El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó el martes la audiencia única abierta contra 485 presuntos fundadores y cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes enfrentan cargos por múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2022.
La audiencia se prolongó por más de tres meses y permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar los alegatos finales, en los que solicitó al tribunal imponer la pena máxima para cada uno de los procesados por las imputaciones atribuidas dentro del proceso.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, informó que el Ministerio Público pidió las sanciones más severas para las 47,000 imputaciones presentadas contra los acusados, además del pago de $9 millones en concepto de responsabilidad civil por el delito de extorsión agravada.
“En esta audiencia única pública hemos finalizado nuestros alegatos finales, solicitando la imposición de la pena máxima en cada una de las 47,000 imputaciones que se les hacen a estos 485 criminales”, afirmó Muñoz.
De acuerdo con la acusación fiscal, los procesados enfrentan cargos por 444 homicidios agravados, extorsión agravada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, rebelión y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. La FGR también sostiene que la estructura utilizó aproximadamente 1,200 menores de 12 años y explotó a 638 mujeres víctimas de trata de personas para actividades delictivas.
Durante el juicio, la Fiscalía reprodujo audios de llamadas atribuidas a los principales líderes de la pandilla, en las que presuntamente daban instrucciones para cometer homicidios y otros delitos. Asimismo, expuso el funcionamiento del sistema denominado «válvulas abiertas», mediante el cual, según la acusación, se autorizaban períodos para ejecutar asesinatos contra personas consideradas traidoras o integrantes de grupos rivales.
Como parte de las garantías procesales, 162 imputados hicieron uso de la última palabra ante el tribunal, entre ellos varios ranfleros históricos de la MS-13. Algunos solicitaron «beneficios carcelarios» y manifestaron que ello permitiría que «la violencia no vuelva nunca más a las calles».
Antes de emitir el fallo, el tribunal deberá analizar más de 650 audios incorporados como prueba, más de 22,000 folios del expediente, actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y alrededor de 300 certificaciones presentadas por la Fiscalía. La fecha en la que se dará a conocer la sentencia será anunciada próximamente.
La audiencia única abierta es una figura procesal incorporada tras las reformas al Código Procesal Penal aprobadas durante la vigencia del régimen de excepción, que permite juzgar de forma masiva a presuntos integrantes de estructuras criminales y mantener abierto el proceso para incorporar nuevos acusados conforme avancen las investigaciones.
