Siete familias de víctimas mortales presentaron este lunes una demanda contra Camp Mystic, en Texas, tras la muerte de 27 mujeres y niñas durante una inundación registrada en el campamento el 4 de julio. En el recurso judicial, los demandantes acusan a los responsables del campamento de negligencia y exigen una compensación superior a $1 millón.
La demanda fue interpuesta en Austin, capital del estado, y denuncia que Camp Mystic ignoró durante décadas los riesgos de inundaciones en la zona. Según los documentos legales, no existía un plan de evacuación y las autoridades del campamento ordenaron a las niñas y a las supervisoras permanecer en las cabañas mientras el nivel del río crecía peligrosamente durante la noche.
Las familias de cinco menores de edad y dos supervisoras que murieron durante el desastre natural afirman que la tragedia se pudo evitar. “Estas niñas murieron porque un campamento con fines de lucro priorizó sus ganancias a la seguridad”, expresaron en el escrito legal.
Además, justificaron su acción judicial con el objetivo de que “se conozca toda la verdad, que todas las partes responsables rindan cuentas y que se eviten futuras tragedias previsibles en campamentos juveniles”.
Aunque el lugar original quedó destruido por la crecida del río, Camp Mystic ha anunciado su reapertura para el próximo verano, pero en nuevas instalaciones.
Tras el desastre, que cobró la vida de más de 130 personas en diversas áreas de Texas, las autoridades estatales aprobaron leyes para reforzar los protocolos de seguridad en campamentos de verano. En octubre, la legislatura de Texas también comunicó que abrirá una investigación formal para determinar las causas exactas del evento.
Las emisiones de pasaportes salvadoreños han disminuido en un 9 % de enero a septiembre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Durante los primeros nueve meses de 2025 se emitieron 355,845 pasaportes salvadoreños, 9 % menos que los 391,908 entregados en el mismo plazo del año pasado, según datos de Migración.
En el primer trimestre, aumentaron las emisiones en un 1 %; los otros dos trimestres registraron caídas del 14 y el 15 %, respectivamente. Los documentos fueron entregados en sucursales y en el exterior.
El trimestre con más emisiones de pasaportes fue de enero a marzo, con 135,704; le siguió julio a septiembre con 110,742 y abril a junio con 109,399. Los pasaportes son emitidos por Migración en El Salvador y en los consulados en el exterior.
Los reportes de Migración revelan que 181,411 pasaportes fueron emitidos en las ocho sucursales; hubo 55 pasaportes especiales emitidos desde enero hasta septiembre de 2025.
La segunda mayor cantidad de pasaportes emitidos corresponden a Estados Unidos, donde se entregaron 157,693, mientras que en otros países solo se entregaron 16,664.
La emisión del pasaporte salvadoreño tiene un costo de $25 en el territorio nacional y en el exterior tiene un precio de $60. Para emitir el pasaporte en el extranjero, los connacionales deben tramitarlo en las sedes consulares de El Salvador.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lideró el domingo una caravana de camiones cisterna cargados con gasolina y diésel, con el objetivo de estabilizar el mercado interno y poner fin a la escasez de combustibles que afecta al país desde hace varios meses.
La movilización partió desde el sector de la Apacheta, en las afueras de El Alto, ciudad vecina de La Paz. Paz recorrió el trayecto en la parte trasera de una patrulla de la Policía Boliviana, acompañado de varios de sus ministros del área económica, dirigiendo la columna de cisternas que portaban banderas nacionales y hacían sonar sus bocinas en señal de victoria.
A su paso, algunos vecinos salieron de sus casas sorprendidos para observar el convoy y saludar al mandatario, quien declaró al canal estatal Bolivia TV que ya se ha nombrado una nueva administración al frente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el fin de mejorar la logística de distribución.
“Que se acaben las malditas filas, se estabilice el país, esto es lo que hay que hacer con prontitud”, expresó Paz al justificar la acción de su Gobierno, en medio de una crisis de abastecimiento que ha impactado en el precio de los alimentos y otros bienes de consumo.
Como parte del operativo, el presidente protagonizó un acto simbólico al retirar una barrera metálica de tránsito junto a sus ministros, en señal de ruptura con lo que denominó “Estado tranca”, haciendo referencia a la burocracia que, según dijo, impide el desarrollo del país.
Según el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, la llegada de los combustibles es resultado de gestiones diplomáticas previas realizadas por Paz, incluso antes de asumir oficialmente la presidencia.
“Queremos incrementar la oferta en un 40 % respecto a lo que se tenía antes. La idea es estabilizar el mercado”, aseguró el funcionario.
La escasez de gasolina y diésel ha sido uno de los principales problemas de Bolivia en los últimos meses, generada por la falta de divisas, la caída de las reservas internacionales netas y el declive en la producción de gas natural, tras el agotamiento de varios pozos tradicionales.
Paz asumió la presidencia el sábado como el mandatario número 74 en la historia del país. En su primer discurso, reconoció la gravedad del panorama nacional: “el país está devastado”, dijo, describiendo una economía quebrada y “un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”.
Entre las principales apuestas del nuevo gobierno está la apertura económica, la atracción de inversión extranjera y la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos a nivel de embajadores, rotas desde 2008 durante el mandato de Evo Morales.
Los senadores encargados del presupuesto en Estados Unidos alcanzaron el domingo un acuerdo para desbloquear el cierre parcial del gobierno federal, el más largo en la historia del país, que ya suma 40 días. El nuevo pacto contempla la financiación de varias agencias clave y permitirá avanzar hacia la reapertura total del aparato gubernamental.
La propuesta fue presentada a través de un paquete de tres proyectos de ley que buscan financiar de forma prolongada los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras dependencias federales, extendiendo sus recursos hasta el 30 de enero. Además, el acuerdo incluye una prórroga ampliada del gasto gubernamental y el pago retroactivo de salarios para unos 650,000 empleados públicos afectados por la suspensión.
La estrategia legislativa consiste en avanzar con la resolución de continuidad aprobada previamente por la Cámara de Representantes, pero enmendada en el Senado para incorporar este paquete presupuestario. Sin embargo, su implementación aún tomará varios días, ya que el documento deberá volver a la Cámara Baja y luego ser enviado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para su aprobación final.
“El acuerdo permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos”, explicó uno de los negociadores, bajo anonimato. No obstante, advirtió que “no será de forma inmediata” debido al proceso legislativo pendiente.
El marco del acuerdo fue negociado entre senadores demócratas como Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, junto a líderes republicanos, incluidos miembros del Comité de Asignaciones y el propio líder de la mayoría en el Senado, John Thune. También se contó con la participación de la Casa Blanca.
Entre las medidas más urgentes, el pacto permitiría el reintegro de empleados suspendidos sin goce de sueldo, muchos de los cuales han tenido que recurrir a bancos de alimentos o solicitar préstamos de emergencia. Otros han seguido trabajando sin recibir su salario, afectando gravemente su economía familiar.
El cierre del gobierno provocó también el cierre de servicios esenciales, la interrupción de beneficios como los cupones de alimentos para familias vulnerables, y generó caos en los aeropuertos por la falta de personal de seguridad y controladores aéreos.
Se espera que en los próximos días, el Congreso pueda avanzar en la aprobación del paquete enmendado y que el presidente Donald Trump estampe su firma para restaurar el funcionamiento total del gobierno y aliviar el impacto que ha afectado a millones de ciudadanos en todo el país.
Más de 2,200 vuelos fueron cancelados este domingo en Estados Unidos debido a la escasez de controladores aéreos causada por el prolongado cierre del Gobierno federal, que este día alcanzó los 40 días de duración.
Según el portal especializado FlightAware, hasta la noche del domingo se reportaban 2,225 vuelos cancelados y al menos 7,522 con retrasos, en una jornada marcada por la crisis operativa en los principales aeropuertos del país.
Los terminales más afectados fueron los de Atlanta, Newark, LaGuardia y el Aeropuerto Internacional de Chicago. Las aerolíneas con mayor número de incidentes fueron Delta, SkyWest, Republic y American Airlines.
La cadena CNN informó que al menos quince centros de control de tráfico aéreo en todo el país confirmaron una disminución significativa de personal, principalmente en regiones clave como Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Nashville, Dallas y Chicago.
Ante esta situación, el Departamento de Transporte ordenó una reducción del 10 % en el tráfico aéreo a nivel nacional, con la advertencia de que esta cifra podría elevarse al 20 % si no se logra una solución antes de la próxima semana, especialmente con la cercanía del fin de semana de Acción de Gracias, una de las fechas con mayor movilidad aérea del año.
El secretario de Transportes, Sean Duffy, advirtió este domingo que “la situación puede empeorar” si no se restablecen los fondos para el pago del personal. Según Duffy, el número de controladores que se reportan de baja continúa en aumento, superando ya los 2,000, a pesar de ser trabajadores esenciales llamados a laborar sin recibir su salario durante el cierre.
Además, señaló que el próximo martes está programado un nuevo pago que no podrá realizarse si el Congreso no pone fin al cierre gubernamental. El Senado ha mantenido sesiones durante todo el fin de semana en un intento por llegar a un acuerdo que desbloquee los fondos federales.
Este episodio representa el cierre más largo en la historia del país y ya ha generado un impacto directo en la movilidad aérea nacional, afectando a miles de pasajeros y alterando las operaciones en los principales centros de conexión aérea.
El gobierno de Donald Trump, solicitó anular una orden judicial que impide la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño actualmente detenido en Pensilvania, para proceder con su traslado a Liberia, un país de África Occidental. Las autoridades estadounidenses argumentan que el gobierno del país africano ofreció garantías de que no será torturado ni perseguido.
En una serie de documentos presentados durante la noche del viernes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) aseguró que la solicitud de asilo de Ábrego García fue rechazada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tras una entrevista reciente en la que su reclamo por temor a tortura o persecución fue desestimado.
El DOJ sostiene que la medida cautelar que bloquea su deportación debe eliminarse, ya que Liberia ha dado su consentimiento para recibirlo bajo condiciones seguras. A su vez, los abogados del gobierno señalaron que el recurso legal de Abrego García es improcedente, ya que el salvadoreño es parte de una demanda colectiva en Massachusetts relacionada con deportaciones a terceros países.
“Incluso si los méritos fueran correctamente presentados, las alegaciones del peticionario fracasan”, afirmó el Departamento de Justicia. “La Constitución no garantiza al peticionario un proceso más allá del que las ramas políticas han decidido ofrecer”.
Ábrego García vivía en Maryland con su esposa e hijos antes de ser deportado en marzo pasado a El Salvador, específicamente a la megacárcel CECOT, a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su envío a ese país debido a riesgos de persecución. Sin embargo, fue devuelto a EE.UU. en junio para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee, caso en el que se ha declarado no culpable.
Las autoridades estadounidenses lo identifican como miembro de la pandilla MS-13 y han defendido su expulsión alegando que responde “al interés público”. Familiares y abogados de Ábrego han negado esas acusaciones.
Por su parte, la defensa legal solicitó a la jueza federal Paula Xinis que suspenda su deportación a Liberia hasta que un juez de inmigración evalúe adecuadamente la decisión del USCIS.
“El Gobierno insiste en que la conclusión sin fundamentos de un solo oficial migratorio—que determinó que Ábrego García no demostró que es “más probable que no” que será torturado o perseguido en Liberia—satisface el debido proceso. No lo hace”, argumentaron los abogados del detenido.
Además, cuestionaron que las autoridades estadounidenses hayan rotado hasta cuatro países como destinos alternativos de deportación —Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia— sin ofrecer “la notificación, audiencia y evaluación individualizada que exige el debido proceso”.
El equipo legal también denunció que el gobierno ignoró la “designación estatutaria” de Costa Rica, país que en el pasado expresó su disposición a recibir a Ábrego García como refugiado o residente, y que había sido previamente considerado como destino viable.
Actualmente, Kilmar Ábrego García permanece bajo custodia en un centro de detención en el estado de Pensilvania, mientras su futuro migratorio se debate en los tribunales.
Rodrigo Paz Pereira juró este sábado 8 de noviembre como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en una ceremonia celebrada en la Asamblea Legislativa y con posterior acto simbólico en la plaza Murillo, en La Paz. El mandatario aseguró que recibe “un país devastado”, marcado por una profunda crisis económica que atribuyó a la “traición” de los anteriores gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Acompañado por delegaciones internacionales y autoridades nacionales, Paz recibió los bastones de mando que simbolizan su poder político, militar, policial y espiritual. Además, recibió la bendición católica en un acto dirigido por monseñor Jesús Juárez, en un gesto que marcó la dimensión simbólica y religiosa de su investidura.
“Devastado, con una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza”, expresó con firmeza ante los legisladores y delegaciones extranjeras, entre ellas la representación de España, encabezada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Paz no escatimó en señalar directamente a su antecesor, Luis Arce, y al MAS, partido del expresidente Evo Morales, como los responsables del colapso económico del país.
“Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas. Nos dejan con una deuda de $40,000 millones. Nos traicionaron, y la traición se paga en Bolivia, porque es el costo que tienen los más humildes y vamos a defender a los más humildes”, afirmó.
Durante su intervención, el nuevo jefe de Estado calificó al aparato estatal como “un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”, y describió una realidad nacional marcada por “mercados vacíos” y “salarios que no alcanzan para vivir”.
La crisis interna del MAS también fue parte de su discurso. Paz aludió al debilitamiento del partido y a la reciente expulsión de Arce, en medio de disputas que fracturaron la estructura política del oficialismo saliente. Esta fragmentación, según explicó, agravó el escenario de ingobernabilidad que hoy recibe su gestión.
El nuevo presidente confirmó que este domingo presentará a su gabinete de gobierno a partir de las 11:00 a.m., hora local. Su equipo de transición ya adelantó que se trata de un grupo técnico orientado a implementar un plan de rescate económico de emergencia.
Paz emprendió una gira a inicios de mes por Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con representantes del gobierno estadounidense, así como con líderes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esas citas, buscó apoyo financiero internacional para enfrentar la crisis interna.
Uno de los principales logros de esa visita fue avanzar en la normalización de relaciones diplomáticas con Washington, interrumpidas desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador Philip Goldberg. Posteriormente, también fueron expulsadas la agencia antidrogas DEA y la USAID.
Rodrigo Paz inicia así su mandato con una narrativa de ruptura con el pasado reciente, apostando por la reactivación económica, la transparencia institucional y el restablecimiento de lazos con la comunidad internacional. “Vamos a reconstruir Bolivia desde los cimientos”, concluyó.
Las remesas en efectivo o de bolsillo registraron un crecimiento de 19.2 % luego de superar los $284.3 millones entre enero y septiembre de 2025, según el Banco Central de Reserva (BCR).
La institución comenzó a incluir esta variable en su oferta estadística a partir de 2023. Corresponde al dinero que envían los salvadoreños en el exterior como remesas a través de un tercero, como un familiar o amistad que viaja.
De acuerdo con el BCR, las remesas de bolsillo crecieron en $45.7 millones en comparación con los $238.6 millones reportados en igual período. Además, representan un 3.9 % de los más de $7,354.3 millones que ingresaron a los hogares salvadoreños entre enero y septiembre.
Las remesas en efectivo podrían ser uno de los canales que más incremente en los próximos meses, sobre todo cuando se comience a cobrar el impuesto del 1 % para los envíos de dinero en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2026. Con esto, los expertos esperan que las personas prefieran trasladar las ayudas a sus familiares cuando un conocido viaje, para evitar el pago del tributo.
El BCR también reporta que las recargas a teléfonos móviles sumaron $12.3 millones a septiembre, con un crecimiento de solo 0.9 % frente a los $12.2 millones registrados en igual período de 2024.
¿Dónde se cobran las remesas?
De acuerdo con el BCR, el 82 % de las remesas se cobran en una institución financiera, con un promedio de $404.1. Estos lugares —bancos o cooperativas— pagaron $6,027.8 millones en los primeros nueve meses del año.
Los minisúper o supermercados son el segundo lugar de mayor cobro, con una participación del 6 %, luego de sumar $443.6 millones y un promedio de $173.7.
Entretanto, las farmacias tienen una participación de 2.9 %, las agroferreterías de 0.3 %, las casas comerciales o almacenes de 0.4 % y las gasolineras de 0.2 %. Las librerías pagan un 0.1 %, las tiendas un 0.9 % y otros establecimientos un 2.6 %.
Pago de remesas, un negocio extendido en el comercio:
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró este viernes que los vuelos internacionales operarán con normalidad a pesar de la reducción del tráfico aéreo provocada por el cierre parcial del Gobierno federal.
Desde el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, Duffy explicó que los compromisos internacionales obligan a Estados Unidos a mantener la conectividad aérea con el resto del mundo.
“Los vuelos internacionales no serán afectados. Tenemos tratados internacionales que debemos respetar. No voy a afectar a los vuelos internacionales”, afirmó.
El funcionario advirtió que algunos países “esperan que Estados Unidos incumpla los acuerdos para reducir los vuelos estadounidenses”, por lo que garantizó que su país no dará lugar a esa posibilidad.
Este viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una reducción del 10 % en el tráfico aéreo nacional, debido a la falta de unos 2,000 controladores aéreos causada por el cierre gubernamental, que ya suma 38 días, convirtiéndose en el más largo de la historia de EE.UU.
La plataforma FlightAware reportó más de 800 vuelos cancelados y al menos 1,200 retrasos. Sin embargo, las principales aerolíneas del país como American Airlines, United y Delta informaron que priorizarán las rutas internacionales para evitar un colapso en el sistema de conectividad global.
Entre los aeropuertos más afectados por la reducción están el JFK y LaGuardia, en Nueva York; LAX, en Los Ángeles; O’Hare, en Chicago; y los terminales de Dallas, Houston, Miami, Orlando, Atlanta, Boston y Newark, entre otros.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, hasta 4,000 vuelos diarios podrían quedar en tierra bajo las nuevas restricciones, implementadas como medida para garantizar la seguridad de los pasajeros.
El cierre de Gobierno inició el pasado 1 de octubre debido a la falta de consenso entre demócratas y republicanos en el Senado para aprobar el presupuesto federal. Esta crisis supera en duración al cierre de 2018, ocurrido durante la presidencia de Donald Trump, que finalizó tras 35 días también por problemas en el sistema aéreo.
Al menos tres aviones militares de Estados Unidos, incluyendo un avión de ataque fuertemente armado, han iniciado operaciones desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador, lo que representa una inédita expansión de presencia militar estadounidense en la región, según una publicación del diario estadounidense The New York Times.
Entre las aeronaves desplegadas se encuentra un AC-130J Ghostrider, diseñado para destruir objetivos en tierra o mar con misiles, cañones y ametralladoras. Este avión es operado por el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, unidad dedicada a misiones delicadas del ejército estadounidense.
Según un análisis del The New York Times basado en imágenes satelitales, datos de seguimiento de vuelos y comunicaciones de tráfico aéreo, también operan en la base un avión de reconocimiento P-8A de la Marina, equipado con sensores para recolección de inteligencia, y un C-40 Clipper de la Fuerza Aérea, que carece de distintivos visibles.
Estados Unidos tiene presencia en la Base de Comalapa desde el año 2000 para operaciones de prevención y control de tráfico de drogas en el Pacífico.
El avión de ataque, un AC-130J Ghostrider, está diseñado para destruir objetivos en tierra o en mar usando misiles o descargas de sus cañones y ametralladoras.
El despliegue coincide con una intensificación de las operaciones “antinarcóticos” lanzadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde finales de agosto.
Hasta el momento, el Departamento de Defensa ha reconocido 16 ataques letales contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. El portaaviones Gerald R. Ford se sumará próximamente a una flotilla que ya cuenta con casi una decena de buques y 10,000 soldados.
Expertos citados por el diario estadounidense indican que esta sería la primera vez que un país centroamericano como El Salvador alberga aviones estadounidenses con capacidad de ejecutar ataques militares. La decisión refleja los estrechos lazos entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha respaldado políticas clave de su administración, incluyendo la encarcelación de deportados en una prisión de máxima seguridad.
“En este ámbito, parecen muy bien alineados”, aseguró John Walsh, director de políticas sobre drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Foto de archivo de un avión de la Marina de EEUU P8-A Poseidon, un avión de reconocimiento equipado con cámaras que pueden recoger información de inteligencia a miles de metros de altura. Istock
Ni el gobierno salvadoreño ni su embajada en Washington ofrecieron comentarios al Times sobre la presencia de las aeronaves. Sin embargo, dos oficiales militares estadounidenses, bajo condición de anonimato, confirmaron que la operación está relacionada con el refuerzo de las misiones antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico.
Las imágenes muestran que el despliegue se realiza desde el Puesto de Seguridad Cooperativa en Comalapa, una instalación militar ubicada dentro del principal aeropuerto salvadoreño, creada en el año 2000 para apoyo logístico de operaciones antinarcóticos. Esta base había tenido poca actividad desde 2022, hasta este reciente aumento de vuelos militares.
Según el Times, el avión P-8A ha realizado al menos seis misiones fuera del territorio salvadoreño, mientras que el AC-130J y el C-40 Clipper han participado en al menos una cada uno, según registros de comunicación aérea. Aunque no se ha confirmado su implicación directa en bombardeos, su presencia coincide con ataques a embarcaciones en el Pacífico oriental.
Foto de archivo de un avión C-40 Clipper de la Marina de EEUU
El almirante James Stavridis, exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, explicó que el puesto en Comalapa ha sido usado para labores humanitarias, pero actualmente “se utiliza claramente para el poder duro”.
Un piloto del P-8A, en una comunicación de radio, indicó que el avión estaba “procediendo operacionalmente con la debida consideración en el espacio aéreo internacional en este momento”. La frase “debida consideración” es utilizada por pilotos militares cuando cesan contacto con controladores civiles durante misiones confidenciales.
EEUU tiene presencia desde el 2000
El Centro de Seguridad Cooperativa de Comalapa (CSL, por sus siglas en inglés) se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Comalapa. En marzo de 2000, Estados Unidos llegó a un acuerdo con el gobierno de El Salvador para operar desde el Aeropuerto Internacional de Comalapa durante 10 años, periodo que se ha ido extendiendo periódicamente.
Este CSL amplía significativamente el alcance de la detección y el monitoreo de aeronaves en los corredores de narcotráfico del Pacífico Oriental, por donde transita más de la mitad de la droga con destino a Estados Unidos, a menudo en cargamentos de varias toneladas. La Marina de Estados Unidos gestiona las operaciones diarias del CSL y proporciona las aeronaves y el personal militar.
