Las remesas salvadoreñas continúan con cifras positivas en este 2025, luego de alcanzar los $6,535.16 millones acumulados a agosto pasado, según el último informe del Banco Central de Reserva (BCR).
El gobierno confirmó que las divisas en concepto de remesas incrementaron un $1,010.07 millones (un 18.3 %) por arriba de los $5,525.09 millones registrados durante el mismo período de 2024.
Según el BCR, en los primeros ocho meses del año Estados Unidos envió $6,042.8 millones en remesas a El Salvador, a través de 16.9 millones de operaciones, marcando una participación de un 92.5 % del total de monto registrado.
Los emisores residentes en Estados Unidos no han dejado de enviar remesas pese a que a partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor el impuesto de un 1 % a las transacciones de este tipo de divisas salgan desde este país.
Un análisis de Grupo Cibest, casa matriz de Bancolombia, apuntó a que las remesas en El Salvador disminuirán cerca de $30.1 millones por el nuevo impuesto de transferencia, equivalente a un 0.35 % del total que el país reciba.
Solo en agosto, El Salvador recibió $825 millones de remesas, un 16.3 % por arriba de los registros del mismo mes de 2024.
El monto mensual de remesas en agosto fue el más bajo desde abril de 2025, cuando se registraron $805.9 millones; sin embargo, se mantuvo escalando por encima de los $800.
Las remesas acumuladas a agosto son las más altas al menos desde el 2011, esta es la primera vez que las remesas bumeran los $6,500 millones en los primeros ocho meses del año.
Países
El BCR señaló que las remesas también provinieron desde Canadá, tras el envío de $56.1 millones, seguido de España, con $43.3 millones e Italia con $37.9 millones.
Entre los principales emisores de remesas también está México, con $8.5 millones; seguido de Guatemala, con $4.9 millones; y de Australia con $4.8 millones.
Las familias salvadoreñas también recibieron remesas desde Panamá, Honduras, Costa Rica, Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Nicaragua y Suecia.
Entre enero y agosto, el promedio de remesas globales en El Salvador rondó los $351.10. Por su parte, San Salvador se constituye a la fecha como el principal distrito receptor de remesas, al rondar los $580.9 millones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que hay rumores de que en Cuba «virtualmente no hay autismo» porque no tienen dinero para consumir Tylenol (marca más popular de acetaminofén o paracetamol), en un esfuerzo por probar la decisión de su Administración de vincular el consumo de este compuesto con el autismo.
«Hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol (acetaminofén) porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Y hay otras partes del mundo que no tienen Tylenol y no tienen autismo. Eso ya dice mucho», explicó este lunes en una intervención el presidente estadounidense.
Trump anunció que su Administración recomendará limitar al máximo el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas por la supuesta vinculación con el aumento de la incidencia de autismo en el país: «¡no lo consuman!», aseveró.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) cambiará las advertencias en el paracetamol en todo el país para alertar sobre un supuesto riesgo de autismo por su consumo, pese a que no hay pruebas claras que vinculen a ese medicamento para tratar el dolor o la fiebre común y cuyo consumo está ampliamente extendido sin receta.
«Consumir Tylenol durante el embarazo puede estar asociado a un mayor riesgo de autismo. Así que el Tylenol no es bueno y no es bueno por esta razón, estamos recomendando seriamente que las mujeres limiten en uso del Tylenol durante el embarazo a no ser que sea médicamente necesario», insistió Trump, que compareció acompañado de su secretario de Salud, Robert F. Kenney Jr., un escéptico de las vacunas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que designa a Antifa como “organización terrorista nacional”, al responsabilizar al movimiento de un patrón de violencia política destinado a socavar el estado de derecho en el país.
Según el documento, Antifa emplea ataques contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros cuerpos de seguridad como parte de una estrategia para alcanzar objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación.
La orden ejecutiva instruye a todas las agencias y departamentos federales a utilizar sus facultades para investigar, desmantelar y procesar cualquier operación vinculada al movimiento, incluidas aquellas que provean apoyo material a sus acciones. El texto aclara que la medida se aplicará bajo la legislación vigente y no otorga derechos legales exigibles contra el Gobierno federal ni sus funcionarios.
Antifa, un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a grupos de extrema derecha, racistas y fascistas, ha sido blanco de las críticas de Trump, quien oficializó su designación como terrorista pese a que no cuenta con una estructura jerárquica definida. En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, señaló que Antifa era más una ideología que una organización formal.
La decisión presidencial faculta a las autoridades a investigar y procesar a cualquier persona que actúe bajo el nombre de Antifa o financie actividades en su favor. Trump responsabilizó a la “izquierda extrema” de la violencia política en curso y vinculó al movimiento con el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah. El dirigente fue velado este fin de semana en un acto multitudinario al que asistieron más de 90,000 personas, encabezado por el mandatario y su gabinete.
La Corte Supremo de Estados Unidos aceptó este lunes revisar los límites legales que restringen al presidente Donald Trump para intervenir directamente en agencias federales independientes, en un caso que podría revertir casi un siglo de jurisprudencia.
La Corte evaluará una apelación relacionada con la destitución de Rebecca Slaughter, comisionada demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC), quien fue restituida en su cargo por instancias inferiores amparadas en el histórico fallo “Humphrey’s Executor”, emitido en 1935.
Esa decisión judicial estableció que el Congreso puede imponer restricciones al presidente en cuanto a la remoción de funcionarios de agencias independientes, como la FTC, salvo que exista una causa justificada. El fallo original protegió a un comisionado despedido por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt.
La mayoría conservadora que domina actualmente el Supremo podría redefinir los márgenes de poder del Ejecutivo sobre organismos autónomos, otorgando mayor control a la Casa Blanca para reconfigurar dichas entidades.
El pasado 18 de marzo, el presidente Trump removió a Slaughter alegando que “no encajaba con las prioridades de la Administración”. El Departamento de Justicia respaldó la decisión, argumentando que el presidente tiene facultades para cesar a los miembros de la FTC si estos no siguen las directrices del Ejecutivo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ironizó este lunes sobre los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela al compartir un video en su red Truth Social, en el que se refiere en tono sarcástico a la supuesta amenaza que representan dichos ejercicios militares.
“ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, escribió el mandatario estadounidense, junto a imágenes donde se observa a un grupo de mujeres civiles siendo instruidas por oficiales venezolanos, mientras se escuchan gritos y risas de los presentes.
Las imágenes corresponden a una jornada de adiestramiento cívico-militar impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro, en respuesta al despliegue de fuerzas navales de EE.UU. en el mar Caribe.
El video se viralizó ampliamente durante el fin de semana en redes sociales y ha generado una nueva oleada de reacciones entre ambos países.
Las tensiones entre Venezuela y Washington se intensificaron tras el anuncio del hundimiento de cuatro embarcaciones ligadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas. Tres de las naves provenían de Venezuela, mientras que la cuarta era de origen desconocido.
El presidente Trump también lanzó una advertencia: si el régimen de Maduro no acepta de regreso a los “presos” que, según él, fueron enviados a EE.UU., pagará un precio “incalculable”.
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro justificó los ejercicios militares como una medida defensiva ante lo que calificó como la amenaza del “imperio norteamericano”. Aseguró que la nación “está más unida que nunca” y que los entrenamientos dirigidos por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) responden al incremento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, bajo el argumento de combatir al narcotráfico y, particularmente, al denominado Cartel de los Soles.
El Tribunal Supremo de la India pidió este lunes al Gobierno que responda a un litigio de interés público (PTI) que busca una investigación independiente sobre el accidente aéreo de Air India del 12 de junio en el que murieron 260 personas, tras el informe preliminar que atribuyó la tragedia a una falla en el suministro de combustible.
La Corte respondió a un litigio de interés público presentado por la ONG ‘Safety Matters Foundation’ y recogido por el portal especializado ‘Law.com’, que solicitaba «una investigación independiente, supervisada por el Tribunal y un organismo experto, sobre el siniestro», además de cuestionar «la designación del equipo que elaboró el informe preliminar, junto con otras deficiencias señaladas en el proceso».
Este balance preliminar, publicado por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) el 12 de julio, atribuyó la tragedia del avión Boeing 787-8 Dreamliner de Air India a una falla en el suministro de combustible.
Según el documento, «los interruptores de corte de combustible de ambos motores fueron accionados casi simultáneamente tres segundos después del despegue, dejando los motores sin propulsión y provocando una rápida pérdida de altitud».
En su perfil de X, el abogado Prashant Bhushan, representante de los demandantes, celebró la decisión de la Corte, «felicito al Tribunal Supremo por emitir una notificación al Gobierno para garantizar una investigación justa, independiente y rápida sobre el accidente de Air India en Ahmedabad en junio».
El letrado reiteró la principal crítica de la PTI a la composición del comité oficial, «el Ejecutivo había nombrado un equipo de investigación de cinco miembros, tres de ellos funcionarios en activo de la Dirección General de Aviación Civil (DGCA), lo que en sí mismo podría ser motivo de investigación».
Sin embargo, de acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la autoridad del país donde ocurre el siniestro asume la investigación, en este caso la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves de la India (AAIB), por lo que la crítica de la ONG no implica necesariamente que el proceso sea irregular, ya que la normativa internacional lo respalda.
El abogado Prashant Bhushan también destacó que pilotos y familiares de las víctimas le habían expresado su preocupación por una grabación de la cabina que sugiere que fue el piloto quien cortó el flujo de combustible, lo que da peso a la hipótesis del error humano y que, según él, fue aprovechada por medios de comunicación para reforzar esa narrativa.
El juez respondió que esa filtración selectiva era «desafortunada» y calificó de «irresponsable» que la prensa difundiera conclusiones fragmentadas antes de que concluyera la investigación, la cual, en su versión inicial, ya había atribuido el accidente a un fallo en el suministro de combustible.
Aunque el informe no atribuye responsabilidades de manera concluyente, la investigación ha abierto un debate sobre si el accidente fue causado por un error humano o una falla técnica.
La acción legal llega después de que el padre del piloto del avión enviara una carta al Gobierno de la India reclamando una investigación formal y denunciando que las «filtraciones selectivas y especulaciones mediáticas» han dañado la reputación de su hijo, con 25 años de trayectoria como aviador, al vincularlo con un supuesto error humano.
A su vez, las familias de cuatro pasajeros del vuelo de Air India siniestrado el 12 de junio de 2025 presentaron en Estados Unidos la primera demanda contra Boeing y su proveedor Honeywell, a los que acusan de negligencia por un fallo en los interruptores de combustible que, según alegan, provocó el accidente.
La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este lunes que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que sigue ocurriendo «el crimen de persecución por razones políticas».
Destacó que «no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales», por lo que «la única esperanza de justicia para las víctimas» recae en definitiva en la comunidad internacional.
En el pasado, esta Comisión ha determinado en distintos informes la existencia de evidencia y ha documentado casos que indican que el régimen venezolano, a través de la cúpula del aparato gubernamental y de las fuerzas de seguridad, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
El informe presentado hoy en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta «nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024» y establece que la persecución política «ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades».
Entre los elementos que aporta, la presidenta de la Comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, dijo que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de éstas estaban involucradas las fuerzas de seguridad.
«En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos. Una de ellas recibió un disparo con una escopeta a menos de 10 metros de distancia», expuso Valiñas.
La jefa de la Comisión también recordó que un año después de esos incidentes la Fiscalía «no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado», aunque desde el principio esta entidad aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y, por el contrario, acusó a la oposición.
«Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad», denunció.
En su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, el embajador venezolano Alexander Yañez acusó a los comisionados de ser agentes que trabajan «por el cambio de régimen político en Venezuela» y que en sus informes supuestamente «citan a fuentes dudosas, utilizan testimonios inventados y emplean estadísticas sin rigor metodológico».
También criticó los recursos empleados por la ONU para que esta Misión investigadora pueda cumplir su tarea, frente a la debilidad con la que denuncia la actuación de Israel en la Franja de Gaza y en el contexto de la crisis financiera de la institución.
Yañez sostuvo que el señalamiento de Venezuela únicamente se debe a la influencia de Estados Unidos «y sus aliados europeos», aunque no contestó de forma especifica a las denuncias que formuló la Misión contra el Estado venezolano.
El State Farm Stadium de Arizona, con capacidad para más de 60,000 asistentes, fue escenario este domingo del multitudinario funeral de Charlie Kirk, comentarista conservador y líder de Turning Point USA, asesinado el pasado 10 de septiembre en Utah.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su vicepresidente JD Vance, encabezaron el acto, que vistió los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense. La ceremonia reunió a miles de seguidores y a los principales miembros de la Administración republicana.
“Charlie nos trajo la verdad que los jóvenes merecían y se merecen tener una voz”, expresó Vance durante su discurso, donde resaltó que el fallecido defendió valores como el matrimonio y la familia, además de ser un “modelo de paternidad cristiana fuerte”.
Por su parte, Donald Trump Jr. describió a Kirk como “un hermano pequeño” y recordó su amistad personal con la familia presidencial.
“Hace once días un cobarde asesino se arrastró para poner fin a la vida de Charlie en la Tierra. Apuesto a que Charlie ha visto al Hijo de Dios alzado ante él para darle la bienvenida”, declaró. Añadió que “un millón de Charlies más vendrán para llenar su vacío”.
El secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., comparó la figura de Kirk con referentes históricos. “Cristo murió a los 33 años, pero cambió la Historia. Charlie murió con 31 años y también sabe que ha cambiado la Historia”, sostuvo.
Las autoridades identificaron al presunto responsable como Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de disparar contra Kirk en un acto universitario. El atacante, a quien se atribuye una ideología de extrema izquierda, enfrenta varios cargos y podría ser condenado a la pena de muerte.
Turning Point, organización que lideraba Kirk, fue clave en la movilización del voto joven en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, consolidando su figura como una de las voces más influyentes de la derecha conservadora.
La actriz estadounidense Angelina Jolie declaró este domingo que “no reconoce” a su país en la actualidad, durante la presentación de la película Couture en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde su presencia despertó gran expectación.
“Amo mi país, pero no le reconozco en este momento”, afirmó Jolie, productora e intérprete del filme dirigido por la realizadora francesa Alice Winocour.
“Siempre he vivido a nivel internacional. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o limita las expresiones personales y las libertades de cualquier persona es algo muy peligroso y son tiempos tan serios que hay que tener cuidado con lo que se dice. Estamos todos juntos viviendo momentos muy difíciles”, agregó.
La película Couture se ambienta en la Semana de la Moda de París y narra la historia de tres mujeres: Maxime (Jolie), una cineasta estadounidense diagnosticada con cáncer; Ada (Anyer Anei), modelo de Sudán del Sur; y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa que sueña con ser escritora.
Preguntada por las similitudes entre su personaje y su propia experiencia, Jolie recordó que perdió a su madre y a su abuela a causa del cáncer, y que hace una década decidió someterse a una doble mastectomía y a la extirpación de ovarios.
“Los cánceres de mujeres afectan a cómo nos sentimos como mujeres, por tanto es un mensaje muy importante entender cómo muestra el viaje esta película”, subrayó Jolie.
La rueda de prensa contó con la participación de las tres protagonistas, además del actor Louis Garrel, la actriz Garance Marillier y la directora Winocour, reconocida por filmes como Próxima (2019), premiada en San Sebastián, y Mustang(2015), nominada al Óscar.
La presencia de Jolie provocó un ambiente inusual en el certamen: cientos de personas la esperaron bajo la lluvia en las inmediaciones de la alfombra roja, mientras que periodistas y blogueros hicieron fila durante horas para ingresar a la sala de prensa, en una de las comparecencias más concurridas del festival.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
