El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que aplicará un arancel del 10 % a las importaciones de madera blanda, que entrará en vigor el 14 de octubre. Al mismo tiempo, se han aplazado durante dos semanas los gravámenes sobre los muebles fabricados en el extranjero.
Esta información fue divulgada por la Casa Blanca después de que el presidente Donald Trump comunicara previamente que a partir del 1 de octubre se aplicarían tarifas del 30 % a ciertos muebles tapizados y del 50 % a gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos similares.
El nuevo documento oficial detalla que todos estos artículos tendrán un arancel inicial del 25 % a partir del 14 de octubre, y que, en el caso de los muebles tapizados, este aumentará al 30 %, mientras que los gabinetes y tocadores verán incrementada su tarifa al 50 % desde el 1 de enero de 2026. Según la Administración, países como el Reino Unido, la Unión Europea y Reino Unido, la Unión Europea recibirán un trato más favorable, reflejando los términos de sus acuerdos comerciales con EE.UU. y evitando tarifas más altas consideradas «recíprocas».
Las tasas de importación de madera se limitarán al 10 % para Londres, mientras que Bruselas y Tokio tendrán un tope del 15 %.
Desde su regreso al poder, Trump ha llevado a cabo una guerra comercial contra sus aliados, imponiendo gravámenes que varían entre el 10 % y el 50 %, siendo este último aplicable a India y Brasil.
La Justicia salvadoreña condenó a penas de 77 y 55 años de prisión a tres integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados fueron identificados como José Francisco Centeno, condenado a 77 años, y Julio César Gómez y José Balbino Baires, ambos con penas de 55 años de cárcel, por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Según la investigación fiscal, “los imputados llevaban a las víctimas hasta la zona del lago de Güija, en Santa Ana. Luego, las trasladaban a Guatemala, donde otros miembros de la estructura las retomaban y finalmente las llevaban a territorio estadounidense”.
La FGR detalló que la red cobraba entre $3,500 y $12,000 por persona, y hasta ahora se han contabilizado 22 víctimas de distintas zonas del país trasladadas en diferentes medios de transporte. La estructura operaba en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
Fuentes consultadas explicaron que los llamados coyotes salvadoreños mantienen vínculos con traficantes de Honduras y Guatemala, dentro del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, y actúan bajo la venia de carteles de droga en México.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2024 fueron 14,195 los salvadoreños deportados desde Estados Unidos, frente a los 13,357 de 2023.
Cada año, más de 500,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras emprenden el viaje irregular hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pese a los riesgos de las rutas controladas por el crimen organizado.
Estados Unidos reconoció esfuerzos significativos del gobierno salvadoreño en el último año en combatir en el tráfico de personas aunque advierte que el país aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar este flagelo, según el informe difundido el lunes por el Departamento de Estado
«Estos esfuerzos incluyeron el enjuiciamiento de más sospechosos, la condena de más tratantes, la asistencia a más víctimas infantiles en el albergue especializado del gobierno y el aumento de la capacitación contra la trata para los funcionarios de justicia penal”, afirma el Informe sobre la trata de personas 2025, divulgado el lunes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a El Salvador en el Nivel 2 del Informe sobre la trata de personas 2025.
El reporte destacó que el Gobierno aumentó las condenas a tratantes, brindó mayor asistencia a víctimas menores en albergues especializados e intensificó las capacitaciones en el sistema judicial. Además, las capturas masivas de presuntos pandilleros bajo el régimen de excepción desmantelaron redes criminales vinculadas a la explotación sexual y laboral.
Washington advirtió que las autoridades salvadoreñas aún presentan deficiencias graves. Entre ellas, la falta de procedimientos para identificar víctimas entre detenidos por vínculos con pandillas, la ausencia de hombres adultos y extranjeros en los registros oficiales, y una reducción de investigaciones y víctimas identificadas en comparación con 2023.
“El gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Las autoridades no contaban con procedimientos para identificar a las víctimas de trata entre las personas que detuvieron por afiliación a pandillas. Las autoridades iniciaron menos investigaciones e identificaron a menos víctimas. El gobierno no identificó a ninguna víctima masculina adulta ni a ninguna víctima extranjera”, señala el reporte estadounidense.
El informe detalla que en 2024, las autoridades abrieron 18 nuevos casos de trata —13 de explotación sexual, 2 de trabajo forzado y 3 no especificados—, lo que representa una disminución frente a los 38 de 2023. Aun así, el número de procesados aumentó significativamente, con 504 sospechosos llevados a juicio, incluidos líderes de la MS-13 acusados de múltiples delitos, entre ellos trata de personas.
El documento reconoció la condena de 11 tratantes, con penas que oscilaron entre 5 y 26 años de prisión, lo que marca un contraste con 2023, cuando no se dictó ninguna sentencia. Sin embargo, criticó la falta de un sistema de gestión de casos electrónicos y el escaso conocimiento de los jueces sobre la complejidad del delito.
El reporte documenta que en materia de protección, el Gobierno identificó 27 víctimas, todas salvadoreñas, frente a las 40 del año anterior. La mayoría fueron niñas y adolescentes explotadas sexualmente. No se reportaron víctimas extranjeras ni hombres adultos. El único albergue especializado atendió a ocho menores y dos de sus hijos, pero solo admitió a quienes participaron en procesos judiciales.
Un grupo de acusados por tráfico de personas en una audiencia en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Recomendaciones
El reporte instó a El Salvador a intensificar investigaciones y procesar casos de trata con condenas ejemplares, además pide ampliar los servicios especializados e informados en trauma para todas las víctimas.
Estados Unidos también llama a asegurar que la atención a víctimas se base en su interés superior, y no dependa de procesos judiciales y a actualizar las leyes y políticas para que la definición de trata sea coherente con estándares internacionales.
También pide prevenir la explotación en el sector turismo mediante sanciones a negocios que faciliten delitos de trata.
Nuevas dinámicas delictivas
El informe también alertó sobre nuevas dinámicas delictivas: el uso de redes sociales para captar víctimas, el aprovechamiento del turismo para explotación sexual y la vulnerabilidad de más de 140,000 niños cuyos padres han migrado o están detenidos bajo el régimen de excepción.
Washington destaca que los traficantes explotan a hombres, mujeres y niños salvadoreños para la trata sexual y el trabajo forzoso en Belice, Guatemala, México, Estados Unidos y posiblemente Europa.
“Explotan a algunos salvadoreños que emigran ilegalmente a Estados Unidos para realizar trabajos forzosos, actividades delictivas forzadas y trata sexual durante el viaje o al llegar. Explotan a algunas víctimas extranjeras de Asia, Sudamérica u otros países centroamericanos para la trata sexual y laboral en El Salvador. Las personas sin documentos de identificación personal son altamente vulnerables a la trata. Se observó corrupción y complicidad entre algunos funcionarios gubernamentales”, concluye el informe.
Las empresas establecidas en suelo salvadoreño aseguraron al gobierno estadounidense que El Salvador promulga leyes sin adherirse a los procedimientos establecidos para notificación y comentarios. Las observaciones, publicados por Estados Unidos en la declaración de clima de inversión 2025, apuntan a que en el país la Ley de procedimientos administrativos simplificados “exige” un análisis de impacto regulatorio (AIR) a ofrecer un período de 15 días para que las empresas realizan comentarios.
“Sin embargo, no todas las entidades gubernamentales cumplen con el período obligatorio de notificación y comentarios ni con las disposiciones relativas a la presentación de agendas regulatorias”, puntualiza el documento.
Pese a exaltar el clima de inversión que El Salvador vive, de la mano con un acuerdo de programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a diferentes normativas aprobadas, el gobierno estadounidense señaló diferentes retos y preocupaciones que las compañías ubicadas en suelo salvadoreño han externado.
Las empresas también confirmaron su preocupación a Estados Unidos sobre la percepción de que los organismos reguladores realizan pocas consultas a la hora de determinar “las tarifas para productos o servicios específicos”.
Personal
El personal de los organismos reguladores en El Salvador es considerado por Estados Unidos como personas que carece de suficiente experiencia para abordar asuntos complejos.
Además, señala que hay muy pocos colaboradores estatales que realicen estas acciones.
“Los nuevos inversionistas extranjeros deben revisar cuidadosamente el marco regulatorio. Además de las leyes y regulaciones nacionales aplicables, las localidades (distritos) pueden imponer requisitos de permisos a los inversionistas”, indicó el documento.
El gobierno de Estados Unidos destaca la relativa “transparencia” de las finanzas públicas, al cumplir con presupuestos aprobados e informes anuales, pero sostiene que éstos no cumplen con “estándares internacionales”.
La declaración del clima de inversión también destaca el papel de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en sus auditorías de estados financieros, desempeños económicos y flujos de caja, pero dice que sigue siendo insuficiente.
“La rendición de cuentas del gobierno sigue siendo insuficiente, pero debería mejorar en el marco del programa de El Salvador con el FMI”, añade el documento.
Según el gobierno estadounidense, aunque el país cuenta con leyes, regulaciones y sanciones para combatir la corrupción, la efectividad de la misma es cuestionable.
No obstante, destaca que bajo la administración del presidente Nayin Bukele hay más confianza pública en que hay menos corrupción en las instituciones estatales.
Estados Unidos hace énfasis en que la corrupción puede llegar a ser, en un punto, un desafío para la inversión en El Salvador.
A un año de asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum se mantiene con una aprobación superior al 70 %, según encuestas, pero su administración enfrenta retos significativos: desde la persistente violencia vinculada al crimen organizado hasta las crecientes presiones del Gobierno de Estados Unidos.
“Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo”, expresó la mandataria durante su primer informe de Gobierno, realizado a inicios de septiembre.
La primera mujer en gobernar México ha impulsado avances en programas sociales y logrado estabilidad económica, sin embargo, su estrategia en materia de seguridad genera dudas. A esto se suma un escenario internacional complicado, particularmente con Washington.
Según el analista en seguridad David Saucedo, la gestión de Sheinbaum puede evaluarse desde distintas ópticas.
“Si nos basamos en promesas de campaña, queda a deber, pues ofreció reducir los homicidios en un 50 %, algo que aún está lejos de cumplirse”, señaló Saucedo.
Aunque cifras oficiales reportan una reducción del 25 % en homicidios durante los primeros 11 meses de su mandato, el promedio diario aún ronda los 65 asesinatos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que más del 63 % de los ciudadanos consideran la inseguridad como el principal problema del país.
“La narrativa oficial habla de un país más seguro, pero el ciudadano de a pie no lo percibe. Incluso las encuestas oficiales muestran una percepción reprobatoria hacia las instituciones de seguridad”, explicó Saucedo.
A pesar de estos contrastes, Sheinbaum mantiene altos niveles de popularidad, similar a los que tuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
“A la presidenta se le percibe como bien intencionada, austera, luchando contra los cárteles, y esa imagen compensa el mal desempeño en seguridad”, añadió el experto.
Otro eje crítico es la relación con Estados Unidos. Saucedo indicó que la Casa Blanca percibe al Gobierno mexicano como temeroso ante los cárteles y lo acusa de maquillar cifras.
“Washington ejerce una presión constante mediante amenazas arancelarias para obligar a México a frenar la migración y el tráfico de drogas”, comentó.
Entre las exigencias están el aumento en decomisos, extradiciones y presencia de la Guardia Nacional en las fronteras, además de sanciones como la cancelación de visas a funcionarios mexicanos.
Durante este primer año, el mapa criminal también se ha reconfigurado. La división interna del Cártel de Sinaloa provocó nuevas alianzas: los ‘Chapitos’ se acercaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que Ismael “El Mayo” Zambada consolidó una coalición con otros grupos regionales.
“Hoy hay dos grandes bandos en pugna, además de cárteles medianos e independientes como la Familia Michoacana, que aprovechan la coyuntura. Esto ha desatado una especie de guerra civil en el mundo criminal, con violencia extendida en varias regiones del país”, indicó Saucedo.
Entre los mayores desafíos del Gobierno están el “narcoterrorismo”, es decir, ataques del crimen organizado contra civiles para sembrar terror y presionar al Estado, y la “narcopolítica”, que implica la infiltración de los cárteles en procesos electorales mediante amenazas o financiamiento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes un plan de paz para Gaza que plantea la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar un Estado palestino en el futuro. La propuesta fue anunciada en la Casa Blanca tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien expresó su respaldo a la iniciativa.
Trump detalló que el proyecto contempla un alto al fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes y la liberación, en un plazo máximo de 72 horas, de los 48 rehenes —vivos y muertos— que permanecen en manos de Hamás. A cambio, Israel debería excarcelar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a 1,700 gazatíes detenidos tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
“Ahora la pelota está sobre el tejado de Hamás”, advirtió el mandatario, quien aseguró que, en caso de rechazo, Estados Unidos dará su “total apoyo” a Israel para continuar su ofensiva militar.
El plan establece la conformación de un Gobierno de transición integrado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales, supervisado por una “Junta de la Paz” presidida por Trump y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair. En una etapa posterior, una Autoridad Palestina reformada asumiría el control del enclave, siempre que implemente una “reforma radical”, según recalcó Netanyahu.
El jefe del Gobierno israelí afirmó que la propuesta coincide con los objetivos de su país: liberar a los rehenes, desarmar a Hamás, desmilitarizar Gaza y mantener el control de la seguridad.
“Si Hamás rechaza la propuesta, Israel mantendrá el asedio en Gaza hasta terminar el trabajo. Se puede hacer por las buenas o por las malas”, advirtió Netanyahu.
Pese al apoyo de Netanyahu, la iniciativa enfrenta resistencia dentro de su propio gabinete. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de línea ultraderechista, rechazó cualquier concesión que implique reconocer un Estado palestino o retirar al Ejército israelí de la Franja.
Una ambulancia presta atención médica en Gaza tras un ataque militar de Israel. EFE
El plan de Trump descarta la anexión israelí de Gaza e incluye un programa de reconstrucción y desarrollo económico para el enclave, además de prohibir desplazamientos forzosos y garantizar el derecho de retorno para quienes salgan de manera voluntaria. Este punto supone un giro respecto a la propuesta inicial del mandatario, cuando sugirió la expulsión de la población gazatí para un proyecto inmobiliario denominado “Riviera de Oriente Medio”.
La iniciativa estadounidense llega en medio de un creciente aislamiento internacional hacia Israel, cuya ofensiva en Gaza ha sido calificada como genocidio por relatores de la ONU, organizaciones humanitarias y varios países. Desde octubre de 2023, el conflicto ha dejado más de 66,000 muertos. A ello se suma el reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido y Francia, lo que ha generado tensiones con Washington y Tel Aviv.
Estados Unidos ha el principal proveedor de gasolinas para El Salvador en los primeros ocho meses del presente año , según datos difundidos por el Banco Central de Reserva (BCR).
Estados Unidos fue el principal proveedor de gasolinas en El Salvador, al rondar un 94.7 % del total, mientras que de Reino Unido vino un 2.5 %, de República de Corea un 1.9 % y de Islas Vírgenes de Estados Unidos un 0.6 %.
En el caso de la República Popular de China, El Salvador importó $55.68 en gasolinas por 8.62 kilogramos, menos de un 0.0 % del total.
Por otro lado, El Salvador importó gasolinas desde Bélgica por primera vez en su historia, Los datos divulgados por el BCR apuntan a que entre enero y agosto de 2025 el país compró $1.7 millones en gasolinas por 2.3 millones de kilogramos de gasolinas a Bélgica.
Desde Bélgica se importó un 0.3 % del total de gasolinas que el mercado salvadoreño compró en los primeros ocho meses de 2025, pues, durante este período, el país alcanzó los $520.05 millones en importaciones de gasolinas.
El BCR señala que la factura petrolera acumulada a agosto de 2025 rondó los $1,566.2 millones, marcando una baja de un 3.9 % con respecto a los $1,630.1 millones del mismo período de 2024.
Según el gobierno salvadoreño, un 33.2 % del petróleo y derivados que se importaron en lo que va de 2025, correspondió a gasolinas.
Reactivación de compras
El Salvador compró gasolinas a seis mercados diferentes de los cuales con cuatro se reactivó el intercambio comercial.
Según el BCR, El Salvador volvió a comprar gasolinas nuevamente a Corea del Sur luego de un año de no hacerlo.
La última vez que el país compró este derivado del petróleo a Corea del Sur fue en 2023, cuando adquirió $8.4 millones.
Mientras tanto, con Reino Unido se reactivaron las compras desde 2022. En ese año, el mercado salvadoreño solicitó $5.9 millones en gasolinas solo a dicho mercado.
En este 2025 también regresó la importación de gasolina desde las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pues la última vez que se compró a este país fue en 2020, tras la adquisición de $1.1 millones.
Por su parte, desde China se importó tras 17 años sin adquirir este combustible. La última vez que El Salvador importó fue en 2007.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero para evitar que el «negocio cinematográfico» siga siendo «robado» por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.
«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (…) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EE.UU.», escribió en su red Truth Social.
Trump ya había adelantado en mayo pasado que impondría gravámenes del 100 % a todas las producciones de cine hechas fuera de su país y ordenó entonces al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa.
“¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”, escribió en mayo Trump, tras advertir que la industria cinematográfica estadounidense “está muriendo rápidamente”.
Como en su primer anuncio, el presidente estadounidense no compartió detalles sobre cómo planea implementar estos aranceles ni a partir de cuándo se aplicarían.
Tampoco ha aclarado si esta tarifa se impondrá solo a los filmes estrenados en salas o también en las plataformas de streaming.
Desde su regreso al poder, el magnate libra una guerra comercial contra sus aliados comerciales a los que ha impuestos gravámenes que van desde un 10 % a un 50 %, en el caso de la India y Brasil, a los que ha castigado con montos extra por las compras de crudo ruso en el caso de Nueva Delhi, y el tratamiento al expresidente y aliado, Jair Bolsonaro, en el caso de Brasilia.
La pasada semana, Trump anunció que a partir del 1 de octubre impondría nuevos aranceles del 100 % a las importaciones de medicamentos farmacéuticos, del 50 % a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30 % a los muebles tapizados y 25 % a los camiones pesados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, al recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene «mucha confianza» en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.
El mandatario republicano estrechó la mano de Netanyahu a su llegada al pórtico del ala oeste de la Casa Blanca, en lo que supone el quinto encuentro entre ambos en lo que va de año.
«Tengo mucha confianza», respondió Trump a una pregunta formulada por la prensa sobre si prevé un acuerdo de paz en Gaza.
Tras la bienvenida, ambos líderes mantendrán una reunión privada, compartirán un almuerzo y, posteriormente, ofrecerán una rueda de prensa conjunta.
La reunión se da en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.
En el encuentro, ambos líderes abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.
Hamás dijo el domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores egipcios y cataríes, pero añadió que está dispuesto a considerar cualquier propuesta «de manera positiva y responsable».
Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en la administración de Gaza. El Gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair, según varios medios.
Asimismo, Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.
La Casa Blanca urgió este lunes a Israel y a Hamás a cerrar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza, poco antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
“Nadie sabe mejor que el presidente Trump que se debe alcanzar un buen acuerdo, un acuerdo razonable para ambas partes. Ambos tienen que ceder un poco y podrían levantarse de la mesa un poco descontentos», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con la cadena Fox News.
Trump se reunirá este lunes con Netanyahu en la Casa Blanca, en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.
En el encuentro, ambos líderes abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave. Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en la administración de Gaza.
El Gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair. Asimismo, Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.
