El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al dictador nicaragüense Daniel Ortega, de evidenciar su carácter autoritario luego de afirmar que en el país centroamericano no volverán a celebrarse elecciones que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo.
En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio sostuvo que las declaraciones del gobernante nicaragüense confirman el rumbo que ha tomado su administración y el de la copresidenta Rosario Murillo.
«Las declaraciones de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria», afirmó Rubio.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Ortega y Murillo han renunciado incluso a mantener la apariencia de contar con el respaldo popular y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes mediante procesos electorales democráticos.
«Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático», agregó el funcionario.
El pronunciamiento de Washington se produjo después de que Ortega declarara, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá elecciones que puedan facilitar el regreso de la oposición al poder.
«No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», expresó el gobernante nicaragüense durante el acto celebrado el pasado domingo en Managua.
Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral, persecución política contra opositores y restricciones a la competencia democrática. Desde febrero de 2025 comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió como copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.
