La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes a la Corte Suprema que revise la constitucionalidad de su orden ejecutiva que pretende eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visados temporales. Es la segunda vez que el Ejecutivo lleva este asunto ante el máximo tribunal.
Al menos tres jueces federales han emitido fallos contra la iniciativa presidencial, señalando que contradice la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza que toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, sin distinción del estatus migratorio de los padres.
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó en la apelación que los fallos previos “socavan la seguridad fronteriza” al extender injustificadamente los beneficios de la ciudadanía a personas que no califican. “Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen los requisitos”, afirmó Sauer.
La nueva apelación surge a raíz de un fallo del Noveno Circuito de Apelaciones de California que suspendió la aplicación de la orden ejecutiva en todo el país. El caso también toma en cuenta una decisión contradictoria de un juez federal en New Hampshire, lo que podría motivar a la Corte Suprema a intervenir para resolver el desacuerdo judicial.
En junio pasado, el Supremo ya se había pronunciado sobre otro caso vinculado a esta política. Aunque en esa ocasión no se abordó el fondo del decreto, la Corte falló a favor del Ejecutivo en cuanto a la jurisdicción legal de los tribunales menores para bloquear órdenes presidenciales a nivel nacional, lo que fue interpretado como un triunfo parcial para Trump.
El presidente ha insistido en que la Enmienda 14 fue diseñada originalmente para garantizar derechos a los hijos de esclavos, no para beneficiar a los hijos de inmigrantes indocumentados. “Miles de personas están entrando al país aprovechando esa disposición”, argumentó en declaraciones anteriores.
Actualmente, la aplicación de la orden ejecutiva sigue detenida mientras continúan las apelaciones judiciales.
