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  • Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    La cuarta jornada del juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) se desarrolló el jueves en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en un proceso que por primera vez fue abierto a medios de comunicación.

    Los imputados, considerados cabecillas de la estructura criminal, fueron trasladados uno a uno desde sus celdas hacia áreas equipadas con videotransmisión para participar en la audiencia judicial que se sigue desde San Salvador.

    “El tipo de internos que están siendo procesados acá (en la cárcel) son miembros de la estructura criminal MS13, una organización criminal terrorista”, afirmó el director del Cecot, Belarmino García.

    El funcionario detalló que se trata de “ranfleros (cabecillas) históricos, corredores (encargados) de programa, corredores de clica, palabreros (líderes) de clica, sujetos que por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad”.

    Delitos por cabecillas

    Entre los principales acusados figura Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “El Sirra de Teclas”, señalado por 126 delitos, incluidos 106 homicidios agravados, además de secuestro y privación de libertad.

    También destaca Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, quien acumula 598 delitos, entre ellos 497 homicidios agravados y otros crímenes como desapariciones y feminicidios, además de ser requerido por la justicia de Estados Unidos.

    Otro de los procesados es Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder de Pasadena”, acusado de más de 600 delitos, incluyendo más de 500 homicidios agravados.

    Asimismo, Rubén Antonio Rosa Lobo, alias “Chivo de Centrales”, enfrenta cargos por más de 200 delitos relacionados con homicidios, extorsión agravada y delitos con armas.

    “Se está utilizando la teoría de la autoría mediata de los aparatos organizados de poder, para poder atribuir todos los delitos, absolutamente todos los delitos del la estructura a estos ranfleros , que siempre estuvieron dando las órdenes y siempre tuvieron la capacidad de poder autorizar o denegar que una persona viviera durante ese tiempo”, explicó el fiscal contra el crimen organizado, Max Muñoz.

    La Fiscalía sostiene que los cabecillas son responsables de al menos 86 asesinatos que derivaron en la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.

    Además, a 22 de estos líderes se les atribuye la muerte de 80 policías y más de 47,000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022.

    “Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta la Fiscalía, los cabecillas daban la autorización de matar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y personas que se opusieran a las exigencias, además de atentar contra puestos policiales o en contra de algunas instituciones públicas”, indicó la institución fiscal.

    El proceso se desarrolla bajo un modelo de audiencia única que permite juzgar de forma masiva a los acusados e incorporar nuevos imputados en el futuro, tras reformas al Código Penal salvadoreño.

     

  • Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    La Fiscalía General de la República presentó este jueves a tres testigos protegidos que detallan cómo los cabecillas de la MS-13 ordenaban homicidios a nivel nacional entre 2012 y 2022, incluyendo asesinatos de policías y militares.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las órdenes criminales provenían tanto desde centros penitenciarios como desde estructuras en libertad, lo que sustenta la acusación contra 486 líderes de la pandilla.

    “Tenemos tres testigos protegidos que van a continuar declarando sobre los diferentes homicidios que ordenaba la ranfla”, dijo Muñoz, quien señaló que el proceso de investigación tomó un año de preparación.

    Uno de los testigos relató al menos cinco homicidios cometidos en Nuevo Cuscatlán por órdenes de la ranfla nacional, entre ellos el asesinato de los hermanos Toledo en septiembre de 2021.

    Según su declaración, las víctimas fueron enterradas en el sector conocido como La Bomba, en la Finca Suiza, lugar que habría sido utilizado como zona de operaciones de la estructura criminal.

    El mismo testimonio vincula a la pandilla con el asesinato de la jugadora de fútbol Jimena Granados, quien fue llevada a esa finca, asesinada y posteriormente enterrada.

    Además, señaló que en junio de 2019 la estructura ejecutó a un pandillero rival en la misma zona, utilizando armas de fuego.

    Otro testigo detalló 17 homicidios cometidos entre 2017 y 2021 en distintas zonas de La Libertad, incluyendo seis casos contra miembros de pandillas contrarias.

    En estos hechos, las víctimas fueron privadas de libertad, asesinadas y enterradas por órdenes directas de la ranfla, mientras que otras personas fueron ejecutadas por colaborar con las autoridades.

    El testigo también afirmó que la estructura habría asesinado y enterrado a más de 200 personas entre 2013 y 2021 en la Finca Suiza, donde operaban en actividades como extorsión, privación de libertad y adquisición de armas.

    Asimismo, mencionó un intento de homicidio contra un sargento de la Policía Nacional Civil en agosto de 2018 en Nuevo Cuscatlán, quien logró sobrevivir al ataque.

    Las autoridades indicaron que las declaraciones de los testigos coinciden en la forma de operar de la pandilla y en la descripción de crímenes específicos, reforzando las acusaciones presentadas en el proceso judicial.

     

  • Fiscalía de Perú pide detención de exjefe del órgano electoral por irregularidades

    Fiscalía de Perú pide detención de exjefe del órgano electoral por irregularidades

    La Fiscalía de Perú solicitó la noche del miércoles la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las irregularidades registradas en los comicios generales del pasado 12 de abril.

    El fiscal general, Tomás Gálvez, confirmó que el requerimiento fue presentado contra Corvetto y otros funcionarios, y ahora será un juez quien determine la fecha para evaluar la solicitud.

    Según el Ministerio Público, el exfuncionario es investigado por el presunto delito de colusión, en medio de cuestionamientos por la organización del proceso electoral.

    Gálvez aseguró que la institución actúa con firmeza y que corresponde al sistema judicial resolver el caso. También indicó que Corvetto entregó sus dos pasaportes, peruano e italiano, a las autoridades.

    El exjefe de la ONPE renunció recientemente al cargo tras las críticas por demoras en la distribución del material electoral, lo que obligó a extender la votación en Lima por un día adicional.

    Asimismo, se señalaron fallas en el traslado y custodia de votos, lo que incrementó la controversia en torno al proceso electoral.

    Pese a que su renuncia no estaba permitida durante el desarrollo del proceso, la Junta Nacional de Justicia la aceptó y designó como jefe interino a Bernardo Pachas.

    El funcionario informó que el conteo de votos continúa y que esperan cerrar el procesamiento de actas en los próximos días, previo a la definición de los candidatos que pasarán a segunda vuelta.

    Con el 94.4 % del escrutinio, Keiko Fujimori lidera los resultados, seguida por Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, quienes disputan el segundo lugar por un estrecho margen.

     

     

  • Bukele defiende juicio masivo contra 486 pandilleros y cuestiona a críticos

    Bukele defiende juicio masivo contra 486 pandilleros y cuestiona a críticos

    El presidente Nayib Bukele defendió este miércoles el juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, y cuestionó las críticas emitidas por el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

    El mandatario respondió a señalamientos del académico, quien calificó el proceso como “lamentablemente injusto”, en referencia al modelo de juicio masivo aplicado en el país bajo el régimen de excepción.

    “¿“Terriblemente injusto”?”, cuestionó Bukele, al tiempo que aseguró que los procesados no son delincuentes comunes, sino cabecillas de estructuras criminales con antecedentes por delitos graves.

    El presidente afirmó que los imputados han sido responsables de ordenar al menos 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 asesinatos, según datos presentados por las autoridades.

    “Estos 486 terroristas no son delincuentes comunes. Son líderes de bandas criminales bien conocidos, la mayoría ya condenados por delitos que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación (a menudo seguida de asesinato), extorsión y secuestro”, expresó el mandatario.

    Bukele también defendió la figura legal utilizada en el proceso, al compararla con precedentes históricos.

    “El único aspecto “novedoso” es responsabilizar a los cabecillas por los crímenes cometidos por sus organizaciones. No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando” y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, sostuvo.

    En esa línea, el gobernante cuestionó directamente la postura de Roth. “¿También estás en contra de esos juicios?” (de Núremberg) ¿O simplemente aplicas la lógica de “es bueno para mí, pero no para ti”?”, agregó.

    Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó que este grupo enfrenta por primera vez un proceso bajo la modalidad de macroaudiencia única, tras reformas legales aprobadas en 2023.

    Entre los acusados se encuentran 21 de los 22 principales líderes de la Mara Salvatrucha, quienes serán procesados en conjunto por su presunta participación en estructuras criminales.

    La implementación de estos juicios colectivos forma parte de las medidas adoptadas durante el régimen de excepción, vigente desde 2022, en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno.

     

  • Detienen a un menor que dirigía estructura de extorsión a una comerciante de La Libertad 

    Detienen a un menor que dirigía estructura de extorsión a una comerciante de La Libertad 

    Un menor de 17 años de edad, junto a cuatro adultos, fueron arrestados la madrugada de este viernes por supuestamente integrar una estructura que se dedicaba a extorsionar a un comerciante en el departamento de La Libertad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el informe de las autoridades fiscales, publicado en la red social X, estos sujetos obligaban a la comerciante a pagar $200 mensuales y era amenazada a través de las llamadas telefónicas realizadas por el menor de edad, identificado como Alfredo E.S.

    La serie de operativos que realizó la FGR también fueron apoyados por la Policía Nacional Civil (PNC) y dejó además la captura de otras cuatro personas identificados como: Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nelson David Inocente Leonor y Nayeli Yesenia Mejía Flores.

    Estos operativos fueron realizados en los distritos de Jayaque y Colón, pertenecientes al municipio de La Libertad Oeste, y en el distrito de San Antonio del Monte, en Sonsonate Centro, indicó Fiscalía.

    Según el comunicado de la FGR, estos sujetos eran los encargados de recolectar el dinero que la comerciante les daba y además realizaban remesas a través de farmacias o supermercados, desde el año 2025.

    La FGR informó en un comunicado que el dinero era retirado los días 15 de cada mes. Por esta razón, la institución señaló que los detenidos serán imputados ante los tribunales por los cargos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.


    En otros casos relacionados por extorsión y reportados por la FGR, el Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a 20 años de cárcel a un pandillero del Barrio 18 identificado como Luis Miguel Canales Martínez debido a que fue encontrado culpable del delito de extorsión agravada.

    La Fiscalía detalló en su momento que el suceso tuvo lugar en 2015. En esa ocasión, el imputado y otros pandilleros exigieron a la víctima el pago de la denominada «renta», bajo la amenaza de asesinar a su familia si no accedía a sus demandas.

  • Candidato derechista colombiano De la Espriella denuncia espionaje ilegal del Gobierno 

    Candidato derechista colombiano De la Espriella denuncia espionaje ilegal del Gobierno 

    El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella solicitó a la Fiscalía investigar un posible espionaje ilegal en su contra, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro.

    La petición surge luego de un intercambio en redes sociales entre ambos, en el marco de un debate sobre el nuevo modelo de expedición de pasaportes en el país.

    El partido del aspirante derechista, Defensores de la Patria, pidió a las autoridades esclarecer si las supuestas conversaciones mencionadas por el mandatario fueron obtenidas mediante interceptaciones.

    Según el comunicado, buscan determinar “si dichas conversaciones fueron obtenidas mediante interceptaciones y bajo qué condiciones”.

    La polémica se intensificó cuando Petro afirmó que existían informes de inteligencia relacionados con conversaciones entre De la Espriella y terceros vinculados a una licitación de pasaportes.

    Ante esto, el candidato respondió directamente al mandatario: «Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres».

    Horas después, su equipo reiteró el llamado a abrir investigaciones urgentes, al considerar que las declaraciones del presidente generan dudas sobre el uso de información confidencial.

    Además, advirtieron que este tipo de señalamientos plantean preocupaciones en pleno proceso electoral.

    La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, también reaccionó y expresó su inquietud por las afirmaciones del mandatario.

    En una carta abierta, señaló que estas declaraciones “abren un precedente profundamente peligroso” en materia de privacidad y garantías democráticas.

    El caso ha generado debate político en Colombia sobre el uso de inteligencia y la protección de las comunicaciones en contexto electoral.

     

  • Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    La Fiscalía General de la República anunció el lunes la instalación de un Centro de Levantamiento de Datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y agilizar el proceso de atención, tras la investigación por presunta defraudación.

    El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que esta medida busca ordenar la información recopilada, analizar documentación clave y garantizar una respuesta técnica y rápida a las personas afectadas.

    En el centro se procesará la documentación incautada en oficinas de Credicash en Chalatenango, incluyendo contratos, registros financieros y al menos 18,000 mutuos, lo que permitirá identificar a los afectados.

    Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 180 denuncias en distintas sedes fiscales, mientras continúa ampliando la investigación.

    Como parte de las acciones, las autoridades reportaron la incautación de $38,574,722.69, de los cuales $27,550,750.20 fueron decomisados en efectivo y $11,023,972.49 corresponden a fondos inmovilizados en cuentas bancarias.

    Además, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal acusado del caso, así como un inmueble perteneciente a la sociedad Transporte Imperio Yajaira, S.A. de C.V.

    Según la investigación, el imputado ofrecía ganancias de aproximadamente 10 % mensual bajo un esquema piramidal, lo que generaba expectativas de altos rendimientos entre los inversionistas.

    «El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes”, indicó el Fiscal General.

    Las autoridades explicaron que el sistema funcionaba mediante el ingreso constante de nuevos aportes, lo que permitía pagar rendimientos a participantes anteriores, sin generar valor económico real.

    «Este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapso», apuntó el fiscal.

    El funcionario adelantó que en los próximos días se informará sobre los mecanismos de registro de víctimas y los canales oficiales, al tiempo que pidió a los afectados evitar compartir información en sitios no verificados.

    Delgado reiteró que «el caso no quedará impune y se continuará trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos conforme a la ley».

  • El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que un total de 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca González pasaron a manos del Estado salvadoreño.

    Según las autoridades fiscales, los bienes recuperados están valorados en aproximadamente $9.6 millones y fueron obtenidos a través de un proceso de extinción de dominio contra estructuras utilizadas para el desvío de fondos públicos.

    Las investigaciones determinaron que el exmandatario utilizó siete sociedades fachada para desviar recursos del Estado entre 2004 y 2009, durante su administración presidencial.

    De acuerdo con la Fiscalía, el dinero sustraído fue utilizado para adquirir propiedades en zonas exclusivas de los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.

    El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para el lavado de dinero.

    Foto de archivo del expresidente Antonio Saca durante el juicio en su contra en 2018. DEM

    Saca González se convirtió en 2018 en el primer expresidente salvadoreño condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción tras declararse culpable en un proceso judicial.

    En ese caso, el exmandatario fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de peculado y recibió una pena similar por lavado de dinero.

    Durante el juicio, Saca confesó que su administración implementó un esquema para apropiarse de $300 millones provenientes de fondos públicos, recursos que posteriormente fueron invertidos en empresas y en la compra de al menos 28 propiedades.

    En 2019, el exgobernante también fue condenado a dos años de prisión tras admitir que pagó $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil que la Fiscalía seguía en su contra y contra su exsecretario privado, Élmer Charlaix.

     

  • Sujeto que intentó matar a su expareja e hija es condenado a 50 años de cárcel

    Sujeto que intentó matar a su expareja e hija es condenado a 50 años de cárcel

    El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a 50 años de prisión a Milton Maximiliano Hernández Chávez por el delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de su expareja y de su hija de dos años.

    Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2024 en Santa Ana. La víctima había mantenido una relación sentimental con Hernández Chávez, pero decidió terminarla debido a los constantes actos de violencia que él ejercía en su contra.

    De acuerdo con las autoridades, el imputado continuó insistiendo en retomar la relación, lo que llevó a la mujer a solicitar medidas de protección. Sin embargo, el día del ataque, Hernández Chávez llegó al lugar de trabajo de su expareja y le gritó que se subiera al vehículo.

    Por temor a que el sujeto provocara un escándalo en su lugar de trabajo, la víctima accedió. Posteriormente se trasladaron a una vivienda donde una familiar del imputado le entregó a la niña de dos años.

    En ese momento, Hernández Chávez inició una discusión con la mujer, la agredió físicamente mientras ella cargaba a la menor y la asfixió hasta que perdió el conocimiento.

    Los gritos de auxilio alertaron a familiares del agresor, quienes ingresaron al lugar y lo encontraron intentando asfixiar también a su hija. Con el uso de la fuerza lograron neutralizarlo y rescatar a ambas víctimas.

    Mientras los familiares intentaban estabilizar a la mujer y a la niña, el procesado huyó del lugar; sin embargo, fue capturado posteriormente por las autoridades y llevado ante la justicia.

     

  • Hombre que extorsionaba a través de Facebook es condenado a 16 años 

    Hombre que extorsionaba a través de Facebook es condenado a 16 años 

    El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 16 años de prisión a Alexander Linares Ortiz por el delito de extorsión agravada, luego de que la Fiscalía General de la República presentara pruebas que demostraron que exigía dinero a una víctima mediante mensajes enviados a través de la red social Facebook.

    De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado contactó a la víctima mediante la red social y le envió múltiples mensajes en los que exigía el pago de una fuerte suma de dinero.

    Según el testimonio presentado durante el proceso judicial, los mensajes eran constantes y contenían amenazas de muerte si la víctima no entregaba el dinero solicitado por el extorsionista.

    Ante las amenazas recibidas, la víctima decidió interponer la denuncia en una delegación policial, lo que permitió que las autoridades iniciaran la investigación correspondiente para identificar al responsable.

    Como resultado de las diligencias realizadas por las autoridades, Linares Ortiz fue capturado y posteriormente procesado en los tribunales.

    Hasta el momento, las investigaciones no han establecido que el condenado tenga vínculos con alguna estructura de pandillas, según indicaron las autoridades durante el proceso judicial.