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  • Estados Unidos deja de fabricar la moneda de un centavo tras 232 años

    Estados Unidos deja de fabricar la moneda de un centavo tras 232 años

    La Casa de la Moneda de Estados Unidos acuñó este miércoles en Filadelfia la última moneda de un centavo, poniendo fin a 232 años de producción ininterrumpida. La decisión se basa en el alto costo que implica fabricar cada unidad: 3.69 centavos, más del triple de su valor nominal.

    La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Moneda, donde se destacó el papel histórico del centavoy se explicó que su producción ya no es financieramente sostenible. Fabricar la moneda más pequeña del sistema monetario estadounidense —conocido como penny—  ha generado pérdidas durante años.

    Pese a que se detiene su fabricación, el centavo seguirá siendo moneda de curso legal. Según el Departamento del Tesoro, actualmente hay más de 300,000 millones de unidades en circulación, lo que representa una cantidad suficiente para cubrir las necesidades comerciales durante los próximos años.

    “Si bien la producción circulante ha cesado, el centavo sigue siendo moneda de curso legal”, aseguró la Casa de la Moneda en un comunicado. La entidad también informó que se continuarán produciendo versiones limitadas con fines históricos y de colección.

    El centavo, fácilmente identificable por su color cobrizo, dejó de fabricarse en cobre puro en los años 80. Actualmente está hecho de zinc recubierto de cobre. Desde 1909, lleva el retrato del presidente Abraham Lincoln en el anverso y un escudo en el reverso que simboliza la unión de los Estados Unidos.

    De acuerdo con el Tesoro, el fin de la producción representa un ahorro anual de $56 millones para los contribuyentes. El retiro oficial del centavo será progresivo, por lo que continuará siendo utilizado mientras circulen las monedas ya existentes.

     

  • Expresidentes latinoamericanos prevén el fin de Maduro ante presión militar de EE.UU.

    Expresidentes latinoamericanos prevén el fin de Maduro ante presión militar de EE.UU.

    La creciente presión militar de Estados Unidos en el Caribe ha reavivado las expectativas de un cambio político en Venezuela. Así lo afirmaron expresidentes latinoamericanos del Grupo IDEA y figuras de la oposición como María Corina Machado durante un foro celebrado este miércoles en el Miami-Dade College (MDC), en Florida.

    La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la armada estadounidense, acompañado de un grupo de ataque compuesto por 4,000 marinos y decenas de aeronaves, marcó el contexto de la conferencia titulada “El fin de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

    “Estados Unidos tiene una política de combatir el narcotráfico y el terrorismo. Espero que entiendan que estamos en semanas decisivas”, afirmó el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), al ser consultado por EFE sobre el papel estadounidense en la región.

    Para Quiroga, la coyuntura en Venezuela combina varios factores clave: una ciudadanía movilizada, el respaldo internacional y el reconocimiento que recibirá Machado en diciembre con el Premio Nobel de la Paz, el cual recogerá en Noruega.

    “La lucha por el cambio en Venezuela enfrenta una oportunidad histórica”, señaló.

    En intervención virtual, María Corina Machado aseguró que su país atraviesa “horas decisivas” y se encuentra “en el umbral de la libertad”.

    «(Les pido) que nos acompañen en este momento histórico, en sus horas decisivas, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina», dijo de forma virtual Machado al foro de expresidentes.

    Durante el foro, varios exmandatarios defendieron los recientes bombardeos realizados por Estados Unidos contra lanchas que presuntamente transportaban narcotraficantes. Los ataques han dejado cerca de 75 muertos desde el 1 de septiembre, según reportes oficiales.

    El expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad sostuvo que “un gobierno que se sostiene por la fuerza debe considerarse una amenaza internacional” y criticó a los países que tratan el narcotráfico solo como un tema de seguridad interna.

    Pero el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) expresó que prefiere «la derrota del narcoterrorismo a que siga avanzando y creando esta soberanía de los criminales», además de señalar que su país también «corre el riesgo» de sufrir bombardeos por «albergar terroristas» y ser «aliado» de Venezuela.

    «Corremos nosotros el riesgo de que alguien, en aras de la defensa de su seguridad, también lance bombas sobre el territorio de Colombia. Este tema hay que resolverlo. O estamos con la criminalidad, con el neocomunismo, con el narcoterrorismo, o estamos con la democracia», expresó el exmandatario.

    Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), también defendió las acciones militares. Aseguró que no hay “libertad de navegación ni cielos abiertos para narcotraficantes” y que se debe preservar la seguridad regional frente a las amenazas del crimen organizado.

     

  • Venezuela moviliza 200,000 militares como respuesta a presencia de EE.UU. en el Caribe

    Venezuela moviliza 200,000 militares como respuesta a presencia de EE.UU. en el Caribe

    El Gobierno de Venezuela activó este martes el despliegue de 200,000 efectivos militares en todo el país, en respuesta a lo que califican como una amenaza directa de Estados Unidos tras el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe.

    El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene su operatividad “en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial”.

    “El trabajo de cohesión, de preparación del pueblo, así como la elevación del apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa. Un trabajo que se mantiene activo todos los días”, declaró Padrino, según el medio estatal Últimas Noticias.

    El despliegue militar, que se extiende hasta el miércoles, contempla ejercicios de mando, control y comunicaciones. Además, incluye maniobras de campaña, simulacros de defensa costera, administración de desastres y desconcentración de medios. “Todos los días vamos optimizando”, subrayó el ministro.

    Según Padrino, el operativo busca enfrentar “la amenaza militar que está emplazada en el Caribe, que no solo amenaza a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana”.

    Las tensiones entre Caracas y Washington se intensificaron desde que, en septiembre, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. En estas operaciones, más de 20 naves han sido hundidas y al menos 75 personas han muerto.

    Tanto Naciones Unidas como los gobiernos de Venezuela y Colombia han denunciado estos hechos como ejecuciones extrajudiciales, advirtiendo que muchas de las víctimas serían pescadores y no narcotraficantes.

    En Caracas persiste el temor de una posible intervención militar estadounidense, un escenario sobre el que también ha advertido el gobierno de Colombia.

     

  • EEUU confirma el despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe para combatir narcotráfico

    EEUU confirma el despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe para combatir narcotráfico

    La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes el despliegue del portaaviones ‘USS Gerald R. Ford’ en América Latina, en el contexto de una ofensiva militar contra el narcotráfico que ha dejado decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico.

    La Armada estadounidense informó que el buque ingresó el 11 de noviembre al área de responsabilidad del Comando Sur (Southcom), en cumplimiento de una orden emitida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El objetivo, según Washington, es “apoyar la directiva” presidencial de desarticular redes criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo.

    “La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Southcom reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorizar e interrumpir las actividades y actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el Hemisferio Occidental”, declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

    El despliegue incluye a más de 4,000 efectivos militares y decenas de aeronaves. De acuerdo con el Pentágono, esta presencia naval no solo ampliará la capacidad operativa para combatir el tráfico de drogas, sino que también permitirá “proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar”.

     

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    El ‘USS Gerald R. Ford’, uno de los portaaviones más modernos del mundo, tiene la capacidad de lanzar y recuperar aeronaves de ala fija día y noche. “Refuerza las fuerzas conjuntas ya desplegadas en la región para derrotar y desmantelar las redes criminales que explotan nuestras fronteras y dominios marítimos compartidos”, indicó la Armada.

    Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump intensificó sus ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico. Hasta la fecha, se contabilizan más de 20 naves hundidas y al menos 75 personas fallecidas.

    La operación ha generado fuerte controversia internacional. Naciones Unidas, junto a los gobiernos de Venezuela y Colombia, han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales, al señalar que las víctimas podrían haber sido pescadores y no narcotraficantes.

    En Caracas crecen los temores sobre una posible intervención militar por parte de Estados Unidos, un escenario que también ha encendido alertas en Bogotá, según comunicados recientes.

     

  • Los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: 20 lanchas y 75 muertos

    Los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: 20 lanchas y 75 muertos

    El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido veinte embarcaciones y 75 vidas, además de dejar una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico a raíz de varios ataques, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

    Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un «conflicto armado directo» que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

    El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.

    Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. La ONU aseguró que se tratan de violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos ponerles fin.

    Esta es una cronología de los ataques:

    2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación y asegura que iban a bordo once personas del Tren de Aragua que salieron de Venezuela para transportar drogas hacia Estados Unidos. La Administración Trump difundió el video del supuesto ataque, pero no aportó más pruebas del vínculo de la lancha con el narcotráfico.

    15 de septiembre: un segundo ataque contra una embarcación mata a tres venezolanos, según Trump, que aseguró que también estaban transportando drogas.

    19 de septiembre: Trump publica en redes información sobre un tercer ataque contra una lancha, esta vez sin precisar el origen de la travesía, aunque República Dominicana incautó parte de la droga que presuntamente transportaba. Tres personas murieron.

    3 de octubre: esta vez es Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra, quien anuncia el cuarto ataque contra una embarcación también en aguas del Caribe y la muerte de sus cuatro tripulantes.

    14 de octubre: se produce, según Estados Unidos, el quinto ataque contra un bote cerca de las costas venezolanas, con un saldo de seis víctimas mortales.

    16 de octubre: esta vez es un submarino el atacado por el Ejército estadounidense. De sus cuatro tripulantes, dos mueren y dos sobreviven la explosión. Los dos supervivientes son trasladados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, sin ningún proceso legal a pesar de que la Administración Trump los tacha de narcotraficantes.

    17 de octubre: Estados Unidos anuncia el 19 de octubre que dos días antes ha hundido una séptima lancha y la vincula con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las organizaciones designadas como terroristas por la Administración Trump. Mueren tres personas, según Washington.

    21 de octubre: se trata del octavo ataque contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico pero es el primero que sucede en aguas del Pacífico, cerca de las costas de Colombia, que mata a dos personas.

    22 de octubre: Hegseth publica el noveno ataque contra una embarcación, que mata a tres personas otra vez en el Pacífico y cerca de aguas colombianas.

    24 de octubre: la Administración Trump anuncia el décimo ataque contra una lancha que, según afirma, era operada por el Tren de Aragua y transportaba a seis personas que murieron. El disparo se produjo «en aguas internacionales» del Caribe.

    28 de octubre: Estados Unidos anuncia el ataque más mortífero hasta la fecha. Catorce personas mueren por el ataque de Washington a cuatro lanchas en aguas internacionales del océano Pacífico, mientras que uno sobrevive y la marina mexicana lanza una operación humanitaria para encontrarlo. Días después, la operación se suspende al no lograr encontrar al superviviente.

    29 de octubre: este ataque, siempre según la información del Gobierno de Estados Unidos, se dirigió a una sola lancha y mató a cuatro personas. Se produjo también en el Pacífico.

    1 de noviembre: Hegseth anuncia un nuevo «ataque letal» contra una embarcación en el Caribe que, según él, «transportaba estupefacientes». El bombardeo mató a las tres personas que iban a bordo.

    4 de noviembre: el titular del Departamento de Guerra asegura que Estados Unidos hundió una nueva lancha en el Pacífico Oriental y mató a sus dos tripulantes, a quienes acusó de narcotraficantes.

    6 de noviembre: un nuevo anuncio habla esta vez de una lancha atacada y tres tripulantes muertos en aguas del caribe.

    9 de noviembre: Estados Unidos asegura el 10 de noviembre que hundió dos lanchas en el Pacífico el día anterior, en dos operaciones en las que murieron seis personas supuestamente «vinculadas al contrabando de narcóticos».

  • Las familias de siete víctimas de la inundación en Texas demandan al campamento de verano

    Las familias de siete víctimas de la inundación en Texas demandan al campamento de verano

    Siete familias de víctimas mortales presentaron este lunes una demanda contra Camp Mystic, en Texas, tras la muerte de 27 mujeres y niñas durante una inundación registrada en el campamento el 4 de julio. En el recurso judicial, los demandantes acusan a los responsables del campamento de negligencia y exigen una compensación superior a $1 millón.

    La demanda fue interpuesta en Austin, capital del estado, y denuncia que Camp Mystic ignoró durante décadas los riesgos de inundaciones en la zona. Según los documentos legales, no existía un plan de evacuación y las autoridades del campamento ordenaron a las niñas y a las supervisoras permanecer en las cabañas mientras el nivel del río crecía peligrosamente durante la noche.

    Las familias de cinco menores de edad y dos supervisoras que murieron durante el desastre natural afirman que la tragedia se pudo evitar. “Estas niñas murieron porque un campamento con fines de lucro priorizó sus ganancias a la seguridad”, expresaron en el escrito legal.

    Además, justificaron su acción judicial con el objetivo de que “se conozca toda la verdad, que todas las partes responsables rindan cuentas y que se eviten futuras tragedias previsibles en campamentos juveniles”.

    Aunque el lugar original quedó destruido por la crecida del río, Camp Mystic ha anunciado su reapertura para el próximo verano, pero en nuevas instalaciones.

    Tras el desastre, que cobró la vida de más de 130 personas en diversas áreas de Texas, las autoridades estatales aprobaron leyes para reforzar los protocolos de seguridad en campamentos de verano. En octubre, la legislatura de Texas también comunicó que abrirá una investigación formal para determinar las causas exactas del evento.

  • Emisiones de pasaportes salvadoreños disminuyen en 9 % en nueve meses de 2025

    Emisiones de pasaportes salvadoreños disminuyen en 9 % en nueve meses de 2025

    Las emisiones de pasaportes salvadoreños han disminuido en un 9 % de enero a septiembre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

    Durante los primeros nueve meses de 2025 se emitieron 355,845 pasaportes salvadoreños, 9 % menos que los 391,908 entregados en el mismo plazo del año pasado, según datos de Migración.

    En el primer trimestre, aumentaron las emisiones en un 1 %; los otros dos trimestres registraron caídas del 14 y el 15 %, respectivamente. Los documentos fueron entregados en sucursales y en el exterior.

    El trimestre con más emisiones de pasaportes fue de enero a marzo, con 135,704; le siguió julio a septiembre con 110,742 y abril a junio con 109,399. Los pasaportes son emitidos por Migración en El Salvador y en los consulados en el exterior.


    Los reportes de Migración revelan que 181,411 pasaportes fueron emitidos en las ocho sucursales; hubo 55 pasaportes especiales emitidos desde enero hasta septiembre de 2025.

    La segunda mayor cantidad de pasaportes emitidos corresponden a Estados Unidos, donde se entregaron 157,693, mientras que en otros países solo se entregaron 16,664.

    La emisión del pasaporte salvadoreño tiene un costo de $25 en el territorio nacional y en el exterior tiene un precio de $60. Para emitir el pasaporte en el extranjero, los connacionales deben tramitarlo en las sedes consulares de El Salvador.

    Las sucursales están ubicadas en:

    • Centro de Gobierno, San Salvador.
    • En el redondel Masferrer, San Salvador.
    • Las Cascadas, San Salvador.
    • Plaza Mundo Soyapango.
    • Pasatiempo, Lourdes Colón.
    • Santa Ana.
    • San Miguel.
    • Usulután.

  • El nuevo presidente boliviano encabeza caravana que busca frenar la escasez de combustibles que lleva meses

    El nuevo presidente boliviano encabeza caravana que busca frenar la escasez de combustibles que lleva meses

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lideró el domingo una caravana de camiones cisterna cargados con gasolina y diésel, con el objetivo de estabilizar el mercado interno y poner fin a la escasez de combustibles que afecta al país desde hace varios meses.

    La movilización partió desde el sector de la Apacheta, en las afueras de El Alto, ciudad vecina de La Paz. Paz recorrió el trayecto en la parte trasera de una patrulla de la Policía Boliviana, acompañado de varios de sus ministros del área económica, dirigiendo la columna de cisternas que portaban banderas nacionales y hacían sonar sus bocinas en señal de victoria.

    A su paso, algunos vecinos salieron de sus casas sorprendidos para observar el convoy y saludar al mandatario, quien declaró al canal estatal Bolivia TV que ya se ha nombrado una nueva administración al frente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el fin de mejorar la logística de distribución.

    “Que se acaben las malditas filas, se estabilice el país, esto es lo que hay que hacer con prontitud”, expresó Paz al justificar la acción de su Gobierno, en medio de una crisis de abastecimiento que ha impactado en el precio de los alimentos y otros bienes de consumo.

    Como parte del operativo, el presidente protagonizó un acto simbólico al retirar una barrera metálica de tránsito junto a sus ministros, en señal de ruptura con lo que denominó “Estado tranca”, haciendo referencia a la burocracia que, según dijo, impide el desarrollo del país.

    Según el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, la llegada de los combustibles es resultado de gestiones diplomáticas previas realizadas por Paz, incluso antes de asumir oficialmente la presidencia.

    “Queremos incrementar la oferta en un 40 % respecto a lo que se tenía antes. La idea es estabilizar el mercado”, aseguró el funcionario.

    La escasez de gasolina y diésel ha sido uno de los principales problemas de Bolivia en los últimos meses, generada por la falta de divisas, la caída de las reservas internacionales netas y el declive en la producción de gas natural, tras el agotamiento de varios pozos tradicionales.

    Paz asumió la presidencia el sábado como el mandatario número 74 en la historia del país. En su primer discurso, reconoció la gravedad del panorama nacional: “el país está devastado”, dijo, describiendo una economía quebrada y “un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”.

    Entre las principales apuestas del nuevo gobierno está la apertura económica, la atracción de inversión extranjera y la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos a nivel de embajadores, rotas desde 2008 durante el mandato de Evo Morales.

     

  • Senado de EE.UU. logra acuerdo para terminar cierre del Gobierno federal

    Senado de EE.UU. logra acuerdo para terminar cierre del Gobierno federal

    Los senadores encargados del presupuesto en Estados Unidos alcanzaron el domingo un acuerdo para desbloquear el cierre parcial del gobierno federal, el más largo en la historia del país, que ya suma 40 días. El nuevo pacto contempla la financiación de varias agencias clave y permitirá avanzar hacia la reapertura total del aparato gubernamental.

    La propuesta fue presentada a través de un paquete de tres proyectos de ley que buscan financiar de forma prolongada los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras dependencias federales, extendiendo sus recursos hasta el 30 de enero. Además, el acuerdo incluye una prórroga ampliada del gasto gubernamental y el pago retroactivo de salarios para unos 650,000 empleados públicos afectados por la suspensión.

    La estrategia legislativa consiste en avanzar con la resolución de continuidad aprobada previamente por la Cámara de Representantes, pero enmendada en el Senado para incorporar este paquete presupuestario. Sin embargo, su implementación aún tomará varios días, ya que el documento deberá volver a la Cámara Baja y luego ser enviado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para su aprobación final.

    “El acuerdo permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos”, explicó uno de los negociadores, bajo anonimato. No obstante, advirtió que “no será de forma inmediata” debido al proceso legislativo pendiente.

    El marco del acuerdo fue negociado entre senadores demócratas como Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, junto a líderes republicanos, incluidos miembros del Comité de Asignaciones y el propio líder de la mayoría en el Senado, John Thune. También se contó con la participación de la Casa Blanca.

    Entre las medidas más urgentes, el pacto permitiría el reintegro de empleados suspendidos sin goce de sueldo, muchos de los cuales han tenido que recurrir a bancos de alimentos o solicitar préstamos de emergencia. Otros han seguido trabajando sin recibir su salario, afectando gravemente su economía familiar.

    El cierre del gobierno provocó también el cierre de servicios esenciales, la interrupción de beneficios como los cupones de alimentos para familias vulnerables, y generó caos en los aeropuertos por la falta de personal de seguridad y controladores aéreos.

    Se espera que en los próximos días, el Congreso pueda avanzar en la aprobación del paquete enmendado y que el presidente Donald Trump estampe su firma para restaurar el funcionamiento total del gobierno y aliviar el impacto que ha afectado a millones de ciudadanos en todo el país.

     

  • Más de dos mil vuelos cancelados en EE.UU. en un día por el cierre del Gobierno

    Más de dos mil vuelos cancelados en EE.UU. en un día por el cierre del Gobierno

    Más de 2,200 vuelos fueron cancelados este domingo en Estados Unidos debido a la escasez de controladores aéreos causada por el prolongado cierre del Gobierno federal, que este día alcanzó los 40 días de duración.

    Según el portal especializado FlightAware, hasta la noche del domingo se reportaban 2,225 vuelos cancelados y al menos 7,522 con retrasos, en una jornada marcada por la crisis operativa en los principales aeropuertos del país.

    Los terminales más afectados fueron los de Atlanta, Newark, LaGuardia y el Aeropuerto Internacional de Chicago. Las aerolíneas con mayor número de incidentes fueron Delta, SkyWest, Republic y American Airlines.

    La cadena CNN informó que al menos quince centros de control de tráfico aéreo en todo el país confirmaron una disminución significativa de personal, principalmente en regiones clave como Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Nashville, Dallas y Chicago.

    Ante esta situación, el Departamento de Transporte ordenó una reducción del 10 % en el tráfico aéreo a nivel nacional, con la advertencia de que esta cifra podría elevarse al 20 % si no se logra una solución antes de la próxima semana, especialmente con la cercanía del fin de semana de Acción de Gracias, una de las fechas con mayor movilidad aérea del año.

    El secretario de Transportes, Sean Duffy, advirtió este domingo que “la situación puede empeorar” si no se restablecen los fondos para el pago del personal. Según Duffy, el número de controladores que se reportan de baja continúa en aumento, superando ya los 2,000, a pesar de ser trabajadores esenciales llamados a laborar sin recibir su salario durante el cierre.

    Además, señaló que el próximo martes está programado un nuevo pago que no podrá realizarse si el Congreso no pone fin al cierre gubernamental. El Senado ha mantenido sesiones durante todo el fin de semana en un intento por llegar a un acuerdo que desbloquee los fondos federales.

    Este episodio representa el cierre más largo en la historia del país y ya ha generado un impacto directo en la movilidad aérea nacional, afectando a miles de pasajeros y alterando las operaciones en los principales centros de conexión aérea.