Juan Carlos Portillo fue condenado a 260 años de prisión tras ser encontrado culpable de asesinar a cinco personas en los distritos de Apopa, Guazapa y Aguilares.
La Fiscalía General de la República señaló que el hombre fue declarado culpable de agrupaciones ilícitas y que fue condenado en ausencia, a través de las reformas al Código Procesal Penal.
La FGR dijo que Portillo es un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que participó directamente en todos los homicidios.
Según las investigaciones fiscales, el hombre también era el encargado de “autorizar” a miembros de la mara a asesinar a otras víctimas.
“Todos los crímenes ocurrieron entre el 2015 y 2017. El imputado y otros pandilleros operaban en los distritos de Apopa, Guazapa y Aguilares”, puntualizó la FGR.
La Fiscalía dijo que otros 23 pandilleros de la misma estructura ya están en prisión y cumplen condenas similares.
Desaparición
Otros dos miembros de la MS-13 fueron condenados tras ser encontrados culpables del delito de desaparición de personas.
La FGR dijo que Marlon Alexis Martínez Urrutia y José Ovidio Morales Mejicanos recibieron 20 años de prisión porque, en abril de 2022, llegaron a la casa de la víctima, la obligaron a salir y la condujeron a un terreno baldío.
En ese lugar, ambos sujetos, miembros de la clica Los Pinos Locos Salvatruchos, desaparecieron a la víctima.
José Ovidio Morales Mejicanos (derecha) y Marlon Alexis Martínez Urrutia (izquierda) también fueron condenados, pero por el delito de desaparición de personas. /FGR
Hérbert Manfredo Juárez Robles fue condenado a 12 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de Usulután por extorsionar a un comerciante en el distrito de Jucuapa, municipio de Usulután Norte, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de un comunicado, la FGR dijo que el hombre, miembro del Barrio 18, fue condenado en ausencia.
Según las investigaciones, Juárez Robles envió una nota a un comerciante, en enero de 2012, en la cual exigió dinero a cambio de no quitarle la vida.
La víctima pagó varias veces la renta, en efectivo o especies, pero en septiembre de ese año, el comerciante decidió interponer una denuncia en contra de los pandilleros ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Acto seguido, la PNC acompañó en tres entregas posteriores y se individualiza a Juárez Robles como el principal encargado de retirar la extorsión.
Oriente
Un grupo de 25 miembros de la Pandilla 18, que delinquían en Puerto El Triunfo, Usulután Oeste, fue enviado a juicio acusado de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La FGR dijo que el Tribunal contra el Crimen Organizado C de San Miguel ordenó girar órdenes de captura contra ocho personas ausentes dentro del proceso.
Todos son parte de la Hengla Tiny Locos Sureños (TLS), cancha Puerto El Triunfo, y, según la Fiscalía, cometieron los crímenes por los que se les acusa entre 2016 y 2022 en esta misma jurisdicción.
El caso gira en torno a un comerciante que pagó la extorsión a la pandilla a cambio de no ser asesinado y que su negocio no fuera quemado.
La FGR no reveló los nombres de los implicados en el caso.
Tráfico
Entre las últimas condenas emitidas, pero relacionadas con el tráfico ilícito, está la de Diego Josael Calderón Hernández, a quien el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel decretó una pena de 10 años de cárcel.
Las autoridades fiscales señalaron que el hombre fue condenado por traficar dos kilos de cocaína, valorada en $50,473.58, el 15 de enero de 2025, en el kilómetro 143 de la colonia Carrillo, en San Miguel, municipio de San Miguel Centro.
La FGR señaló que el hombre fue detenido inicialmente cuando la PNC realizaba investigaciones por la zona cuando se percataron de una camioneta negra sospechosa.
Durante el registro preventivo, los agentes ubicaron una caja con dos paquetes rectangulares con polvo blanco, positivos a cocaína.
El Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a 10 años de cárcel a Calderón Hernández por traficar dos kilos de cocaína. /FGR
Dos sujetos fueron condenados a penas de 24 y 20 años de cárcel por diferentes casos de abuso sexual ocurridos en Usulután y San Salvador Sur, informó la Fiscalía General de la República..
En el primer caso, Brian Ramírez fue condenado a 24 años de cárcel por abusar sexualmente de un bebé de ocho meses. Según las investigaciones de la Fiscalía, el imputado aprovechó que la madre dormía para cometer el hecho. Durante la madrugada, ella se despertó por el llanto de su bebé y decidió buscar atención médica, en el Hospital San Pedro, Usulután.
Al examinar al niño, el personal médico activó el protocolo por violación debido a las lesiones que presentaba en su cuerpo. El menor fue referido al Hospital Benjamín Bloom para poder ser tratado, sin embargo, murió horas después de su traslado.
En el segundo juicio, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Alexis Hernández a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de edad, en Santo Tomás, San Salvador Sur.
Este sujeto contactó a la víctima a través de redes sociales y consiguió engañarla para encontrarse con ella. Hernández la llevó a su casa, la retuvo y abusó de ella, durante dos días.
Cuando la menor regresó a casa, le contó a su madre sobre los ataques del imputado.
El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a 15 años de cárcel a Juan Carlos Molina Yanes y su hijo Carlos Balmore Molina Muñoz, por intentar asesinar a un hombre en La Unión.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que ambos pertenecen a la clica Renwood Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La FGR dijo que Molina Yanes y Molina Muñoz se presentaron a la vista pública para comparecer por el delito cometido el 1 de febrero de 2019.
Según las investigaciones fiscales, el crimen se perpetró cerca de las 7:00 p.m. en el cantón Amapalita, caserío Pavana, de dicha jurisdicción, cuando ambos hombres llegaron a la vivienda de la víctima.
Los condenados entraron a la casa, junto con un menor de edad, en donde la persona se encontraba con familiares.
Al ubicar a la víctima, Molina Yanes y Molina Muñoz la increparon con armas blancas e intentaron herirlo con un machete en la cabeza, mientras lo golpeaban.
“Tras súplicas de los familiares de la víctima, los agresores se retiraron del lugar y lo amenazaron de muerte si lo volvían a ver”, añadió la FGR.
La Fiscalía adelantó que ambos serán procesados también por el delito de agrupaciones ilícitas.
Condena
En otro caso, las autoridades fiscales informaron que José Mario Robles Romero fue condenado a 18 años de prisión por asesinar a un hombre y lesionar a una mujer en Jucuapa, municipio de Usulután Norte.
La sentencia fue decretada por el Tribunal de Sentencia de Usulután en donde se otorgaron 15 años por homicidio agravado y tres más por lesiones graves. Además, el hombre está obligado a pagar $900 a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos se registraron el 19 de enero de 2025 a las 4:00 p.m. cuando el imputado se acercó a las víctimas a pedirles un trago de alcohol.
Romero fue condenado por el delito de homicidio agravado y lesiones graves. /FGR
Ante la negativa de las víctimas, Roble Romero procedió a golpear el rostro de la mujer, a lo que prosiguió una solicitud de que parara sus agresiones.
Roble hizo caso omiso y comenzó a dar puñetazos en el rostro y cabeza al hombre por un periodo promedio de cinco minutos.
La FGR indicó que el condenado se dio a la fuga y el hombre fue trasladado por la Policía Nacional Civil (PNC) al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, donde murió el 24 de enero de 2025.
Extorsión
En las últimas horas, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a María Inmaculada Villalobos a 16 años de prisión sin estar presente en la vista pública por extorsionar a una persona.
El comunicado de la FGR apunta a que el delito se cometió hace 14 años, el 28 de septiembre de 2011, cuando la víctima recibió una llamada telefónica de un hombre, identificado como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), que le exigió el pago de la renta.
La víctima pagó la extorsión y depositó el dinero en una cuenta bancaria a nombre de José Joaquín Gálvez Vásquez quien, el 29 de septiembre, procedió a transferirlo a Villalobos.
María Inmaculada Villalobos fue condenada a 16 años de cárcel por extorsión. /FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron la vivienda de un adolescente, en San Salvador, acusado por posesión y tenencia de drogas.
La FGR dijo este miércoles que la captura del menor ocurrió el 26 de octubre, cuando agentes de seguridad le detectaron tres porciones medianas de marihuana.
La Fiscalía dijo que el menor será procesado por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico.
“Con estas acciones, las autoridades mantienen firme el compromiso de sacar de circulación a todas las personas que dañen la salud e integridad de los salvadoreños”, indicó la FGR en su publicación.
La fiscal del caso indicó que la finalidad del procedimiento es verificar si en la vivienda hay mayores hallazgos o ilícitos que se puedan presentar para respaldar las acusaciones por los delitos ya mencionados, agrupaciones ilícitas o cualquier otro delito «relacionado con el crimen organizado».
Hasta las 10:00 a.m. de este jueves, la FGR no reveló qué fue lo que descubrió dentro de la vivienda del detenido.
Más allanamientos
Las autoridades fiscales y policiales también realizaron un allanamiento en la vivienda de dos personas acusadas de comercio y distribución de drogas a mediados de este mes.
En ese momento, la FGR dijo que se decomisó diferentes tipos de drogas a Carlos Humberto Ventura Martínez y Glenda Marina Ventura Moreno.
Durante el allanamiento a la propiedad también se extrajo una báscula pequeña, $355 en efectivo, siete celulares, tres jeringas con líquidos transparentes, 50 bolsas pequeñas de plástico, una tableta, una laptop, un módem y un automóvil placas P541FF.
El 10 de octubre se informó sobre allanamientos a una vivienda en el distrito de Metapán, Santa Ana, relacionados con tráfico de cigarrillos y otro más, un día antes, en Santa Ana Centro y Ahuachapán vinculados a distribución de drogas.
#Allanamiento | Esta tarde, la @FGR_SV en coordinación con @PNCSV ejecutaron allanamiento en una vivienda ubicada en San Salvador, donde residía un adolescente capturado el pasado 26 de octubre y a quien se le decomisó varias porciones de marihuana.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 29, 2025
#Captura | Las autoridades realizaron allanamiento en la vivienda de los acusados, logrando la incautación de:
➡️ Diferentes porciones de una sustancia cristalina
➡️ Porciones de marihuana
➡️ Una báscula pequeña
➡️ $355.00 dólares en efectivo
➡️ Siete celulares
➡️ Tres jeringas… pic.twitter.com/5HJLGoMZ19
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 13, 2025
#CombateAlCrimen | La @FGR_SV en coordinacion con la @PNCSV ejecutaron allanamiento en una vivienda en donde se localizaron 44 cajas con paquetes de cigarrillos.
Según investigaciones, ingresaron al país por un orificio hecho en un muro perimetral que conecta con Guatemala.… pic.twitter.com/cKudFDN4mR
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 10, 2025
#CombateAlCrimen | Las autoridades realizaron allanamiento en varios inmuebles ubicados en Santa Ana Centro y Ahuachapán Norte, logrando incautar diferentes porciones de droga, dinero en efectivo, celulares y vehículos. pic.twitter.com/ISXyDoNg1O
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2025
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán Sur, condenó a 15 años de prisión a cuatro hombres tras encontrarlos culpables del delito de extorsión agravada.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que José Misael Cruz Ángeles, Samuel Adalberto Hernández Ángeles, José Luis Ascencio Joaquín y Marcos Adonel González Vásquez son miembros activos de la Mara Salvatrucha (MA-13) y parte de la clica Walter Locos Salvatruchos que opera en diferentes puntos de Cojutepeque.
Las investigaciones arrojaron que los hombres extorsionaron a una persona en Cojutepeque, al mismo tiempo que lo amenazaron de muerte si no pagaba diferentes cantidades de dinero.
La víctima fue extorsionada por casi una década, entre julio de 2013 y enero de 2022.
#CombateAPandillas | Estos pandilleros de la MS extorsionaron a una víctima en Cojutepeque, Cuscatlán Sur. Según las investigaciones, amenazaron de muerte a la víctima para que les pagara diferentes cantidades de dinero. Estas acciones ocurrieron entre julio de 2013 y enero de… pic.twitter.com/1ng7LCjiAH
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 29, 2025
Antecedente
Los cuatro hombres fueron parte de una serie de órdenes de captura giradas por la FGR en marzo de 2024.
En ese momento, la FGR giró orden de captura en contra de 15 pandilleros acusados de pertenecer a una estructura de extorsión. Los hombres habrían exigido $150 a una víctima desde principios de 2018 a cambio de no atentar contra su vida y sus familiares.
Los mareros también exigieron “aguinaldo” de $200 a la víctima y desde enero de 2019 le informaron que debería comenzar a pagar $200 mensuales de renta, $50 más que cuando inició la extorsión.
Finalmente, la víctima interpuso la denuncia.
Hace un año, Ascensio Joaquín fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada en contra de una persona. El hombre habría exigido a la víctima $600 en nombre de la MS-13.
La víctima no pudo pagar lo exigido y abandonó su hogar junto con su familia en una zona residencial de Cojutepeque.
En octubre de 2024, la FGR dijo que se esperaba una sentencia en contra de Asensio Joaquín por los delitos de organizaciones terroristas y desaparición de personas.
Roberto Candelario Flores Guerrero, acusado de asesinar a una persona y de herir a otra en San Martín, San Salvador Este, seguirá detenido mientras las investigaciones continúan, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En su breve comunicado, las autoridades fiscales dijeron que la medida es el resultado de la audiencia inicial ejecutada esta semana.
La FGR señaló que el hombre es acusado de sacar una navaja y atacar a las dos víctimas, en la colonia San Fernando, en dicha jurisdicción.
Según la Fiscalía, el arma fue incautada luego de capturar al imputado.
Los hechos
El 12 de octubre de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Flores Guerrero luego de lesionar a los dos hombres mientras bebían alcohol.
La Policía dijo que los tres hombres comenzaron a discutir, acción seguida, Flores Guerrero sacó su arma blanca y los hirió.
Después de cometer las agresiones, el hombre huyó del lugar, pero fue ubicado posteriormente por los agentes de la PNC en la comunidad Olivos Oriente, del mismo distrito.
La FGR dijo este 29 de octubre que ambas víctimas fueron auxiliadas por personas de la zona que los llevaron a emergencias en el hospital San Bartolo.
En un inicio, el capturado fue remitido por el delito de lesiones; sin embargo, la noche del 13 de octubre las autoridades policiales confirmaron la muerte de una de las víctimas y se añadió a la acusación el delito de homicidio.
La Policía dijo que la víctima era un hombre de 45 años y que falleció la madrugada del 13 de octubre en un hospital.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a pandilleros del Barrio 18 acusados de extorsionar a habitantes y comerciantes en la colonia Valle Verde, en Apopa.
La FGR dijo que entre los capturados están Esmeralda Saraí Aguilar Fuentes, Rogelio Rodríguez Molina, Salvador Ernesto Galindo Clímaco y Xiomara del Carmen Majano García.
Según las investigaciones previas, estos los detenidos, junto a otros que ya se encuentran en diferentes centros penales, amenazaban a las personas con “atentar en contra de sus vidas” sino se pagaba el dinero exigido.
Las autoridades fiscales indicaron que la orden de captura se giró por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y lesiones graves.
Las personas fueron detenidas en los distritos de Apopa y Nejapa, del municipio de San Salvador Oeste, así como en las ciudades de Aguilares y El Paisnal, ambas parte de San Salvador Norte.
#CombateAPandillas | La @FGR_SV ordenó la detención de pandilleros del Barrio 18 acusados de extorsión, agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y lesiones graves.
Según las investigaciones, exigían dinero a los habitantes y comerciantes del sector de la colonia… pic.twitter.com/Ot7nZWsb4T
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 27, 2025
Otras detenciones
En las últimas horas la PNC confirmó la captura de Silvia Leticia Portillo López, parte de la pandilla Barrio 18 Sureños (18S), en la residencial Altavista, en San Martín, San Salvador Este.
La mujer posee antecedentes desde 2008 por homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas y, además, fue identificada como una de las participantes del documental “La Vida Loca” a cargo del cineasta franco-español y fotógrafo Christian Poveda.
Al inicio de esta semana, el 26 de octubre, la Policía también detuvo a José Francisco Hernández Alvarado, pandillero del Barrio 18 Revolucionarios quien, según las autoridades, intentó ocultar sus tatuajes alusivos a la estructura delictiva por unos artísticos.
La PNC dijo que el hombre tiene antecedentes por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, tenencia, portación y conducción ilegal e irresponsable de un arma de fuego, amenazas y resistencia.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó este lunes prisión provisional por dos años para 52 personas acusadas de integrar una red transnacional dedicada a estafas, extorsión y lavado de dinero a través de plataformas digitales, en el caso denominado Escudo Virtual.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban mediante una estructura jerárquica conformada por cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores, quienes captaban víctimas utilizando redes sociales y páginas web fraudulentas que imitaban plataformas de inversión o entidades financieras reconocidas.
La red ofrecía falsas oportunidades de empleo como gestores de cobros e inversiones en la Bolsa de Valores. Las víctimas, engañadas, transferían dinero a cuentas bancarias salvadoreñas, muchas de las cuales eran manejadas por terceros, conocidos como mulas financieras.
Además, las investigaciones revelan que parte de los fondos obtenidos ilícitamente fue convertida en criptoactivos, almacenados en billeteras digitales. Otra porción del dinero fue utilizada en compras o transferencias personales, y se distribuyó entre diferentes entidades bancarias para evadir rastreo financiero.
Entre los 52 detenidos figuran un ciudadano colombiano y uno mexicano; el resto son salvadoreños. Todos enfrentan cargos por estafa, agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos y lavado de dinero y activos.
La FGR también detalló que los acusados usaban métodos alternativos para blanquear fondos, como la compra de tarjetas de videojuegos, que luego revendían por debajo de su valor para movilizar efectivo sin levantar sospechas.
La Fiscalía Departamental de Tarija, en el sur de Bolivia, presentó este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, lo que marca un paso decisivo hacia el inicio de un juicio oral en su contra.
Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, explicó que se llegó a esta etapa tras realizar un “minucioso análisis” de los informes y pruebas recolectadas desde que se abrió la investigación penal a finales de septiembre del año pasado.
“Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal. Una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”, declaró en conferencia de prensa.
La acusación está relacionada con una denuncia que involucra a Morales en una supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo en 2016, mientras ocupaba la presidencia del país. En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez emitió una orden de captura contra el exmandatario, la cual fue ratificada por un juzgado local.
El proceso judicial se intensificó este año cuando Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal, luego de que no se presentara a dos audiencias alegando problemas de salud. La incomparecencia provocó que se activaran medidas judiciales para avanzar con el caso.
La situación ha generado fuertes tensiones políticas. Durante 2024, seguidores del exgobernante bloquearon carreteras para evitar su detención. Desde octubre del año pasado, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece resguardado por cientos de militantes y dirigentes aliados.
Este proceso penal representa uno de los mayores desafíos legales que ha enfrentado el exmandatario desde su salida del poder, y podría tener implicaciones significativas para el futuro político del líder cocalero.
