a los organismos directivos a cargo cuando se haya cometido la infracción. La multa oscila entre $1,142.85 hasta $5,714.28.

    Estas son las reglas de la propaganda electoral en El Salvador, que arranca este 27 de octubre para las presidenciales, cuatro meses antes de las elecciones, el 28 de febrero de 2027.

    No difamaciones

    Está prohibida la propaganda electoral que injurie, difame o calumnie. El Código Electoral establece que serán castigados conforme a las leyes comunes. También la ley prohíbe expresamente que a través de la propaganda electoral se lesione la moral, el honor o la vida privada de candidatos o líderes vivos o muertos.

    La ley prohíbe que se dirija, promueva o participe en desórdenes públicos u ocasionen daños a la propiedad.

    Prohibido las pintas en todo el país

    También, está prohibido realizar pintas de cualquier tipo de propaganda electoral en todos los lugares públicos del territorio nacional.

    Los afiches en áreas urbanas

    Está permitida la pega de afiches en las áreas urbanas de los municipios hasta el último día hábil de propaganda.

    Información de tarifas

    Los medios de comunicación deben informar al Tribunal sobre las tarifas que cobran por sus servicios, ya que estas son las que se aplicarán en la propaganda del proceso electoral.

    Medios estatales: espacios a todos

    La ley establece que los medios de comunicación estatal «proporcionarán espacios a todos los partidos políticos o coaliciones, en las condiciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos».

    Tres días anteriores a la elección y el día electoral

    Está prohibida la propaganda durante los tres días anteriores a la elección y en el propio día de la misma. Tampoco se permitirá la propaganda partidista en los centros de votación.

    Encuestas

    Se prohíbe la publicación de encuestas 15 días antes de la fecha de las elecciones, hasta que se declaren firmes los resultados.

    Prohibición de publicidad gubernamental

    Se prohíbe 30 días antes de la fecha electoral, es decir, 29 de enero de 2027, publicar en
    medios de comunicación privados o estatales las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional u otras que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar.

    Prohibida la propaganda en edificios públicos

    El Código Electoral, en su artículo 179, prohíbe colocar o pintar propaganda política en edificios, monumentos públicos, árboles, obras de arte o señales de tránsito de las calles o carreteras, ni en las paredes de las casas particulares sin autorización del propietario.

    Autorización municipal

    Los partidos requieren la autorización municipal para celebrar reuniones, manifestaciones y concentraciones en lugares públicos para propaganda electoral; las alcaldías informan a la Policía Nacional Civil.

    Prohibido para militares, policías, funcionarios o empleados públicos

    No pueden hacer propaganda los militares en servicio activo, los miembros de la Policía Nacional Civil, y los cuerpos de seguridad municipales no podrán hacer propaganda electoral partidista, tampoco funcionarios o empleados públicos.

    Prohibido hacer propaganda para ministros y pastores

    La ley prohíbe a los ministros y pastores, de cualquier culto religioso, «realizar propaganda política en ninguna forma».

    Prohibido uso de vehículos

    Se prohíbe el uso de vehículos oficiales y nacionales municipales para realizar actividades
    partidistas.

  • Dictaminan incorporación de fondos de préstamos para becas, carreteras e inicio de un proyecto contra las inundaciones en presupuesto 2026

    Dictaminan incorporación de fondos de préstamos para becas, carreteras e inicio de un proyecto contra las inundaciones en presupuesto 2026

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes tres dictámenes favorables que presupuestan para este años fondos de tres préstamos del BID: dos reformas implican las primeras erogaciones de los créditos, y una –de mejoramiento de calles rurales– eroga más fondos de un crédito 59.9 % ejecutado.

    Con las reformas, que serían aprobadas en la sesión plenaria del miércoles, se incorporarán los primeros $9.98 millones de un préstamo de $100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al presupuesto 2026 para el financiamiento de 14,000 becas de jóvenes en situación de escasos recursos que cursan estudios en universidades, institutos especializados o escuelas técnicas; y $30,000 para consultores, equipo informático y un equipo coordinador para ejecutar el programa.

    El proyecto «Integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador» se ejecutaría en 5 años con 12,000 becas anuales, transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes, y atención a 1,000 personas retornadas con potencial de reintegración. Se desconoce si los beneficiarios son 60,000 jóvenes o son los mismos 12,000 que estudiarán los cinco años sus cursos vocacionales o carreteras universitarias o técnicas.

    Una segunda reforma incorporará $9.8 millones al presupuesto 2026 para mejorar las rutas del desvío El Nance, desvío Barrancones – Piedras Blancas, en el municipio de Pasaquina, La Unión; y el tramo Miramundo – Río Chiquito, distritos La Palma y San Ignacio, en Chalatenango, con fondos de un préstamo de $100 millones del BID de los cuales aún hay $40 millones disponibles.

    Una tercer reforma sí implica la erogación de los primeros fondos de un préstamo del BID para hacer obras que buscan prevenir las inundaciones. Sin embargo, la incorporación de $200,000 de un préstamo de $150 millones serviría para instalar la unidad ejecutora del proyecto. Este proyecto es el que promete hacer obras en la colonia Santa Lucía, de Ilopango, y en la colonia Médica, de San Salvador, que eviten las inundaciones.

  • Organizaciones piden a la CIDH que ofrezca asistencia a El Salvador en plan de liberación anticipada de colaboradores ocasionales de pandillas

    Organizaciones piden a la CIDH que ofrezca asistencia a El Salvador en plan de liberación anticipada de colaboradores ocasionales de pandillas

    Carlota Roby, abogada senior de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, en representación de un conjunto de organizaciones, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ofrezca asistencia técnica al Estado sobre el plan de liberación de personas anunciado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, entre declaraciones los días 15 y 17 de octubre pasados.

    La petición fue realizada el lunes 26 de octubre en una de las audiencias públicas realizadas por la CIDH en el 197° período de sesiones celebradas en Ciudad de Panamá, del 26 al 30 de octubre.

    La abogada detalló en la solicitud que buscan que dicho proceso de posible liberación se haga con imparcialidad y experticia como «mecanismo independiente de revisión de sentencias”.

    «Y ofrezca asistencia técnica al Estado respecto al plan de liberación de personas anunciado por el presidente Bukele entre el 15 y 17 de octubre, y verifique que este proceso, de hacerse, se haga desde la imparcialidad y experticia de un mecanismo independiente de revisión de sentencias», indicó la representante, quien expuso junto con David Morales, de Cristosal; Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Pedro López Castellón, familiar de una persona detenida y fallecida en el régimen de excepción.

    Las organizaciones. también buscan que la CIDH pida al Estado salvadoreño información adicional de este plan en el cual, según el mandatario salvadoreño, se evaluará la posible inclusión al Plan Cero Ocio de las personas acusadas de ser colaboradores de pandillas. Bukele aclaró que dicha evaluación se hará sobre las personas acusadas de colaborar circunstancialmente con alguna pandilla y no sobre las personas que colaboraban de manera permanente.

    Según la petición de las organizaciones, la información sería solicitada por la CIDH al Gobierno salvadoreño aplicando el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que la CIDH tiene la función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, solicitando informes a los Estados miembros sobre medidas adoptadas en derechos humanos y prestar asesoramiento dentro de sus posibilidades.

    También solicitaron que la CIDH solicite al Estado salvadoreño la entrega «inmediata y pública de listados completos de todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción, sus centros detención y su estado procesal, registros de muerte en centros penales desde marzo de 2022 con causas de muerte, autopsias, expedientes médicos, informes de investigación y ubicación de inhumaciones sin invocar reservas”.

    De la misma manera, pidieron que solicite iniciar investigaciones penales imparciales de las muertes bajo custodia estatal aplicando el protocolo de Minnesota, que establece normas para investigar muertes potencialmente ilícitas o sospechas de desaparición forzada en las que pueda estar involucrado el Estado.

    Luego de dar un informe sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos y asegurar que «reconocer el derecho a la seguridad no puede significar abandonar las protecciones fundamentales de los derechos humanos”, la representante de las organizaciones pidieron «urgentemente al Estado de El Salvador detener, investigar y castigar toda práctica de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y garantizar la integridad física y la vida de todas las personas privadas de libertad».

    La asociación Cristosal documentó 454 muertes de personas detenidas, de las cuales 33 eran mujeres, tres niñas y un niño, de los cuales encontraron, dijo David Morales, 87 casos «con evidencia de violencia».

    Según las organizaciones, de las muertes documentadas, las entidades del Estado identificaron edema pulmonar a cerebral como causa de la muerte en 201 casos documentados, lo que les indica «un patrón de posible encubrimiento por el Instituto de Medicina Legal (IML)» ya que el edema pulmonar «es la alteración fisiológica provocada por la causa real, ya sea una enfermedad, lesión o un trauma», explicó Morales.

    También, pidieron asegurar atención médica inmediata y adecuada para todas las personas privadas de libertad, acceso a medicación y traslado oportuno, atención hospitalaria cuando corresponda, garantizar acceso regular y efectivo de familiares y defensa de las personas detenidas y la notificación inmediata en caso de hospitalización o fallecimiento”.

    El gobierno salvadoreño ha negado públicamente la comisión de hechos de tortura y muertes violentas de personas detenidas.

    En marzo pasado, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, negó que haya persecución a los defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas y aseveró que en El Salvador “impera el principio de igualdad ante la ley»; mientras, el procurador general, René Escobar Álvarez, aseguró que «El Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promisión de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias» y que la actuación del Estado «ha estado dirigida a enfrentar una amenaza criminal extraordinaria» para proteger a la población contra las pandillas.

  • Avalan aumento de $50 millones a garantía crediticia del FSV ante BCIE para dar créditos hasta $45,000 o $100,000 para vivienda

    Avalan aumento de $50 millones a garantía crediticia del FSV ante BCIE para dar créditos hasta $45,000 o $100,000 para vivienda

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable que aumenta la garantía soberana del Estado en $50 millones a un préstamo del Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el fin de otorgar a los salvadoreños créditos para vivienda hasta por $45,000.

    La modificación será ratificada en la sesión plenaria del miércoles mediante el dictamen favorable 275 de la Comisión, aprobada hoy de manera unánime.

    Según Hacienda, los créditos hipotecarios para viviendas de interés social en los distintos programas financiados con fondos del BCIE tendrán plazos de pago que van desde los 25 hasta los 30 años.

    De acuerdo con la subdirectora de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, el crédito del BCIE será de $103.7 millones para préstamos de vivienda con precios de hasta $45,000 o hasta $100,000 en sus distintos programas:

    Vivienda nueva: para sector formal ofrece un plazo de 30 años; y para familias con ingresos variables, un plazo de hasta 25 años.

    Crédito Casa Joven: para vivienda nueva o usada a jóvenes entre 18 y 35 años, con un plazo hasta 30 años. Puede ser hasta de $100,000 según Reyes. Financia hasta el 100 % del precio de la vivienda, gastos de escrituración.

    Vivienda cercana: dirigido a los salvadoreños en el extranjero, el plazo de hasta 25 años.

    Casa Mujer: a mujeres solteras, viudas y vulnerables, jefas de hogar, entre 26 y 50 años, para vivienda nueva o usada, con un plazo de hasta 30 años.

    Vivienda en altura: financia apartamentos, nuevos o usados, a un plazo de hasta 30 años. El monto del financiamiento puede ser hasta $100,000.

    El BCIE ya aprobó el aumento del crédito al FSV a inicios de este año.

    La subdirectora Reyes detalló que se está aumentando la línea de crédito 2178 del FSV y que la autorización para modificar el contrato de garantía soberana se aprobó mediante el decreto legislativo del 23 de septiembre de 2026. Dicha modificación fue suscrita el 19 de octubre. Reyes aseguró que esta aprobación es importante porque el acceso a la vivienda digna es fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias.

    Los requisitos para obtener un crédito del FSV son ser empleado activo con 6 meses mínimo de cotizaciones al sistema de ahorro para pensiones o trabajadores del sector ingreso variable con un mínimo de 2 años de actividad económica, tener un máximo de 69 años de edad, sujeto a seguro de deuda, tener capacidad de pago, buen récord crediticio en el sistema financiero y estar solvente con el Ministerio de Hacienda, según el FSV.

    De acuerdo al sitio web de la institución, para vivienda usada, la tasa de interés oscila entre el 7.5 % y el 10 % anual hasta 25 años plazo con una prima del 35 % sobre el precio de venta de un inmueble. Para vivienda nueva, la tasa de interés oscila entre el 4 % y el 8 % anual, dependiendo del monto.

  • Estado salvadoreño no acudió a audiencia de la CIDH sobre situación de privados de libertad en régimen de excepción

    Estado salvadoreño no acudió a audiencia de la CIDH sobre situación de privados de libertad en régimen de excepción

    El Estado salvadoreño no asistió a la primera audiencia pública del 197 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Situación de las personas privadas de libertad en el marco del estado de excepción”, que se desarrolla en Panamá, donde se celebrarán audiencias del 26 al 30 de octubre.

    “El día de hoy está ausente el Estado pese a que la CIDH hizo llegar oportunamente y de acuerdo al reglamento la invitación a esta audiencia”, indicó el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la CIDH.

    “Estas audiencias tienen un valor especial al permitir que las voces de las personas afectadas sean escuchadas directamente”, señaló.

    El presidente de la CIDH recordó que el artículo 63 del reglamento de la CIDH obliga a que el Estado debe brindar garantía a las personas participantes o que suministren a la comisión información, testimonios o pruebas, y que por tanto no puede “enjuiciar a testigos, peritos ni ejercer represalias” contra ellos ni contra sus familiares por sus declaraciones ante la Comisión.

    “Lamentamos la ausencia del Estado en esta audiencia”, expresó, por su parte, Carlota Roly, abogada senior para América Latina de la organización Fundación Robert Kennedy Human Rights.

    Sostuvo que el régimen de excepción es permanente, se ha prorrogado 54 veces hasta el 26 de agosto y se ha normalizado como herramienta de seguridad pública con la suspensión de garantías clave como el plazo máximo de detención administrativa, el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.

    Señaló que ha habido 93,162 personas detenidas, 65,000 capturadas en el primer año del régimen, con 170 % índice de hacinamiento y 1 de cada 50 personas está privada de libertad en el país.

    Sobre las declaraciones del presidente salvadoreño en torno a un plan de libertad anticipada para cierto grupo de reos vinculados a pandillas, preguntó quién decidirá estas 10,000 causas y qué va a pasar con personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción.

    Por su parte, David Morales, de la asociación Cristosal, lamentó la ausencia del Estado y la vinculó con una “política general de opacidad” del Estado salvadoreño.

    Señaló que en una muestra de 1,178 detenidos bajo régimen de excepción se utilizó la figura de la flagrancia para la captura, los “jueces decretaban detenciones en automático” y comprobaron la tortura. “Contamos con evidencia de violencia en 87 casos” de los fallecidos bajo custodia estatal, señaló.

  • Repunte del 26 % en el presupuesto de cárceles tras leve reducción un año atrás

    Repunte del 26 % en el presupuesto de cárceles tras leve reducción un año atrás

    El presupuesto para la administración de centros penales aumenta en 26 % en el año 2026 después del refuerzo de $30 millones recibido en septiembre pasado, alcanzando los $154.4 millones, luego de cerrar en $128.6 millones en agosto el presupuesto programado para ese rubro. Para 2027, se han programado $128 millones.

    El aumento ocurre después de la leve reducción interanual reportada al cierre de 2025 de un 26 % hacia $121.8 millones.

    El gasto carcelario, sin embargo, aún no logra estabilizarse, ya que el monto previsto para el presente año triplica el presupuesto carcelario devengado de 2018 y aproximadamente duplica los presupuestos devengados entre los años 2019 y 2022.

    En los primeros ocho meses del año, que cubren un 66 % del año, Centros Penales ha ejecutado 88 % de su presupuesto.

    Hasta agosto, la unidad presupuestaria 07 Administración del Sistema Penitenciario 2026, tenía programado un presupuesto de $128,628,160, de los cuales ha devengado $110,262,844.86.

    En esos primeros ocho meses, sin contar el refuerzo de $30 millones, el presupuesto programado sufrió una reducción de $4,202,856.89 para terminar con un presupuesto programado modificado de $124,425,303.11, de los cuales se han comprometido ya $112,125,958.49.

    En los primeros ocho meses, la ejecución del gasto en el rubro penitenciario ha llegado a un 88.6 % del presupuesto disponible este año, un 22 % arriba de un cálculo proporcional a los ocho meses.

    De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda “Aspectos principales de la ejecución presupuestaria de gastos 2026”, se han devengado $111.7 millones para la administración del sistema penitenciario “a efecto de apoyar la reintegración de la población privada de libertad”.

    En septiembre de 2025, el área penitenciaria fue reforzada con $10 millones para alimentación de privados de libertad.

    Este año 2026, también en septiembre, el refuerzo fue de $30 millones para “garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones”. Los fondos provinieron de un saldo de títulos valores aprobados en 2025 y colocados por hasta $344 millones.

    El aumento mayor ocurrió en 2024, cuando el presupuesto carcelario llegó a los $165.5 millones, su punto más alto, luego de triplicarse respecto al gasto penitenciario de 2018.

    Presupuestos programados y modificados del sistema penitenciario salvadoreño

    • Año 2018: de $44.6 millones a $53.6 millones.
    • Año 2019: de $48.3 millones a $63.3 millones, aumento de 18 %.
    • Año 2020: de $68.7 millones a $84.8 millones, aumento de 34 %.
    • Año 2021: de $70 millones a $85.1 millones, aumento de 0.4 %.
    • Año 2022: de $53.8 millones a $71.5 millones, disminución del 16 %.
    • Año 2023: de $57.6 millones a $138.5 millones, aumento del 93.7 %.
    • Año 2024: de $71.2 millones a $165.5 millones, aumento del 19.5 %.
    • Año 2025: de $72.4 millones a $121.8 millones, disminución del 26.4 %.
    • Año 2026: de $128.6 millones a $124.4 millones hasta agosto. Se aprobó el 9 de septiembre un refuerzo de $30 millones en septiembre por lo que el presupuesto aumentaría a $154.4 millones según el decreto 652. Aumento del 26.8 %.
    • Año 2027: de $128.6 millones (proyecto de presupuesto 2027). Disminución prevista de 16.7 % si el presupuesto no es reformado posteriormente.

    Los cálculos no toman en cuenta los fondos asignados a la unidad presupuestaria “08 Administración del sistema penal juvenil”, cuyo presupuesto programado ascendió a $3 millones y al cual se le ha recortado $36,980, para dejarlo en $2.97 millones. Se devengaron $1.3 millones en ocho meses.

    Para el año 2027, se prevé un presupuesto de $128,628,160 para la unidad presupuestaria 07 Administración del Sistema Penitenciario y $3,012,490 para la unidad presupuestaria 08 Administración del Sistema Penal Juvenil. Además, se incluyen $1,500,000 en 14 Desarrollo de la Inversión para la Reinserción y Rehabilitación.

    En El Salvador la administración carcelaria está estrechamente vinculada con el régimen de excepción aplicado a partir del 27 de marzo de 2022. Un 80 % de las personas en las cárceles son personas procesadas o condenadas por vínculos a pandillas, y un 20 % por delitos comunes según cifras oficiales divulgadas por la Presidencia de la República.

    En total son 120,956 presos, 96,457 vinculados a pandillas y 24,499 reos comunes.

    De los 96,457 detenidos vinculados a pandillas hay 42,125 «homeboys» o miembros de pandillas; 25,910 chequeos, postes, gatilleros y otros miembros «no brincados»; 17,793 «paros» o colaboradores habituales o permanentes de pandillas; y 10,629 colaboradores no habituales de pandillas.

    Entre los reos comunes, 3,902 están procesados o condenados por homicidio, 3,571 por violación y 17,026 por otros delitos.

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han dicho que los pandilleros nunca volverán a salir de las prisiones aunque un informe oficial de la Fiscalía reveló que el 79 % de los pandilleros que han sido condenados recibieron penas menores a los 45 años de prisión y que 13 de ellos recibieron cadena perpetua. Han sido condenados, según cifras fiscales, 10,561 pandilleros durante el régimen de excepción. Bukele, por su parte, ha dicho que no todos los delitos en el país van a tener una condena infinita.

    Desde abril de 2026, El Salvador tiene vigente la cadena perpetua para el delito de pertenencia de pandillas, homicidios y violaciones, aunque puede bajar hasta 10 años de prisión con autorización fiscal.

  • Escuela de administración pública y experta de la NASA exploran posibilidad de fortalecer educación

    Escuela de administración pública y experta de la NASA exploran posibilidad de fortalecer educación

    La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) recibió a la experta y exsubdirectora de la División de Astrofísica de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Sandra Cauffman, con el objetivo de intercambiar experiencias y explorar el fortalecimiento de la educación en El Salvador.

    La Embajada de Estados Unidos en El Salvador detalló que la reunión busca «intercambiar experiencias sobre modelos de coordinación interinstitucional de Estados Unidos y explorar oportunidades para fortalecer la educación STEM en El Salvador, desde la educación básica hasta la superior».

    Por otra parte, según la Vicepresidencia, el encuentro buscó promover intercambios académicos e impulsar la formación del talento en El Salvador en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y liderazgo estratégico.

    En la reunión estuvieron presentes la directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larin.

    Cauffman ha liderado programas científicos y estratégicos como la supervisión de la implementación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman y ha presidido comités de revisión de iniciativas científicas de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

    Según la Vicepresidencia, en la reunión se abordaron los avances en la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para fortalecer la competitividad nacional, la cooperación interinstitucional entre entidades como la NASA, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la NOAA.

    De a acuerdo con el comunicado de prensa de la Vicepresidencia, la NOAA es considerado un referente para la articulación del sector académico con las instituciones gubernamentales y los referentes científicos en la profesionalización de expertos de educación media y superior y planes de estudios innovadores.

  • Taekwondista salvadoreña María Elena Rodríguez gana oro y plata en Panamericanos de Colombia

    Taekwondista salvadoreña María Elena Rodríguez gana oro y plata en Panamericanos de Colombia

    La joven taekwondista salvadoreña María Elena Rodríguez consiguió dos medallas en los XVII Juegos Panamericanos de Taekwondo ITF 2026, que se desarrollan en Barranquilla, Colombia, del 21 al 25 de octubre.

    Rodríguez se adjudicó la medalla de oro en la modalidad de combate y la presea de plata en formas, ambas en la categoría de 14-15 años, con lo que destacó entre los competidores del certamen continental, informó el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en su cuenta de la red social X.

    Los resultados representan un importante logro para la deportista salvadoreña, quien compite en una justa que reúne a atletas de diferentes países del continente americano.

    Con estas dos preseas, Rodríguez contribuye a la representación de El Salvador en el torneo internacional y suma experiencia en su trayectoria dentro del taekwondo ITF.

    Los XVII Juegos Panamericanos de Taekwondo ITF 2026 tienen como sede la ciudad colombiana de Barranquilla y están programados del 21 al 25 de octubre.