Etiqueta: Estados Unidos

  • EE.UU. exigirá a migrantes temporales salir del país para solicitar residencia permanente

    EE.UU. exigirá a migrantes temporales salir del país para solicitar residencia permanente

    La Administración del presidente Donald Trump anunció este viernes una nueva medida migratoria que obligará a los extranjeros con visas temporales a salir de Estados Unidos para solicitar la residencia permanente, conocida como “green card”.

    El anuncio fue realizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que argumentó que la disposición ya estaba contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aunque no había sido aplicada estrictamente por gobiernos anteriores.

    Con esta política, las personas que permanezcan en Estados Unidos bajo visas temporales de turismo, estudios o trabajo ya no podrán realizar el cambio de estatus migratorio desde territorio estadounidense, salvo en casos excepcionales que aún no han sido detallados.

    Entre las visas afectadas se encuentran las categorías B-1 y B-2 para negocios y turismo, las F-1 y M-1 para estudiantes, así como las H-1B, H-2A y H-2B destinadas a trabajadores especializados, agrícolas y no agrícolas.

    Actualmente, miles de migrantes temporales tramitan la residencia permanente dentro de Estados Unidos tras calificar mediante matrimonio, reunificación familiar o empleo, mientras mantienen renovadas sus visas durante años de espera.

    Sin embargo, la nueva disposición obligará a los solicitantes a regresar a sus países de origen y completar el proceso en consulados estadounidenses administrados por el Departamento de Estado.

    “Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración”, declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

    “De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, añadió.

    Según la administración Trump, la medida busca reducir la permanencia irregular de personas cuyos permisos temporales vencen mientras esperan una resolución migratoria.

    “Se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos”, afirmó Kahler.

    El funcionario sostuvo además que la normativa “hará el sistema más justo y eficiente”, al aplicar estrictamente lo establecido en la legislación migratoria estadounidense.

    La decisión forma parte de la política migratoria restrictiva impulsada por Donald Trump, centrada en reducir la inmigración irregular y endurecer tanto los procesos de asilo como las vías regulares de residencia.

    En los últimos meses, la administración republicana también ha intensificado deportaciones, restricciones migratorias y medidas dirigidas a limitar el ingreso y permanencia de extranjeros en territorio estadounidense.

     

  • Juez EEUU desestima caso de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego

    Juez EEUU desestima caso de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego

    Un juez federal de Estados Unidos desestimó este viernes el caso por tráfico de personas presentado contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea a El Salvador generó controversia y críticas contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

    La decisión fue emitida por el juez federal Waverly Crenshaw, de Nashville, quien concluyó que la acusación presentada contra Ábrego García constituyó una posible “persecución selectiva o vengativa” por parte del gobierno estadounidense.

    Según el fallo judicial, las autoridades retomaron el caso penal únicamente después de que Abrego García lograra una resolución favorable en su demanda por deportación indebida.

    “Sin la exitosa demanda de Ábrego García impugnando su expulsión a El Salvador, el gobierno no habría presentado este proceso”, sostuvo Crenshaw en la resolución.

    El salvadoreño había sido acusado de tráfico de personas y conspiración para tráfico humano, bajo señalamientos de transportar migrantes indocumentados dentro de Estados Unidos a cambio de dinero.

    Las acusaciones se originaron tras una detención de tránsito ocurrida en Tennessee en 2022, cuando Abrego García fue interceptado por exceso de velocidad mientras transportaba a nueve pasajeros.

    Sin embargo, videos corporales de la Policía mostraron un procedimiento sin incidentes mayores y finalmente el salvadoreño recibió únicamente una advertencia antes de continuar su camino.

    El juez destacó que las autoridades migratorias estadounidenses conocían el caso desde hacía dos años y que incluso lo habían cerrado previamente antes de deportarlo a El Salvador.

    No obstante, luego de que la Corte Suprema ordenara su retorno a Estados Unidos por considerar ilegal la deportación, el caso fue reabierto y derivó en las acusaciones criminales ahora desestimadas.

    Crenshaw también cuestionó declaraciones públicas de funcionarios de la administración Trump, entre ellos el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche, quien sugirió públicamente que el proceso judicial se relacionaba con la victoria legal obtenida por Ábrego García.

    El salvadoreño había sido deportado en marzo de 2025 e internado brevemente en el CECOT, pese a contar con una orden judicial emitida en 2019 que le otorgaba protección contra la expulsión hacia El Salvador, debido al riesgo que enfrentaba por amenazas de pandillas contra su familia. Ábrego fue retornado a EEUU tres meses después.

    Ábrego García reside desde hace años en Maryland, donde formó una familia junto a su esposa e hijo estadounidenses, aunque ingresó irregularmente a territorio estadounidense siendo adolescente.

    Pese al fallo judicial favorable, funcionarios del gobierno estadounidense han reiterado que Ábrego García no podrá permanecer en Estados Unidos y han planteado deportarlo hacia un tercer país, entre ellos Liberia.

     

     

  • EE.UU. busca elevar hasta $18 mil las multas contra los migrantes con órdenes de deportación

    EE.UU. busca elevar hasta $18 mil las multas contra los migrantes con órdenes de deportación

    El Gobierno del presidente Donald Trump propuso aumentar hasta $18,000 las multas impuestas a ciertos inmigrantes que incumplieron órdenes de deportación emitidas en su contra y posteriormente fueron arrestados por autoridades migratorias.

    La iniciativa fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que plantea elevar la sanción actual de $5,130 establecida durante el año fiscal 2025.

    La medida afectaría específicamente a extranjeros que recibieron órdenes de deportación en ausencia, es decir, casos en los que los inmigrantes fueron notificados para comparecer ante una corte migratoria y no asistieron a las audiencias.

    Según la propuesta publicada en el Registro Federal de Estados Unidos, el objetivo es recuperar parcialmente los costos asociados a la detención y expulsión de personas que permanecieron ilegalmente en territorio estadounidense tras recibir dichas órdenes.

    El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) argumentó que el monto actual resulta insuficiente para cubrir los gastos operativos relacionados con la identificación, captura, procesamiento y deportación de estos inmigrantes.

    “Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, señaló el DHS en el documento oficial.

    La agencia explicó que entre los gastos considerados se incluyen capacitación, vehículos, personal de apoyo y otros costos administrativos vinculados a los operativos migratorios.

    La propuesta también forma parte de la estrategia impulsada por la administración Trump para promover la llamada “autodeportación”, presionando económicamente a inmigrantes indocumentados para abandonar voluntariamente el país.

    ICE comenzó a aplicar multas migratorias de $5,000 en septiembre pasado, cifra que posteriormente fue ajustada por inflación hasta alcanzar los $5,130 vigentes actualmente.

    El Departamento de Seguridad Nacional abrió un período de consulta pública hasta el próximo 22 de junio para recibir comentarios sobre la propuesta antes de una posible implementación definitiva.

     

  • Marco Rubio ve difícil lograr un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba

    Marco Rubio ve difícil lograr un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró el jueves que considera “bajas” las probabilidades de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Cuba debido a la falta de apertura de las autoridades cubanas para transformar el sistema político y económico de la isla.

    “La preferencia del presidente es siempre un acuerdo negociado y pacífico. Eso sigue siendo nuestra preferencia. En cuanto a Cuba, voy a ser sincero, la probabilidad de que eso ocurra, teniendo en cuenta con quién estamos tratando ahora mismo, no es muy alta”, declaró Rubio antes de viajar a Suecia para participar en una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

    El funcionario estadounidense sostuvo que Washington mantiene la disposición de dialogar si el gobierno cubano decide impulsar cambios, aunque advirtió que Estados Unidos continuará atento a cualquier amenaza que pueda afectar su seguridad nacional.

    Rubio señaló que la situación en Cuba podría generar impactos migratorios, violencia e inestabilidad debido a la cercanía geográfica de la isla con territorio estadounidense, ubicado a apenas 90 millas, unos 144 kilómetros.

    “Si existe una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, el presidente no solo tiene el derecho, sino también la obligación de hacer frente a esa amenaza”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

    Además, calificó a Cuba como un “Estado fallido” y criticó el modelo político y económico implementado por el régimen cubano, asegurando que existen alternativas que podrían ofrecer mayores oportunidades y prosperidad a la población.

    “Hay otras maneras de hacerlo que podrían ofrecer al pueblo cubano prosperidad y oportunidades”, sostuvo Rubio, quien comparó la situación de la isla con países del Caribe y con el estado de Florida.

    En los últimos días, Washington incrementó la presión sobre La Habana. Rubio propuso establecer una “nueva relación” directa con el pueblo cubano sin intermediación del gobierno de la isla y acusó a las autoridades cubanas de “saquear miles de millones de dólares”.

    A esto se suma la reciente imputación del expresidente cubano Raúl Castro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate.

    Sobre la ayuda humanitaria de $100 millones anunciada por Washington para Cuba, Rubio aseguró que las autoridades cubanas ya dieron señales de aceptación, aunque aclaró que los recursos serán distribuidos mediante organizaciones religiosas y no a través de empresas controladas por el aparato militar cubano.

    “Están dispuestos a dar un paso adelante”, dijo Rubio en referencia a la Iglesia católica, tras sostener reuniones recientes en Roma sobre la canalización de la ayuda humanitaria.

     

  • Crisis en Bolivia escala con respaldo internacional y tensión diplomática

    Crisis en Bolivia escala con respaldo internacional y tensión diplomática

    La crisis política y social que atraviesa Bolivia desde hace 15 días escaló este miércoles al plano diplomático e internacional luego de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz denunciara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un supuesto intento de desestabilización contra su administración.

    Las protestas comenzaron a inicios de mayo por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles, además del rechazo a varias reformas impulsadas por el Ejecutivo. Sin embargo, las movilizaciones derivaron posteriormente en exigencias de renuncia contra Paz, quien asumió la presidencia hace apenas seis meses.

    Los bloqueos de carreteras y manifestaciones se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales.

    Ante el incremento de la tensión, Paz anunció un “reordenamiento” de su gabinete de ministros con el objetivo de hacerlo “más ágil” y cercano a las demandas ciudadanas. Además, informó sobre la creación de un Consejo Económico y Social para discutir las reformas promovidas por su gobierno y responder a las acusaciones de privatización impulsadas por sectores opositores.

    La situación humanitaria en La Paz y El Alto se agravó debido a los bloqueos, que mantienen parcialmente aisladas ambas ciudades y han provocado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. En mercados populares los precios de productos básicos se duplicaron e incluso triplicaron.

    El Gobierno boliviano habilitó un puente aéreo con apoyo de Argentina para trasladar alimentos e insumos básicos hacia las zonas afectadas. Paz también intentó reducir las tensiones con Buenos Aires luego de que Morales denunciara, sin presentar pruebas, el supuesto traslado de militares argentinos hacia Bolivia.

    Las protestas se radicalizaron esta semana tras la llegada a La Paz de una marcha de seguidores de Morales procedente del altiplano. El lunes se registraron saqueos, enfrentamientos y ataques contra periodistas y ciudadanos, en la jornada más violenta desde el inicio del conflicto.

    El Ejecutivo acusa directamente a Morales de promover las protestas para provocar una “ruptura constitucional” y vincula parte de las movilizaciones con estructuras del narcotráfico, señalamientos que el exmandatario rechaza.

    La confrontación también alcanzó el plano judicial y diplomático. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, pidió al presidente colombiano, Gustavo Petro, colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia por un proceso de trata agravada de personas.

    Bolivia expulsó además a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, luego de considerar como “injerencistas” declaraciones de Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y aseguró que en Bolivia “hay un pueblo en las calles al que están matando”.

    Mientras tanto, Estados Unidos expresó respaldo total al Gobierno boliviano. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington “no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”, mientras el vicesecretario Christopher Landau aseguró que existe “un golpe de Estado en marcha”.

    Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, Bolivia pidió atención internacional ante una situación que, según el Gobierno, amenaza el orden democrático y compromete derechos fundamentales. Uruguay y República Dominicana también respaldaron al Ejecutivo de Paz y pidieron preservar la institucionalidad democrática.

     

  • EE.UU. despliega portaaviones USS Nimitz en aguas del Caribe en plena campaña contra Cuba

    EE.UU. despliega portaaviones USS Nimitz en aguas del Caribe en plena campaña contra Cuba

    El Ejército de Estados Unidos anunció el miércoles el despliegue en el Caribe del portaaviones nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque, en un contexto marcado por el endurecimiento de las presiones de Washington contra Cuba.

    El Comando Sur estadounidense informó en la red social X que el grupo está integrado por el portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el destructor USS Gridley y el buque de abastecimiento USNS Patuxent. Según el mensaje oficial, la flota representa “la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica”.

    El anuncio coincidió con una nueva escalada diplomática entre Estados Unidos y Cuba luego de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, hecho que dejó cuatro fallecidos.

    La administración del presidente Donald Trump incrementó la presión sobre La Habana en medio de la crisis energética y económica que atraviesa la isla. Trump aseguró este miércoles que Cuba “se está desmoronando” y descartó una escalada militar directa.

    El USS Nimitz había participado previamente en operaciones militares en Medio Oriente y en ejercicios conjuntos con países latinoamericanos durante la misión Southern Seas 2026. Antes de ingresar al Caribe realizó maniobras con fuerzas navales de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

    A finales de 2025, Estados Unidos ya había desplegado en el Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, utilizado posteriormente en operaciones relacionadas con Venezuela y Medio Oriente.

    El despliegue actual del Nimitz es interpretado por analistas y medios internacionales como una demostración de fuerza y disuasión hacia Cuba en medio del deterioro de las relaciones bilaterales y del incremento de las tensiones regionales.

    Mientras tanto, el gobierno cubano rechazó las acusaciones contra Castro y calificó las acciones judiciales impulsadas por Washington como parte de una campaña política contra la isla.

     

  • Raúl Castro se suma a lista de mandatarios latinoamericanos acusados en EEUU

    Raúl Castro se suma a lista de mandatarios latinoamericanos acusados en EEUU

    El exgobernante cubano Raúl Castro fue imputado este miércoles en Estados Unidos por la muerte de cuatro aviadores en 1996, un caso que lo coloca junto a otros exmandatarios latinoamericanos que han enfrentado procesos judiciales impulsados por Washington.

    La acusación presentada en Miami señala a Castro por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, debido al derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate hace casi 30 años. Según la Fiscalía estadounidense, el entonces ministro de Defensa cubano ordenó el ataque mientras las aeronaves volaban sobre aguas internacionales.

    El exmandatario cubano, de 94 años, se une así al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero pasado y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. Analistas consideran poco probable que Castro sea extraditado debido a su avanzada edad y a las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.

    Uno de los antecedentes más recordados es el de Manuel Noriega, quien gobernaba de facto Panamá cuando Estados Unidos lanzó la operación militar “Causa Justa” en diciembre de 1989. Tras permanecer refugiado durante once días en la Nunciatura Apostólica, Noriega se entregó el 3 de enero de 1990 y posteriormente fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, donde cumplió 20 años de prisión.

    Otro caso emblemático fue el del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, extraditado en 2013 por su propio país hacia Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero. Portillo admitió haber recibido $2.5 millones en sobornos provenientes de Taiwán para mantener relaciones diplomáticas con la isla y fue condenado en Nueva York.

    La lista también incluye al expresidente hondureño Rafael Callejas, involucrado en el escándalo de corrupción conocido como Fifagate. Callejas se entregó voluntariamente en 2015 y aceptó cargos por recibir sobornos millonarios relacionados con contratos de la FIFA. En 2020 recibió una condena equivalente al tiempo ya cumplido debido a problemas de salud.

    El también hondureño Juan Orlando Hernández fue arrestado tras dejar la presidencia en 2022 y extraditado hacia Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y tráfico de armas. En 2024 fue condenado a 45 años de prisión, aunque posteriormente recibió un indulto total por parte del presidente Donald Trump en diciembre de 2025.

    En el caso de Nicolás Maduro, las autoridades estadounidenses realizaron una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero, que según Trump duró apenas 45 minutos. El exgobernante venezolano y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra.

    La acusación contra Raúl Castro representa un nuevo episodio de presión política y judicial de Washington contra gobiernos considerados adversarios en América Latina. El caso revive además las tensiones históricas entre Cuba y Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, hecho que provocó condenas internacionales y un endurecimiento de las sanciones contra La Habana.

     

  • Trump celebra la imputación contra Raúl Castro y descarta que vaya a haber una escalada con Cuba

    Trump celebra la imputación contra Raúl Castro y descarta que vaya a haber una escalada con Cuba

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este miércoles la imputación contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate y aseguró que no prevé una escalada en las tensiones con Cuba.

    Trump afirmó ante periodistas que la comunidad cubana en Miami “aprecia lo que el fiscal general acaba de hacer hoy” y sostuvo que Washington mantiene la atención sobre la situación en la isla. “No habrá escalada. No creo que sea necesaria. El lugar se está cayendo a pedazos; es un desastre y han perdido el control”, declaró el mandatario estadounidense.

    La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro y otros cinco exmilitares cubanos por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, incidente que dejó cuatro muertos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal en ese país.

    Según la imputación, Castro —quien entonces fungía como ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba— habría ordenado abrir fuego contra las aeronaves que sobrevolaban aguas internacionales. Los acusados enfrentan cargos por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio, delitos que podrían derivar en cadena perpetua o pena de muerte.

    El caso representa una de las acciones judiciales más fuertes emprendidas por Washington contra un alto dirigente cubano en décadas y ocurre en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también respaldó las acciones judiciales y reiteró el apoyo de la administración Trump a los sectores opositores cubanos.

    Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la acusación como una maniobra política y defendió a Castro, mientras autoridades cubanas insistieron en que el derribo de las aeronaves ocurrió tras reiteradas violaciones al espacio aéreo cubano por parte de Hermanos al Rescate.

    La imputación fue desclasificada en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa Cuba, agravada por nuevas sanciones y tensiones regionales tras recientes operaciones militares estadounidenses en Venezuela

     

  • EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar

    EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar

    Estados Unidos imputó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

    El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de las dos avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de EE.UU.

    La acusación, disponible en línea, trascendió momentos antes de un evento del fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido al presidente Donald Trump que presente la acusación y eleve la presión contra La Habana.

    La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

    El Gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran «terroristas», pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

    En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar los aviones.

     

     

    Todd Blanche, Fiscal general en funciones de EEUU, anunciando la acusación a Raúl Castro.

    La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente Trump contra el gobierno castrista.

    Por ahora, las autoridades estadounidenses no han aclarado cómo ejecutarían una operación para capturar a Raúl Castro ni cuántos años de cárcel implicaría una máxima condena contra el exmandatario.

    Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, elevado sus amenazas de «tomar el control» del país y ampliado las sanciones contra el liderazgo cubano y el conglomerado empresarial militar Gaesa.

    Estas acciones, sumadas a la captura en enero en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado fundamental de Cuba, han profundizado la crisis económica y humanitaria que sufre la isla, desabastecida de crudo y con problemas energéticos.

  • EE.UU. mantendrá presión contra la dictadura Ortega-Murillo, asegura análisis

    EE.UU. mantendrá presión contra la dictadura Ortega-Murillo, asegura análisis

    La Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantendrá la presión política y económica contra el Gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a sus alianzas con Rusia, China e Irán, según un análisis divulgado este lunes por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).

    El informe sostiene que las tensiones entre Washington y Managua aumentaron desde el inicio del segundo mandato de Trump y podrían agravarse por el contexto político regional, especialmente ante la situación en Venezuela y Cuba.

    Los investigadores del Cetcam señalaron que desde la segunda mitad de 2025 el Gobierno estadounidense intensificó mensajes críticos contra la administración sandinista, principalmente sobre presos políticos, derechos humanos, libertad religiosa y el modelo autoritario instaurado por Ortega y Murillo.

    «Con esos antecedentes es posible prever que Washington mantendrá las presiones, incluidas las sanciones, en contra de la dictadura de los Ortega-Murillo», indicó el centro de pensamiento centroamericano en su análisis.

    El estudio advierte además que uno de los factores que más preocupa a Estados Unidos es el fortalecimiento de las relaciones entre Managua y potencias consideradas rivales estratégicas de Washington, como Rusia, China e Irán.

    Entre los hechos señalados figura la reciente ratificación por parte del Senado ruso de un acuerdo militar con Nicaragua firmado en 2025, que permitirá fortalecer la coordinación estratégica y presencia rusa en Centroamérica durante un período inicial de cinco años. Según Cetcam, este movimiento “difícilmente será ignorado” por Estados Unidos.

    El informe también destaca el creciente peso económico de China en Nicaragua, especialmente en el sector minero. Cetcam asegura que el país centroamericano cedió más del 8.5 % de su territorio a empresas chinas vinculadas a actividades extractivas.

    En este contexto, los analistas consideran que Washington podría impulsar la aprobación de la denominada Ley Nica 2.0, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes estadounidense, la cual contempla nuevas sanciones económicas contra el régimen nicaragüense.

    El Cetcam incluso plantea que, una vez Estados Unidos defina sus estrategias frente a Venezuela y Cuba, Nicaragua podría convertirse en una de las principales prioridades de Washington en América Latina.